Afortunadamente el Senado de la República no recibió la iniciativa de reforma constitucional en materia de justicia penal, que entregarían el consejero jurídico, Julio Scherer y el fiscal Alejandro Gertz Manero; trascendió que ni el el presidente de la SCJN ni al al secretario de Seguridad, Alfonso Durazo fueron tomados en cuenta...
El senador Ricardo Monreal aplazó hasta el primero de febrero, la presentación de una reforma constitucional “profunda” y “compleja” al sistema de justicia penal en México, luego de que fueran filtrados las iniciativas "supuestos borradores”.
“Nosotros queremos actuar con mucha seriedad. Por el momento como coordinador de la Junta de Coordinación Política no emitiré opinión hasta en tanto se haga la presentación formal de las iniciativas que, según nos expresa el fiscal y el consejero jurídico, será el primero de febrero o los primeros días de febrero”, dijo.
Además adelantó que el Senado realizará foros a fin de consensuar con todas las fuerzas políticas y la sociedad civil, las reformas constitucionales :
@fredalvarez
Hay una gran molestia -¡encabronamiento!-, y tristeza de muchos jueces y magistrados federales del @CJF_Mx por la forma que los quieren tratar con la contrareforma en materia de justicia penal que pretende hacer la 4T...
Habría sido consultado el Ministro Presidente? ¡parece que no!
Pero la amenaza acecha...
El tema esta en columnas y en la red social.., leamos...
Las columnas políticas hoy, jueves 16 de enero de 2020..
TEMPLO MAYOR/ Reforma
CUANDO el campo ya estaba listo y todos en su lugar para que fueran pichadas en el Senado las iniciativas para una reforma judicial, el fiscal general, Alejandro Gertz, echó para atrás los fielders y retiró la propuesta.
Y EL COORDINADOR de Morena en la Cámara alta, Ricardo Monreal, erigido en umpire decidió mejor no cantar el "playball" pues, sin pelota, nomás no podía haber juego.
CUENTAN que la decisión de Gertz se debió a que vio el cielo lleno de negros nubarrones provocados por las resistencias que la FGR encontró tanto en la Segob que encabeza Olga Sánchez Cordero, como en la UIF que tiene a su cargo Santiago Nieto.
Y LO QUE quedó muy claro es que en el tema hay dos equipos: el de Gertz y el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, y el que conforman la secretaria de Gobernación y el titular de la UIF.
A VER quién acaba pichando, quién bateando y quién ¡ponchandooo!
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TRASCENDIÓ /Milenio
QUE cómo estará la grilla en el gabinete federal que el senador Ricardo Monreal tuvo que emplazar a Olga Sánchez Cordero, Julio Scherer, Alejandro Gertz, Alfonso Durazo y Arturo Zaldívar a ponerse de acuerdo primero, perfilar consensos y después enviar su paquete de reformas en administración y procuración de justicia a la consideración legislativa.
Los tres primeros acudieron a lo que se preveía como la presentación de los cambios hacia una superfiscalía, con dientes de otras instancias, como Seguridad y la propia Unidad de Inteligencia Financiera, pero Durazo nomás no se apareció y se supo que de la Suprema Corte se quejaron por algunos puntos del documento.
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FRENTES POLÍTICOS /Excélsior
1. Mundo irreal. Es de no creerse que en la sesión donde los senadores presentaron las iniciativas para fortalecer el sistema de justicia, no las hayan presentado. Sólo se resumió lo que se develará 1º de febrero y se modificó el orden del día de la Junta de Coordinación Política. Además, Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, no asistió pese a que estaba confirmado.
Por si fuera poco, Ricardo Monreal, coordinador de senadores de Morena, pidió que la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial se presente hasta tener un acuerdo con el Poder Judicial y su organismo cúpula, la SCJN, para que el proyecto llegue consensuado a la Cámara alta.
