VERÓNICA ESPINOSA
Revista Proceso # 2246, 17 de noviembre de 2019
Garcia Valseca. Testimonio doloroso. Foto: Verónica Espinosa
Aunque la fiscalía guanajuatense consiguió que se ratificara la sentencia al exguerrillero chileno Raúl Julio Escobar por el secuestro de Nancy Kendall en 2017, otras víctimas del mismo delito lo señalan como responsable de plagiarlos y torturarlos, sin que hasta ahora las fiscalías federal y estatal avancen para esclarecer sus casos y hacerles justicia. Una de las voces que se alza en ese ambiente de temor es la del empresario Eduardo García Valseca, quien permaneció cautivo durante siete meses en 2007 y describe a Proceso el tormento al que fue sometido.
SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.- La ratificación de la sentencia a 60 años de prisión al exguerrillero chileno Raúl Julio Escobar Poblete, Comandante Emilio, por el secuestro de una residente de esta localidad, reavivó en otras víctimas terribles recuerdos y algunas siguen reclamando justicia pero otras viven en el temor.
Una de estas víctimas, Eduardo García Valseca, ha recriminado la indolencia de las autoridades federales y estatales para coordinar sus investigaciones, capturar a todos los secuestradores y resarcir en algo el daño.
“Que hayan detenido a uno es muy valioso, pero no implica que el grupo dejó de operar, que se haya desarticulado o que no esté cometiendo secuestros en otra parte del país”, dice a Proceso el abogado José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, AC, quien asesora a García Valseca.
La Procuraduría General de la República (actual Fiscalía General de la República) inició hace más de una década carpetas de investigación por el secuestro del hijo del coronel José García Valseca y algunas víctimas posteriores. Hasta ahora no hay mayores resultados.
Antes de la caída de Escobar Poblete las autoridades sospechaban de “un grupo guerrillero mexicano con conexiones internacionales” con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y la ETA española (Proceso 1782). Ese grupo armado habría sido el Ejército Popular Revolucionario, que se mencionó en los casos de Diego Fernández de Cevallos y el del propio García Valseca.
Tras la captura de Escobar Poblete a fines de mayo de 2017 (Proceso 2120), las fiscalías no han restablecido el contacto con las víctimas de secuestro, aunque durante más de una década han acumulado amplia información sobre la forma de operar del grupo delictivo.
Escobar residió en San Miguel de Allende desde fines de los noventa, bajo la falsa identidad de Ramón Alberto Guerra Valencia, lo mismo que otros dos exintegrantes de la organización chilena Frente Manuel Rodríguez: Ricardo Palma Salamanca y Marcela Mardones, expareja de Escobar. Los tres son acusados en Chile de asesinar al senador pinochetista Jaime Guzmán en 1991.
En México asumieron identidades falsas y se relacionaron con la sociedad sanmiguelense. El 30 de mayo de 2017 Emilio fue detenido por el secuestro de la francoestadunidense Nancy Kendall, residente de San Miguel, quien permaneció privada de su libertad en marzo de ese año y fue liberada horas después de que fuera asegurado el entonces conocido como Ramón Alberto Guerra.
Días después la PGR dio a conocer la identidad de Escobar Poblete, así como las de Palma Salamanca y Marcela Mardones, todos con órdenes de captura internacionales, y los señaló como responsables de varios secuestros de alto impacto cometidos entre San Miguel de Allende y Querétaro. Palma huyó a Francia, donde recibió asilo. Mardones regresó a Chile, pero fue capturada antes de ingresar al país, encarcelada y sentenciada.
En Guanajuato, Escobar Poblete fue acusado por la fiscalía estatal, enjuiciado y sentenciado a 60 años únicamente por el secuestro de Kendall. Escobar aseguró ser víctima de un complot de la derecha y responsabilizó a policías municipales y estatales de participar en los secuestros (Proceso 2155 y 2204).
La sentencia fue ratificada el 14 de octubre pasado por una Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del estado. El chileno sigue recluido en el reclusorio federal de Ocampo, al considerársele de alta peligrosidad.
Desde Genaro García Luna (secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón) hasta Gualberto Ramírez (fiscal antisecuestros de los primeros meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, hasta que fue acusado de tortura y destituido), ellos y otros funcionarios se entrevistaron con García Valseca y otras víctimas. Aseguraron que se trataba del mismo grupo delictivo, que las investigaciones continuaban y que la detención de Escobar aportaría nuevos datos al trabajo conjunto de la PGR o FGR con la fiscalía de Guanajuato.
“En la autoridad federal no ha habido disposición para hacerle justicia… No tengo más hipótesis que la falta de voluntad política para tomar y resolver estos casos”, dice Ortega Sánchez.
