Abusos en Chile: la acción de la justicia que incomoda al Vaticano

Según datos difundidos por la prensa en Chile que citan fuentes de la Fiscalía, hasta el momento existen 139 investigaciones en curso contra 190 miembros de la Iglesia en Chile, delitos que habrían afectado a 245 víctimas, de las cuales 102 resultarían menores de edad al momento de los hechos.  

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Abusos en Chile: la acción de la justicia que incomoda al Vaticano

Allanamientos e imputaciones a varios obispos por supuestos encubrimientos de abusos contra menores preocupan en la Santa Sede. Las razones de la renuncia del cardenal Francisco Javier Errázuriz al C-9, el consejo de cardenales que asesora al Papa Francisco

Vatican Insider, 22/11/2018;

ANDRÉS BELTRAMO ÁLVAREZ

CIUDAD DEL VATICANO

Francisco Javier Errázuriz será citado a declarar como imputado por la justicia chilena. Ocurrirá en breve. El cardenal es acusado de encubrimiento de abusos sexuales contra menores. Arzobispo emérito de Santiago, por años el hombre fuerte de la Iglesia en su país, hoy afronta su peor momento. Su añeja relación de cercanía con Francisco está completamente rota. Por eso acaba de viajar a Roma para confirmar su renuncia al C-9, el consejo de cardenales asesores del pontífice. Pero en el Vaticano otra cosa incomoda: La “espectacularización” de la fiscalía chilena a la investigación de los abusos. La excesiva exposición mediática de los allanamientos a diversas diócesis del país. Como si la justicia buscase recuperar credibilidad a costa de una historia trágica. 

Errázuriz se apresuró a certificar su salida del C-9 antes de su citación judicial y la formalidad de su imputación. Así, ya nadie podría decir que el Papa aceptaba su renuncia por “presiones judiciales”. Aunque, a decir verdad, desde hace semanas Francisco había decidido dar por terminada la participación del purpurado chileno en ese organismo. Pero la determinación no se haría efectiva, al menos, hasta el próximo mes de diciembre cuando está prevista una nueva sesión de trabajo del consejo. 

  Como explicó el mismo arzobispo emérito el 14 de noviembre a la radio chilena Cooperativa, en estas semanas se cumplieron los cinco años que duraba el primer nombramiento de los miembros del C-9. Por eso, agregó, “fui a Roma a despedirme del Papa y a agradecerle el fecundo trabajo que nos confió para reformar la Curia Romana”. Como era previsible, él buscó por todos los medios desconectar su renuncia de la crisis por los abusos y presentarla como una salida natural, pero la realidad manifiesta otra cosa. 

  Pero, en el contexto de la crisis chilena, la suerte del cardenal Errázuriz no es lo que más preocupa en el Vaticano. En la Secretaría de Estado y en el entorno del Papa incomodan especialmente los allanamientos que, en los últimos meses, las autoridades judiciales han conducido sobre sedes de diversas diócesis del país. 

  Esta preocupación quedó de manifiesto el 13 de octubre pasado, cuando el presidente Sebastián Piñera llegó al Vaticano en visita oficial. El tema salió a relucir en la audiencia privada con Francisco y en la posterior reunión, también a puertas cerradas, con el secretario de Estado, Pietro Parolin. 

  En ambas conversaciones, el mandatario dejó en claro que, por la división de poderes, él no puede intervenir en la acción del Ministerio Público. Además, hizo hincapié (varias veces) en la necesidad imperiosa que la Iglesia católica recupere el prestigio de antaño. Incluso mantuvo sus puntos de vista, de forma reiterativa, durante una comida que el presidente ofreció a Parolin y una delegación vaticana, ese mismo sábado en el Círculo del Ajedrez de Roma.  

  El otro elemento que ha causado perplejidad y molestia en la Curia Romana, está relacionado con el excesivo protagonismo que ha asumido en la investigación por abusos el Fiscal Nacional chileno, Jorge Abbott. Sus insistentes apariciones en la prensa nacional, en alguna de las cuales ha acusado abiertamente a la Iglesia de no tener voluntad de cooperación, en Roma son consideradas innecesarias y exageradas.  

  Por lo pronto, aún está pendiente una respuesta del Vaticano a la solicitud formal de colaboración judicial requerida avanzada por la fiscalía chilena. Aproximadamente unos dos meses atrás fue entregada en la Santa Sede una carta rogatoria, documento transmitido (como indica el protocolo internacional) por el Ministerio de Relaciones Exteriores.  

  Ese texto pidió oficialmente información específica en poder de la Curia sobre varios de abuso, además de solicitar una copia del llamado “Informe Scicluna”, el expediente redactado por el arzobispo de Malta tras su viaje a Chile en febrero pasado y durante el cual levantó testimonios de unas 50 personas. 

  Al mismo tiempo, la rogatoria propuso también la creación de algún tipo de instancia de cooperación judicial estable o la firma de un memorándum de cooperación penal, como suele ocurrir en estos casos. Por ahora, la primera respuesta vaticana ha sido protocolar y en espíritu e colaboración, pero aún no se ha avanzado a la entrega de información puntual y nadie sabe si esto ocurrirá alguna vez. Las rogatorias están basadas en el principio de cooperación y buena voluntad, pero los Estados no están obligados a responder si no consideran procedente la solicitud. 

  Mientras tanto, diariamente siguen saliendo a la luz noticias sobre diligencias judiciales en torno a la causa de abusos en Chile. Una herida perennemente sangrante. En medio de estas discusiones mediáticas, los obispos tuvieron su asamblea plenaria 117 (del 12 al 16 de noviembre) durante la cual Santiago Silva Retamales, ordinario militar y presidente de ese organismo, fue ratificado en el puesto luego de presentar su renuncia voluntaria. No hubo una votación formal sobre el particular, pero si una manifestación general sobre el deseo de su continuidad, aunque él se encuentra entre los clérigos imputados por supuesto encubrimiento.  

  En esa reunión, los obispos también estudiaron el boceto de un acuerdo de colaboración mutua con la Fiscalía Nacional para la investigación de los delitos de abusos contra menores cometidos en el seno de las instituciones de la Iglesia católica. Según anticiparon fuentes oficiales, el documento se debería firmar en las próximas semanas”.  

  Según datos difundidos por la prensa en Chile que citan fuentes de la Fiscalía, hasta el momento existen 139 investigaciones en curso contra 190 miembros de la Iglesia en Chile, delitos que habrían afectado a 245 víctimas, de las cuales 102 resultarían menores de edad al momento de los hechos.