22 oct 2019

Columnas políticas a 22 de octubre de 2019...

El Presidente López Obrador defendió la decisión de liberar a Ovidio Guzmán para impedir acciones del crimen contra la población, ya que, a su juicio, la vida está por encima de la ley.
"Si se considera que se cometió un ilícito de mi parte que se proceda legalmente, yo voy a argumentar por qué lo hice, yo pienso que por encima de las leyes está la vida humana", aseguró en su conferencia de prensa matutina.
Y, repito, no es un asunto de tipo legal, jurídico, es un asunto que no tiene que ver con el derecho, tiene que ver con la justicia”.
Mmm
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Detienen a 31 tras operativo en Tepito
Incautaron 13 armas cortas, 7 armas largas, alrededor de mil 500 cartuchos, un lanzagrandas y 5 granadas..
El dispositivo fue ejecutado en una vecindad de la Calle Peralvillo, conocida como La Fortaleza, que funcionaba como centro de operaciones.
Con ayuda de la Marina, efectivos de la Procuraduría y la Secretaría de Seguridad Pública coordinaron la movilización que tenía como objetivo a Óscar, "El Linares", presunto líder del grupo criminal.
El Secretario de Seguridad de la CDMX, Omar García Harfuch, confirmó que se detuvieron a 31 personas, 25 hombres y 6 mujeres.
En dos predios se encontraron laboratorios de narcóticos en los que se decomisaron 50 kilos de precursor químico, dos y media toneladas de mariguana, 20 kilos de cocaína y 4 kilos de metanfetamina. (Reforma)
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Aceleran resolución de amparos contra Sta. Lucía
El CJF suspendió la asignación de nuevos casos al juez encargado de tramitar más de 140 amparos que cuestionan el proyecto del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía (AISL) y la cancelación del aeropuerto en Texcoco....

Tanto el juez Juan Carlos Guzmán, como el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, encargado de revisar sus fallos sobre el AISL, ya han negado o revocado todas las suspensiones que, desde junio pasado, impedían el arranque de las obras.
Sin embargo, están pendientes las sentencias de fondo en los juicios, en las que se resolverá si la cancelación del aeropuerto en Texcoco y su reemplazo por el AISL violan derechos humanos de pilotos o usuarios de transporte aéreo, de las comunidades cercanas, reglas en materia de gasto público o leyes ambientales y de aviación civil, entre otras.
Al quitarle nuevos caso al Juez Guzmán, éste podrá resolver con mayor rapidez los amparos, que siguen siendo un pendiente para el AISL, pues de ser concedidos el proyecto nuevamente estaría en riesgo. (Reforma)
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Columnas políticas a 22 de octubre de 2019...
TEMPLO MAYOR/ Reforma
OUCH! En la Secretaría de Gobernación resintieron el desaire de los senadores de Morena, al no invitar a Olga Sánchez Cordero a los foros de la reforma al Poder Judicial. Les llama la atención que no les interese el trabajo de enlace legislativo de Bucareli, pero, sobre todo, que desaprovechen la experiencia de ¡20 años! como ministra de la Suprema Corte de la hoy secretaria.
SIN EMBARGO, quienes saben cómo se está operando esa reforma comentan que el problema no es con la funcionaria. ¡Para nada! En realidad, lo que les preocupa es que pudieran enviar al subsecretario Ricardo Peralta, del cual no quieren ni el saludo. A ver si ya resuelto el misterio le corren la debida cortesía a Sánchez Cordero.
POR LO VISTO la 4T quiere sembrar la dependencia de los agricultores y cosechar el fin de la productividad en el campo. De otro modo no se entiende que, escondido en un transitorio, le hayan clavado al sector primario un cruel incremento en los derechos del agua.
¿No decía el Presidente que no iba a haber nuevos impuestos ni alza en los cobros? Al parecer los diputados de Morena no le hicieron caso, por lo que ahora los productores tendrán que escoger entre volverse dependientes de los programas sociales o, de plano, cambiar de giro.
La explicación es sencilla: los agricultores independientes no le deben nada a ningún político, en cambio las dádivas gubernamentales crean clientelas electorales.
HABRÁ que estar muy atentos a lo que decida mañana el Tribunal Electoral sobre la elección interna de Morena. Los magistrados decidirán si le dan la razón a Alejandro Rojas Díaz Durán, a fin de que la contienda sea completamente abierta.
EL SENADOR suplente de Ricardo Monreal -muy cercano al zacatecano- le apuesta a convertirse en el caballo negro de la competencia al oponerse al grupo de los morenistas radicales, con la idea de acercar a aquellos liderazgos que, por la grilla interna, se han ido alejando. A ver si le sale la jugada.
LOS AUTÉNTICOS presidentes no atacan a la prensa libre. Eso lo hacen los dictadores. Quien lo dice es uno de los hombres que más ha estudiado la relación entre las palabras y la inteligencia: George Lakoff.
EN REFERENCIA al constante golpeteo de Donald Trump contra los periodistas, el laureado académico de Berkeley ha insistido en la importancia de que los ciudadanos se sumen a #ProtegerLaVerdad. Es decir, dejar de darle espacio e importancia a las payasadas del Presidente y reencauzar la discusión -y las acciones- al fortalecimiento de la verdad, de la libertad y de la democracia. Menos mal que en México no pasan esas cosas. ¿O sí?.
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FRENTES POLÍTICOS/Excélsior
1. Contraofensiva. Es realmente de escándalo cómo tiran bala los delincuentes en Sinaloa. Decenas de sicarios accionaron sus armas y se grabaron, sin molestarse siquiera en taparse el rostro. Son amos y señores de su región. Por ello, el gobierno federal, en colaboración con autoridades municipales, estatales y especialistas en seguridad, trabajan en un Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica para homologar la actuación de los cuerpos policiales, señaló el titular del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Leonel Cota.
Entre los objetivos están lograr óptimos niveles de desempeño y profesionalismo, pues este nuevo modelo incluye a la Guardia Nacional, explicó durante su participación en el panel Ciudades Seguras. No pedimos mucho: acaso que se acerquen al nivel de reacción que muestran esos jovencitos de Sinaloa. Gracias, gobernador Quirino Ordaz.
2. ¿Lo notaron? Hay quienes no se dieron cuenta, pero el lunes pintaba para ser otro caótico día en la Ciudad de México, pues los taxistas amagaron con paralizar con marchas, cierres y plantones. Sin embargo, nada pasó, gracias al trabajo y negociación de Ricardo Peralta, subsecretario de Gobierno de la Segob, quien ha seguido las charlas y ha llegado a acuerdos con el Movimiento Nacional Taxista, por lo que Gobernación continuará abierta a las mesas de diálogo, con el propósito de homologar criterios de regulación del transporte público concesionado.
El funcionario recibió a los dirigentes para continuar con las pláticas. Avanzan las propuestas y todo sucede en calma. Con operadores políticos como él no hay necesidad de ahorcar calles y avenidas. Los resultados se ven.
3. Cumplidos u otro engaño. Dicen los legisladores que cada peso que recibe y gasta la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados será transparentado, por primera vez, dentro de dos semanas.
El ejercicio se replicará mensualmente, anunció su titular, Laura Rojas Hernández. Al encabezar la firma del Convenio General de Colaboración entre la Cámara de Diputados y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, la legisladora panista dijo: “Justamente me esperé a la firma de este convenio para anunciar que haré transparentes los recursos que son asignados a la Presidencia de la Mesa Directiva, de manera mensual, a través de la página de internet.
Creo que se debe seguir avanzando en hacer transparentes los recursos, también los otros órganos de gobierno y los grupos parlamentarios”. ¿Y la transparencia resuelve los abusos? ¿Ahora sí gastarán menos que en otras Legislaturas?
4. Guillotina. El Congreso quiere saberlo todo y en su avidez por encontrar responsables del jueves de plomo en Culiacán, quieren adelantar la comparecencia de Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad. El mismo presidente Andrés Manuel López Obrador dijo estar dispuesto a exponer sus motivos sobre las acciones realizadas el 17 de octubre en Sinaloa.
“Lo del jueves demostró que hay un cambio verdadero y vamos a fundamentar el por qué se actúa de esta manera, y estoy dispuesto a comparecer”, señaló. Apunten para otro lado. Si hay quienes deban rendirle explicaciones a México son Quirino Ordaz, el gobernador, y Jesús Estrada Ferreiro, el absolutamente rebasado alcalde de Culiacán. De ellos es la entidad; bueno, era.
5. Ya no es noticia. Larga lista de delitos tiene Mario Pacheco Ventura, extesorero de Roberto Sandoval. La Fiscalía General del estado informó que fue detenido, acusado de diversos delitos, entre ellos, ejercicio indebido de funciones y peculado. La orden de aprehensión en su contra se liberó, además, como presunto partícipe de abuso de autoridad y coalición de servidores públicos.
Pacheco, quien es otro de los eslabones de una administración fallida en donde ser mal servidor público fue el sello gubernamental, permanecerá de momento en la cárcel. Recuérdese a Edgar Veytia, el exprocurador acusado de lavado de dinero en EU. Así, otro personaje del club de Robert cae.
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BAJO RESERVA/El Universal...
Ex secretario de Mancera prófugo se pasea en París
Uno de los exfuncionarios del gobierno de Miguel Ángel Mancera, ahora coordinador de los senadores del PRD, se pasea por las calles de París. Prófugo de la justicia en la CDMX, acusado de malversar fondos de la reconstrucción del sismo del 19S de 2017, el exsecretario de Obras, Edgar Tungüí anda por tierras galas. Al Antiguo Palacio del Ayuntamiento llegó el dato de que don Edgar se ha estado dejando ver a la orilla del Sena, en el Centro Pompidou o viendo plácidamente la puesta del sol en la Ciudad Luz.
Y mientras muchos damnificados del sismo de 2017 siguen en la calle y realizan de tanto en tanto protestas, nos dicen que el excolaborador de la administración de Mancera, gasta euros en la capital francesa. Lo bueno, nos comentan, es que Tungüí tiene una orden de aprehensión y una ficha roja en Interpol para su inmediata captura, al igual que el exsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Felipe de Jesús Gutiérrez. ¡Oh lá lá!.
Corte no resolverá caso Bonilla este año
Serénese don Jaime Bonilla, usted ni se preocupe porque la Suprema Corte resuelva antes del 1 de noviembre, día en que usted debe tomar posesión, si su mandato será de dos o de cinco años. Para que usted esté tranquilo, y se dedique sólo a gobernar, y gobernar bien, le adelantamos que el máximo tribunal del país no resolverá su caso antes del 1 de noviembre.
Es más, le podemos asegurar que este año no habrá una resolución debido a que hay que desahogar un procedimiento judicial que lleva su tiempo. Y lo más importante, es irrelevante que su toma de posesión sea ya en un par de semanas y que inicie su mandato, pues en cualquier momento del próximo año la Corte puede determinar que el periodo de la administración sea por dos o sea por cinco años.