Monreal cedió así su lugar a jueces, magistrados y ministros, quienes no fueron tomados en cuenta para la realización de estas reformas. Alguien tenía que tener mesura y gesto político. Monreal no se ensucia las manos. Y siempre sale bien. Es su costumbre...
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CONFIDENCIAL /El Financiero..
Ausencias en la (no) presentación de iniciativas
Durante la ceremonia que desembocó en la “no” presentación del paquete de nueve iniciativas del Ejecutivo para reformar al sistema de procuración y administración de justicia, llamó la atención la ausencia ayer en el Senado del secretario de Seguridad, Alfonso Durazo. La ausencia del funcionario quizá no fue desdén, sino una decisión bien informada acerca del fiasco en el que se convirtió el anuncio que se aplazó hasta el 1 de febrero. No tuvieron el cuidado siquiera de retirar el cartel que decía “Presentación de iniciativas para reformar el sistema de procuración de justicia, 15 de enero de 2020”.
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RAZONES/La Razón
• Iniciativas en fuga
Sorprendió ayer que en el acto de presentación de iniciativas para emprender una de las más relevantes reformas en el sistema de justicia en los últimos tiempos al final los funcionarios de la 4T nos presentaran… ¡las iniciativas! Aunque se dice en algunas oficinas del Senado en donde éstas habrán de procesarse que postergar su difusión pública, respondió la filtración previa de borradores que dan cuenta de medidas polémicas que hicieron levantar la ceja a más de un experto en la materia. Ahí está el caso del exministro José Ramón Cossío quien consideró que muchos de los elementos de los documentos que circularon eran claramente inconstitucionales. Y otras voces, como la del Centro Pro, alertaron sobre la posible violación de derechos humanos. Por lo pronto, conviene esperar las iniciativas autorizadas en 15 días.
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TIRADITOS/ContraRéplica.
Diferendo en bando federal
Entre senadores circula la versión de que el problema de las supuestas filtraciones sobre las reformas al sistema de justicia que escandalizaron Twitter provino de alguno de los dos bandos en el gabinete federal. Dicen que Julio Scherer y Gertz Manero pintaron su raya de las ideas de Olga Sánchez Cordero y Alfonso Durazo. Por lo que prefirieron ampliar el tiempo y llegar a acuerdos.
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ARSENA/(Francisco Garfias
Excélsior
El día que el Senado frenó al Ejecutivo
Frustrados salieron ayer del Senado Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la nación; Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico de Presidencia, y Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación.
Iban a la presentación de una “compleja y profunda” reforma constitucional al sistema de justicia penal, que arrancaría de cero todo lo que no se ha podido resolver en materia de seguridad, corrupción e impunidad.
Pero se filtraron los borradores y la reunión con los coordinadores parlamentarios se complicó.
La presentación del conjunto de reformas tuvo que postergarse para el primero de febrero, ante las fundadas dudas de los legisladores, de cara a lo que se propone en esos borradores que fueron filtrados la víspera del encuentro de los funcionarios con los coordinadores parlamentarios.
Y es que se plantean reformas a 14 artículos de la Constitución, dos nuevos ordenamientos jurídicos nacionales, y reformas a cuando menos seis leyes, entre ellas la Ley de Amparo, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley de Ejecución Penal,
Algunos senadores dejaron claro que, como están en los borradores, las reformas no pasan. No las aceptaron ni algunos en Morena. Las consideran un retroceso.
Reprueban también que se pretendan hacer reformas al Poder Judicial “sin el Poder Judicial”.
Entre las preocupaciones manifestadas está el hecho de que quieren revivir el arraigo por 40 días a personas que no han sido formalmente acusadas de nada. Hacer válidas las pruebas obtenidas en intervenciones telefónicas sin autorización de un juez.
“No podemos, so pretexto de justicia, cometer injusticias. Vamos a necesitar una defensa férrea de los ciudadanos. El tema central a cuidar se llama control judicial”, dijo el senador del PAN, Damián Zepeda.
También le parece alarmante que se piense en una reforma constitucional que permitiera llevar a cabo un Código Penal Único a nivel nacional. Aquí le preocupa el federalismo porque, alega, cada estado tiene su propia autonomía.
