PATRICIA DÁVILA
Revista Proceso # 2217, 28 de abril de 2019..
Pese a que el combate a la violencia fue una prioridad de su campaña y lo es en su programa de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha conseguido resultados positivos en el primer cuatrimestre de su gobierno. Por el contrario, la estadística del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestra un incremento de los índices de homicidios, pero además el crimen organizado se empeña en demostrar que, si las condiciones del país no cambian, seguirá sembrando el terror y corrompiendo la vi
Hasta el pasado 12 de marzo, el presidente insistió en que habían bajado los índices delictivos, a pesar de que cada mes los medios de comunicación publican los datos del SESNSP. Esa actitud le costó al mandatario una confrontación con Jorge Ramos, periodista de Univision, quien dijo en la conferencia matutina de ese día que, de continuar así, 2019 será el año más violento de la historia en el país.
Aunque el mandatario insiste en responsabilizar de la inseguridad a las administraciones pasadas, en este gobierno han ocurrido masacres similares a las del sexenio de Felipe Calderón, como aquella en que un grupo delictivo asesinó a estudiantes que se encontraban en una fiesta en el fraccionamiento Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Calderón se apresuró a señalar que se trataba de ajustes entre bandas rivales.
Ya en la administración lopezobradorista, el pasado 19 de abril, Viernes Santo, un comando irrumpió en una fiesta familiar en Minatitlán, Veracruz, y asesinó a 13 personas, incluido un bebé de un año. Dos días después, el 21, en Comalcalco, Tabasco, pistoleros ejecutaron a dos mujeres e hirieron a dos menores.
Al día siguiente unos automovilistas que volvían de vacaciones denunciaron que fueron víctimas de un asalto masivo en la autopista México-Acapulco. Hombres armados bloquearon la circulación y los despojaron de sus pertenencias en el tramo conocido como Los Túneles.
El 24 de abril Maricela Vallejo Orea, alcaldesa morenista de Mixtla de Altamirano, Veracruz, fue asesinada a balazos cuando iba en una camioneta por el municipio de Los Reyes.
Y en un hecho inusual, El Marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima, en Guanajuato, amenazó a López Obrador con enviarle un “regalo” explosivo a su casa. Es el primer presidente de la República que recibe una amenaza directa del crimen organizado.
En una revisión de la estadística delictiva que el SESNSP publicó el 21 de abril, Guanajuato destaca entre los estados con la mayor incidencia con 947 asesinatos de enero a marzo. El gobernador Diego Sinhué Rodríguez había festejado por todo lo alto el operativo Golpe de Timón, realizado en conjunto con la Marina a fin de arrinconar al Cártel de Santa Rosa, pero guardó silencio ante los datos oficiales sobre la violencia. El Marro sigue libre.
A su vez, el gobierno federal ha informado sobre la disminución del robo de combustible en Guanajuato, pero en el estado persisten los problemas que lo tiñen de sangre: el incremento de los consumidores de drogas y por ende el del narcomenudeo, así como la agudización de la pugna entre el grupo del Marro y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El gobierno federal reforzó su presencia a través del Ejército, Policía Militar y Marina, pero no logra pacificar la entidad ni contener al crimen organizado, que ataca negocios y ejecuta personas en la vía pública, coloca narcomensajes amenazantes contra sus rivales, “los traidores” e incluso las autoridades, como en el caso de la manta colgada en Celaya en la Semana Santa en la que amagó a López Obrador.
El número de homicidios dolosos reportado por el SESNSP en Guanajuato es “el más alto registrado en la historia reciente del país para cualquier estado de la República, con lo que se vive una situación que podría ser considerada similar a un ‘estado de excepción”, según la investigación de México Social, realizada por Mario Luis Fuentes y Saúl Arellano, que la publicaron el pasado 21 de abril.
Nueva impunidad
En el Estado de México se han incrementado sobre todo los feminicidios y la desaparición de mujeres, señala Edgar Cortez, coordinador de proyectos del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD).
