Las columnas políticas, martes 29 de enero de 2019...

Está es la Yalitza de antes...., antes de que Holywood la cambiara..
Ah!, mujer.....¿sabes? Todo amor es efímero
Ninguna era tan bella como tú...
Y ahora...cambió, más bien la cambiaron...! que gachos...
@fredalvarez
Detrás de tu belleza, está la ignorancia,
como delante de ti está tu rostro siempre,

aunque tampoco es útil la máscara...."Paloma Palaou.

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Impiden a Guaidó salir de Venezuela
El presidente del Tribunal Supremo de Venezuela, Maikel Moreno, dijo este martes que esa alta Corte abrió una investigación preliminar lo que impide al líder opositor y "Presidente encargado", Juan Guaidó, salir del país y bloqueó sus cuentas bancarias a petición de la Fiscalía General.
Están jalándole de más las barbas al tigre..., Si a Guaidó le pasa algo, será por fin, el  fin de Maduro...
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Programa *A Fondo! 
*Hoy martes 29 enero, 22:30 horas..
El tema la tragedia en Tlahuelilpan..
Conduce:  @cramospadilla |  

Dish 358, Total play 235, Megacable 150 Y 1150

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Las columnas políticas, martes 29 de enero de 2019...
Bajo Reserva/El Universal..

Tensión por desabasto de vacunas
Un desabasto en la vacuna doble y triple viral, que entre otras afecciones protege contra el sarampión, trae en jaque a autoridades de la Secretaría de Salud, nos cuentan. La adquisición de esta vacuna, explican, no formó parte del proceso de transición y por lo tanto no ha llegado a la población. La angustia al interior de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud crece luego de que en Estados Unidos se declaró un estado de emergencia porque 35 menores de edad que viven en Washington contrajeron la enfermedad. En el sector salud, que encabeza el secretario, Jorge Carlos Alcocer, se truenan los dedos con la esperanza de que no surja un brote de la enfermedad y nos dicen que están haciendo lo posible por adquirir las dosis de inmunización. No hace falta que les recuerden que tan solo el año pasado se detectaron cinco casos, y aunque entonces la administración presumía que todos eran importados y que el último contagio autóctono se reportó en los años noventa, con los virus, nunca se sabe.
Momento, la cosa es calmada
Al que no le gustó para nada su visita a la Cámara de Diputados fue a Octavio Romero Oropeza. Nos dicen que el director de Petróleos Mexicanos se sintió abrumado con el formato de la mesa de trabajo a la que lo invitaron para hablar de la estrategia de combate al robo de combustible. En medio de la reunión, Romero espetó que “se habla tan rápido y se emiten tantas preguntas” que le fue difícil anotar todo lo que los legisladores le cuestionaban. “El caso de la diputada (Dulce María) Sauri, que cuando iba yo anotando la primera, ella iba por la tercera”, dijo. Y todavía agregó que “habría que considerar, para alguna otra reunión, un formato que fuera más amable con nosotros, porque estamos recibiendo una serie de preguntas y estamos tratando de responder, de concentrarnos, pero esta es una forma absolutamente eficaz para que se logre lo contrario”. Nuuunca le hagan eso, la cosa es calmada.
El cada vez más chico PRD
Muy disminuido empezará el PRD el periodo ordinario de febrero, achicado en San Lázaro y congelado por la mayoría morenista en el Senado. Así, disminuido, inició ayer la plenaria conjunta de los grupos parlamentarios del PRD en ambas cámaras, reunión de la que se ausentaron varios diputados, entre ellos el coordinador, Ricardo Gallardo. El líder en el Senado, Miguel Ángel Mancera, justificó la ausencia, pues se canceló su vuelo desde San Luis Potosí. “No sabemos si es por falta de turbosina”, dijo. Eso sí, viene por tierra, añadió.
Sanción a perredistas, llamarada de petate
Y a propósito de la plenaria de los legisladores del PRD, nos comentan que al parecer resultó una llamarada de petate aquello de que serían sancionados los diputados del PRD que votaron a favor de la Guardia Nacional. El 20 de enero el PRD informó que su Dirección Nacional Extraordinaria sancionaría a los diputados rebeldes, por violar los principios, el programa y estatuto del partido. Pero ayer muy quitados de la pena se vio a algunos de ellos en la Plenaria de los Grupos Parlamentarios de las Cámaras de diputados y senadores del PRD. Todo indica que el PRD, que preside Ángel Ávila, en estos momentos no está para ponerse exquisito y tiene que cuidar como oro molido a sus legisladores, pues un descuerdo podría costarle una desbandada, y sus fracciones parlamentarias están prácticamente en los huesos.
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Trascendió/ Milenio
QUE no solo se trata de que fue “traído” o “invitado a volver” de Panamá el general Eduardo León Trauwitz, a quien se investiga por su presunta responsabilidad en el robo de combustible desde el puesto directivo que ostentaba en Petróleos Mexicanos y con el que, en teoría, debía combatir precisamente el huachicol.