Le inquieta de sobremanera la realidad actual. El mayoriteo de Morena para reformar muchas leyes sin escuchar otros puntos de vista. “Imagínate que una mayoría simple que defina todas conductas y las sanciones en todo el país”.
Ricardo Monreal la vio venir. Tuvo el tino de promover la postergación de la presentación de las iniciativas. No sólo eso. Anunció que irán a “parlamento abierto” y no se aprobarán sin el acuerdo del Poder Judicial.
Además del resurgimiento de la figura del arraigo, se sugiere que jueces y magistrados que sancionarán a sus compañeros sean propuestos por el Presidente de la República.
Que se permiten intervenciones telefónicas en delitos electorales y que se relajan requisitos para la prisión preventiva.
Las pruebas consideradas ilícitas, por el medio cómo fueron obtenidas, podrán ser tomadas en consideración y valoradas por el juzgador de una causa “cuando exista, respecto de éstas, una atenuación de su vínculo licitud”, dice uno de los borradores.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación bateó el oficio de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, que preside Héctor Díaz Polanco, para excluir de la bancada de ese partido en la Cámara alta a la senadora Lilly Téllez.
La Sala Superior del Tribunal hizo notar que es un asunto que sólo le compete al grupo parlamentario y no al partido.
La permanencia de Lilly en el grupo prevalece por el momento. Pero la senadora tiene al interior del grupo un ambiente hostil. Los radicales no la quieren porque, dicen, no defiende los valores de Morena en temas como el aborto, ni es protagonista del “cambio verdadero”.
— ¿Seguirás en la bancada de Morena— le preguntamos a Téllez.
— Después evaluaré eso. Lo importante es que le quede claro a Díaz Polanco que no me va a intimidar.
El TEPJF dio “doble play”, para utilizar los términos que le gustan a López Obrador.
En la misma sesión, dejó sin efecto la amonestación que le hizo a Ricardo Monreal por una supuesta intervención indebida en el procedimiento de renovación de la presidencial de la Mesa Directiva.
Esa supuesta intervención neutralizó las ambiciones reeleccionistas de Batres. La amonestación a su coordinador la festejó Martí como si hubiese ganado la serie mundial de beisbol.
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Legalizarán la tortura/Raymundo Riva Palacio
Estrictamente Personal...
El Financiero...
rivapa
El equipo jurídico del presidente Andrés Manuel López Obrador acompañó al fiscal general, Alejandro Gertz Manero, al Senado, donde presentaron nueve iniciativas de ley en materia de seguridad y justicia. Voluminoso paquete para que el Senado lo estudie y, eventualmente, lo apruebe. Cuidado. Las reformas son una manzana envenenada y constituyen una regresión importante al modelo de justicia que se construyó con las reformas constitucionales de 2008 y 2011 que modificó el sistema penal a fin de resolver la creciente impunidad. “No ha dado los resultados esperados”, dice la exposición de motivos del paquete entregado. Por lo tanto, se colige de las iniciativas, hay una profunda regresión al sistema de justicia mexicano bajo la máscara de “garantizar el acceso a la justicia que tanto reclama la sociedad”. Difícilmente se puede pensar que la sociedad quiere que se legalice la tortura, como pide la reforma, y que México regrese a un sistema donde el autoritarismo sea el que marque el destino de los ciudadanos.
La manzana envenenada comienza en los dos últimos párrafos de la exposición de motivos, que señalan: “Conforme a lo dispuesto en la fracción IX apartado A del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se dispone la nulidad de ‘cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales’. En ese sentido, se considera ‘prueba ilícita’ a toda aquella obtenida bajo estos términos y se aplica en beneficio del imputado su exclusión… Este tipo de elementos probatorios representan una de las problemáticas más complejas en la materia, pues lleva consigo, por un lado, el interés público de la persecución del delito y, por el otro, la protección de los derechos individuales”.