El tormento
“Fui una de las víctimas de este chileno, que hizo tantísimo daño a la comunidad de San Miguel de Allende”, dice en entrevista telefónica Eduardo García Valseca desde una ciudad de Estados Unidos, donde reside después de estar secuestrado del 13 de junio de 2007 hasta el 24 de enero de 2008.
Después de interceptar el Jeep en que García Valseca viajaba con su mujer, Jayne Rager, los delincuentes le abrieron la cabeza de un culatazo y obligaron a la pareja a subir en otra camioneta. A ella la abandonaron en un camino para que gestionara el pago del rescate.
Recuerda que lo metieron boca abajo en aquella camioneta y alguien mantuvo una bota sobre su cabeza. Le pasaron por todo el cuerpo, incluso dentro de la boca, un detector y un escáner por si llevaba un chip localizador. No lo tenía.
Cuando llegaron a un lugar desconocido, lo encerraron desnudo en un cajón de madera donde apenas cabía medio sentado y en cuyo piso “había pelos de distintos colores”.
De unas rejas colgaban dos bocinas que día y noche lo aturdían con la misma música. Poco después lo cambiaron a otro cajón con una bocina y repitieron la mecánica.
“Perdí un porcentaje de audición en el lado izquierdo –relata–, porque con la música, yo trataba de taparme los oídos y agarraba todo lo que podía. Me hacía tapones con papel cuando me lo pasaban para escribir, con algodón del que me ponían cuando me curaban las heridas que me hicieron. Cuando salí, un doctor me encontró un tapón con todo eso; ya estaba podrido, y todo eso me dañó el oído”.
Describe el segundo contenedor “como un ataúd” rectangular de madera en el que apenas podía estar de pie; entonces su cabeza quedaba a milímetros del techo y sus hombros a una pulgada de las paredes. Cuando se acostaba, sobraban a sus pies unos 30 centímetros.
Cuando uno de los secuestradores iba a asomarse o a entrar le avisaba con dos toquidos. Él debía colocarse una funda de almohada en la cabeza y voltearse hacia el otro lado de la puerta, que era un acceso en la parte baja de una pared, que se abría horizontalmente. Eso sucedía, por ejemplo, para sacar los desechos: “Ponían una cubeta con cloro para que yo orinara. Era un olor insoportable, parte de mi tortura”.
Con todo, el secuestrado sufrió varias infecciones. “Ponía la cara contra el suelo –recuerda– porque tenía un foco encendido arriba día y noche; y me dio una infección, primero en los oídos, luego en los ojos. Me ponían a escribir todo el tiempo porque querían que convenciera a mi familia de darles el dinero, pero con esas infecciones ya no podía escribir”.
Le llevaron unos lentes que le sirvieron unos días, pero la infección avanzó. “Me escribieron: qué bueno, cabrón, ojalá te quedes ciego porque eso a nosotros no nos importa; salgas en pedazos o no salgas nos vale, te grabamos y le mandamos la grabación a tu puta familia”.
A veces le daban un vaso de té de manzanilla. Entonces sacaba la bolsa y se la ponía en los ojos, con lo que alivió en algo su padecimiento.
Las golpizas le dejaron varias costillas rotas y la cabeza llena de chichones. “Me aterrorizaban, porque nunca sabía cuándo iba a pasar. El 99 por ciento de las veces que entraban al cajón, yo con la funda en la cabeza y contra un muro, ignoraba qué harían… Se metían a la una de la mañana, cuando estaba yo dormido del agotamiento, a veces hasta dos de ellos. Con todo y que apenas cabíamos me daban (golpes) hasta el cansancio”.
Después de eso le entregaban un papel para que le escribiera a su esposa. “Las cartas iban salpicadas de sangre”.
La tortura se intensificó. Le dispararon en un muslo y en un brazo, con el cañón pegado a su piel. El primer tiro, de un calibre mayor, le deshizo el músculo, pero además le quemó la piel, que se le infectó. Estaba moralmente quebrado:
“No me dejaban ver nada –dice–, pero sentía unos dolores horribles. Me cortaron con tijera lo que estaba quemado sin ponerme anestesia ni nada. Me estaba saliendo muchísima sangre. Ya no quería que me inyectaran, sino desangrarme y morirme… Duré semanas sin tomar agua porque quería morirme. Pero ellos no me iban a dejar”.
Le curaron la herida. A los 10 días le dispararon en el brazo.
“Un día me pasaron un papel que decía que mejor me iban a cortar los dedos. Me escribían todo lo que querían hacerme. Luego me pusieron boca abajo con las manos en la cadera, me echaron alcohol, me pusieron una como tijera de jardín. Empecé a gritar, me golpearon pero al final no me cortaron”.