Atribuye el exponencial aumento de casos de desaparición desde 2006 al menos a cuatro hechos: la confrontación entre el gobierno y los grupos del narcotráfico, que motivó a éstos a defender los que consideran sus territorios; que se diera prioridad a la captura de los líderes de los grupos criminales; el crecimiento del mercado interno de las drogas, y que se haya privilegiado el uso de la fuerza para atacar el problema.
Sin embargo, a decir de Cortez, al inicio del gobierno de López Obrador se privilegia la impunidad, al no perseguir a las bandas delictivas.
Frente a las deficiencias de la integración de los expedientes contra los presuntos capos del narco, dice el activista, la alternativa del gobierno era tomar la justicia bajo su responsabilidad, “y eso creo que significaba acciones de tortura, desaparición y ejecuciones extraordinarias por parte del Ejército”.
En un documento entregado el viernes 19 a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, el IMDHD señala que actualmente el paradigma de seguridad no ha cambiado y con la Guardia Nacional “parece agravarse”, ya que la sociedad civil logró reducir los componentes militares de esa corporación pero no pudo eliminarlos por completo. “Mientras se produce la erradicación de pruebas ilícitas en el sistema penal, la Guardia Nacional tendrá un incentivo para seguir usando detenciones arbitrarias y tortura”, advierte Cortez.
En Chihuahua, el alcalde de Ciudad Juárez y el fiscal de la zona Norte, Jorge Nava, atribuyen a la guerra entre cárteles la tendencia ascendente del crimen que se sostuvo hasta marzo.
Hace un año la pandilla de Los Aztecas –poderosa en la entidad y en la ciudad de El Paso, Texas– se separó de La Línea, brazo armado del Cártel de Juárez. Los Aztecas constituyeron el grupo delictivo La Empresa, a través del cual controlan la venta de todo tipo de drogas tanto en las calles como en centros penitenciarios.
La Línea y el Cártel de Sinaloa se disputan asimismo los municipios fronterizos de Guadalupe y Distrito Bravo, mientras que el segundo controla Praxedis Guerrero. Por esta zona ha pasado históricamente todo tipo de droga a Estados Unidos.
En el noroeste de la entidad –municipios como Cuauhtémoc, Galeana, Madera y Gómez Farías, entre otros– operan los cárteles de Sinaloa y de Juárez, lo que ocasiona enfrentamientos constantes.
A pesar de los operativos policiacos de los tres niveles e incluso militares, la violencia en el estado llega a niveles comparables con los del sexenio de Calderón, por ejemplo con el incendio de casas en Gómez Farías. En el primer cuatrimestre –hasta el 25 de abril– se registraron sólo en Ciudad Juárez 139 homicidios.
Los casos del sur
En Guerrero surgieron nuevos grupos de autodefensa que las autoridades vinculan con la delincuencia, sobre todo en zonas donde el gobierno de Héctor Astudillo impulsa desarrollos mineros: las regiones Centro, Costa Grande y Tierra Caliente.
El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, confirmó a finales de enero pasado que existen “grupos paramilitares-delictivos” entre las 24 policías comunitarias y autodefensas que operan en más del 50% de la entidad.
Después de reprochar la inacción de las autoridades estatales y del Congreso local, Encinas anunció un plan para “desarticular” los grupos de civiles armados que asumieron las funciones de seguridad pública en 42 de los 81 municipios del estado y controlan grandes territorios.
Sin embargo, ninguna autoridad ha detenido la expansión de los grupos armados. El director del Centro Nacional de Información (CNI), del SNSP, David Pérez Esparza, informó que en marzo Guerrero ocupó el sexto lugar nacional en víctimas de homicidio doloso por cada cien mil habitantes.
Desde el primer año de su administración, el priista Héctor Astudillo se declaró incompetente para enfrentar a la delincuencia organizada y delegó su responsabilidad en el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto.
