"Aclaro que él es hijo de mi hermana Guadalupe. Que los casos que le han correspondido atender le han sido asignados al azar", tuiteó.La legisladora, esposa de René Bejarano, pidió no descalificar al juez por el parentesco.
"Es un funcionario honesto, quien llegó a su cargo por méritos propios. Tiene una carrera limpia y como se ha demostrado en otros casos no recibe ni acepta consignas", sostuvo.
"Él únicamente es un juez de vinculación a proceso, pero no le corresponde juzgar ni sentenciar a los imputados".
"En lo que se refiere a lo personal, respetamos nuestros ámbitos de trabajo. No mezclamos asuntos. Nos une el respeto a la justicia y el amor a México. A él no se le puede descalificar a priori por sus apellidos, sino que se le debe valorar por su trabajo".
Previamente, en un evento en el Senado, la diputada se rehusó a aclarar si era su sobrino.
"No voy a dar declaraciones, no voy a dar declaraciones", dijo (Reforma).
En tanto, el coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Macera, dijo que el Consejo de la Judicatura Federal es la única instancia que puede verificar si se afectaría el proceso contra Rosario Robles en caso de que el juez Padierna fuera familiar de la diputada federal, Dolores Padierna.
"El Consejo de la Judicatura Federal es la única autorizada para la disciplina y para intervenir en este tipo de casos por ser un poder autónomo”, indicó.
Por su actuar y resoluciones durante las audiencias, la defensa de Rosario Robles anunció este jueves que se presentará una queja contra el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna ante el Consejo de la Judicatura de la Federación.
Su actuar resulta contrario a nuestra Carta Magna, al Código Nacional de Procedimientos Penales, a los Tratados Internacionales firmados y ratificados por nuestro país en Materia de Derechos Humanos y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, explicó en un comunicado.
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.Las columnas políticas, hoy jueves 15 de agosto de 2019...
Seguro fifí para aviones militares |
Bajo Reserva/ El Universal
Una situación un tanto extraña ocurrió en las Fuerzas Armadas con el manejo del presupuesto, al menos en la Fuerza Aérea Mexicana. Nos comentan que hace dos meses se declaró desierta la licitación restringida para la contratación de la póliza de seguro para la flota aérea, con vigencia del 25 de agosto de 2019 al 25 de agosto de 2020, y que permite la cobertura de 225 aviones, 124 helicópteros y 21 aeronaves no tripuladas. Sin embargo, nos explican, el 9 de agosto se asignó en 49.9 millones de dólares a Seguros Atlas, a pesar de que Seguros Azteca cotizó en 46.4 millones de dólares. Lo extraño del caso, nos hacen ver, es que el gobierno de la 4T siempre aprueba la cotización más económica, en aras de la austeridad republicana. ¿Qué estará pasando en la Oficialía Mayor de la Secretaría de la Defensa? ¿Estará enterado el general secretario Luis Cresencio Sandoval de esta situación?
PRI, el horno no está para bollos
Todo está listo, nos dicen, para que este domingo en el PRI se tome la protesta al nuevo presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Alejandro Moreno. Sin embargo, nos dicen que antes de organizar una celebración lo que urge es que don Alito se siente con la exgobernadora de Yucatán Ivonne Ortega para buscar un acuerdo. Nos aseguran que doña Ivonne aún no acaba de aceptar los números que dicen que Moreno obtuvo más de un millón 600 mil votos, y que ella alcanzó unos 177 mil. Nos comentan que la yucateca ha dicho a sus cercanos que los números no dan, que la nueva dirigencia carecerá de toda legitimidad y que aún analiza si denunciará o no la elección. Nos hacen ver que hoy en día el PRI no puede darse el lujo de enfrascarse en un conflicto interno, cuando debe dedicar todos sus esfuerzos a la supervivencia política y a prepararse para el proceso de 2021 donde tendrá que dar una batalla que definirá su futuro. Así que en el tricolor el horno no está para bollos.
Sur-sureste, momento de oportunidad
En Oaxaca, la Concamin, que dirige Francisco Cervantes Díaz, convocó a los principales industriales del país para que, frente al presidente Andrés Manuel López Obrador, se firmara el Pacto Oaxaca. Además del anfitrión, Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca, asistieron al evento otros ocho mandatarios estatales de la región sur-sureste, entre ellos Héctor Astudillo, de Guerrero; Miguel Barbosa, de Puebla, y Cuitláhuac García, de Veracruz. Murat dijo que este tipo de esfuerzos, sin precedente, buscan detonar el desarrollo de la región, que es una asignatura pendiente. Nos comentan que esta zona del país se encuentra en un periodo de oportunidad, pues por un lado el Presidente la ha hecho destino de varios de sus proyectos de inversión y desarrollo, mientras que por el otro hay voluntad de los empresarios y los gobiernos estatales para impulsar a la región.