Nos comentan que muy pronto el alto tribunal podría hacer un pronunciamiento formal sobre el tema. Por lo pronto, usted disfrute de la gubernatura y ya el Poder Judicial le dirá si el gusto es de dos o de cinco años.
Le quieren madrugar a AMLO
Nos dicen que un grupo de alcaldes del bloque opositor conformado por PAN, PRI, PRD y MC, madrugarán junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador. El objetivo de la desmañanada, explican, es reclamarle al Presidente el recorte presupuestal que se le quiere hacer en el presupuesto 2020.
Los alcaldes acudirán a Palacio Nacional, a la hora en la que empieza la conferencia mañanera, por lo que buscarán ser recibidos por AMLO. Nos hacen saber que por Acción Nacional, encabezará la delegación el presidente municipal de Huixquilucan, Enrique Vargas, quien también encabeza la Asociación de Alcaldes (ANAC), del blanquiazul. ¿Será que piensan que al que madruga AMLO lo ayuda?.
Mario Delgado pierde por defaul
El legislador Mario Delgado, coordinador de los diputados de Morena, fue víctima de la aplicación tecnológica que se utiliza para buscar una ubicación, en este caso la de su distrito, lo que podría dejarlo fuera de la contienda por la dirigencia de su partido, nos comentan. El domingo acudió al distrito 13 de Iztacalco, pero ahí se suspendió el congreso distrital morenista por fallas organizativas, aunque ese no es el problema, pues esa asamblea se repondrá.
El verdadero tema es que, como quedó evidenciado en la fotografía que se tomó con el código QR de acceso a su asamblea, don Mario está registrado en el distrito 10 de Miguel Hidalgo, al que no se presentó.
Esa reunión se realizó sin problemas por lo que ya él no fue electo congresista, requisito para ser elegible a la dirigencia nacional. Ahora el diputado morenista podría revivir en la contienda sólo si se anula el proceso, o si hay un acuerdo interno para ir a una dirigencia vía encuestas. Es decir, si las cosas se mantienen como hasta ahora, Delgado podría perder sin jugar. Algo así como una derrota por defaul.
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TRASCENDIÓ/Milenio
QUE no hay por qué no creer en la palabra del secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, en cuanto a que desde un inicio descartaron un atentado los organismos extranjeros en la investigación del helicopterazo en que murieron Martha Érika Alonso y Rafael Moreno Valle en diciembre pasado.
El tema es que también desde aquellos días la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a cargo de Alfonso Durazo, habló de un peritaje de la Marina en ese sentido, rechazando la posibilidad de una explosión, y es la hora que el mentado papelito no aparece.
Ya veremos qué fecha trae el informe que anunció el titular de la SCT para divulgar el próximo viernes.
QUE un grupo de diputados, senadores y alcaldes del PAN madrugará este martes en Palacio Nacional para solicitar audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador y, en su caso, exponerle las afectaciones a los municipios con los recortes previstos en el Paquete Económico 2020.
En casi 11 meses de gobierno, el Ejecutivo no ha sostenido un solo encuentro con legisladores de la oposición, por lo que los panistas irán a la mañanera de hoy prácticamente a ver si tienen suerte.
QUE el debate acordado para este martes en San Lázaro sobre los hechos de violencia y la liberación de Ovidio Guzmán López en Culiacán sacará chispas entres las curules, pues la mayoría de Morena y el PT ha mantenido una confrontación constante desde el pasado jueves con las bancadas de la oposición y hoy llegan todos con la beligerancia a flor de piel.
O sea que si en Sinaloa no hubo abrazos, acá tampoco pinta para eso…
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TIRADITOS/ContraRéplica
LOS DICHOS DE GARDUÑO
•Quien de plano se voló la barda con sus declaraciones fue el titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño pues en la misma ceremonia donde le rendía tributo a más de una decena de migrantes destacados que llegaron a México de visita, a hacer carrera o en algunos casos a radicar de por vida, se puso a hablar mal de… los migrantes. Y es que, luego de destacar a perfiles como Libertad Lamarque, Wolf Ruvinskis y hasta Tina Modotti, el funcionario salió con que a los nuevos migrantes que lleguen a nuestro país “serán deportados aunque sean de Marte”. ¡Lamentable!.
LA MANO QUE MECE LA CUNA
•Todos los dedos apuntan hacia la alcaldía Iztacalco, que gobierna Armando Quintero, de ser el “reventador” de las asambleas de Morena y en especial, en la que participaría el líder de los diputados morenistas Mario Delgado. Militantes acusan que Quintero se valió de las mismas prácticas perredistas que acostumbraba hace años pues hubo acarreados, uso de adultos mayores a cambio de la entrega de programas sociales y hasta pago en efectivo para los que reventaran la sesión.
MEMORÁNDUM DE LA SRE
•Vaya que en la Cancillería hay preocupación por la insistencia de los medios de comunicación internacionales que buscan una versión oficial más extensa de los hechos violentos en Culiacán de la semana pasada. A tal grado que, desde la oficina de prensa de la SRE, enviaron un memorándum a todos los consulados de México en la Unión Americana para darles la instrucción de que remitan las peticiones de entrevistas única y exclusivamente a la Secretaría de Seguridad federal, o sea, en la ventanilla de Alfonso Durazo.
ADMITEN PRESENCIA DE CABILDEROS
•Resulta que en la acalorada discusión en la Cámara de Diputados para ver si aumentaban el IEPS a los refrescos, tabaco y alcohol, sí hubo cabilderos que lograron frenar esos impuestos. Así lo reconoció ayer el morenista Manuel Huerta, quien es secretario de la Comisión de Salud y dijo que hubo “intereses fácticos” protegidos por firmas de cabilderos e intereses políticos, los que estuvieron presentes. “Una cosa es el criterio de salud y otra cosa es el criterio político. Y como bien lo dice, hay cabildeos que están muchas veces buscando los intereses fácticos y eso fue lo que sucedió”, dijo.
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CONFIDENCIAL/El Financiero...
La Corte, en discusión
El coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Dante Delgado, fue ayer el más aplaudido durante el anuncio de una reforma al sistema de procuración de justicia que será impulsada por los tres Poderes de la Unión. Ante el ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, y representantes del Poder Ejecutivo, el legislador veracruzano pronunció un discurso en defensa del Poder Judicial, el cual fue bien recibido: “No se lo toleraremos al Ejecutivo y no se lo permitiremos a quienes estén operando, desde dentro, el desmantelamiento de la Corte para ponerla al servicio de la Presidencia”, dijo.
La apuesta entre Corral y AMLO
Todo indica que Javier Corral, gobernador de Chihuahua, tendrá que pagarle una comida al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es que el 11 de octubre, a través de su cuenta de Twitter, el panista retó al mandatario federal. Pero no piense que fue respecto a algún tema político. La apuesta fue a que serían los Yankees de Nueva York quienes vencerían a los Astros de Houston. “Voy Yankees, con todo! Una comida, aquí en #Chihuahua o allá en la #CDMX”, escribió el mandatario estatal. Deudas de juego…
Dudas en Morena sobre el Instituto de Salud para el Bienestar
Por encima de las recomendaciones contrarias de varios de sus propios diputados, la mayoría de Morena en San Lázaro va con todo y esta semana –tentativamente mañana miércoles– pretende llevar al pleno la creación del polémico Instituto de Salud para el Bienestar. No tomaron en cuenta las advertencias de sus compañeros Alfonso Ramírez Cuéllar, nada menos que el presidente de la Comisión de Presupuesto, y de Miroslava Sánchez, presidenta de la Comisión de Salud, quienes advirtieron que, por recursos y operación, el proyecto debería esperar y repensarse un poco más.
Les toman la medida en Bucareli
Por lo visto campesinos, normalistas, taxistas y ahora integrantes de la organización México Unido por una Vivienda Digna, ya le tomaron la medida a la Secretaría de Gobernación y saben que con impedir la entrada y salida de trabajadores o plantarse en las puertas o dentro de las instalaciones, los atenderán de inmediato. Apenas el fin de semana se retiraron los integrantes del Frente Auténtico del Campo, quienes por varios días presionaron con el cierre de los accesos a la dependencia, y ayer llegaron los de Vivienda Digna e intentaron hacer lo mismo para hacer presión, Y sí, les resultó, pues de inmediato los atendieron.
Cordón de Paz versión 2.0
No conforme con las duras críticas por el llamado “cordón de paz”, en la marcha del 2 de octubre, donde trabajadores del Gobierno de la CDMX fueron expuestos a agresiones de grupos violentos, Claudia Sheinbaum anunció que continuarán estos operativos ciudadanos, pero ahora con “personalidades y organizaciones civiles de defensa de derechos humanos”. La jefa de Gobierno anotó que en 15 días se darán a conocer los nombres, aunque no dijo si este mecanismo estará acompañado de elementos de fuerzas de seguridad o de policías vestidos de civiles, como ocurrió el 2 de octubre, en bloqueos y manifestaciones.
El ‘señorito cometa’ de la Profeco
Para hacer más amena su intervención de los lunes, en la conferencia matutina del presidente López Obrador, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, estará acompañado del “Profe Co”, una caricatura de un hombrecito con saco, moño, lentes y peinadito de mango chupado, que estará encargado de otorgarle estrellitas a las marcas de gasolina más baratas del país o una “tachita” a las que quieran “pasarse de rosca” con los precios. Aquellos “betabeles” –como lo dijo el procurador– seguro recordarán a La Señorita Cometa, el programa sensación en los años 60.
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RAZONES/La Razón
BCS sigue omitiendo feminicidios
El gobierno de Carlos Mendoza Davis sigue reportando 0 feminicidios en Baja California Sur, según la última actualización de delitos registrados a septiembre que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dio a conocer el domingo. Lo ideal sería que ninguna mujer en la entidad fuera víctima de violencia de género, pero la realidad es otra.
Diversas ONG y expertos alertaron en estas mismas páginas, el pasado 10 de octubre, que se trata de un subregistro del delito, pues aunque BCS tipificó el feminicidio en marzo, las autoridades aún no se aplican para crear una unidad especializada para atender los asesinatos contra mujeres; y mientras, estos ilícitos pasan —cuando pasan— por homicidios dolosos. No pues así cualquiera entrega “buenos resultados”. ¿Cuánto tiempo tendrá que pasar para que el gobierno estatal haga bien las cosas?
• Se avecina otro frente por impuesto al uso de agua
Se avizora oootro frente de la 4T con campesinos y ganaderos, y es que éstos se verán obligados a pagar impuestos a los derechos del uso de agua, según la reforma a la Ley Federal de Derechos para 2020, que diputados aprobaron la madrugada del viernes. Expertos ya advierten que el nuevo pago representa un ahorcamiento al sector agrícola si este nuevo gravamen pasa en el Senado, pues se incrementarán los costos de producción y en consecuencia el precio de los alimentos será mayor.
Dicen que a la larga al Gobierno le va a salir “más caro el caldo que las albóndigas”, pues en su afán de hacerse de recursos extra las acciones representarán un duro golpe al sector. Bueno, hasta el Consejo Nacional Agropecuario ya alerta de que la soberanía alimentaria podría comprometerse. A ver.