Se sabe que este hombre no es el único “a disposición” en algún lugar dentro del Campo Militar Número Uno por ese asunto, pues también se presume que atraviesa por situación similar el teniente coronel Wenceslao Cárdenas, bajo sospecha por el mismo delito.
QUE en medio de una clara discrepancia sobre la situación que acontece en Venezuela, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, pospuso la visita que tenía programada a México esta semana sin que exista claridad de para cuándo será reagendada.
Esta será la segunda ocasión que el funcionario estadunidense cancela su encuentro con el canciller Marcelo Ebrard, pese a que la embajadora en Washington, Martha Bárcena, se esforzó ayer en plantear que México “no está ni con Nicolás Maduro ni con Juan Guaidó”.
QUE la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados inició la discusión de la reforma educativa de Andrés Manuel López Obrador entre suspicacias de los legisladores de oposición, pues hasta hoy siguen sin recibir la “fe de erratas” ofrecida por el gobierno federal a los rectores reunidos en la Anuies para rectificar la supresión de la autonomía de las universidades, como lo prevé la iniciativa presentada el pasado 13 de diciembre.
QUE según el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, estuvo a punto de ser regañado por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, por atribuírsele haber posteado un video en redes sociales en el que culpa al gobierno federal del problema del desabasto de gasolina.
Contó la anécdota durante su participación en la reunión plenaria del PRD en el Senado, pero aclaró que él ni siquiera ha visto el video en cuestión.
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Kiosko /Corresponsales de El Universal
Rebelión morenista… ¿contra Barbosa?
Desde tierras poblanas nos platican que los diputados de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES) pidieron a la dirigencia nacional morenista abrir el proceso de selección del candidato a la gubernatura para las elecciones extraordinarias, esto luego de que la líder nacional, Yeidckol Polevnsky, ha asegurado que su candidato será nuevamente Miguel Barbosa. Nos explican que fueron seis legisladores —encabezados por Héctor Alonso Granados— quienes aseguraron que el senador Alejandro Armenta tiene más capital político para amarrar la candidatura, y aunque señalaron que respaldaron a Barbosa en 2018, nos cuentan que se dijeron libres para apoyar al mejor perfil. ¡Ups!
Alfaro, a nada de extinguir instituto de las mujeres
Nos cuentan que los reclamos para que el Congreso local frene la iniciativa del gobernador Enrique Alfaro para aniquilar el Instituto Jalisciense de las Mujeres han subido de tono. Nos explican que la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió medidas cautelares para que no se realice su extinción hasta que se garantice que no se violentarán los derechos de las mujeres. Además, más de 100 organizaciones feministas y de defensa de derechos humanos de varios estados firmaron un llamado para que se reconsidere el proyecto. Por el momento, los diputados están divididos con 18 votos en contra y 18 a favor: dos del PRD y 16 de Movimiento Ciudadano, partido que pese a que don Enrique le hizo el feo tras lograr el triunfo, se ha dedicado a impulsar la propuesta, tanto que la legisladora emecista Mirza Flores de plano trató de descalificar con ofensas a una académica que le recriminó su voto. Nos dicen que lo bueno es que MC presume ser un partido de hombres y mujeres libres, que si no…
Priístas cuestionan a su dirigente en BCS
Como las rebeliones se dan bajo todos los colores, nos platican que donde también se le están volteando a la dirigencia estatal es en el PRI de Baja California Sur. Nos explican que doce ex dirigentes locales se unieron para cuestionar a su líder, Gabriela Cisneros, a quien acusan de negarse a la renovación del Consejo Político y de someter al tricolor a los deseos de la CROC y del diputado federal Isaías González, quien encabeza la central obrera. Nos cuentan que los inconformes alegan que doña Gabriela dejó pasar la oportunidad de ser oposición al gobierno estatal panista, y que es muy cercana al morenista Víctor Castro, el delegado federal. No faltan, nos dicen, quienes además acusan que se cocina una alianza Primor (PRI-Morena), lo que borraría la posibilidad del partido para recuperar espacios por sí solo en 2021.
Precandiato le hace el feo a Kiko Vega
Y quien prefirió no perder el tiempo para deslindarse del gobierno estatal que encabeza su propio partido fue Óscar Vega Marín, el único aspirante panista a la gubernatura de Baja California. Nos cuentan que ante las fuertes críticas que ha tenido la administración de Francisco Vega de la Madrid en la entidad, principalmente en materia de seguridad, el aún precandidato salió a decir que “no tiene vínculo alguno con el gobierno” y que “su fuerza son los militantes”. ¿Le alcanzará al PAN para retener la gubernatura o le pasará factura el desgaste que arrastra el partido?
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Historias de Reportero /Carlos Loret de Mola
El Universal..
El ganso militar
Ni los líderes más destacados del principal movimiento de izquierda en México podrían haber previsto hace apenas unos meses que su ansiado arribo al poder traería consigo el mayor protagonismo de las Fuerzas Armadas desde que la vida política postrevolucionaria de México se institucionalizó y fue poniendo a un lado a los militares.
El presidente López Obrador ha dejado claro que considera a las fuerzas castrenses las únicas capaces de hacerse cargo.
