Extinción de dominio y delitos fiscales

 RAZONES/Jorge Fernández Menéndez

 / Excélsior, 16 de sept/ 2019
Extinción de dominio y delitos fiscales
• Buscar formas legales para la extinción de dominio y los mecanismos de falsificación de facturas o de apropiación de bienes es una necesidad del Estado. El problema es que, como están planteadas las leyes, se pueden usar para atacar al crimen organizado o a cualquier ciudadano.
Son dos iniciativas bien intencionadas, que tienen sentido, pero que generan un justificado temor porque pueden ser utilizadas de forma discrecional. Se trata de la iniciativa de extinción de dominio y la que establece la evasión fiscal y la emisión de facturas falsas como delitos equiparables al crimen organizado con prisión preventiva ineludible.
En la comunidad empresarial existe un justificado temor de que esas disposiciones legales se puedan tomar de forma discrecional con altos costos sociales. Un ejemplo sencillo: alguien puede ser acusado de emitir o utilizar una factura falsa en su declaración fiscal y puede ser acusado de un delito grave, como delincuencia organizada.

Tiene inmediatamente, por la simple acusación, prisión preventiva, entra en automático la ley de extinción de dominio y sus propiedades son confiscadas y vendidas por el Estado.
Luego viene el juicio y esa persona puede ser declarada inocente, pero ya estuvo en prisión todo el tiempo que duró el juicio, perdió sus propiedades (que pueden ser desde su casa, sus negocios, concesiones, lo que sea el bien incautado) y, simplemente, es resarcido con el costo de lo que el Estado vendió o enajenó sus propiedades.
El propio presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido con distintos interlocutores en que ése no es el sentido de esas leyes, que la intención es darle músculo al Estado para poder combatir a la delincuencia organizada en sus diversos mecanismos de negocio, pudiendo incautar sus propiedades y cuando se presente la oportunidad secarles sus fuentes financieras.
Es un hecho de que se detiene a muchos delincuentes, pero alcanzar sus propiedades o recursos termina resultando casi imposible. En muchos casos pasan años y décadas sin que el Estado pueda recuperar esos bienes.
Un ejemplo es el de Joaquín El Chapo Guzmán, mientras que el gobierno de México y el de Estados Unidos se disputan sus recursos (hablan de 15 mil millones de dólares) y los propios abogados del narcotraficante opinan a dónde tienen que ir, lo cierto es que no se ha incautado ni un dólar al jefe del cártel de Sinaloa.
Por supuesto que buscar formas legales para la extinción de dominio y los mecanismos de falsificación de facturas o de apropiación de bienes, es una necesidad del Estado. El problema es que como están planteadas esas leyes se pueden usar para atacar al crimen organizado o a cualquier ciudadano. El tema es la discrecionalidad, y en ese sentido no alcanza la promesa de que se utilizará la ley con cuidado y en casos muy específicos, porque, aunque se crea a las actuales autoridades que así actuarán, esas normas quedan en la ley y el día de mañana, cuando cambien las autoridades o las circunstancias, pueden ser utilizadas de las formas más injustas imaginables.
Se deben poner muchos más límites, especificar con mucho más cuidado los alcances de la ley porque no se trata sólo de darle músculo a las instituciones, sino también, y sobre todo, de proteger los derechos de la ciudadanía.
En el propio Poder Judicial la idea de criminalizar con prisión y declarar crimen organizado los delitos fiscales no sienta nada bien, y lo peor que puede pasar con estas normas es que asumiendo el costo político que implica sacarlas adelante, después terminen siendo declaradas inconstitucionales, de forma tal que se pierdan por los excesos las posibilidades de contar con nuevos instrumentos legales para combatir eficientemente el crimen organizado.
La desconfianza se alimenta cuando existen malos manejos o decisiones controvertidas en la aplicación de las leyes. Por ejemplo, no se entiende en diversos procesos, como los de Rosario Robles y otros personajes relacionados con ella, cómo puede defenderse legalmente desde la cárcel con prisión preventiva por delitos que no los ameritan y con congelamiento de sus cuentas.
¿Cómo pagar un abogado defensor si no se pueden disponer de esos recursos para hacerlo?. No estoy prejuzgando la culpabilidad de Rosario o de otros exfuncionarios en los delitos de los que se los acusa, sólo su derecho de legítima defensa.
El gobierno federal insiste en su visión, legítima, de fortalecer y separar al poder político respecto al económico y de dotar al Estado de músculo y herramientas que le otorguen mayores márgenes de operación para combatir la delincuencia y sobre todo la corrupción.
Está muy bien, pero no se puede avanzar por ese camino dejando abierta la posibilidad de vulnerar derechos. Lo difícil en una democracia es fortalecerla sin violar las normas que la propia democracia estable.
Ese es el verdadero desafío.