Infraiber no quiere concesión de radio
Que no, que para nada, que fuchi, que ni Paulo Diez ni Pedro Topete, de la firma Infraiber, quieren dar el brinco de la industria de la construcción a la de la radiodifusión. Ayer le comentamos que luego de quedarse sin algunos jugosos contratos en el Estado de México, don Paulo y don Pedro estaban volteando a ver el negocio de la radio. Ahora Paulo Diez manda a decir a este espacio que no existe ninguna pretensión de incursionar en los medios, que eso es falso de toda falsedad. Así que las grandes cadenas radiofónicas podrán ahora volver a respirar, pues no tendrán un nuevo competidor. Al menos eso aseguran...
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La pugna de Rosario y AMLO | Héctor De Mauleón
El Universal
En Tercera Persona
El día de la audiencia, Rosario Robles comió en su casa de Los Reyes, Coyoacán, con un grupo de colaboradoras. Su abogado pasó por ella más tarde. Robles entró al juzgado “pensativa y en control”, según uno de sus allegados.
Acababa de volver al país, procedente de Costa Rica. Le habían informado que acababa de llegarle un citatorio y decidió dar por terminadas sus vacaciones, preparar cuanto antes su defensa.
Los abogados del bufete Hernández & Pliego le habían advertido que aquella tarde el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna iba a vincularla a proceso por ejercicio indebido del servicio público.
A Robles se le acusa de omisión en el desvío de más de cinco mil millones de pesos cuando estuvo al frente de las secretarías de Desarrollo Social y Desarrollo Agrario Territorial y Urbano: según la acusación, la exfuncionaria no evitó que ocurrieran dichas irregularidades, pese a que la Auditoría Superior de la Federación las había detectado, y no informó de estas a su superior jerárquico, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto.
Dicho delito no es considerado grave. Ella y sus abogados sabían que tenían por delante un largo y duro camino. Pero ni en el peor de los escenarios que en los días previos habían trazado, figuraba el rumbo que las cosas iban a tomar 14 horas más tarde.
El juez Delgadillo Padierna, que según el abogado Hernández Pliego fue despiadadamente duro con la defensa, decidió imponer a Rosario Robles la medida de prisión preventiva, porque el domicilio que ella había presentado no coincidía con el de su licencia… y esto abría la posibilidad de que se fugara.
Robles se declaró víctima de una venganza política. Había perdido una partida que comenzó hace 19 años, cuando ella era jefa de gobierno, y el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aspiraba a gobernar la capital del país.
Después de actuar aliados para lograr que AMLO superara en las elecciones al panista Santiago Creel, comenzaron los desencuentros. El primero de ellos, cuando AMLO le pidió a Robles que subiera las tarifas del Metro para no tener que subirlas él, y evitar que se dañara su imagen.
Robles recordó luego en un libro que la guerra interna duró casi dos años, y que el peón del nuevo jefe de gobierno en esa batalla fue nada menos que su secretario particular, el inefable René Bejarano.
De acuerdo con Robles, fue Bejarano quien filtró la información sobre presuntos malos manejos cometidos a lo largo de su gestión: el robo del 10 por ciento del presupuesto, y la entrega de contratos sin licitar, por más de 50 millones de pesos, a la empresa Publicorp.
Cuando Robles inició campaña para convertirse en presidenta del PRD, la guerra interna arreció: Bejarano maniobró para que el elegido fuera otro candidato.
El 5 de diciembre de 2002, en el Palacio del Ayuntamiento, Robles le exigió a AMLO que dijera por qué se oponía a su candidatura. El entonces jefe de gobierno dijo que no tenía objeción alguna. Robles agregó que no creía que Bejarano se moviera solo. López Obrador insistió:
—No tengo nada contra ti.
Ella respondió:
—Entonces amarra a tus perros —y salió de la oficina.
Tres meses después se hacían públicos los videos en que los más cercanos colaboradores de AMLO, René Bejarano, Gustavo Ponce y Carlos Ímaz, aparecieron recibiendo fajos de billetes de manos del empresario argentino Carlos Ahumada —pareja sentimental entonces de Rosario Robles.