• Médicos de NL negarán servicio a gays, indígenas…
Así que Nuevo León va en un avance legislativo que qué envidia. Lo irónico del comentario es porque diputados aprobaron que los médicos de la entidad podrán negarse a atender a personas de la comunidad LGBT, además de indígenas, migrantes, pacientes con VIH… con el argumento de objeción de conciencia.
Y no, no es broma, la iniciativa la impulsó el diputado Juan Carlos Leal Segobia, de Encuentro Social, y tuvo el aval de 34 compañeros. ¿Tendrán la conciencia plena para darse cuenta que anteponen la salud y la vida de las personas, para proteger las creencias personales? Porque religiosas no son, queda claro, ¿no dice Dios que hay que ayudar al prójimo?.
• Naucalpan presume gym y predio para universidad
Donde andan de estreno doble es en Naucalpan, pues ayer la alcaldesa Patricia Durán Reveles recibió de manera oficial el predio Los Tres García que el Ejecutivo federal donó para la construcción de una universidad para el municipio. El inmueble se otorgó a través del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes incautados al crimen organizado, con lo que también en esa localidad avanzan a paso firme con la concreción de proyectos de la 4T.
La segunda buena nueva es que también quedó rehabilitado el gimnasio Barras Praderas para beneficio de más de 300 jóvenes de la colonia Praderas de San Mateo; ahora entendemos la gran sonrisa que la edil mantuvo ayer.
• SSP de San Luis Potosí se lava las manos por trifulca
Sobre la gresca en el estadio Alfonso Lastras de San Luis Potosí entre la porra del Atlético y de los Gallos Blancos de Querétaro, que dejó más de 30 heridos, dice el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de San Luis Potosí, Jaime Ernesto Pineda Arteaga, que la culpa de todo la tienen los aficionados del equipo visitante. Se sabe por testigos presentes en la justa deportiva que el sonido local estuvo 15 minutos pidiendo a las autoridades actuar para parar la trifulca, pero ni patrullas de seguridad de la entidad ni elementos de seguridad del estadio llegaron.
Además, los videos que circularon en redes sociales evidenciaron que la afición pudo entrar con botellas de vidrio y hasta petardos. Es evidente que fallaron todos los protocolos de seguridad, así como es evidente la urgencia para modificar y mejorar los esquemas de vigilancia. ¿Y dónde está el gobernador Juan Manuel Carreras?.
• Culiacán a debate en San Lázaro
Hoy, legisladores de la Cámara de Diputados sostendrán un debate sobre los hechos de violencia ocurridos el pasado 17 de octubre en Culiacán, Sinaloa, el cual comenzó el pasado jueves luego de que la diputada del PAN, Adriana Dávila Fernández, subiera el tema a tribuna cuando se discutía el Paquete Económico, en el que pidió la renuncia de miembros del Gabinete por haber permitido que la situación se desbordara, además de que confirmó que Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, había sido liberado por presiones y amenazas del crimen organizado, señalamientos que la bancada de Morena tardó 24 horas en responder, ya que enfocó sus respuestas en acusaciones en contra de la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Angélica Rojas, por permitir que naufragara la discusión económica; Morena fue el más entusiasta en apoyar en la Jucopo que se formalice el debate, por lo que los nombres de Felipe Calderón, Vicente Fox y Enrique Peña mantendrán su vigencia en el recinto legislativo de San Lázaro.
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SACAPUNTAS /El Heraldo de México
Adelantan comparecencia
El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, adelantará su comparecencia en el Senado para explicar a los congresistas el operativo de la semana pasada en Culiacán, Sinaloa, que derivó en la liberación de Ovidio Guzmán. Nos dicen que su cita estaba programa para el día 31 de octubre, pero por un acuerdo de la Jucopo, se adelantó para el lunes 28.
No habrá otro Ayotzinapa
Y a propósito de Culiacán, el titular de la Fiscalía General, Alejandro Gertz, puso la vara muy alta y anunció que lo ocurrido en Sinaloa no será el “Ayotzinapa” de este gobierno, por lo que las investigaciones irán a fondo por “las conductas de cada uno de los servidores públicos y los delincuentes”.
Enredos presupuestales
Las propuestas para legalizar los autos chocolate y el cobro de cuotas por la extracción de agua, tienen trabajando horas extras a los senadores que debaten la Ley de Ingresos 2020. La mayoría de Morena, que encabeza Ricardo Monreal, no ve con buenos ojos las iniciativas y buscan la forma de darles la vuelta.
Campaña en pro de cannabis
En medio de la discusión para regular el uso de la mariguana, el equipo de la senadora Jesusa Rodríguez repartió un cómic para promoverla. Retoman el estilo del caricaturista Rius, en colaboración con la Universidad de Nueva York y la revista El Chamuco. El Fondo de Cultura Económica ayuda con la distribución de 377 mil ejemplares de la historieta, porque los senadores tienen hasta fin de mes para dictaminar.
Competencia por las bicis
La era Ecobici en la CDMX podría llegar a su fin con la firma que presta el servicio. Su concesión, renovada hace cinco años cuando no había competencia, vence en 2020. Ahora, hay seis empresas que prestan esos servicios y podrían ofrecer algo más jugoso al gobierno. El secretario de Movilidad, Andrés Lajous, adelantó que pondrán a competir el servicio de bicis con anclaje a nivel internacional.
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TELÉFONO ROJO/José Ureña /
 24 Horas
Culiacán: familiares de los militares al paredón
A cada momento surgen nuevos datos.
The New York Times reportó ayer, con base en información confiable a sus fuentes, sobre la liberación de dos hijos de Joaquín El Chapo Guzmán.
Ayer en este espacio hablamos sobre una línea de investigación –rechazada por algunos funcionarios- sobre filtraciones al cártel de Sinaloa.
Tardaremos en conocer toda la información de lo sucedido en Culiacán el jueves pasado, al principio confusa por el silencio oficial y el gran manejo de masas y redes sociales de los delincuenciales.
Pero un dato fue clave para liberar, haya sido solamente a Ovidio Guzmán López o a él y a su medio hermano Iván Archivaldo Guzmán Salazar.
La versión del periódico neoyorkino tiene mucho sustento más allá del de las grabaciones interceptadas y la validez otorgada por las agencias estadunidenses.
Ellas sí conocieron todo en tiempo real, como no lo registraron quienes debieron organizar el “operativo fallido” –confesión de secretario Alfonso Durazo- y reportar al máximo nivel.
¿Por qué es creíble?
Porque en la confusión habría escapado Iván Archivaldo y luego se puso al frente del rescate de su fraterno –El Jefe, reconocido por su subordinados- contra las fuerzas federales.
ENTRARON, SACARON A LA GENTE Y…
Pero son espeluznantes los datos corroborados.
Fueron la base para hacer retroceder a todos: a miembros de la Guardia Nacional, del Ministerio Público, del Ejército Mexicano… de todos.
¿Y qué fue?
Los criminales sacaron de sus hogares a cientos de esposas, hijos, sobrinos y soldados retirados, a quienes pusieron a su disposición.
-Retaron al poder: “Uno de usted por cada uno de nosotros” –narró una fuente de muy alto nivel y con relación presidencial-. Hubiera sido una matazón.
Esto no se dijo, aunque sí lo analizó el gabinete de seguridad y fue transmitido al comandante supremo de las Fuerzas Armadas.
-Más de 200 -según refirió el secretario de Relaciones Exteriores, aunque Marcelo Ebrard habló de unidades habitacionales rodeadas, no de desalojo y colocados para ejecución ante un paredón.
Estos son los elementos base de la decisión presidencial de perdonar a quien postró al Estado mexicano para no ser extraditado.
Hacia delante queda el riesgo: cualquier pelafustán puede rodearse de 40 ó 60 asesinos y, en caso de detención, tomar una escuela, un hospital u otra instalación y amagar con una masacre si no es liberado.
LOS ESFUERZOS POR RECUPERAR PAZ
1.- Tras la desgracia, se emprenden acciones para dejar atrás ese capítulo tan humillante para el país.
A nivel internacional el sitio de Culiacán sensibilizó al gobierno de Donald Trump y esto permitirá a México apretar para controlar el flujo de armas desde Estados Unidos.
El canciller Marcelo Ebrard tiene un interlocutor muestras de sensibilidad, el embajador Christopher Landau.
A nivel local, el gobernador Quirino Ordaz manda mensajes de tranquilidad con asistencia a eventos públicos: el domingo estuvo en un partido de béisbol y se apresta a acudir a otro de futbol.
Y 2.- registramos un gazapo: ayer llamamos Ernesto a Néstor Núñez.
El rendirá hoy su primer informe como alcalde de Cuauhtémoc, donde se asientan los Poderes de la Unión y del gobierno capitalino.
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 Culiacán, la penumbra y la mentira
Razones/JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ
Culiacán, la penumbra y la mentira
• Es una falacia la disyuntiva de hacernos elegir entre una masacre o la fuga de un narcotraficante. La verdadera pregunta es por qué se tuvo que llegar a esa disyuntiva, qué ocurrió y quién tomó las decisiones.
El problema es la mentira. Decía el italiano Silvio Pellico que “cuando se comete un error, no mientas para negarlo o atenuarlo. La mentira es una torpe debilidad. Acepta que te has equivocado; en ello hay magnanimidad”.
El gran tema que gira en torno a lo sucedido en Culiacán es si se está mintiendo o no. Si hubo un error o una suma de mentiras.
Lo que sí es seguro es que cinco días después de los hechos no hay una historia verosímil de lo ocurrido.
Es una falacia la disyuntiva de hacernos elegir entre una masacre o la fuga de un narcotraficante. La verdadera pregunta es por qué se tuvo que llegar a esa disyuntiva,qué ocurrió y quién tomó las decisiones. Las versiones oficiales son inverosímiles: primero, desmentida desde el propio gabinete de seguridad un día después, fue la versión original de que en un patrullaje de rutina (con nada menos que 30 elementos militares) se encontraron algo así como por casualidad con Ovidio Guzmán López.
Ya sabemos que la detención del hijo de El Chapo Guzmán fue el fruto de un operativo hacia un objetivo de seguridad, de un hombre con pedido de extradición de Estados Unidos, cuya orden se quería cumplimentar. Sabemos también que la tesis de que tardó en llegar la orden de cateo no tiene sentido: Ovidio estuvo detenido por lo menos cuatro horas, se le hicieron todos los estudios antropomórficos para confirmar su identidad e incluso se le tomaron fotos que se distribuyeron a redes y medios. Según el New York Times, junto con él fue detenido, en una marisquería, su medio hermano, Iván Archivaldo Guzmán, quien también habría sido liberado.
Es difícil de creer que un equipo de militares altamente entrenado hayan cometido en un operativo con este tipo de  características errores de improvisación. No estamos hablando de amateurs: son gruposque han detenido a muchos de los principales narcotraficantes del país, en muchos de los casos sin disparar un solo tiro.