No solo es la obvia, la seguridad pública, en la que el presidente está empeñado en que la Constitución dé al Ejército el control absoluto, a través de la Guardia Nacional y de una reforma que le permita a él usarlo sin limitantes durante todo el tiempo que considere que esa estructura no está terminada.
Va mucho más allá. También quiere dar a las Fuerzas Armadas facultades para construir el aeropuerto de Santa Lucía, conducir y ejecutar un proyecto de desarrollo inmobiliario en Santa Fe, en la Ciudad de México, y por lo tanto convertirse también en agentes vendedores que generen financiamiento para proyectos de gobierno.
Y hasta les encontró capacidades para participar en compras gubernamentales, como la adquisición de pipas en tiempos de “emergencia” (aunque sea autogenerada), con lo que proveen el plus de la opacidad gracias al velo de supuestos temas de seguridad nacional. Y operar esos vehículos bajo el Plan DN-III (¡de apoyo a la población en desastres naturales!). Claro, también contratan choferes de pipas y la oficina de empleos es en el Campo Militar Número 1.
Tantas facultades generan preocupación. Incluso dentro del lopezobradorismo.
No es que gobierno de izquierda y militarización sean conceptos excluyentes. No hay que ir muy lejos en el vecindario continental para encontrar ejemplos.
Pero la contradicción aquí es evidente. Durante por lo menos una década, el discurso de López Obrador y su movimiento fue de condena sin matices a “la guerra” contra el narcotráfico y a la incursión de los militares en el combate directo al crimen organizado.
Su promesa fue siempre “regresar al Ejército a sus cuarteles” y enfrentar la violencia que azotaba al país con la fórmula de “abrazos, no balazos”.
En esos años, no escatimaron denuncias de asesinos y represores a los altos mandos militares. “Masacran al pueblo”, decían al referirse a operativos de la Marina y el Ejército contra la delincuencia organizada. Exigían sacarlos de las calles de inmediato. No a la militarización, era su lema convertido en mantra.
En la campaña electoral de 2017-2018 apareció entre las propuestas del candidato presidencial la creación de una Guardia Nacional, con la que asomaba ya un cambio de postura frente a la inclusión de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Pero los voceros del movimiento no variaron su discurso antimilitarista y afirmaban que sólo se podía escoger entre un enfoque pacifista representado por López Obrador o la prolongación de una guerra sin sentido iniciada por Calderón y continuada por Peña Nieto.
Ya ganador de la elección presidencial, el equipo de transición del entonces presidente electo comenzó a combinar el discurso pacifista con la inclusión de los militares. Tras los foros para la pacificación, en que víctimas de la violencia en todo el país rechazaron de manera contundente el llamado de campaña al perdón, si no incluía antes hacer justicia, todo cambió.
El presidente AMLO concluyó que sin los militares no podría avanzar gran cosa en seguridad o entendió que pese a su discurso de años, las Fuerzas Armadas tienen una aceptación elevada en la opinión pública. O ambas.
Hoy los militares avanzan con paso firme en la construcción del nuevo esquema de poder. Y no se han cumplido ni dos meses de la nueva administración, que se presentó como heredera de las luchas del 68, el 71 y la guerra sucia...
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AMLO a 60 días: ¡el fracaso…!/Ricardo Alemán
El Debate,
¿Qué pasó en México durante los últimos 60 días, tiempo que Andrés Manuel López Obrador lleva al frente del Ejecutivo?
Lo cierto es que más allá de percepciones positivas o negativas, son demoledores la terca realidad, la contundencia de los números y los cadáveres.
Es decir, que a solo 60 días de iniciado el gobierno más populista de la historia, se prueba que el único contrapeso real a la tentación autoritaria es la contundente realidad; los números fríos.
Y cualquiera que se asome a la frialdad de los números, concluirá que el de AMLO es “la crónica de un fracaso anunciado”. ¿Quieren ver la realidad?
1.- La primera guerra de Obrador fue contra los molinos de viento del NAIM. Ganó la batalla, pero perdió la guerra. Es decir, tiró el aeropuerto pero como nunca endeudó a los 120 millones de mexicanos.
2.- Y es que los casi 250 mil millones de dólares que se perdieron por tirar al caño el NAIM, significarán una deuda de 3 mil 300 pesos para cada uno de los más de 120 millones de mexicanos.
3.- Es decir, un Fobaproa mayor al de Salinas y Zedillo. ¿No fueron AMLO, Marcelo Ebrard, Dolores Padierna y muchos otros que hoy gobiernan, los feroces detractores del Fobaproa? Hoy son corresponsables de endosar la nueva deuda pública a los ciudadanos. Y todos guardan silencio.
4.- Y el asunto es peor si tomamos en cuenta el robo a las Afores, por el pago del NAIM. Todos los mexicanos que tienen Fondo de Retiro son víctimas de “un robo de Estado”; descomunal desfalco que pocos quieren ver.
5.- La segunda guerra de AMLO fue contra el robo de combustible, en donde la tragedia es mayor. Podría llegar a 120 el número de vidas perdidas y 50 las personas con lesiones de por vida. Nunca un sexenio arrancó con un horror de esa magnitud.
