Por errores de mando, sometieron a soldados en Culiacán
La moral de las tropas resultó afectada, aunque reconocen que en el Ejército existe suficiente capacidad
MAZATLÁN. Venían de Los Mochis rumbo a su base en Mazatlán. Era una camioneta del Ejército donde viajaban nueve soldados del octavo batallón de infantería que tiene su cuartel en el puerto.
Al cruzar por el libramiento que bordea Culiacán para llegar a la caseta de peaje, localizada en la comunidad de Costa Rica, un comando de más de 40 hombres ya los esperaba. Imágenes tomadas en un video, que circuló en redes sociales desde esa tarde del pasado jueves, mostraban cómo los soldados sin oponer resistencia, incluso con saludo de mano de por medio, quedaron rodeados.
Los soldados iban al mando de un subteniente con apenas dos años que se graduó del Colegio Militar. Se trataba de un oficial sin experiencia operativa ni conocimiento de qué era lo que sucedía en ese momento en Culiacán, dice una fuente castrense adscrita a la comandancia de la tercera región militar en Mazatlán.
El pelotón de soldados venía del norte de Sinaloa donde habían participado en labores de auxilio a la población civil por las lluvias intensas de días anteriores debido a un sistema de baja presión. Por eso los vehículos traían lonas amarillas a los costados con la leyenda Plan DN-III como se aprecia en las imágenes.
El comando de civiles eran pistoleros del cártel de Sinaloa, en pocos minutos tomaron los vehículos oficiales para moverse durante los enfrentamientos, y sometieron a los soldados desarmándolos para tomarlos como rehenes. En otro video que circuló en redes aparecen los vehículos militares conducidos por los sicarios.
Poco después de las 15 horas del pasado jueves, un comando de la división antidrogas de la Guardia Nacional, apoyados por soldados de la Policía Ministerial Militar, la antigua judicial federal militar, irrumpió en un domicilio de la colonia Gabriel Leyva, en la zona urbana de Tres Ríos, de la capital sinaloense.
La explicación de las autoridades del gabinete de seguridad federal, después de cinco versiones diferentes previas, fue que se trató de un operativo para cumplir una orden de detención con fines de extradición contra Ovidio Guzmán López, uno de los hijos de la segunda mujer de Joaquín El Chapo Guzmán.
La captura originó una movilización nunca vista que paralizó a partir de ese momento la vida cotidiana de Culiacán. En términos militares los pistoleros tomaron la iniciativa al fijar posiciones debido a su estructura descentralizada que les facilitó mayor movilidad.
La ofensiva criminal fue una operación coordinada que consistió en 19 bloqueos en intersecciones que incluían varios puentes sobre los ríos que comunican la ciudad. Al mismo tiempo asaltaron el penal de Aguaruto, donde liberaron a 51 reos, atacaron el puesto de coordinación de los cuerpos de seguridad conocido como C-4, y tiroteraron una guarnición militar en Limón de los Ramos.
Pero el golpe a la vulnerabilidad del Ejército llegó cuando uno de los comandos se apostó a las afueras de la unidad habitacional militar en la colonia 21 de Marzo, donde la guardia fue atacada a tiros. De aquí se llevaron a dos personas.
Para ese momento el pelotón del Octavo Batallón de Infantería ya estaba retenido y comenzaban a intensificarse mensajes de propagada negra contra los militares y la población civil.
En un audio se escuchaba que habían agarrado a las familias de militares y los tenían amarrados a una pipa que harían estallar si no liberaban a Ovidio. Otro mencionaba que si no lo soltaban “de uno por uno irían matando a los guachitos”. Un video donde se apreciaba a la distancia un hombre maniatado tirado en el piso, con vestimenta verde olivo tipo militar, mostraba cómo le destrozaban el cráneo a tiros. La autenticidad de las imágenes no pudieron ser corroboradas y se consideró parte de la propaganda criminal.
En la conferencia en palacio de gobierno de la capital sinaloense había dos altos mandos que nadie cuestionó y pocos supieron quiénes eran. Estaban sentados a la izquierda del general Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa.
El primero era el general Homero Mendoza Ruiz, jefe de Estado Mayor de la Defensa Nacional, el segundo era su colega, el general retirado Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional.
El general Sandoval identificó como efectivos de la Policía Ministerial Militar y de la Guardia Nacional los encargados de llevar a cabo el operativo. Este grupo actuó de forma precipitada y “con deficiente planeación” a lo que sumó una “falta de previsión sobre las consecuencias de la intervención”. Pero lo que resultó más grave, reconoció el funcionario, fue que se omitió “obtener el consenso de sus mandos superiores”.
Esto se tradujo en que se desestimó el poder de convocatoria y la capacidad de respuesta de la organización delictiva para evitar la captura de Ovidio.
El teniente de fuerzas especiales retirado y abogado militar Alberto Carrera Álvarez señala que los errores de los comandantes fueron: no tener un plan de defensa ante este tipo de situaciones, falta de coordinación con las autoridades civiles y no tener una fuerza mayor para este tipo de acciones.
LA MORAL DE LAS TROPAS
Los abogados César Gutiérrez Priego y Alberto Carrera Álvarez coinciden en que tres días después de los sucesos hay un malestar al interior del Ejército por el hecho de que los pistoleros se metieran a la unidad habitacional militar a amedrentar a las familias.
La moral de las tropas resultó afectada, es lógico, pero en el Ejército existe suficiente capacidad para hacerle frente a éste y otros desafíos, dijo Gutiérrez Priego.
“No veo esto como una derrota, sino una orden directa del comandante supremo de no hacer frente a los delincuentes, veo al secretario molesto (…). No hay derrota alguna y menos de los diplomados (los diplomados de Estado Mayor, que son la mayoría de los altos mandos militares) o el Ejército, ya que un enfrentamiento como tal no hubo, sólo acciones de intimidación a la población”, dijo Carrera.
LO QUE VIENE
Para la fuente consultada en la tercera región militar, la operación fallida de Culiacán más allá de ocasionar la pérdida de confianza en el Ejército, Guardia Nacional o sus gobernantes, alentará aún más la política injerencista del vecino del norte.
“Usarán el pretexto de brindar asesoría y colaboración y seguramente impondrán a nuestro país aceptar que sus elementos de diversas agencias de inteligencia mantengan presencia permanente. Van a presionar más y un tema de seguridad interior pasará a convertirse en problema de seguridad nacional”, concluyó.
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