Recientemente Astudillo volvió a deslindarse. Manifestó su esperanza de que la Guardia Nacional que impulsa el presidente López Obrador ayude a resolver la crisis de inseguridad.
En 2016 el gobierno estatal reportó una fuerza policial de 6 mil 881 elementos, de los cuales 3 mil 304 están adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública, mil 406 a la Fiscalía General del Estado, mil 518 a la Policía Auxiliar y 653 al sistema carcelario.
El informe del SESNSP indica que el número de policías estatales confiables descendió de mil 107 en 2016 a 984 en 2018, pese a que los recursos para este rubro han aumentado en los últimos tres años.
De acuerdo con el extitular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSP) Pedro Almazán Cervantes, 335 efectivos están comisionados como escoltas de funcionarios, familiares de políticos, exgobernadores y empresarios.
Además, en marzo pasado los alcaldes de 30 municipios guerrerenses denunciaron públicamente que sus policías municipales están desarmados y son grupos civiles armados los que realizan las funciones de seguridad.
Corrupción, complicidad e infiltración
El pasado 5 de abril el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, y el presidente López Obrador anunciaron que están disminuyendo los delitos patrimoniales gracias a la coordinación entre militares y policías federales, estatales y municipales. Sin embargo, al comparar las cifras oficiales del primer trimestre de 2018 y el de 2019 no se advierte reducción alguna.
El año pasado se registraron en dicho periodo mil 239 robos a casa habitación; en 2019 van 2 mil 6, según las estadísticas del SESNSP.
El pasado 1 de marzo arrancó de manera formal la coordinación de seguridad entre los tres niveles de gobierno, con el operativo Bases de Operación Interinstitucionales (BOIS). A los 10 días se informó de la detención de 20 personas y el decomiso de cuatro armas cortas y 10 largas, más de 2 mil dosis de distintas drogas, 18 autos y seis motos.
En las BOIS participan mil 18 militares que operan en los municipios más violentos de la entidad: Guadalajara, Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga. Al preguntarle al comandante de la XV Zona Militar, Norberto Cortés, si esos resultados no son pobres en relación con el gran número de efectivos movilizados, el general responde que el propósito de las BOIS sólo es “disuasivo”.
Alfaro Ramírez confirmó: “Sería un error evaluar los resultados de este operativo en términos de detenciones (…) El propósito central de estas operaciones es reforzar la presencia que, por las limitaciones en nuestro estado de fuerzas estatales, municipales y federales, teníamos que resolver de alguna forma”.
Otros 2 mil 80 efectivos están distribuidos en los municipios de Mascota, Puerto Vallarta, Ameca, La Barca, Tepatitlán, Colotlán, Tequila, Zapotlán El Grande, Autlán de Navarro y Jocotepec.
La autoridad afirma que los crecientes asesinatos obedecen a los ajustes de cuentas entre bandas rivales. De acuerdo con la fiscalía estatal, el CJNG sostiene una sangrienta lucha con el Cártel Nueva Plaza por el control del tráfico y venta de droga. El caso es que, mientras en el primer trimestre de 2018 se registraron 417 homicidios dolosos, en este año van 576.
Para Francisco Jiménez Reynoso, especialista en temas de seguridad, la principal causa de que la incidencia delictiva no disminuya es la corrupción de las fuerzas del orden y la falta de capacidad de sus mandos para dirigirlos, porque llegaron al cargo por amistad o compadrazgo con gente poderosa.
Refiere que el crimen organizado está infiltrado en las policías de los tres órdenes de gobierno “y en algunos casos hasta en las fuerzas armadas”, dado su poder económico y político.