Es desconcertante que éstos y muchos otros datos no hayan podido ser esclarecidos tantos días después. Para la gente lo peor no es el error, sino la mentira. Y la sensación es que se le está mintiendo. Pasa, como decíamos ayer, incluso con la llamada de Trump. Primero, el Presidente no puede estar incomunicado tantas horas: lo estuvo durante, por lo menos, una hora mientras volaba a Oaxaca en plena crisis de Culiacán, cuando se estaba decidiendo el destino del hijo de El Chapo y de muchas familias mexicanas. Estuvo sin comunicación cuando lo llamó el presidente Trump el viernes, con el que se enlazó hasta el sábado. Resulta insólito que un presidente no pueda participar de una toma de decisiones porque está en un vuelo comercial o que pase más de 24 horas sin comunicarse con el presidente de Estados Unidos cuando lo están buscando porque está visitando Putla y no hay celular, como si un teléfono satelital estuviera fuera del alcance de un mandatario. El problema no es tecnológico, es político.
Hay muchos problemas de diseño en la estrategia de seguridad, incluso en el ámbito legal y de toma de decisiones.
Primero, el Presidente no puede ser el jefe operativo del gabinete de seguridad: él es el Presidente. Debe haber mandos que, como en todas las democracias, deben ser los encargados de implementar las medidas que, le guste o no al Presidente, se deben tomar por una razón de Estado, y no nos engañemos, para hacerse responsable de que se implemente esa
razón de Estado es que se elige a un presidente.
Un gobierno puede tomar medidas muy duras, incluso de vida o muerte, pero debe haber espacios que implementen esas medidas, expertos alejados del sentimentalismo o la conveniencia política coyuntural de un mandatario.
Segundo, no se puede contraponer la fe a la legalidad. Como se ha dicho, no se elige un presidente para saber cuáles son sus convicciones humanistas o religiosas ante una crisis, sino para que haga cumplir la ley. El humanismo, la fe y la paz son sentimientos compartibles por todos, pero la aplicación del Estado de derecho es una obligación legal (incluso cualquier juez estricto podría iniciar acción penal contra una autoridad que haya ordenado la liberación de un delincuente detenido sin que existiera una orden judicial que lo autorizara).
Un presidente, más allá de defender una acción, controvertida o no, lo que debe garantizar es la transparencia en el accionar gubernamental y el cumplimiento de la ley. En el caso de Culiacán, lo que tenemos es penumbra y falta de claridad.
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Columna EN PRIVADO/Joaquín López Dóriga
Milenio
Culiacán: para fallos, los de comunicación
Del punto de inflexión al de genuflexión. Florestán.
Los hechos, el jueves en Culiacán, pueden convertirse en el verdadero punto de inflexión del que el gobierno hablaba tres días antes, al presentar su programa contra el crimen organizado.
Primero, el operativo para detener con fines de extradición, a solicitud del gobierno de Estados Unidos, de un ciudadano mexicano, hijo de Joaquín Guzmán Loera, era como otro más de los centenares que se han ejecutado.
Segundo, no sé si el Presidente de la República estaba informado y aprobó ese operativo del que no tiene por qué estar al tanto y menos autorizar cada movimiento que se haga en ese sentido.
Tercero, que fue un desastre que incendió Culiacán, donde se desarrollaron 14 tiroteos, 19 bloqueos, la fuga de 54 reos y la muerte de 13 de personas, en una tarde de horror.
Desconozco las fallas en la operación táctica para detener a Ovidio Guzmán, pero tengo claro algunos de los errores de información que agravaron la confusión.
El primero fue ese mismo jueves cuando informó que una patrulla de la Guardia Nacional había sido atacada al pasar frente a una casa de seguridad del cártel de Sinaloa, en una zona habitacional de Culiacán y por la noche dijeron que todo había estallado al llevar a cabo un operativo de la GN, para detener a una persona con fines de extradición, lo que provocó que decenas o centenares de delincuentes salieran a la calle a hacer valer su ley y, al final, lograr que se los devolvieran para evitar, ha reiterado el Presidente, una masacre.
Ya después, el general secretario Luis Cresencio Sandoval calificó el operativo de fallido y deficiente, y se comprometió a revisarlo.
Este es, pues, el punto de inflexión del que le hablaba y que quien más lo debe celebrar es Nemesio Oseguera, (a) El Mencho, jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación, pues si a uno de los nueve hijos de Guzmán Loera lo soltaron como lo hicieron el jueves en Culiacán, no quiero pensar en la guerra que desataría su hasta ahora imposible captura.
RETALES
1. REFUERZO. Hace poco, el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, inauguró una unidad con capacidad para 3 mil 500 policías militares que está vacía. De los 600 militares que tenía destacados en su estado, retiraron 500. Ya mandaron 300 de élite;
2. MORENA. Todo indica que Bertha Luján será la próxima dirigente nacional de Morena. El caos violento en el establecimiento de al menos 60 asambleas impidió que Mario Delgado pudiera registrarse como candidato. Ahí sigue la palabra del Presidente de que hagan encuestas, que ganaría el diputado de Morena; y
3. PLAZO. Una semana tiene la Suprema Corte para decidir la ley Bonilla, abiertamente inconstitucional al pretender ampliar a cinco años el gobierno cuando fue electo para dos. Todo indica que la Corte le dará palo.
Nos vemos mañana, pero en privado.
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ESTRICTAMENTE PERSONAL/Raymundo Riva Palacio 
El Financiero,
La ilegalidad del Presidente
Las tres primeras preguntas de la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador el viernes pasado en Oaxaca, formuladas por el reportero Alberto Morales, de El Universal, fueron puntuales y provocaron una respuesta de consecuencias no vistas.
Morales preguntó su evaluación sobre los eventos en Culiacán, cómo le informó el gabinete de seguridad, quién tomó la decisión para liberar a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, y qué se valoró para liberarlo. Las respuestas merecen se transcritas:
“A mí me informaron por la tarde. (El viernes, jueves)) van a dar el relato sobre los acontecimientos en el tiempo… Comenzó alrededor de las tres de la tarde, un poco más. De inmediato se reunieron los integrantes del Gabinete de Seguridad para darle seguimiento a todo este asunto.
El secretario de la Defensa, el secretario de Marina, el secretario de Seguridad, se concentraron, se reunieron y le dieron seguimiento al problema, y tomaron decisiones que yo respaldo, que yo avalo, porque se tornó muy difícil la situación.
“Y estaban en riesgo muchos ciudadanos, muchas personas, muchos seres humanos, y se decidió proteger la vida de las personas. Y yo estuve de acuerdo con eso, porque no se trata de masacres, ya eso ya se terminó. No puede valer más la captura de un delincuente que las vidas de las personas. Ellos tomaron esa decisión y yo la respaldé.
También decirles que se trató de un operativo que llevó a cabo el Ejército a partir de una orden de aprehensión de un presunto delincuente; pero, como ya lo expliqué, hubo una reacción muy violenta y se ponía en riesgo la vida de mucha gente”.
La respuesta del Presidente es moral, pero políticamente equívoca y legalmente una aberración. López Obrador mostró:
1.- Que la ley, para él, es discresional.
2.- Viola el artículo 16 de la Constitución, en cuyo párrafo cuatro establece: “La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal”.
3.- Él no tenía atribuciones legales para liberar a Guzmán López. La Fiscalía General es quien las tiene.
4.- Las declaraciones del Presidente lo hace un delincuente confeso, al violar el artículo 150 del Código Penal Federal, que establece:
“Se aplicarán de seis meses a nueve años de prisión al que favoreciere la evasión de algún detenido, procesado o condenado. Si el detenido o procesado estuviese inculpado por delito o delitos contra la salud, a la persona que favoreciere su evasión se le impondrán de siete a quince años de prisión, o bien, tratándose de la evasión de un condenado, se aumentarán hasta veinte años de prisión.
“Si quien propicie la evasión fuese servidor público, se le incrementará la pena en una tercera parte de las penas señaladas en este artículo, según corresponda. Además será destituido de su empleo y se le inhabilitará para obtener otro durante un período de ocho a doce años”.
5.- Violó convenios internacionales suscritos por México, como el Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, que establece en su artículo 28:
“El jefe militar o el que actúe efectivamente como jefe militar, será penalmente responsable por los crímenes de la competencia de la Corte que hubieren sido cometidos por fuerzas bajo su mando y control efectivo, o su autoridad y control efectivo, según sea el caso, en razón de no haber ejercido un control apropiado sobre esas fuerzas cuando:
1.- i) Hubiere sabido o, en razón de las circunstancias del momento, hubiere debido saber que las fuerzas estaban cometiendo esos crímenes o se proponían cometerlos; y
2.- ii) No hubiere adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o reprimir su comisión o para poner el asunto en conocimiento de las autoridades competentes a los efectos de investigación y enjuiciamiento”.
6.- Violó tres convenciones de Naciones Unidas, sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, Contra la Delincuencia Organizada Transacional, y Contra la Corrupción.
Las declaraciones del Presidente no dan lugar a duda sobre la violación en la que incurrieron el gabinete de seguridad y él mismo. Aceptar un chantaje del crimen organizado lo desnuda como un Presidente débil al frente de un Estado débil, y sometido por acciones terroristas. El argumento moral sólo se sostiene en términos religiosos, no en el mandato de la Constitución.
Esta discusión es sensible porque quienes apoyan la decisión de López Obrador lo ubican en la coyuntura del jueves, sin considerar los mensajes previos de claudicación ante el crimen organizado –amnistía o no confrontarlos–, ni lo que vendrá después.
Las primeras planas de la prensa nacional e internacional sobre los sucesos en Culiacán tenían como común denominador el énfasis de que se capturó a Guzmán López y luego se le dejó en libertad. Lo que resaltaron fue la capitulación del Estado de derecho y la oficialización de un país sin leyes. Esto tiene consecuencias inmediatas. El mensaje es el de la Pax Narca, donde las organizaciones criminales deciden la suerte de la nación.
Este interlineado llevará a inversionistas a considerar si sus inversiones en México, actuales o en planeación, son una buena idea. Adicionalmente, refuerza el viejo argumento del presidente Donald Trump, de que si las Fuerzas Armadas no pueden con los cárteles de la droga, el Pentágono se encargará de ello.
Todo esto no es una hipótesis. Desde el jueves ya hay preguntas de inversionistas en ese sentido y señales desde Estados Unidos sobre este país sin Estado de derecho, por decisión del presidente López Obrador, y mensajes de la familia Trump de que México es un país sin leyes.
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¡En Culiacán empezó la amnistía de AMLO al crimen!
ITINERARIO POLÍTICO/ RICARDO ALEMÁN
El Debate, 
Como muchos saben, el secuestro, crimen y posterior incineración de “los 43 de Iguala” se llevó a cabo por instrucción de un alcalde impuesto por AMLO, en un municipio y un estado gobernados por el entonces partido de López Obrador.