El escándalo que vino a continuación hizo que Rosario Robles fuera expulsada del PRD. Se desnudó su vida íntima. Se le investigó “hasta por debajo de las piedras”. Ella dijo que un político no puede darse nunca por muerto, y al cabo de los años se convirtió en secretaria de Estado por el partido que combatió durante toda su juventud.
A Andrés Manuel López Obrador, que enarbolaba entonces como lema el de la “honestidad valiente”, la sacudida le hizo perder cuantiosos puntos de popularidad, le hizo perder a su peón de confianza (que pasó los lustros siguientes operando en la sombra), y muy probablemente le hizo perder también una presidencia que, antes de los videoescándalos, parecía tener en la bolsa.
De aquellos lodos parecen venir estos polvos. El siguiente capítulo de la historia termina con el presidente diciendo que su fuerte no es la venganza, y con Rosario Robles ingresando, bajo el sol frío de la mañana, en una celda de la prisión de Santa Martha.
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Esperamos un debido proceso, pero empezamos mal. Lástima/ Fred Alvarez Palafox
@fredalvarez
La Silla Rota, 15 de agosto de 2019
Están haciendo de la justicia un circo y México no lo merece. | Fred Álvarez
La crónica que nos hace Abel Barajas reportero de Reforma es excelente para conocer la intención de la Fiscalía y la personalidad del juez.
Nos relata la llegada de Rosario Robles Berlanga (RRB) al juzgado de distrito para reanudar la audiencia pendiente días antes en el reclusorio sur hasta la vinculación a proceso que le aplicó el juez Felipe Delgadillo Padierna.
Rosario llegó a su cita puntual la tarde del lunes 12 de agosto y desde ahí lanzó un reto público: "vengo con las faldas bien puestas, tomando el toro por los cuernos y dando la cara".
Horas después, al amanecer del martes 13 y casi al final de la audiencia el fiscal Manuel Granados Quirós le reviró con una puya: "qué bueno que dijo que vino a dar la cara, sin embargo, lo hizo mucho tiempo después de que nos vieran la cara a todos los mexicanos".
El fiscal como el representante de los intereses de la sociedad se excedió en las formas y el lenguaje empleado.
En ese momento RRB ya había sido vinculada a proceso. Las pruebas presentadas por la Fiscalía fueron 24 dictámenes de la ASF, testimonios de tres testigos colaboradores, además de ocho oficios que ellos enviaron a Robles para advertirle de irregularidades y falsificación de firmas.
Agrega Barajas que con las pruebas aceptadas y valoradas por el juez, el fiscal aprovechó para reprocharle la protección política y jurídica que tuvo en el anterior gobierno de Enrique Peña Nieto: "Quizá puede argumentar que vino a dar la cara, como cuando creía tener el manto protector del 'No te preocupes, Rosario', cuando finalmente fue tocada con el pétalo de una denuncia penal".
Ante ello la reacción del abogado Manuel Saucedo Ortíz fue inmediata, le dijo: ¡'bájale de huevos'!
Ante ello, el juez advirtió enérgico que si volvía a tener una expresión de esa naturaleza lo sacaría de la sala penal.
En ese momento, Rosario pidió la palabra."Aquí he estado y siempre he dado la cara. En consecuencia, debe actuar conforme a las leyes y no para la tribuna" (los medios), le dijo.
Con voz firme pero quebrada le pidió al juez que le permitiera llevar su juicio en libertad.
En ese momento eran las 6:25 horas del martes 13, minutos antes -4:56 horas-, el juez la había vinculado a proceso por lo que señala la fracción III del artículo 214 del código penal federal: ejercicio indebido de servicio público.
¡La defensa no lo podía creer!
¿Por qué lo hizo el juez?
Pensó que se iba a fugar. Según Reforma fue debido a un informe de inteligencia de la FGR, el cual señala que RRB tramitó hace unos días una licencia de conducir con un domicilio distinto al que ella dice habitar desde hace 24 años. "Hay una falsedad de domicilio... este no es un tribunal de carácter social y como dice el presidente de la Suprema Corte, no se debe dictar una sentencia popular", apuntó el juez categórico.
Fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, dentro del cual las partes podrán acopiar los datos de prueba necesarios para defender sus posturas.
Rosario ingresó a Santa Martha Acatitla pasadas las 8 horas del martes trece donde permanecerá por lo menos dos meses.