“Nuestro sistema procesal penal considera como regla general la exclusión de la prueba ilícitamente obtenida, con el objeto de eliminar del caudal probatorio aquellos elementos obtenidos en contravención a derechos fundamentales del imputado”, añade la exposición de motivos, que subraya la existencia de “diversas interpretaciones” de la Suprema Corte de Justicia para establecer excepciones, como la jurisprudencia sobre la “teoría del vínculo o nexo causal atenuado”, donde le permite al juez de la causa (que elimina, por cierto, la iniciativa), o el tribunal de apelación, lleve a cabo la valoración respecto de la exclusión de la prueba ilícita, tutelando la adecuada defensa, la presunción de inocencia y el principio de contradicción.
Otra “hipótesis” que menciona la iniciativa es la relativa a la “teoría del descubrimiento inevitable”, donde las pruebas “no necesariamente deben declararse ilícitas y excluirse, pues toda prueba que se hubiese producido sin necesidad de recurrir a la prueba determinada como ilícita, será válida en virtud de que las circunstancias hubieren llevado necesariamente a su descubrimiento, desvirtuando así el nexo antijurídico que ésta presupone”. La Fiscalía y la Conserjería Jurídica de la Presidencia buscan que “ante la existencia de una actuación ilegal en la investigación, ello no suponga automáticamente la impunidad de quien posiblemente infringe la ley”.
Por ello, proponen reformar la fracción IX del artículo 20 constitucional, que originalmente establece que “cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula”. La modificación plantea que “los elementos probatorios o las pruebas consideradas ilícitas por el medio en cómo fueron obtenidas, podrán en su caso ser tomadas en consideración y valoradas por el juzgador de una causa cuando exista respecto de éstas una atenuación en su vínculo de ilicitud, proviniere de una fuente independiente o su descubrimiento hubiere sido inevitable”.
En lenguaje simple y llano abre la puerta a que cualquier prueba ilícita, como la obtenida mediante tortura, pueda ser considerada por el juez como prueba lícita, que también se refuerza por otra reforma donde se permite al Ministerio Público retener a una persona durante 48 horas sin orden judicial. Durante ese tiempo, podrían cometerse abusos contra esa persona para obligarla –hablando hipotéticamente– a realizar cualquier declaración que la impute –la primera declaración ante el Ministerio Público vuelve a tener un alto valor en la reforma propuesta. Las reformas contradicen los postulados que han planteado el gobierno y algunos funcionarios prominentes.
Lo que se propone, por ejemplo, habría permitido que las denuncias de Florence Cassez de tortura por parte de comandantes policiales para que reconociera su culpabilidad en secuestros, fueran tomadas como válidas, sin necesidad de que se probara en el marco de los instrumentos de la ley su propia culpa, con lo cual los argumentos del presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, a favor del debido proceso, y del garantismo de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sean enviados a la basura. Las reformas también eliminan la posibilidad de realizar por sí actos de investigación, y se limita el derecho de interponer recursos.
Esta reforma afectaría directamente a los padres de los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en 2014, y tácitamente revertiría la decisión del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, en Reynosa, en septiembre de 2018, que permitió la creación de una Comisión de la Verdad y la coadyuvancia de los padres y sus abogados. Este punto contradice al subsecretario de Gobernación para Derechos Humanos, Alejandro Encinas, que aplaudió la resolución de aquél tribunal. Otras propuestas también afectan su trabajo, como, sobre el mismo caso de Ayotzinapa, que las pruebas que consideraba ilegales dentro de lo que se conoce como “la verdad histórica”, sean ahora legales, dando legitimidad al cuestionado trabajo del exprocurador Jesús Murillo Karam.
Las reformas propuestas chocan con los postulados garantistas que dice defender el gobierno del presidente López Obrador, al obligar al juez a valorar las pruebas obtenidas por métodos poco convencionales o ilegales, y no considera los convenios internacionales suscritos por México. Son un salto al pasado autoritario que el Senado no debe permitir.