Aún así –y a pesar de que en toda la ruta del crimen nunca participó ninguna autoridad vinculada al PRI y menos al Gobierno federal–, lo cierto es que el maniqueísmo de la claque lopista, la distorsión dolosa y el gusto de Obrador por la mentira y el engaño terminaron por responsabilizar de la masacre al gobierno de Peña Nieto.
Dicho de otro modo, resulta que “los magos del engaño y la mentira” se salieron con la suya; convirtieron una derrota política de grandes proporciones –como el crimen de los 43 de Ayotzinapa–, en una victoria que incluso los empujó al poder presidencial.
Hoy, luego del escandaloso ridículo y del grosero montaje que vimos en Culiacán por parte del gobierno de López –luego de la detención y posterior liberación del Chapito–, regresaron no solo el cinismo de Obrador, sino el maniqueísmo, la distorsión dolosa y el gusto por la mentira y el engaño.
Y es que “los magos del engaño y la mentira” parecen dispuestos a intentar la misma apuesta “engañabobos” y convertir una derrota en victoria.
La diferencia es que López Obrador y su gobierno pueden engañar a muchos durante mucho tiempo pero, al final, no engañarán a todos todo el tiempo.
¿Por qué?
Porque hoy el presidente Obrador podrá decir misa y pontificar contra imaginarios “molinos de viento” de la derecha y el conservadurismo; podrá acusar al pasado de sus fracasos y hasta podrá sublimar su cinismo pero, al final, no podrá ocultar que su gobierno enlutó a todo el país y que en solo diez meses convirtió al territorio mexicano en el mayor cementerio de la historia y terminará calificado como el peor gobierno de todos los tiempos.
Y es que la realidad, demoledora por su peso específico, resultará aún más terca que el terco presidente mexicano.
Como saben, en una suerte de control de daños, dicen el presidente, la propaganda oficial y los corifeos de su fallido gobierno que “el supuesto fracaso de Culiacán” en realidad fue un acierto y una respuesta humanitaria que evitó “una matazón de ciudadanos indefensos”.
Lo que no dicen, por ejemplo, es que solo en Tlahuelilpan la irresponsabilidad oficial provocó más de la mitad de las 200 vidas que se habrían salvado en Culiacán; no dicen que la irresponsabilidad de López ha cobrado más de cien vidas a causa de la falta de vacunas para el dengue; que son decenas de muertos por la carencia de medicamentos contra el cáncer y por el servicio deficiente en el sector salud.
Lo que no dicen el presidente, su gabinete, sus aliados e incondicionales es que en 10 meses de gobierno de AMLO, el número de policías asesinados en todo el país casi alcanza los 400 y que, como nunca, el crimen organizado ha dado muerte a presidentes municipales, síndicos y legisladores locales.
Pero “la joya de la corona” del mal gobierno y del fracaso en la contención de la violencia, en todo el país, son las 31 mil muertes violentas, en solo los primeros 10 meses del gobierno de Obrador.
Esa cifra de 31 mil muertos en 10 meses es la más alta de todos los tiempos en México; es una muestra del fracaso en la estrategia contra la violencia y es la confirmación de que el de López Obrador es un gobierno que no solo rindió la plaza ante el narcotráfico y el crimen organizado sino que pactó con los distintos cárteles criminales.
Pero existe un mensaje aún más preocupante.
¿Cuál es ese mensaje?
Que la rendición de la plaza en Culiacán y el pacto con bandas como la del Chapo explican la razón por la que el entonces candidato y hoy presidente prometió por todo el país una amnistía a los grupos criminales.
En los hechos y violando la Constitución, el presidente mexicano ya perdonó a los jefes de bandas como la del Chapo. 
Pero el mensaje resultaría aún más escalofriante si se confirma que todos los barones de la droga serán perdonados.
Y, ¿a cambio de qué sería el perdón?
En su columna de ayer, el periodista Pablo Hiriart desliza una escalofriante hipótesis; los matarifes del crimen organizado se podrían encargar de los enemigos y críticos del régimen.
Es decir, un narco-estado, el mayor riesgo para la democracia.
Al tiempo..
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TERCER GRADO/Leopoldo Gómez /
 Milenio
México dividido
Que el operativo para capturar a Ovidio Guzmán fue un fracaso, hasta el gobierno lo reconoce. La mala planeación dejó efectos desastrosos: una ciudad en pánico, secuestrada por el crimen organizado, fuga de reos, muertos, heridos y el detenido, libre.
A juzgar por lo que ha circulado en redes y por las columnas en los diarios, el saldo fue extraordinariamente adverso para el gobierno.
Y, sin embargo, las encuestas que se han difundido hasta ahora presentan un panorama distinto, con una opinión pública nacional dividida casi a la mitad en lo que toca a las evaluaciones sobre el manejo de la situación por parte del gobierno.
De entrada, hay importantes diferencias regionales. Según una encuesta telefónica de Consulta Mitofsky (http://consulta.mx/…/mexico-op…/item/1177-culiacan-seguridad), en Sinaloa las opiniones son mucho más favorables a la decisión de liberar al detenido que en el resto del país. Allí es prácticamente unánime la opinión de que el saldo habría sido peor de haberse actuado de otra manera.
Pero el dato más interesante es que las evaluaciones en general están drásticamente definidas por las identidades partidistas. Mientras 97 por ciento de los simpatizantes de Morena cree que el gobierno hizo bien en liberar al detenido, 90% de los panistas y priistas piensa lo contrario.
En cuanto al presidente López Obrador, 97% de los morenistas dice que su imagen mejoró o se mantuvo igual de bien, mientras que 95% de los panistas estima que empeoró o se mantuvo igual de mal. Y así con el resto de las evaluaciones sobre la actuación del Gobierno.
La situación es muy parecida a la que prevalece en Estados Unidos. Eventos que, a juzgar por lo publicado en los medios, serían muy negativos para Trump no suelen afectar su popularidad entre su base.
Allá como acá, la identidad partidista filtra y acomoda los hechos.
Nada muy grave mientras solo sean diferencias de opinión sobre una realidad compartida. Mucho más serio, sin embargo, si, como ya pasa en Estados Unidos, esas filiaciones fracturan el consenso sobre la realidad misma, pues es entonces cuando el debate se torna irracional.
Ojalá que México se aleje de esa ruta y no quede así de dividido.
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¿Aún quieren legalizar mota y coca?
EL ASALTO A LA RAZÓN/CARLOS MARÍN
Milenio...
Alejandro Gertz Manero informó ayer que la Fiscalía General de la República bajo su mando “ha asumido plenamente la investigación” del desastre interinstitucional del jueves en Culiacán, “la cual será ejemplar”, y prometió que no habrá impunidad para los responsables.
Sin indicios conocidos para relacionar o, mucho menos, equiparar casos tan distintos, alardeó que lo sucedido en la capital de Sinaloa “no va a ser otro Ayotzinapa...”.
Incomprensible, la invocación de lo sucedido hace un lustro en Guerrero con los estudiantes victimados por narcotraficantes, lejos de alentar el optimismo de que se sabrá lo que pasó, permite especular: ¿acaso el fiscal sospecha o tiene datos que apunten hacia la probabilidad de que los matones de Sinaloa fueron apoyados por servidores públicos, como lo hicieron los policías municipales que levantaron a Los 43 para entregárselos a los asesinos?
Suposiciones aparte, Gertz informó que en lo que va del año y en promedio, ha sido capturado y extraditado un delincuente por semana, lo que totaliza unos 40. ¿Qué ocurrió para que el hijo de El Chapo Guzmán encarne la excepción de la regla?
El innegable poder que la delincuencia organizada tiene en vastas regiones de México nunca se había manifestado con la fuerza que lo hizo en Culiacán. El trasiego y venta de drogas constituye un fabuloso negocio que da a las pandillas una multimillonaria capacidad de compra, ante la cual sucumbe lo que sea que quiera oponer el Estado. Entre jóvenes de amplias capas sociales no prende la consigna “becarios sí, sicarios no”, como tampoco los insistentes mensajes de amor y paz que la 4T les dedica a los “maleducados”.
Por eso mismo, aun si se aprueban, están destinadas al fracaso iniciativas como la del diputado morenista Mario Delgado para crear una empresa del gobierno (CannSalud, por la cannabis) que regule la compra-venta de mariguana, y que quien lo desee, sin sufrir la monserga de tramitar licencias o permisos, pueda cultivar sus propias matas. O peor: como pide el gobernador de Guerrero, que lo mismo se haga con los plantíos y derivados de la amapola (solo falta que se pretenda enriquecer la insensata idea con el establecimiento de precios de garantía, como sucede con algunos comestibles de primera necesidad).
Reglamentadas que fueran las drogas, imagínese a cualquiera de los matones de Sinaloa visitando una parcela del triángulo dorado, feudo de los herederos de El Chapo, y niéguese la elevada probabilidad de un diálogo así:
–¿Qué tal, don Apolinar, ya me tiene mi paquete?
–No, jovencito, ahora no, y ya no se lo podré vender. Fíjese que vinieron de la Cofepris, no, de la CannSalud, y se lo llevaron ya.
–¡Órale pinche viejo! Qué retependejo es usted. Al patrón nadie le ve la cara, ¿pues no sabe lo que pasó en Culiacán? Aquí le dejo la cabecita de su nieto Jaime y nos vemos para la siguiente, ¿va?
Nos vemos luego, no se pase de lanza y que Dios me lo bendiga...
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ALHAJERO/Marta Anaya 
El Heraldo de México, 
Ejército-Durazo
El operativo fallido en Culiacán llevó al borde del rompimiento de la relación entre los militares y Alfonso Durazo.
La relación de por sí no ha sido fácil. Mucho menos cuando el Congreso definió que la Guardia Nacional estaría bajo el resguardo de un mando civil (se llamara como se llamara) y no de un militar.
Alfonso Durazo podrá aparecer como el secretario de Seguridad y considerarse formalmente como el jefe del gabinete de Seguridad –a veces ni eso le permiten-, pero lo cierto es que el sonorense es desdeñado por el Ejército y la Marina.
Lo sucedido en Culiacán con el fallido operativo para detener, con fines de extradición, a Ovidio Guzmán López (hijo del Chapo Guzmán) fue, ya no una banderilla como tantas que ha recibido en estos meses, sino una estocada.
Por más que el Presidente de la República defienda a Durazo y rechace su renuncia al cargo, los uniformados apuntaron el índice hacia el sonorense desde aquella misma tarde del humillante episodio, y exigieron: ¡que dé la cara…!
Y lo dejaron hundirse solo esa noche.
Al día siguiente, con el general secretario Luis Cresencio Sandoval, partícipe y en conferencia de prensa, mencionaría varias cosas de llamar la atención:
—Primero que nada, ¡que el gabinete de Seguridad no estaba informado del operativo para detener al hijo del Chapo!
¿Hacia quién apunta el señalamiento de esta omisión?
—Segundo, que el operativo fue “precipitado y mal planeado”, dado que no calcularon —personal de la Policía Ministerial y la División Antidrogas de la extinta Policía Federal, hoy Guardia Nacional— el tiempo que tardaron en obtener la orden de cateo.