Aquí no se dictan sentencias populares dijo el juez pero debió agregar que tampoco se aplica la ley en sus términos, y como si fuera súper hombre le aplicó una medida cautelar de la prisión preventiva exagerada y fuera de la ley.
Desde anteayer estamos esperado la nota informativa que normalmente en estos casos publicita el CJF de la causa penal 314/2019, pero la web ha quedado muda. Ayudaría mucho que el juez fundamentará las razones de la medida cautelar.
Rosario goza de la presunción de inocencia que le otorga la Constitución, pero anteayer le fue violado ese principio; el aparentemente juez de consiga decidió enviarla a prisión por un presunto delito que no la merece.
Esa es nuestra justicia en la 4T lamentablemente: huele mal, tiene tufo de venganza.
Con todo respeto, pero parece más bien un espectáculo político, están haciendo de la justicia un circo y México no lo merece.
Parece que sin cárcel no hay función, no hay circo, parafraseando a Joel Grey: ¡la vida - y la justicia- es un Cabaret y la función debe continuar.
Julio Hernández Barros abogado versado en el nuevo sistema de justicia penal acusó la determinación del juez como violatoria de derechos humanos y de los tratados internacionales.
En referencia a la vinculación a proceso y la imposición de la prisión preventiva justificada como medida cautelar para su clienta, subrayó que estamos ante un triste panorama, "jamás pensamos que llegara a haber una arbitrariedad como esta". La justicia nos ha fallado, lamentó Julio, él conoce de esas cosas fue presidente de la comisión Nacional de Atención a Víctimas en el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Dijo que Rosario es inocente y presa política, la primera del sexenio.
Empero, el presidente López Obrador se lavó las manos al afirmar que ese no era un asunto de ellos y que tampoco era Poncio Pilatos. También afirmó que ´es un logro el que no haya impunidad y que exista un auténtico Estado de derecho, no como antes- dijo-, que era un Estado de cohecho´.
O sea, ¿antes de su gobierno no hubo aplicación del Estado de Derecho?
Un día después -miércoles 14-, precisó como falso lo que horas antes difundió Santiago Nieto en el sentido de que exista una nueva denuncia contra Robles, precisó que a él no le han "presentado ninguna información sobre este asunto... (...y que) la investigación está a cargo de la Fiscalía General".
Además dijo que no va a dar consigna para perjudicar a nadie "es el justo medio, así como no voy a pedir que fabriquen delitos y persigan a nadie, tampoco voy a intervenir para que prevalezca la impunidad. Voy a actuar con rectitud y tampoco voy a permitir que nadie del gobierno actué de manera fastuosa", subrayó en conferencia.
Creemos, con todo respeto, que el presidente debe abstenerse de opinar en un proceso penal que ni siquiera ha iniciado formalmente, apenas estamos ante la vinculación a proceso.
Varios líderes de opinión y especialistas han alzado la voz...
Incluso la fracción priísta en San Lázaro emitió un comunicado, precisando que en un Estado de derecho,"las autoridades están obligadas a conducirse con pleno respeto al debido proceso y a los derechos fundamentales de las personas".
La fracción parlamentaria subrayó que, en tanto no concluya el procedimiento judicial en curso, Robles Berlanga tiene derecho (..,) a que se presuma su inocencia y a no ser expuesta públicamente.
Precisó la coordinación priista que lidera el dip. René Juárez que "la prisión preventiva justificada a la que fue sujeta debe ser entendida como una medida cautelar, no como un castigo anticipado que prejuzga su culpabilidad", señaló.
En el mismo sentido se han expresado otras voces.
Por cierto en la madrugada del martes, Rosario lanzó un duro petardo a la 4T haciendo alusión a un Napoleón Gómez Urrutia "no tengo un patrimonio que me permita huir de la justicia. No tengo millones de pesos para irme a vivir a Canadá y regresar impunemente".
De repente me vienen a la mente el poema del poeta británico norteamericano W. H Auden, la ley (es) como el amor...:
"La Ley, dice el juez desde su solio,
hablando claramente y con severidad (...),
La Ley, como antes había dicho,
La Ley, como supongo ya saben,
La Ley, si otra vez me permiten explicarlo,
La Ley es La Ley...(y) no es ni equívoca ni justa...".
PD. Insiste Ebrard en el tema de terrorismo. Anteayer se emitió un comunicado para dar seguimiento a las investigaciones. Participaron autoridades de Estados Unidos y ayer hubo una reunión en Texas. En conferencia, expresó Marcelo "habrá quien diga: ´No, no, no, no es terrorismo, (y que el autor) es una persona solamente´. Bueno, habría que decir, el señor que cometió este acto deleznable, abominable y condenable es parte de una red...".
