Porfirio Muñoz Ledo.
Presidente de la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión.
Presente.
El artículo 69 constitucional es meridianamente claro al establecer que, en "La apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el presidente la República presentará un informe por escrito en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país". El artículo 65 constitucional establece que "El Congreso se reunirá a a partir del primero de septiembre de cada año para celebrar un primer periodo de sesiones ordinarias". Con fundamento en este sustento legal, el pasado 1 de septiembre, el secretario de Gobernación Alfonso Navarrete Prida, acudió a entregar en la sede del Poder Legislativo, el informe correspondiente al sexto y último año de gobierno de Enrique Peña Nieto.
La entrega se verificó durante el receso de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión el pasado sábado 1 de septiembre de 2018. Yo aproveché el receso, para solicitar al citado funcionario, le expresara al presidente de la República que la reunión que pretendía hacer en Palacio Nacional, el 3 de septiembre de 2018 para ofrecer el sexto informe de gobierno era ilegal, pues carecía de todo fundamento constitucional. Le expresé que nosotros trataríamos con respeto al presidente de la República cuando acudiera el 1 de diciembre a la sede del Poder Legislativo y que, en correspondencia, el debería respetar a éste Poder de la República, no realizando una reunión que nos agraviaba. Le insistí que el informe debía presentarse en la sede del Poder Legislativo, el cual representa al pueblo de México.
Fui muy respetuoso en la ceremonia de entrega del informe. No la interrumpí, no la violenté, no la modifiqué. Todo el intercambio lo realicé previo al inicio de la citada ceremonia de entrega del informe presidencial.
Al reiniciarse la sesión de apertura, solicité la palabra al presidente del Congreso, para manifestar mi preocupación sobre la reunión que el presidente de la República quería realizar como una parodia de informe. Mucho batallé para que me otorgará el uso de la palabra al que tengo derecho y finalmente, logré manifestar mi preocupación, comprometiéndose el diputado presidente Porfirio Muñoz Ledo, a transmitirla al presidente de la República a nombre del Poder Legislativo.
A pesar de ello, la reunión anunciada se llevó a cabo en Palacio Nacional, al mediodía de hoy, 3 de septiembre de 2018. Como yo lo alertaba, la reunión fue una farsa de informe presidencial. El presidente la República portaba la banda presidencial, a la usanza de las ceremonias de presentación del informe ante el Poder Legislativo y toda la publicidad en torno al evento se anunciaba como sexto informe de gobierno. Al celebrar una reunión con toda la formalidad que tiene la presentación de un informe presidencial, en la sede del poder ejecutivo, careciendo de todo fundamento legal constitucional y transgrediendo lo establecido en el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presidente Enrique Peña Nieto no sólo viola la ley, la Carta Magna, si no que se burla de su contrapeso, el Congreso de la Unión. Celebrar en la sede del poder que encabeza, Palacio Nacional, una reunión de incondicionales y aduladores para hacerla pasar ante la Nación como su sexto y último informe de gobierno es una flagrante violación constitucional.
El hecho aquí señalado es muy grave en sí mismo. Pero a ello debemos añadir, que en mi condición de diputado federal, me presenté a las puertas de Palacio Nacional para ingresar a esa reunión pública en un edificio público. Si la reunión, como fue anunciada, era el sexto informe de gobierno, no sólo era mi derecho, sino incluso mi obligación, estar presente. Pero la reunión no era, constitucionalmente hablando, el informe del presidente la República. El titular del ejecutivo puede llevar a cabo las reuniones que le plazca, pero no tiene facultades para hacer su informe de gobierno en la sede del poder ejecutivo el 3 de septiembre de este año, ni de ningún otro.
Así las cosas, ¿Tenía derecho el titular del ejecutivo a negarme el acceso a Palacio Nacional? Sostengo que no, pero es insustancial, porque nunca pretendí ingresar. Anuncié mi presencia y esperé a que se me respondiera si me iban a permitir acceder a la reunión o no. Esperé y esperé en el arroyo vehicular, sin que jamás me informaran oficialmente que rechazaban mi ingreso a Palacio Nacional.
Pero alrededor del mediodía, un par de camionetas llegaron a la puerta central de Palacio Nacional. Al acercarme al lugar, me encontré de espaldas a la puerta central, y mi sorpresa fue mayúscula al ver que de los vehículos descendían el diputado Porfirio Muñoz Ledo y el senador Martí Batres Guadarrama, presidentes de la Cámara de Diputados y de Senadores respectivamente. Les reclamé que fueran a validar la parodia de informe, cuando integrantes del Estado Mayor Presidencial y de la Policía Federal aprovecharon para agredirme y empujarme a un costado del acceso, para que los citados legisladores pudieran ingresar a Palacio Nacional. A pesar de que la agresión se dio frente a dichos legisladores, ninguno de ellos movió un dedo para evitarla. Particularmente grave es el hecho de la omisión del diputado Porfirio Muñoz Ledo, pues según el artículo 61 constitucional, él es el encargado de velar por el respeto al fuero de los integrantes de la Cámara de Diputados. Todo lo anterior fue difundido en vivo, por la redes sociales, así que lo ocurrido es incuestionable. Está grabado y documentado.
