Columna Serpientes y Escaleras/ Salvador García Soto
El Universal..,
NOTAS INDISCRETAS…Fuentes de la Auditoría Superior de la Federación aseguran que se investiga una serie de contratos firmados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, durante la presidencia de la magistrada Janine Otálora. Concretamente se adjudicaron entre 2017 y 2018 y en forma directa al Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) para la ejecución de 2 proyectos por 9 millones 674 mil 310 pesos, de los cuales se pagaron 4 millones 295 mil pesos por un “Diagnóstico integral para el desarrollo del Plan Estratégico Institucional 2017-2020”, y 5 millones 379 mil 310 pesos por un “Diagnóstico a profundidad y propuesta para el fortalecimiento del Centro de Capacitación Electoral, ahora Escuela Judicial. En ambos casos, se argumentó que el CIDE era “la única institución que podría realizar los servicios a satisfacción del Tribunal, a pesar de que se trata de productos sobre los que se pudo realizar una licitación para buscar las mejores condiciones en cuanto a precio y calidad. El supuesto de excepción, por el que investiga la ASF, es el de “servicios que se pueden contratar con instituciones públicas” es exactamente el mismo mecanismo que se utilizó como justificante en la llamada “Estafa Maestra, donde también se argumentó eso para contratar a universidades públicas. Lo más grave del asunto, y lo que tendrá que explicar Janine Otálora a la ASF, es porque no hay resultados concretos y relevantes de ambos estudios pagados al CIDE, y la Auditoría revisa también los fondos que otras instituciones le pagaron al organismo académico por conceptos similares… Los dados mandan Serpiente doble. Descendemos.
Ego sum qui sum; analista político, un soñador enamorado de la vida y aficionado a la poesía.
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