¿Por qué tardó la orden? ¿Quién tenía que librarla?
Sean quienes fueren responsables de ello con nombre y apellido, lo cierto es que el dedo flamígero apunta hacia al Poder Judicial. Terreno civil, de nueva cuenta.
El propio Durazo reafirmaría que “la orden de aprehensión no llegó con la oportunidad que habría sido planeada en el diseño del operativo” y eso llevó a modificar las decisiones finales.
Pero ni esto le salvaría ante los ojos de los militares.
Distintos videos que aparecieron en las redes sociales desde el fin de semana, buscaban una sola cosa: salvar el honor de los militares, de los policías, incluso, pero, sobre todo, del ejército. De un ejército de por sí dividido.
¿Salvarlos de quién? La respuesta está implícita: de los civiles. Y la imagen de los civiles —en esta área y en este episodio— se singulariza en una persona: Alfonso Durazo.
Si las imágenes a la vista no fueran suficientes, no hay más que hablar con algunos mandos del ejército y de la Marina para tener clara, muy clara, la ruptura entre los uniformados y el titular de Seguridad.
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GEMAS: Obsequio del fiscal general, Alejandro Gertz Manero: “Esto (lo ocurrido en Culiacán) no va a ser otro Ayotzinapa eh, se los digo con esa claridad, aquí se van a establecer las responsabilidades con toda precisión, con todo apego a la ley y con toda transparencia”.
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Ni renuncias ni cambio de ‘estrategia'/Pablo Hiriart
Uso de Razón
El Financiero...
López Obrador ya admitió que otros se equivocaron y se precipitaron en la captura y posterior liberación del hijo del Chapo.
Muy bien, ¿y las renuncias de los que fallaron, provocaron la muerte de doce personas y dejaron en ridículo a nuestras Fuerzas Armadas?
A la vista del mundo, el Estado mexicano fue doblegado en Culiacán por una fuerza superior.
¿Cómo va a recuperar el Estado el monopolio del uso de la fuerza?
Es cierto que desde hace muchos años los grupos criminales le disputan al Estado ese monopolio, no es un fenómeno nuevo. Pero nunca el gobierno se había visto sometido.
Por eso era importante un aspecto de la política seguida por los presidentes Calderón y Peña Nieto: combatir a los grandes cárteles para que ninguno de ellos tenga la fuerza de desafiar al Estado. Lo habían logrado.
Se equivocaron en muchas áreas de la seguridad pública y la seguridad nacional, pero en esa no: si un grupo delictivo doblega al Estado, éste pierde su razón de existir.
Cuando eso ocurre, el poder pasa automáticamente a manos del más fuerte.
No fue un capricho perseguir, detener y disminuir fuerza de los capos de Los Zetas, Cártel del Pacífico y Cártel del Golfo. Era una razón de Estado.
Al llegar el nuevo gobierno se desmantelaron los órganos de inteligencia, incluyendo los más sofisticados y eficaces que había, en la Marina por ejemplo.
El Presidente dijo que no se perseguiría a los grandes capos.
Para ellos habría, abrazos y otras frases demagógicas.
Dijo que la nueva estrategia sería golpear las redes financieras de los grupos delictivos.
Sonaba lógico y plausible esto último, pero la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda está abocada a perseguir a los adversarios ideológicos del gobierno.
¿Cuánto dinero le han quitado al Cártel Pacífico, al Jalisco Nueva Generación o a Los Zetas?
No tienen la menor idea de quién es quién ni dónde están parados. Tan es así que el SAT le condonó impuestos por casi cien millones de pesos a Los Zetas en agosto de este año, de acuerdo con el reportaje de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
Al Ejército lo exponen a que lo cacheteen los miembros de grupos criminales y hasta malandrines de pueblo.
En lugar de usar las tropas para debilitar a ejércitos irregulares de los narcos, las usan para perseguir migrantes que hacen lo que toda su vida han hecho: cruzar por México a Estados Unidos.
Ya Trump felicitó a nuestro gobierno por desplegar a 27 mil soldados en la frontera con Estados Unidos, para cuidarlos a ellos.
¿Qué vergüenza es esa? Se entiende que haya tropas en la frontera sur para vigilar la entrada a nuestro país. Pero ¿veintisiete mil soldados mexicanos en la frontera norte para impedir la salida?
El resultado de todos esos entuertos e improvisaciones se vio, de manera afrentosa, en Culiacán.
Ahí se sumaron otros errores que pusieron en ridículo al Estado ante un grupo delictivo.
El gobierno no tenía idea de cómo había crecido la capacidad de fuego y el poder logístico del Cártel de Sinaloa, a partir de que lo dejaron de perseguir.
Se lanzaron como El Borras. O para citar al Presidente: patearon el avispero... y se echaron a correr.
La explicación de por qué no utilizaron apoyo aéreo (ahí en Culiacán está la sede de la Novena Zona Militar, que cuenta con helicópteros artillados), fue de párvulos, que desnuda su total ignorancia e impericia: los podían derribar. ¿Cómo, si son blindados?
El incentivo que recibieron los grupos delictivos de todo el país con los hechos del jueves va a marcar un antes y un después. Si presentas combate y atacas al Ejército o a la Guardia, el gobierno va a ordenar repliegue.
Ya lo saben desde los grandes cárteles, hasta las pandillas delictivas. Por eso era de esperarse que ayer el Presidente anunciara un giro en su política de seguridad y el cese de los incompetentes.
Fíjense que no. Ni despidos ni cambios en seguridad.
Aunque ahora hay más muertos que antes, más delitos que antes, y nuevos y perversos incentivos para delinquir: el gobierno se replegará si actúas de manera violenta.
ón de su parte.
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JUEGOS DE PODER/Leo Zuckermann 
Excélsior
De cómo el Presidente se contradice
• Dos días antes del operativo fallido para capturar al hijo de El Chapo Guzmán en Culiacán, un supuesto enfrentamiento entre el Ejército y civiles armados arrojó un saldo de 14 personas y un militar muertos en Tepochica, Guerrero.
Dijo ayer el Presidente en su conferencia matutina de prensa: “Nuestros adversarios, los conservadores, corruptos, que se padecieron en los pasados gobiernos aplicaron una política de confrontación y de violencia para supuestamente garantizar la paz y la tranquilidad.
Y esa política insensata, inhumana, produjo más violencia, mucho sufrimiento, masacres.
Había hasta la decisión de arrasar, de exterminar; y lo muestran así los datos de letalidad, de cómo fueron más siempre los muertos que los heridos y los detenidos”.
Tiene toda la razón en cuanto a los datos del índice de letalidad que mide la relación de civiles muertos versus los miembros de fuerzas federales muertos en enfrentamientos.
De acuerdo con un artículo de Catalina Pérez Correa, Carlos Silva Forné y Rodrigo Gutiérrez Rivas, publicado en julio de 2015 en Nexos, para el Ejército el índice de letalidad mayor ocurrió en 2011: 32.4 civiles por cada militar.
Paul Chevigny, quien a lo largo de su carrera investigó los abusos de las fuerzas del Estado, sostiene que la muerte de más de diez o quince civiles por cada agente de seguridad fallecido en enfrentamientos puede considerarse como un indicador de que la fuerza letal podría haberse utilizado para otros propósitos diferentes a la protección de la vida. El profesor emérito de la Universidad de Nueva York sugiere que los altos índices de letalidad denotan posibles abusos de poder.
En otras palabras, podríamos estar frente a casos, como dice López Obrador, de decisiones para “arrasar” o “exterminar”.
Después del primer artículo que publicó Nexos sobre los índices de letalidad, la Secretaría de la Defensa Nacional decidió ya no divulgar los datos que les permitieron a los autores calcular este índice.
No obstante, en 2014 fuimos testigos de un evento donde quedó clarísimo este fenómeno. Me refiero a la masacre en Tlatlaya. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), una patrulla del Ejército se enfrentó a un grupo de civiles armados que “se rindieron rápidamente”. Sin embargo, 22 personas murieron.
La CNDH encontró que 12 de ellos fueron ejecutados. Este asunto, con toda razón, se convirtió en un escándalo en el sexenio pasado de Peña Nieto. Siendo opositor, López Obrador lo caracterizó como un ejemplo de la corrupción y decadencia del país.
En el contexto de lo ocurrido el jueves en Culiacán, el ahora Presidente dijo sobre la política que él mismo caracterizó como de exterminio: “Nosotros dejamos en claro desde el principio –está escrito en el Plan Nacional de Desarrollo– que íbamos a cambiar esa política absurda, inhumana e ineficaz, porque no dio resultados”. Muy bien.
Sin embargo, se le olvidó a López Obrador mencionar que el martes de la semana pasada, dos días antes del operativo fallido para capturar al hijo de El Chapo Guzmán en Culiacán, un supuesto enfrentamiento entre el Ejército y civiles armados arrojó un saldo de 14 personas y un militar muertos en Tepochica, Guerrero.
El índice de letalidad de este evento es mayor a diez. De acuerdo al criterio de Chevigny, resulta muy sospechoso. Nuestro colega Héctor de Mauleón, experto en temas de seguridad, escribió en su columna del jueves pasado en El Universal que Tepochica podría haber sido la primera masacre del Ejército en tiempos de la Cuarta Transformación.
“El Ejército aplicó la fuerza desde una lógica de guerra: está entrenado para enfrentar contextos de conflicto bélico y no funciones de seguridad pública. El resultado de esto ya lo conocemos. Lo hemos vivido durante años y se había asegurado que no volvería a ocurrir”.
Pero sucedió. Un día después de Tepochica, López Obrador informó en su conferencia matutina que fue “producto de una rutina de vigilancia de una patrulla del Ejército con un grupo, con una célula de presuntos delincuentes; y se encuentran frente a frente, le disparan a un cabo que va adelante con ametralladora, el que va encabezando el convoy, y lo hieren, él es el que al final pierde la vida; y él con la ametralladora, todavía herido, dispara y le quita la vida a los agresores.
Ése es el informe que tengo, desde luego, la autoridad competente tiene que llevar a cabo la investigación”.
El Presidente un día dice una cosa y otro otra. Por un lado, justifica la alta letalidad del Ejército en un enfrentamiento y, por el otro, asegura que estas prácticas ya se terminaron en su gobierno. ¿A cuál de las dos versiones le creemos?
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 El panista que se convirtió en “soldado del obradorismo”
Arsenal/FRANCISCO GARFIAS
Excelsior...
Eran las 13 horas del jueves 17 de octubre. Dos horas antes del fallido operativo en Culiacán para capturar a Ovidio, el hijo de El Chapo Guzmán. Fuera del salón de sesiones del Senado nos topamos con Germán Martínez, exlíder nacional del PAN, hoy senador de Morena.
Nos acercamos para preguntarle sobre el asesinato de 13 policías estatales en Aguililla, Michoacán, su estado natal.
Se fue contra el gobernador perredista de la entidad:
“Una gran parte de la responsabilidad sí está en el gobernador Silvano Aureoles. Debe rendir cuentas de la estrategia. Michoacán no puede tener permanentemente una tutela federal en materia de seguridad. Cada uno de los estados debe crear capacidades locales de combate al narcotráfico.