6.- Más allá de números fríos, la tragedia confirma que si la lucha contra el robo de combustible fue una estrategia de Estado, terminó en crimen de Estado. ¿Por qué? Porque no hay un solo detenido y el supuesto ahorro —de 5 mil millones de pesos—, es nada frente a las pérdidas reportadas, de más de 40 mil millones de pesos por el desabasto. Por donde lo vean, un fracaso.
7.- La tercera guerra es contra las mafias del crimen organizado. Pero la primera derrota fue el reconocimiento de que Calderón y Peña estaban en lo correcto: utilizar al Ejército y la Marina. Peor aún, no pasó la Guardia Nacional, epítome de la militarización.
8.- Otra guerra perdida es justo contra la violencia criminal. Hoy el número de muertos por violencia es de casi 4 mil; cifra histórica a la alza.
9.- En política el gobierno de AMLO también perdió las primeras batallas. No convence a nadie la investigación de la muerte de la gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso y de su esposo, el jefe de los senadores del PAN, Rafael Moreno Valle.
10.- Han sido asesinados tres periodistas y no pocos políticos de nivel municipal, además de que siguen sin control el secuestro y el feminicidio.
11.- El Tren Maya ya es una derrota anunciada. Es cuestión de semanas para que empresarios del ramo turístico anuncien su inviabilidad.
12.- Todos pagamos por un avión presidencial parado, que no se venderá y que significará otra sangría de dinero público.
14.- En 60 días el desempleo está a punto de reportar la mayor cifra de la historia en pérdida de espacios de trabajo. Se han perdido casi las mismas plazas que las ganadas en 2018: 800 mil.
15.- Y acaso las muertes políticas más dolorosas —nunca como la pérdida de vidas—, son la muerte del fiscal autónomo; la muerte de la Corte como contrapeso; la muerte del Congreso independiente; la muerte del Tribunal Electoral Federal y el estado de coma en que se encuentra la libertad de expresión.
Y es que en 60 días, el presidente le ha dado empleo a sus aplaudidores y ordenó cerrar los espacios a sus críticos.
Y todo en solo 60 días.
Al tiempo.
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Tercer Grado /Leopoldo Gómez
El Universal..
La derrota de Trump
Empeñado en conseguir financiamiento para el muro, Donald Trump jugó a las vencidas con los demócratas, y perdió. Al rechazo de la oposición, se sumaron las críticas en la opinión pública e incluso las divisiones en su propio partido. Si bien la guerra no ha concluido, el acuerdo de Trump para reabrir el gobierno sin un solo dólar para su causa es su peor derrota política como presidente.
El cierre del gobierno fue una decisión impopular que ya le pasó factura a Trump. Hace dos años, cuando tomó posesión como presidente, tenía una aprobación de 45%, de acuerdo con el tracking de Gallup. Para el 10 de enero, según esta encuestadora, su popularidad había caído a 37%. Sin embargo, todavía el apoyo republicano se mantenía sólido, en niveles cercanos a 90%.
Encuestas más recientes, como la de Associated Press del miércoles pasado, ya registraban una pérdida de apoyos, incluso entre republicanos. Tal vez por ello, en las últimas votaciones sobre el presupuesto en el Senado, seis republicanos abandonaron la exigencia de dinero para el muro y se sumaron a la propuesta demócrata.
Al costo de alargar el conflicto, usando como rehén a su gobierno, ahora podría sumarse el de echarse para atrás. Y es que, para su núcleo duro, el muro es una causa que no admite concesiones; de ahí que, tras el anuncio de la reapertura, varios comentaristas afines a Trump se volcaron agresivamente en su contra.
Ann Coulter, comentarista conservadora muy reconocida, dijo que Trump había rebasado a George W. Bush como el presidente más “debilucho” de Estados Unidos. Frente a estos cuestionamientos y otros similares ventilados en Fox News, Trump tuiteó que esta cadena es incluso peor que CNN y NBC.
Si el fracaso de no haber conseguido recursos para el muro y la decisión de echarse para atrás debilitan el vínculo de Trump con al menos parte de su base, las perspectivas para su reelección se complicarían enormemente.
Todavía queda por ver cuál será el costo de este lance en su base. Habrá que esperar las encuestas de esta semana. En cualquier caso, nunca hay que subestimar a un presidente que ha demostrado su capacidad para salir, por las buenas, pero sobre todo por las malas, de situaciones así de adversas.
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En Privado/Joaquín López-Dóriga
Milenio
¿Ya tiene esta información el Presidente?
Ellos dan opiniones, yo hechos. Florestán
El tema del bloqueo ferroviario del occidente del país ha tomado dimensiones que, yo creo, no se las han detallado al presidente López Obrador, de acuerdo a sus declaraciones.
Ayer reiteró que hay una responsabilidad del gobierno de Michoacán, lo que Silvano Aureoles rechaza, pero él insiste y documenta, y que no va a utilizar la represión para levantar los bloqueos: Tenemos autoridad moral suficiente, si no hay razón, no vamos a ceder, es Juárez gobernando: Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho.