Después le escribieron que sólo le quitarían tres dedos y le dejarían dos “para que pudiera orinar”. También amenazaron jugar con él a una especie de ruleta rusa: “Me dispararían en un brazo y luego en una pierna, y después en las otras extremidades. Eso me escribieron poco antes de que me liberaran”.
Después de que Gustavo Ramírez, colaborador de García Valseca, entregara el dinero, los plagiarios liberaron a su víctima pero retuvieron a Ramírez unas semanas
La familia se mudó a Estados Unidos en 2008. Jayne, la esposa de Eduardo, murió de cáncer en 2012, cuatro años después de negociar su liberación.
Temor en San Miguel de Allende
Hace días, más de una década después de su liberación, Eduardo García Valseca visitó San Miguel de Allende. Vestido de negro, recorrió las calles, habló con amigos y conocidos acompañado por el equipo del programa Dateline de la cadena estadunidense de televisión NBC, que en su momento cubrió el secuestro y regresó a grabar un reportaje de seguimiento del caso.
No obtuvieron mucha información. García Valseca se topó con un silencio acentuado por el temor. Más de cien personas han sido asesinadas en este municipio en lo que va del año.
En persona, García Valseca reitera: no tiene duda de que el Comandante Emilio encabezó al grupo que lo privó de la libertad y le exigió 8 millones de dólares.
Aclara que no conoció al chileno en la escuela de método Waldorf que el empresario fundó con su esposa en un predio de su propiedad, al que llamaron Los Charcos, como se llegó a publicar cuando Escobar Poblete fue detenido: “Ese hombre (Escobar) se apoderó de la escuela después… Se incrustó en la escuela, se hizo presidente de la asociación de padres de familia… manejaba la escuela que mi mujer y yo fuimos construyendo poco a poco y tuve que dejar cuando ella se enfermó. Él se incrustó allí y se hacía pasar como un buen hombre”.
La actual directiva, que encabeza la chilena Vivian Piña Duhart, la mudó a otra zona de la ciudad y le cambió el nombre por Árbol de la Vida. En ese contexto entró a la escuela Raúl Julio Escobar con la identidad de Ramón Alberto Guerra.
García Valseca sigue esforzándose para que el gobierno federal retome los expedientes de estos secuestros y aproveche la investigación y el proceso judicial que se lleva en Guanajuato contra Escobar Poblete y su esposa, la española Isabel Mazarro.
Y reclama: “Todavía en este gobierno le dicen a José Antonio Ortega que declare yo en México y luego no le vuelven a recibir una llamada. Me hicieron lo mismo García Luna y Facundo Rosas (excomisionado de la Policía Federal). Nunca les han importado las víctimas; lo único que quieren es que no los balconeen en la prensa, para seguir haciendo de las suyas”.
A su vez, Ortega Sánchez comenta: “A mí Gualberto Ramírez (exfiscal antisecuestros federal) me dijo, cuando detuvieron al chileno, que recibiría información del fiscal Zamarripa de Guanajuato para ver las coincidencias con los otros casos”. El abogado siguió buscando a Ramírez, pero ahora existe una orden de aprehensión contra el exfuncionario.
Por su parte, la fiscalía de Guanajuato confirma que autoridades federales le solicitaron información sobre el proceso contra el chileno. Presuntamente, los inmuebles asegurados al chileno por las fiscalía estatal y federal estaban a nombre de otras personas, y sus cuentas vacías.
Sin embargo, Proceso comprobó que el departamento ubicado en la calle Circuito Azucena del fraccionamiento Lavista –donde permaneció secuestrada Nancy Kendall– y que estaba a nombre del hijo de Escobar Poblete, permanece asegurado por la Fiscalía General del Estado, cuya Unidad Especializada en Extinción de Dominio inició un proceso en el Juzgado Primero Civil de Partido en la ciudad de Guanajuato (procedimiento especial civil C012/2018).
Por lo pronto, Ortega Sánchez dice: “Tengo que insistir en esta demanda de justicia porque son muchos años atorados. Es muy lamentable que la víctima de un hecho tan grave esté totalmente abandonada por el Estado mexicano”.
Y García Valseca sigue padeciendo las secuelas: “Ver cómo se fue apagando mi mujer a sus 46 años fue el dolor emocional más fuerte en mi vida. Sigo viviendo lejos del país que quiero por la seguridad mía y de mis hijos, que también están muy afectados. Ninguna autoridad me da garantías, una reparación del daño, ni una llamada. Nada”.
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