–¿Y cómo, si no hay dinero? Interrumpimos.
–Ése es el tema. No hay dinero. Pero la otra es sí hay gestiones, sí hay relaciones. Creo que el dolor de Michoacán también se le debe a la frivolidad con la que de repente se conduce Aureoles. Michoacán merece mayor humildad del gobernador, mayor relación con la Federación para obtener recursos.
–¿Te cierra el ojo la gubernatura? Preguntamos.
–Cristóbal Arias tiene un gran recorrido. Yo no estoy afiliado a Morena. Destapo abiertamente a Cristóbal, pero sí me gustaría estar en esa mesa que decide, ayudar, participar en resolverle problemas a Michoacán. Allí no es labor de un hombre.
“Yo me hago a  un lado. Me sumo a Cristóbal Arias. No me afilio a Morena, pero soy un soldado del Lopezobradorismo. Creo en su proyecto de justicia e igualdad. Me gustaría para Michoacán.
–¿Y tu pasado panista?
–Yo no me vine con ningún rencor. Me gustan las soledades de mi vida. Tengo gratos recuerdos en el PAN. No los cambio. Estoy construyendo, para mi vejez, gratos recuerdos con Morena. La convivencia sería más sana si nos entendemos entre diferentes, puntualizó.
*Genio y figura. Elba Esther Gordillo no quiere retirarse de la vida política.  Sabedora que  no tiene oportunidad de regresar a la SNTE, ahora pretende apoderarse de las Redes Sociales Progresistas, AC, en vías de convertirse en partido político.
Su yerno, Fernando González, vicepresidente de la AC,  se ha prestado a maniobras que no son democráticas, y mucho menos legales, para destituir al actual presidente de la AC, Juan Iván Peña Neder. 
Ya hay una denuncia penal en la FGR en contra de González, quien literalmente se inventó una sesión extraordinaria del Consejo Directivo de las Redes para dar un sesgo legal a la expulsión de Juan Iván.
La bronca es que Fernando falsificó la firma de Gonzalo Rafael Ortiz Cárcamo, tesorero de las RSP, quien presentó la denuncia ante la FGR.
Hay también un “acta circunstanciada” de que la sesión extraordinaria para sacar al presidente de la AC no se llevó a cabo.
La denuncia también va en contra del secretario de la AC,  José Jerónimo Esquinca, quien se prestó a la maniobra.
Ambos fueron expulsados  por la Asamblea General de las RSP que, a diferencia del Consejo convocado por el yerno, sí tiene  esas facultades.
El tono ya subió. Peña Neder recibió ayer una notificación de la PGJCDMX que le prohíbe acercarse a sus oficinas de presidente de las RSP.  
“Es un documento sin sentido. No hay ninguna investigación del orden penal que, sin que hubiese comparecido ante un juez,  pueda  ordenarme nada…”, dijo Peña Neder.
*Duro revés al juez Felipe Delgadillo Padierna, sobrino de la diputada que lleva su segundo apellido. El titular del 5to Tribunal Unitario en Materia Penal, Ricardo Paredes Calderón, ordenó revisar la prisión preventiva justificada que le dictó a Rosario Robles.     
“La insuficiencia del juez de control en motivar la proporcionalidad, idoneidad y menor lesividad para la imputada en la imposición de la prisión preventiva justificada hace necesario que se reponga el procedimiento”, asevera el Tribunal.
La FGR reaccionó de inmediato. Insistió en la versión del documento con “domicilio diferente” de Rosario, que sirvió de justificación a la extrema medida cautelar dictada por el juez. En el comunicado, sin embargo, ni una palabra de la falsa licencia que se utilizó para mandarla a Santa Marta Acatitla.

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 De cómo el Presidente se contradice
Juegos de poder/LEO ZUCKERMANN
De cómo el Presidente se contradice
• Dos días antes del operativo fallido para capturar al hijo de El Chapo Guzmán en Culiacán, un supuesto enfrentamiento entre el Ejército y civiles armados arrojó un saldo de 14 personas y un militar muertos en Tepochica, Guerrero.
Dijo ayer el Presidente en su conferencia matutina de prensa: “Nuestros adversarios, los conservadores, corruptos, que se padecieron en los pasados gobiernos aplicaron una política de confrontación y de violencia para supuestamente garantizar la paz y la tranquilidad. Y esa política insensata, inhumana, produjo más violencia, mucho sufrimiento, masacres.
Había hasta la decisión de arrasar, de exterminar; y lo muestran así los datos de letalidad, de cómo fueron más siempre los muertos que los heridos y los detenidos”.
Tiene toda la razón en cuanto a los datos del índice de letalidad que mide la relación de civiles muertos versus los miembros de fuerzas federales muertos en enfrentamientos. De acuerdo con un artículo de Catalina Pérez Correa, Carlos Silva Forné y Rodrigo Gutiérrez Rivas, publicado en julio de 2015 en Nexos, para el Ejército el índice de letalidad mayor ocurrió en 2011: 32.4 civiles por cada militar. Paul Chevigny, quien a lo largo de su carrera investigó los abusos de las fuerzas del Estado, sostiene que la muerte de más de diez o quince civiles por cada agente de seguridad fallecido en enfrentamientos puede considerarse como un indicador de que la fuerza letal podría haberse utilizado para otros propósitos diferentes a la protección de la vida. El profesor emérito de la Universidad de Nueva York sugiere que los altos índices de letalidad denotan posibles abusos de poder.
En otras palabras, podríamos estar frente a casos, como dice López Obrador, de decisiones para “arrasar” o “exterminar”.
Después del primer artículo que publicó Nexos sobre los índices de letalidad, la Secretaría de la Defensa Nacional decidió ya no divulgar los datos que les permitieron a los autores calcular este índice. No obstante, en 2014 fuimos testigos de un evento donde quedó clarísimo este fenómeno. Me refiero a la masacre en Tlatlaya. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), una patrulla del Ejército se enfrentó a un grupo de civiles armados que “se rindieron rápidamente”. Sin embargo, 22 personas murieron.
La CNDH encontró que 12 de ellos fueron ejecutados. Este asunto, con toda razón, se convirtió en un escándalo en el sexenio pasado de Peña Nieto. Siendo opositor, López Obrador lo caracterizó como un ejemplo de la corrupción y decadencia del país.
En el contexto de lo ocurrido el jueves en Culiacán, el ahora Presidente dijo sobre la política que él mismo caracterizó como de exterminio: “Nosotros dejamos en claro desde el principio –está escrito en el Plan Nacional de Desarrollo– que íbamos a cambiar esa política absurda, inhumana e ineficaz, porque no dio resultados”. Muy bien. Sin embargo, se le olvidó a López Obrador mencionar que el martes de la semana pasada, dos días antes del operativo fallido para capturar al hijo de El Chapo Guzmán en Culiacán, un supuesto enfrentamiento entre el Ejército y civiles armados arrojó un saldo de 14 personas y un militar muertos en Tepochica, Guerrero.
El índice de letalidad de este evento es mayor a diez. De acuerdo al criterio de Chevigny, resulta muy sospechoso. Nuestro colega Héctor de Mauleón, experto en temas de seguridad, escribió en su columna del jueves pasado en El Universal que Tepochica podría haber sido la primera masacre del Ejército en tiempos de la Cuarta Transformación. “El Ejército aplicó la fuerza desde una lógica de guerra: está entrenado para enfrentar contextos de conflicto bélico y no funciones de seguridad pública. El resultado de esto ya lo conocemos. Lo hemos vivido durante años y se había asegurado que no volvería a ocurrir”.
Pero sucedió. Un día después de Tepochica, López Obrador informó en su conferencia matutina que fue “producto de una rutina de vigilancia de una patrulla del Ejército con un grupo, con una célula de presuntos delincuentes; y se encuentran frente a frente, le disparan a un cabo que va adelante con ametralladora, el que va encabezando el convoy, y lo hieren, él es el que al final pierde la vida; y él con la ametralladora, todavía herido, dispara y le quita la vida a los agresores. Ése es el informe que tengo, desde luego, la autoridad competente tiene que llevar a cabo la investigación”.
El Presidente un día dice una cosa y otro otra. Por un lado, justifica la alta letalidad del Ejército en un enfrentamiento y, por el otro, asegura que estas prácticas ya se terminaron en su gobierno. ¿A cuál de las dos versiones le creemos?
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DÍA CON DÍA/Héctor Aguilar Camín
 Milenio
Vidas salvadas y muertes creadas
“No puede valer más la captura de un delincuente que las vidas de las personas”, dijo el presidente López Obrador para justificar la liberación de Ovidio Guzmán en la inminencia de una batalla que hubiera producido muchas muertes.
No hay duda de que se evitaron muertes. No sabemos cuántas, como tampoco sabemos cuántas costará en el tiempo la libertad de Ovidio Guzmán.
Sabemos que Ovidio es parte del cártel más mortífero del narco mexicano. Según Guillermo Valdés, para 2013, a ese grupo podían atribuirse 67 por ciento de todas las muertes de la guerra del narco, más de 40 mil homicidios. (Historia del narcotráfico en México, Aguilar, 2013).
No sabemos cuántas debe Ovidio y cuántas deberá en el futuro. En todo caso, esta es precisamente la cuestión central que debe responder el Estado: cuál es la estrategia a seguir contra el crimen organizado que cuesta menos vidas.
Sabemos que la seguida hasta antes del actual gobierno no disminuyó sino disparó el número de muertes.
¿Cuál estrategia fue esa? Descabezar a los cárteles, capturar o matar a los jefes de las bandas grandes, para fragmentarlas y hacerlas más controlables. Han capturado o matado a prácticamente todos los capos de las bandas, y las bandas se han fragmentado, pero los muertos han subido antes que bajar y el crimen organizado se ha extendido por toda la República en la forma de hasta 280 pandillas locales, según la última cifra que recuerdo de Eduardo Guerrero.
Los grandes cárteles tampoco han desaparecido. El cártel de Sinaloa se disputa la hegemonía con el Jalisco Nueva Generación y la puja sangrienta es mayor que nunca.
El nuevo gobierno abandonó esa estrategia, el Presidente dijo que no sería su misión capturar capos, que su mensaje sería de paz, no de guerra.
Pero los muertos tampoco bajaron, su estrategia tampoco funcionó hasta ahora: debe cambiarla.
En todo caso, la captura de Ovidio Guzmán en Culiacán contradice la estrategia pregonada: la fuerza pública fue a capturar un cabecilla, en la lógica de la estrategia anterior.
Y produjo lo que la estrategia anterior: más violencia, y la desaparición por unas horas del Estado en Culiacán.
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TOUCHÉ/Alejandro Cacho
El Heraldo de México
Doble humillación a la 4T
Iván Archivaldo Guzmán López, hijo de El Chapo y hermano de Ovidio, también fue capturado por la Guardia Nacional.