¡Órale! ¿Y dónde está la motivación política?
Daremos seguimiento...
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¿Un lobista dentro de la 4T? | Hernán Gómez Bruera
El Universal
Fuera de Tono
Existe evidencia de que en más de una ocasión el jefe de la Oficina de la Presidencia ha hecho precisamente eso que dice que no hace
En el más reciente número de la revista Expansión, Alfonso Romo declara: “Yo no soy un lobista, no estoy aquí para resolver problemas particulares”.
A pesar de esa afirmación, existe evidencia de que en más de una ocasión el jefe de la Oficina de la Presidencia ha hecho precisamente eso que dice que no hace. Ocurrió a principios de este año, cuando cabildeó exitosamente con el presidente a favor de los acereros, a fin de revertir una medida orientada a disminuir los aranceles que encarecen un bien de crucial importancia para la industria nacional.
Ha vuelto a ocurrir en los últimos meses, al volcarse a favor de la industria de alimentos chatarra para intentar frenar el etiquetado frontal de advertencia. Siguiendo la experiencia de Chile, este etiquetado, que se discute simultáneamente en la Cámara de Diputados y la Secretaría de Economía, busca que los productos alimenticios incluyan una etiqueta que permita a los consumidores saber cuáles pueden ser altos en grasas, sodio o azúcares, a fin de poder tomar decisiones mejor informadas.
Algunas de las industrias alimentarias más grandes del país —desde Coca Cola hasta Bimbo— se oponen a esta medida por considerar que les traerá enormes pérdidas. Naturalmente, están en su derecho de cabildear a favor de sus intereses.
Sin embargo, a quienes en su calidad de funcionarios públicos toca defender los intereses del Estado mexicano, la lógica debe ser otra. México ocupa el primer lugar de obesidad infantil a nivel mundial, el segundo entre adultos y es uno de los primeros en diabetes. Se trata de graves problemas de salud pública que representan un elevado gasto para el país.
En Diputados, la Comisión de Salud acaba de dictaminar siete iniciativas presentadas por diputados de varios partidos y el tema finalmente se discutirá en el pleno en el próximo periodo de sesiones. De la mano de Alfonso Romo y sus allegados, sin embargo, la industria hizo todo por obstaculizar la iniciativa a través de una serie de tácticas dilatorias.
Más preocupante aún es lo que ocurrió en el ámbito del Poder Ejecutivo, donde se discutió la Norma 051 que regula el tema a detalle. El 18 de julio, la Secretaría de Economía convocó a una reunión para que un grupo de trabajo discuta el asunto con representantes de varias industrias, organizaciones sociales y dependencias de gobierno.
Una de las tantas entidades convocadas fue la Oficina de la Presidencia. A la reunión no acudió su titular, Alfonso Romo, pero aparentemente pensó que era una buena idea que la dependencia que encabeza fuese representada por dos personas ligadas a la industria agroalimentaria, quienes no encontraron mejor forma de justificar su presencia que como supuestos “asesores externos de la Presidencia”.
Uno de ellos, José Manuel Madero, fue recientemente CEO de Bepensa, una embotelladora de Coca-Cola, además de miembro del flamante Consejo Nacional para el Fomento a la Inversión, creado por el propio Romo. El otro, Marco Antonio Michel, socio de la consultoría Grupo Estrategia Política, una de las principales consultoras cabilderas de Coca Cola. Ambos parecen tener un conflicto de interés en el tema del etiquetado.
En el conmutador de Presidencia no conocen a ninguno de los dos ni sus nombres aparecen en Declaranet, el Registro de Servidores Públicos. Aparentemente no cobran sueldo alguno en la estructura de gobierno. De más está decir que los supuestos asesores presidenciales —que podrían estar cometiendo usurpación de funciones—, expresaron en la reunión su oposición al etiquetado de advertencia.
Sería interesante que Romo aclare si enviar a estos dos supuestos asesores, aunque aparentes lobistas, fue un error atribuible a algún subordinado o si se trata de su particular manera de entender la máxima prédica de la 4T de separar el poder económico del poder político.
Cada vez es más claro que Romo dedica parte de su tiempo a cabildear agendas que interesan a ciertos grupos empresariales, sin importar su relación con el programa y los valores de la 4T.
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