Aseguró que no va a usar la Gendarmería para desalojar a militantes de la CNTE que mantienen colapsado ese sistema desde hace dos semanas, pero sí les dijo que le bajaran a ese radicalismo, que no tiene nada que ver con la izquierda, y yo conozco esto, —aclaró— y serán mal vistos por la sociedad, se van a desgastar, no pueden caer en esta intransigencia.
Y es que al cumplirse 15 días de este cierre, le puedo dar estos datos duros: afecta ya a 95 por ciento de la industria de buques portacontenedores de 21 líneas navieras. Los puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo, sitiados por tren, desembarcan 34 mil 200 contenedores a la semana. Al momento hay 10 mil 500 acumulados entre bodegas y patios que obligan a decenas de cargueros a permanecer fondeados, lo que encarece los costos por la tarifa de espera.
Hay 252 trenes parados con más de 2 millones de toneladas de carga que equivalen a 35 mil camiones. Entre ellos cuatro convoyes con 40 millones de litros de gasolina que son cuatro veces más de los 10 millones de abasto que, por ejemplo, demanda Guadalajara al día. Un tren unitario de carros tanque carga 10 millones de litros y equivale a 300 pipas. Esta situación ya afecta a la economía y puede crear un problema de desabasto, que ya se registra, y que se vivió con las gasolinas y que de no resolverse se extenderá y agravará.
No sé si esta información se la hayan pasado al Presidente de la República, pero por si acaso, aquí se la dejo.
Conste que es solo información.
RETALES
1. DERECHO. El Presidente invocaba el principio juarista del Derecho y está claro que en la Ley de Vías Generales de Comunicación, artículo 532, deja la responsabilidad de su funcionamiento en el gobierno federal, que está en omisión, y no en los estatales, como se arguye;
2. ALERTA. En el frente de las medicinas se podría presentar otro conflicto de abasto por falta de permisos de importación de la Cofepris y los bloqueos de la CNTE, a decir del sector farmacéutico; y
3. RETO. Desde noviembre lo había denunciado Diego Sinhue, ya gobernador de Guanajuato: el robo de combustible se da desde el interior de la refinería de Salamanca a la que le falta de un elemento, MTBE, con el que se produce la gasolina, que también está atrapado en el bloqueo ferroviario. Y la refinería está parada.
Nos vemos mañana, pero en privado
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Los maestros michoacanos, en primero y 10/Raymundo Riva Palacio
El Financiero...
Estrictamente Personal
El Financiero...
El encabezado principal en la primera plana de El Financiero de ayer lunes no dejaba duda del impacto económico que está teniendo el bloqueo de ferrocarriles en Michoacán: mil millones de pesos de pérdida diaria. Si se cumplieron dos semanas de sabotaje de maestros al aparato productivo, en protesta porque les deben salarios y aguinaldos, ya suman 14 mil millones de pesos las pérdidas, 14 veces más de su demanda original y casi 30 por ciento de las nuevas demandas que están haciendo al gobierno federal. Lamentablemente, el costo sigue creciendo.
Lourdes Aranda, vicepresidenta de Relaciones con Gobierno y Comunicación de Ferromex, la empresa más afectada, dijo que han dejado de circular 300 trenes que tienen dos millones de toneladas en mercancías en 800 mil contenedores que no se han entregado. La tarde del lunes, anticipó en una entrevista en Foro TV, ello produciría una quiebra técnica en la industria acerera. Ya ocasionó que se interrumpiera la exportación de automóviles, porque la línea de entrega de autopartes se rompió; que decenas de trenes con combustible varados en ambos lados de la frontera norte afecta a 150 mil automóviles en el centro del país, y que toneladas de cemento no han podido ser embarcadas en Chihuahua y Nuevo León.
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su conferencia de prensa matutina que 200 millones de los mil que originalmente exigían los maestros michoacanos por concepto de salarios de 2017 y 2018, además de aguinaldos, fueron entregados el viernes, y que en el curso del lunes se les darían los 800 millones restantes. López Obrador confió que con este pago se resolvería la situación que está estrangulando a la actividad económica en la parte centro y noroeste del país. Los maestros de la Coordinadora Nacional, que es disidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, hicieron lo que siempre hacen, escalar el conflicto para sacar mejores dividendos. Ya no exigen mil, sino cinco mil, además de plazas que, de acuerdo con la prensa, le concedió la Secretaría de Hacienda el viernes pasado. Cinco mil nuevas plazas para ellos, con una carga al erario anual de 780 millones de pesos.
La disidencia magisterial es inmanejable, y el gobierno debe tomar la experiencia de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, donde para poder llegar al final del sexenio sin procesos de desestabilización continua, tuvieron que abrir la cartera y desembolsar millones de pesos y miles de plazas, para apaciguar la protesta social. Los aliados electorales de López Obrador no comparten su proyecto de nación y, como lo está demostrando la sección michoacana de la Coordinadora, la más chica en número pero la más ideológica, sí puede complicarle el arranque de gobierno con sus viejas estrategias. Bien le haría al presidente recordar lo que son los maestros disidentes y lo que le van a hacer. En enero de 2015, en una crítica al gobierno de Peña Nieto por la forma como había escogido a la disidencia magisterial como su aliada en la reforma educativa, sin comprender que serían quienes la detonarían, se escribió en este espacio:
“En el gobierno de Peña Nieto deberían haber aprendido que la CNTE es insaciable. Para utilizar una metáfora del futbol americano, siempre juegan al primero y diez. Es decir, en las negociaciones con la disidencia magisterial no hay avances de una yarda ni retrocesos. Siempre que tienen el balón, los maestros avanzan diez yardas para tener no cuatro oportunidades más para volver a tener esa posición de campo –como sucede en el juego–, sino para recorrer en automático la distancia y exigir otras diez yardas. Ellos nunca pierden. Quienes pierden son el gobierno y los mexicanos”.