Los citados legisladores, en la ceremonia de parodia de informe, ni siquiera tuvieron el el lugar de respeto que merecían como titulares del Poder Legislativo. No sólo es lamentable que se hayan prestado con su participación a validar una farsa de informe presidencial, es inaceptable, por qué el 1 de julio, el pueblo de México con su voto, le otorgó al Congreso una conformación de verdadera representación popular y le exigió que parara la simulación, el dispendio de recursos y la mentira desplegada de manera sistemática y permanente por el gobierno en funciones.
Los citados legisladores han confundido la civilidad con el servilismo y se han prestado a hacer comparsas de una reunión cortesana, que aplaudía toda las mentiras del titular del ejecutivo. Pero lo más grave, es que siendo presidentes de las Cámaras que integran el Congreso de la Unión, se hayan prestado a la violación del marco constitucional realizado por el presidente de la República.
Ambos legisladores son licenciados en derecho, no necesitan ninguna clase ni instrucción jurídica para conocer los alcances de su participación en la farsa grotesca de informe celebrada el día de hoy en Palacio Nacional.
Ambos legisladores son conocedores de la historia del país. Saben muy bien que durante todo el siglo XX, el 1 de septiembre, el presidente de la República en turno, acudía a rendir su informe a la sede del Poder Legislativo. Saben que ese día se convirtió, por la subordinación del Congreso de la Unión de composición mayoritariamente priísta al presidente la República en turno, en el día del presidente.
Hasta que un 1 de septiembre de 1988, el senador de la República Porfirio Muñoz Ledo, interpeló al presidente Miguel de la Madrid, reclamándole el fraude electoral perpetrado ese año. Con ese hecho, el citado senador, desacralizó la figura presidencial y terminó con el día del presidente. A partir de entonces, durante el resto del siglo XX y el primer sexenio del siglo XXI, los presidentes de la República enfrentaron diversas protestas de la oposición, el día de su informe, en el seno del Poder Legislativo en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
El 1 de septiembre de 2006, el último presidente que acudió a presentar su informe, Vicente Fox Quesada, no pudo hacerlo por las protestas generadas ante un nuevo fraude electoral realizado ese año.
El entonces presidente Fox Quesada tuvo que dejar su informe por escrito y retirarse. El repudio popular y la tensión generada por la imposición en la presidencia y la usurpación de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, hacía imposible la presencia de éste en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Una sola ocasión, pudo presentarse por espacio de cinco minutos un 1 de septiembre de 2009. El Partido Acción Nacional (PAN), con el apoyo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), modificó la Constitución y dejó la redacción del artículo 69 constitucional como continúa hoy en día, con la obligación de entregar por escrito el informe presidencial el 1 de septiembre de cada año.
Fue el usurpador Calderón Hinojosa el que impuso la perniciosa reunión en Palacio Nacional el 2 de septiembre de cada año, para realizar una parodia de informe. Ante su ilegitimidad y su imposibilidad de pisar el Palacio Legislativo, construyó una reunión de incondicionales, que le aplaudían sus alegatos y los presentaba a la opinión pública como informe presidencial.
Enrique Peña Nieto, que fue gobernador del Estado de México antes de ser presidente de la República y acudía ante el Congreso local a rendir su informe, a pesar de ello, decidió no restablecer la obligación del presidente de acudir a la sede del Poder Legislativo a presentar su informe. Contaba con las condiciones para hacerlo en el marco del acuerdo del llamado Pacto por México. Pero optó por mantener esa parodia de informe, que lo liberaba de toda protesta en la ceremonia frente a la representación del pueblo, el 1 de septiembre de cada año.
Sin embargo, este 1 de julio de 2018, el pueblo recuperó su representación en el Congreso de la Unión. Mal haríamos en tolerar esta afrenta de validar un remedo de informe presidencial, hoy que el pueblo nos dio la fuerza y la presencia para combatir toda violación al marco constitucional.
Por todo lo anterior, le reclamo:
1. Que como presidente de la Cámara de Diputados, se haya usted prestado a validar esa parodia de informe.
2. Que haya validado la violación al artículo 69 constitucional y que se haya mantenido, como pieza decorativa, en una reunión que agravia al Congreso que usted preside y que agravia al pueblo de México con las mentiras ahí presentadas.
3. Que en su condición de presidente de la Cámara, haya consentido la violación del fuero constitucional en agravio a mi persona, al observar pasivamente la violencia con que el Estado Mayor Presidencial y la Policía Federal me trataron para retirarme del lugar y permitir su acceso.
4. Que haya olvidado usted el mandato de las urnas que nos dio el pueblo de México el pasado 1 de julio.
Por lo anteriormente expuesto le solicito, se incluya en el primer punto del orden del día, la discusión de la flagrante violación del artículo 69 constitucional por parte del presidente de la República.
"El pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz"
Gerardo Fernández Noroña, diputado federal.
México D.F. a 3 de septiembre de 2018.
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