En Baja California, el expresidente de la Comisión de Derechos Humanos estatal, Raúl Baena, cuestiona: “Podemos cambiar de partido en el gobierno, de presidente, de gobernador, de alcalde y de jefes policiacos; militarizar la seguridad, aumentar los presupuestos para seguridad, comprar más patrullas, contratar más policías, adquirir tecnología de punta, aumentar las penas… y nada funciona. ¿Por qué? Porque las corporaciones federales, estatales y municipales son fuente de recursos ilegales, producto de amplias y complejas redes de corrupción, de mordidas, cuotas, complicidad y protección a la delincuencia… Mientras siga imperando la simulación y la impunidad, sin imponer sanciones ejemplares a autoridades corruptas y abusivas, nada se va a resolver.
“AMLO ha apostado demasiado a la Guardia Nacional, que es una reedición de la estrategia militar de combate a la delincuencia organizada que provoca la violencia en el país, lo que no presagia el éxito a no ser que se actúe a sangre y fuego, con el riesgo de que continúen las violaciones graves a los derechos humanos”.
El abogado Osvaldo Medina Olvera subraya que para atacar al crimen y la violencia es esencial privar a los criminales de los ingresos que les reditúa el lavado de dinero.
Los especialistas consultados coinciden también en la necesidad de desaparecer la Policía Estatal Preventiva (PEP) –señalada desde su creación por su presunta complicidad con el crimen organizado y graves violaciones de los derechos humanos–, a fin de destinar sus recursos al fortalecimiento y la capacitación de las corporaciones municipales, que están en contacto con las comunidades, conocen la dinámica de las bandas de robo domiciliario y de vehículos, del narcomenudeo y de las pandillas en las colonias.
Este estado cuenta con ciudades como Tijuana, una de las más violentas del mundo, con 138 asesinatos por cada 100 mil habitantes.
Un reporte de la agencia antidrogas estadunidense, la DEA, puntualiza que “desde hace dos años esta frontera es campo de batalla de tres cárteles criminales”: el CJNG aliado con Los Arellano Félix contra el de Sinaloa.
Y David Solís Juziano, vicepresidente del Comité de Seguridad Pública de Tijuana, admite que en la ciudad operan 2 mil 500 pandillas de entre 25 y 100 integrantes.
El pasado 3 de febrero, en Tijuana fueron asesinadas 21 personas en menos de 24 horas. El presidente López Obrador ordenó el inmediato despliegue de un operativo especial para frenar la criminalidad y se destinaron a Tijuana 2 mil 231 efectivos. Según el titular de la Sedena, después de 51 días los homicidios dolosos disminuyeron 25% en la urbe fronteriza. Sin embargo, la tendencia estatal continuó al alza.
Por otra parte, la violencia que arreció en el noreste de Tamaulipas desde finales de 2018 fue atribuida por los gobiernos estatal y federal a nuevas disputas entre numerosas bandas escindidas de los cárteles del Golfo y Los Zetas, que se dividieron tras la detención de sus capos, como lo han revelado la DEA y el Ejército Mexicano.
Según las cifras oficiales, en 2018 se registraron mil 472 homicidios dolosos en Ciudad Victoria, que tiene unos 300 mil habitantes. La seguridad recae en el Grupo de Coordinación Tamaulipas (GCT), actualmente Grupo de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, en el que participan mandos de la Marina, el Ejército, la Policía Federal y la Policía Estatal.
Desde principios del año el gobierno federal reforzó con efectivos que integrarán la Guardia Nacional ciudades tamaulipecas como Reynosa, pero las balaceras y las muertes no disminuyeron.
El vocero de seguridad del Grupo de Coordinación, Luis Felipe Rodríguez, señaló que los homicidios se han reducido este año. No obstante, cuando se producen enfrentamientos con muertes esa instancia no informa ni emite comunicados, y en ocasiones de plano los niegan.
Hasta hoy se desconocen los cambios que provocará la operación de la Guardia Nacional. (Con información de Olga Aragón, Juan Alberto Cedillo, Verónica Espinosa, Ezequiel Flores y Gloria Reza).
ss
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