Sus estrategias son siempre las mismas, cierran aeropuertos y carreteras, realizan plantones y estrangulan el comercio. Utilizan la presión social para forzar canonjías. En esta ocasión elevaron el costo. En enero de 2015, el texto apuntó: “A la disidencia magisterial le ha dado mucho el gobierno peñista, pero está en la lógica del primero y diez… La paz social que buscó el gobierno de Peña Nieto mediante la entrega de una parte de poder a los maestros opositores al régimen, es una quimera”.
La Coordinadora le tomó la medida al gobierno de Peña Nieto de una manera fácil, aprovechando el desconocimiento o inocencia de su equipo. “La CNTE tiene controlado al gobierno”, se escribió en aquella ocasión. “Su estrategia histórica de negociación ha sido negociación-presión, negociación-confrontación y confrontación-receso. No hay nada oculto en sus tácticas. Para alcanzar el objetivo trazado presionan con plantones y movilizaciones. En la segunda etapa, para elevar los costos, enfrentan a la autoridad y chocan físicamente con las policías. Una vez que ya lograron extraer de sus interlocutores lo que buscaban, anuncian un receso, que es cuando bajo el pretexto de consultar a sus bases en sus estados de origen, regresan a sus casas”.
El presidente López Obrador dijo en su conferencia que los mil millones son un prástamo, eufemismo que nunca se le ocurrió al gobierno anterior para justificar entrega de recursos fuera del Presupuesto. También les dijo que debían entender que los tiempos han cambiado, y que no utilizaría la fuerza de la policía, sino de la opinión pública, para obligarlos a cambiar su posición. Buena suerte. Hasta ahora, la historia de la disidencia magisterial no ha sido regida por la presión de la opinión pública, sino por sus intereses. Pero también, es cierto, nunca habían enfrentado a un presidente con la legitimidad de López Obrador. Las escaramuzas con la disidencia de maestros apenas comienzan. Los primeros puntos son para ellos.
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El golpe en el Tribunal Electoral/Pablo Hiriart
Uso de Razón
PabloHiriart
Por distintas fuentes obtuve la versión, la semana pasada, de que el presidente de la Suprema Corte de la Nación, Arturo Zaldívar, conminó a renunciar a la entonces presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Ayer, en su columna de Reforma, el periodista Roberto Zamarripa lo publicó con todas sus letras y coincide con la información que tengo: el viernes 18 de este mes el presidente de la Suprema Corte citó a Janine Otálora y le pidió que dejara el cargo, por su bien y el del Tribunal.
Puedo agregar aquí un par de elementos adicionales. El motivo de la presión para quitar de la presidencia del Tribunal a Janine Otálora fue la validación de los resultados electorales en Puebla, en los que perdió el partido gobernante.
Ante la resistencia de Otálora a renunciar, porque el Tribunal es autónomo, el presidente de la Corte habría recurrido a un argumento extremo: podemos hacer una reforma constitucional y quitar a todos los magistrados.
La historia es por demás oscura en el caso Puebla: la gobernadora que irritaba al gobierno murió al caer su helicóptero en condiciones no aclaradas, diez días después de asumir el cargo.
Y tres semanas después de esa muerte, la presidenta del Tribunal que validó el triunfo de Martha Erika Alonso fue presionada hasta hacerla renunciar.
La andanada contra Otálora tuvo como culminación el ultimátum del ministro Zaldívar, pero se desataron cuando en el Tribunal se iba a votar la validez de las elecciones en Puebla.
El magistrado ponente, José Luis Vargas Valdez, hizo público su proyecto de resolución en favor de anular y repetir las elecciones, lo que va contra los procedimientos del Tribunal. Y, además, sin argumentos para echar abajo esos comicios.
Por mayoría de votos, el Tribunal validó los resultados de las elecciones en Puebla, en las que perdió el partido del gobierno.
Una andanada de amenazas vengativas, con nombre y sin nombre, cayeron sobre la presidenta del Tribunal.
El magistrado Vargas Valdez anunció, el 18 de diciembre, que se estaban trabajando “denuncias con elementos y pruebas que apuntan hacia las irregularidades cometidas por la magistrada presidenta”, Janine Otálora.
La amenaza no podía ser más directa contra la titular del Tribunal Electoral.
Vargas Valdez fue más allá. Llegó a la conclusión –también hecha pública– de que la magistrada ha perdido su papel como presidenta no sólo para él, sino “posiblemente para más miembros del Pleno, dado que ya no garantiza lo más elemental: la unidad del Pleno y la independencia de sus magistrados, lo que lamentablemente lleva al funcionamiento indebido de la institución”.