Hace apenas unas horas, The New York Times reveló que Iván Archivaldo Guzmán López, hijo de El Chapo Guzmán y hermano de Ovidio, también fue capturado por elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano en Culiacán, el jueves pasado.
De hecho, la primera versión esa tarde fue que Iván Archivaldo Guzmán había sido capturado o abatido por el Ejército. Minutos después, la versión cambió. Ya se hablaba de que “cayeron” los dos hermanos. Como casi siempre pasa en esos casos, la información caía en cascada, de manera imprecisa.
Finalmente, la primera versión oficial quedó en que Ovidio Guzmán López había sido detenido, casi por casualidad, en una casa por una patrulla del Ejército y la Guardia Nacional. Hago esta cronología porque la publicación de NYT revela también la serie de mentiras y omisiones en que incurrió Alfonso Durazo, secretario de seguridad pública y cabeza del gabinete de seguridad de la 4T.
The New York Times informó lo que el gobierno federal mexicano ocultó: que Iván Archivaldo Guzmán López fue localizado, retenido, capturado o como quiera llamarlo la 4T, junto a su hermano Ovidio.
El diario cita a un ex funcionario estadounidense y otra persona muy bien informadas del asunto.
Ambos confirmaron que la rápida respuesta de los sicarios de Iván Archivaldo sometió a los soldados mexicanos y logró liberarlo en pocos minutos. De inmediato, el hijo mayor de El Chapo asumió el mando de la operación para liberar a su hermano Ovidio. El diablo estaba suelto aquella tarde en Culiacán.
Alfonso Durazo Montaño mintió, porque no encontraron a Ovidio Guzmán López por casualidad. Ocultó que se trató de un operativo para capturarlo por una orden de aprehensión en su contra del gobierno de Estados Unidos.
Omitió que también fue capturado Iván Archivaldo Guzmán y que fue rescatado rápidamente por sus sicarios. Como en tiempos del neoliberalismo, tuvimos que enterarnos de ese pequeño detalle por un medio estadounidense.
No sólo eso. Alfonso Durazo aún tiene muchas explicaciones pendientes. ¿Quién planeó el operativo? ¿Quién falló en su ejecución? ¿Se utilizó información de inteligencia? ¿Por qué no se diseñó y ejecutó una estrategia de salida? ¿Por qué no se desplegó apoyo por tierra y aire? ¿Por qué no se bloquearon las señales celulares para dificultar la comunicación de los narcotraficantes?
La periodista Lourdes Mendoza dió a conocer que el hijo de Alfonso Durazo, Alfonso Durazo Chávez, fue compañero de generación de Ovidio Guzmán López en un colegio fifí.
El secretario de Seguridad Pública ha guardado silencio.
Lo mejor de todo es que Culiacán recobró la normalidad. Se reanudarán las clases y el transporte público. Los negocios reabrieron y la gente volvió a sus trabajos. El gobernador Quirino Ordaz realizó distintos recorridos y eventos públicos.
La vida debe seguir.
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JAQUE MATE/Sergio Sarmiento
 Reforma
Humano o débil
"Ni perdón ni Ovidio". Alarcón, caricaturista.
Puede entenderse que un gobierno débil -y México siempre ha sufrido gobiernos débiles- tome decisiones pragmáticas que no son las óptimas.
Evitar una matanza es una buena razón para hacerlo, aunque esto signifique liberar a un peligroso criminal. Lo que no tiene mucho sentido es enorgullecerse de esta debilidad y afirmar que la decisión ha sido muy humana.
"Acabamos de tomar una decisión muy difícil, pero muy humana, en el conflicto de Culiacán, Sinaloa -declaró el presidente Andrés Manuel López Obrador el 20 de octubre-. No nos importa que los conservadores, autoritarios, quieran que se gobierne de otra manera".
Sin embargo, quienes tomaron la decisión de liberar a Ovidio Guzmán, el hijo de El Chapo, cometieron un delito. El artículo 150 del Código Penal Federal establece una sanción de "seis meses a nueve años de prisión al que favoreciere la evasión de algún detenido, procesado o condenado.
Si el detenido o procesado estuviese inculpado por delito o delitos contra la salud, a la persona que favoreciere su evasión se le impondrán de siete a quince años de prisión...
Si quien propicie la evasión fuese servidor público, se le incrementará la pena en una tercera parte... Además, será destituido de su empleo y se le inhabilitará para obtener otro durante un período de ocho a doce años".
El único funcionario que ha sido destituido y que está siendo investigado por los hechos de Culiacán, no obstante, es Eduardo Bailleres Mendoza, quien fue despedido de su cargo como director del penal de Aguaruto de Culiacán por la fuga de 55 reos el 17 de octubre. Parece injusto.
Las decisiones pragmáticas que no se ajustan a la ley suelen tener costos elevados.
La liberación de Ovidio, por ejemplo, manda un mensaje no solo al Cártel de Sinaloa sino a otros grupos criminales que la mejor forma de liberar a sus jefes cuando son detenidos es pegar de balazos y quemar vehículos para bloquear avenidas y carreteras.
Ningún capo importante podrá ya ser detenido en México.
Preocupa también el mensaje de que la ley solo se aplica en ciertos casos y a determinadas personas.
Muchísima gente está detenida en nuestro país por acusaciones diversas, incluso antes de ser juzgada.
El Congreso ha aprobado además modificaciones legales que convierten por decreto en miembros del crimen organizado a contribuyentes acusados de evasión fiscal por más de 7.8 millones de pesos.
A estos se les despojará de sus garantías individuales y de la presunción de inocencia: se les congelarán las cuentas bancarias, se les decretará prisión preventiva oficiosa y se les confiscarán sus bienes antes de empezar el juicio.
En México a los verdaderos criminales se les libera, pero a los contribuyentes se les castiga severamente ante una simple acusación.
Un gobernante siempre tendrá que tomar decisiones difíciles.
Había argumentos a favor y en contra de la liberación de Ovidio tras su detención.
Entiendo que cuando un gobernante depende de un Estado débil debe hacer concesiones a la realidad si quiere evitar pérdidas de vidas.
Pero esta no es una decisión humanista ni puede ser la base de una estrategia que nos permita esperar que pronto se resolverá el reto que representa el crimen organizado.
Es, en todo caso, una decisión pragmática forzada por la debilidad de las instituciones, pero que lleva a una situación problemática en la que el gobierno tendrá que decidir constantemente a quiénes aplicará la ley y a quiénes dejará vivir en la impunidad.
No hay panorama que genere mayor incertidumbre, sobre todo a quienes quieren vivir en un real Estado de derecho.
JUSTICIA PARCIAL
Ovidio Guzmán fue liberado por las amenazas del Cártel de Sinaloa. Rosario Robles sigue en la cárcel a pesar de que no se ha iniciado el juicio en su contra. No parece que se esté sirviendo la causa de la justicia.
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Otra rebelión/Manuel J. Jáuregui
REFORMA, 22 Oct. 2019
La derrota de Culiacán acaparó la atención de tal manera que OTRA REBELIÓN contra el Gobierno pasó inadvertida. Ésta se dio en la Cámara de Diputados el viernes pasado en la madrugada cuando se discutía la miscelánea fiscal. Fue cuando un grupo de Diputados encabezados por Alfonso Ramírez Cuéllar se le rebeló al "líder" morenista, Mario Delgado, y estuvo a punto de darle un albazo al Presidente AMLO, incrementando y creando nuevos impuestos.
La rebelión de Ramírez Cuéllar fue votada (a mano alzada, contrariando todos los reglamentos internos de la Cámara) en TRES ocasiones distintas, aprobando el incremento de impuestos. Con esto, convirtiendo de inmediato en embustero al Presidente, quien había prometido "ningún alza de impuestos ni nuevos impuestos".
Lo más INCREÍBLE de todo es que la rebelión interna de los morenistas radicales fue aplacada por ningún otro más que por el controvertido Diputado Fernández Noroña. Leyeron bien. De primera mano, este su H. servidor está enterado de lo que sucedió esa madrugada y está como para Ripley.
Decía, precisamente, el gran Winston Churchill, que había dos cosas que el hombre nunca debía presenciar: 1. Cómo se hacen las salchichas, y 2. Cómo se elaboran las leyes. ¡Qué razón tenía!
Era aquello un verdadero despapaye en nuestra Cámara de Diputados, empezando con que nadie -aparentemente- conocía y menos se apegaba a los procedimientos protocolarios que rigen ahí, sobre todo los relacionados con la votación. En consecuencia, aquello parecía un reparto de botín entre corsarios. Ya estando en pleno caos, con tres votaciones aprobando los nuevos impuestos y alzas, fue cuando Fernández Noroña intervino, y citando las reglas camerales, lanzó una arenga en contra de lo aparentemente ya decidido, y pidió una nueva votación, PERO esta vez como se debe: siguiendo el protocolo con el voto registrado.
De alguna manera los rebeldes como que recibieron el mensaje, o entendieron que la estaban regando en lo más trapeado del cuarto, pues en esta nueva -y debidamente realizada- votación los rebeldes PERDIERON TRES A UNO. Y así fue aplacada la rebelión interna de Morena en contra del Presidente López Obrador. Demostrando de pasada que se equivoca el Señor Presidente cuando señala como "adversarios" a otros políticos, a medios de información, a ex Mandatarios y etcétera.
No, los adversarios los tiene el Presidente dentro de su propio partido, en las tribus radicales, que son muy bravas -menos con "El Chapito"- y se oponen a toda modernización y a la transformación misma que pretende realizar López Obrador. Ahí dentro de Morena tiene a sus enemigos, quienes le estorban, le ponen piedritas en el camino, le alborotan la gallera y le causan problemas de imagen, confianza y percepción.
No dudamos que al darse las primeras señales del albazo impositivo dentro de la Cámara, liderado por Ramírez Cuéllar, le haya llegado la noticia al liderazgo de Morena, o al Presidente mismo, de lo que se fraguaba y éste tuvo que meter mano recurriendo a uno de sus consentidos desde el DeEfe, éste Fernández Noroña. A quien, cuando menos dentro de Morena, se le considera uno de los pertenecientes al círculo cercano al Presidente López O. No duden ustedes, para nada, amigos lectores, que por eso pudo ser aplacada la rebelión, porque al coscorronear Fernández Noroña a los rebeldes, los levantadizos se sintieron regañados por su Presidente.
Como les decíamos, los acontecimientos de Culiacán -tan apabullantes- opacaron esta otra asonada, la cual además por haberse dado en la madrugada, y haber quedado resuelta para las 9 de la mañana, sólo los involucrados supieron qué tan cerca estuvimos como país de haber amanecido con una miscelánea fiscal abominable que hubiese metido en MÁS APRIETOS al Gobierno de la 4T que, desgraciadamente, está acumulando no pocas pifias con gran detrimento de la confianza que debe reinar entre Gobierno y gobernados.
Lo de Culiacán seguirá PESANDO, y mucho, pero cuando menos no se le agregó un ALZA general de impuestos destinada a darle en toda su progenitora al sector productivo del País, de por sí ya golpeado por la atonía económica que nos aqueja.




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