Al día siguiente, Janine Otálora respondió a las amenazas y exigencia de renuncia, a través de una entrevista con Magali Juárez, de El Financiero: “la integración actual de la Sala Superior me eligió, por unanimidad, presidenta con un mandato de cuatro años. Tengo el respaldo de mis colegas para cumplir ese periodo”.
Las presiones continuaron y Otálora resistió… hasta que se le vino encima el presidente de la Suprema Corte.
Dejó el máximo puesto en el Tribunal, continúa como magistrada, en una condición de bajo perfil, luego de las presiones de aliento gangsteril de que fue objeto.
Esperemos que haya una aclaración categórica y sin ambigüedades del presidente de la Corte a lo que aquí se expone y a lo que ayer publicó Zamarripa.
Además, que ya no haya nuevas amenazas a la magistrada ex presidenta del Tribunal, ahora que se destapó una posible maquinación de Estado para quitarla del camino.
Esperemos que más de un mes después de haber amenazado públicamente a Janine Otálora, el magistrado José Luis Vargas también diga que no dijo lo que dijo, o que se equivocó.
Lo que estamos presenciando es una grave muestra de cómo se aplasta a un poder autónomo, porque no le dio la razón al partido del gobierno.
Y de cómo se desnaturalizan las instituciones que deberían ser baluartes de la división de poderes, para hacer cumplir la voluntad del partido gobernante.
Por lo visto, no tienen límites. Nadie se los quiere poner.
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Primoroso/Roberto Zamarripa/ Primoroso
Reforma, 28 de enero
Al recibir la constancia de triunfo, el 8 de agosto de 2018, Andrés Manuel López Obrador dijo ante el Tribunal Electoral federal: "En el nuevo gobierno, el Presidente de la República no tendrá palomas mensajeras ni halcones amenazantes... Ninguna autoridad encargada de impartir justicia será objeto de presiones ni de peticiones ilegítimas cuando esté trabajando en el análisis, elaboración o ejecución de sus dictámenes y habrá absoluto respeto por sus veredictos".
La elección de Puebla constituía una prueba de fuego para ese compromiso. Morena alegaba fraude y el PAN defendía el triunfo de Martha Alonso.
Según fuentes consultadas del Tribunal Electoral y de la Corte, el Consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, acudió los primeros días de diciembre con la entonces presidenta Janine Otálora para sugerirle amablemente que anularan la elección de Puebla. En uno de los encuentros, según las fuentes, Scherer habría sido acompañado por el Ministro de la Corte, Arturo Zaldívar. Otálora tomó nota de la sugerencia pero no asumió compromiso alguno.
El magistrado ponente del caso, José Luis Vargas, tenía en sus manos dos resoluciones para lo que pudiera ofrecerse: en una proponía la validación del triunfo de la panista Martha Alonso y en otra impulsaba la anulación de los comicios.
Al final, Vargas presentó la propuesta de anulación pero el Tribunal le rechazó el 9 de diciembre su ponencia y validó el triunfo de Alonso. Ello provocó furia en el gobierno y en el partido Morena. Luego vino la trágica muerte de la gobernadora y su esposo.
El Poder Judicial estaba bajo presión por su resistencia a reducir salarios de funcionarios y gastos institucionales. En ese contexto fue nombrado presidente de la Corte el Ministro Arturo Zaldívar, un liberal altamente respetado, con muy buena relación con el titular del Ejecutivo.
El tema del Tribunal Electoral todavía hervía. Con la daga clavada, el Consejero Jurídico Scherer, según las fuentes judiciales consultadas, incrementó su presión ahora para destituir a Janine Otálora como presidenta del órgano calificador, advirtiendo a magistrados que dado lo oneroso que resultaba el Tribunal, podía promoverse su desaparición.
Simultáneamente a la presunta presión de Scherer, el Ministro presidente Arturo Zaldívar -en su facultad de titular del Poder Judicial, al que está adscrito el Tribunal Electoral- solicitó a Janine Otálora la mañana del pasado viernes 18 en un encuentro dimitir a la presidencia para facilitar la relación con el Poder Ejecutivo. La recomendación fue amable pero enérgica.
Ese mismo día, Felipe Fuentes, a la postre electo como sucesor de Otálora, decía al resto de los magistrados que estaba en riesgo el Tribunal, dada la confrontación con el Ejecutivo, y solo él podía salvar la permanencia del órgano.
En la sesión del 23 de enero del Tribunal Electoral, Otálora presentó su renuncia. Ya depuesta, Fuentes intentó extender su mandato como nuevo presidente más allá de lo permitido legalmente. Como sustituto, su encomienda debe completar el periodo de la renunciante que concluye en noviembre de 2020. Sintiéndose apoyado por personeros del Ejecutivo, Fuentes pidió en la sesión del Tribunal que le aprobaran un periodo de 4 años a partir de 2019. Es decir, se iría de la presidencia en el 2023.
Había una potente razón política: encabezaría la calificación de las elecciones intermedias de 2021, claves para Morena y su flamante aliado, el PRI.
No le aprobaron su moción. Entonces solicitó establecer la posibilidad de reelección en el cargo después de 2020. Tampoco fue aceptado.
Fuentes es un hombre cercano al PRI mexiquense; ahora presume su filia con Morena.
Los maldicientes del Poder Judicial le llaman "El Primoroso". Silenciaría esas blasfemias si aclara que Otálora no cayó por presiones externas y él no fue impuesto desde otro poder, sino que llegó con méritos propios.
Así despejaría sospechas de que los halcones y las palomas dejaron el nido y tienen permiso de volver a volar.
robertozamarripa2017@gmail.com
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Fuera de Tono /Hernán Gómez Bruera
El Universal
La izquierda frente a Venezuela
Es claro que la lógica intervencionista de Trump frente a Venezuela persigue objetivos e intereses económicos y políticos muy distintos a los de una agenda a favor de la democracia y los derechos humanos. Es claro también, como lo he venido expresando, que esa postura –a la que se han sumado varios países latinoamericanos– en nada ayudará a resolver el problema; incluso puede enrarecer la crisis de ingobernabilidad por la que atraviesa el país.
En México y otros países la derecha utiliza el caso de Venezuela para el golpeteo político interno; lo que menos le importa es la situación por la que están pasando los venezolanos. La izquierda debe evitar caer en un desinterés parecido al anteponer una adscripción ideológica a la situación concreta por la que están atravesando hoy en Venezuela ciudadanos de carne y hueso.
La Cancillería mexicana ha tenido una postura razonable frente al tema. Me preocupa, sin embargo, la simpatía de ciertos cuadros de Morena frente al régimen de Nicolás Maduro, como el hecho de que se ponga en duda lo evidente: el carácter crecientemente autoritario de su gobierno. Hace falta un deslinde claro y contundente. Ni respaldar a Maduro, ni relativizar su autoritarismo; mucho menos ignorar el problema.
Ayer mismo, por ejemplo, John Ackerman defendía el proceso electoral de mayo del año pasado en Venezuela, del cual resultó formalmente reelecto Nicolás Maduro. Para Ackerman, esta elección “fue organizada por el Consejo Nacional Electoral que aplicó los estándares internacionales más avanzados en la materia” (https://bit.ly/2WnlnxE).
¿Es posible afirmar algo así cuando el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela están completamente sometidos del oficialismo? ¿Cuándo es archiconocido que la autoridad electoral puso toda serie de trabas para impedir la celebración de un referéndum revocatorio luego de que la oposición juntara las firmas para ello? ¡¿Cuando la propia empresa encargada del conteo electrónico de los votos, Smartmatic, declaró en 2017 que se había producido una discrepancia de al menos un millón de sufragios en el conteo de la elección a la Asamblea Constituyente?!
¿Será que los “más altos estándares internacionales” admiten la serie de irregularidades que se han cometido en Venezuela desde entonces? Lo dudo sinceramente. Para empezar porque en esta elección presidencial no pudieron postularse los principales candidatos de la oposición (Henrique Capriles, Leopoldo López, María Corina Machado, e incluso el chavista disidente Miguel Rodríguez), siendo casi todos ellos objeto de persecución política.
Para continuar, porque el oficialismo se inventó un recurso para dejar fuera de la contienda a los principales partidos políticos de la oposición: decidió que aquellas fuerzas que no hubiera participado en las elecciones municipales del 10 de diciembre de 2017 (varios partidos decidieron no hacerlo por falta de garantías), no podrían ser parte de este nuevo proceso electoral.
Para abundar, porque todo estuvo hecho para favorecer al oficialismo: se modificó el calendario electoral a su antojo, se otorgaron solamente 10 días para la inscripción de nuevos votantes dentro y fuera del país y tan solo tres para la postulación de candidatos. El proceso para recolectar firmas fue arbitrario y restrictivo, con tiempos increíblemente cortos (dos días para recabar 0.5% del padrón) y, al establecer las circunscripciones electorales, la autoridad electoral tampoco siguió las normas establecidas.
Ya durante la jornada electoral se documentó un vasto condicionamiento del voto a cambio de programas sociales por medio de “puntos rojos”: puestos de simpatizantes chavistas colocados cerca de los centros electorales, a través de los cuales se distribuía el llamado “carnet de la patria”, un documento usado por el Gobierno para distribuir alimentos a bajo precio.
Y si esto no fuera suficiente, el conteo final excedió las proyecciones de participación basadas en el padrón electoral. El Observatorio Global de Comunicación y Democracia, Voto Joven y el Centro de Justicia y Paz, documentaron esta y otras irregularidades; la oposición habló de al menos 350 violaciones a las normas electorales.
¿De verdad se puede afirmar con el semblante serio que el Consejo Nacional Electoral aplicó “los estándares internacionales más avanzados en la materia”? Quizás el compañero Ackerman y yo tengamos distintas fuentes. Creo, sin embargo, que la izquierda debió aprender hace tiempo que denunciar el imperialismo no debiera ser jamás la razón para justificar autoritarismos de ningún tipo.
@HernanGomezB
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