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Alertas sobre la nueva reforma penal/Ricardo Raphael
Política Zoom
El Universal
El día de ayer el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, acudió ante el Senado para ofrecer un discurso sobre una serie de iniciativas que no va a presentarse hasta dentro de quince días. A más de uno sorprendió que no entregara los proyectos de ley que habrán de ser objeto de deliberación dentro del Poder Legislativo.
Cabe suponer que dentro de la coalición gobernante hubo diferencias sobre los borradores circulados un día antes y que por ello ayer el fiscal dejó a los legisladores vestidos y alborotados.
No es posible en este espacio ofrecer un análisis amplio de las nueve iniciativas que se estarían presentando, por tanto en los párrafos siguientes acotaré la reflexión a algunos de los puntos, a mi parecer los más controversiales de la iniciativa de reformas a la Constitución.
En orden de importancia vale destacar los límites que el proyecto quiere imponer sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también sobre el Consejo de la Judicatura a propósito de las actuales potestades que ambos órganos tienen para juzgar y procesar a sus integrantes respecto a la comisión de delitos.
La iniciativa quiere crear un Tribunal Especializado en materia de responsabilidades penales para que juzgue a integrantes del Poder Judicial Federal que incurrieran en delitos relacionados con su responsabilidad.
En concreto, propone crear un tercer cuerpo de control en el Poder Judicial que, con independencia de la Corte y la Judicatura, juzgue a los juzgadores. Los titulares (magistrados y jueces) de este tribunal serían nombrados por el Senado, en vez de la Corte o el Consejo; responderían por tanto al poder Legislativo y no al judicial.
Se suma como intención que las investigaciones de este tribunal habrían de ser observadas, vigiladas y controladas también por el Senado. La idea, pues, es que la Cámara alta sustituya a la Judicatura como órgano máximo de control sobre la actuación de los integrantes del Poder Judicial Federal.
No sobra aclarar que esta iniciativa pretende violar de manera abierta y contundente el principio de la división y la independencia de los poderes.
Cabe advertir que será muy difícil inhibir prácticas de reparto y cuotas entre los partidos que cohabitan en el Senado a la hora de nombrar y controlar a los jueces.
La segunda propuesta relevante de la iniciativa refiere a la creación de un Código Nacional Penal. La idea es que el Congreso sustituya a los congresos locales en la facultad de establecer y tipificar delitos.
Actualmente las entidades guardan autonomía, por ejemplo, para definir o no, como delictiva, la interrupción voluntaria del embarazo. De proceder la iniciativa, esa potestad quedaría en manos de la mayoría legislativa nacional. Igual sucedería con otros temas como la eutanasia o la muerte asistida, asuntos que, de acuerdo a la cultura de cada región y entidad, han sido legislados de manera diferenciada.
El cuarto elemento a observar es la intención de devolver vigencia a la figura del arraigo en el sistema penal federal. El abuso previo de este mecanismo llevó a que fuese limitado a delitos relativos al crimen organizado, pero la reforma pretende que vuelva a ser utilizado, esta vez, para cualquier crimen.
Por razones difíciles de comprender, en muy poco tiempo se han olvidado las arbitrariedades y violaciones a derechos humanos que, en otro tiempo, fueron amparadas por la figura del arraigo.
Por último, la iniciativa pretende que las violaciones graves de derechos humanos no impidan a los jueces incorporar en sus sentencias elementos probatorios obtenidos mediante mecanismos viciados como la tortura, la fabricación de evidencia o de testimonios falsos.
Hoy la ley establece que los frutos del árbol envenenado deben ser expulsados del juicio. La iniciativa pretende que esos frutos se mantengan como prueba, sin importar que su origen estuviese podrido.
Mirando estos pocos pero muy graves asuntos podría entenderse por qué se impuso la pausa sobre la prisa a propósito de este conjunto de reformas que, aunque urgentes, no deberían hacerse al vapor.
ZOOM
La injusticia de la justicia es uno de los principales males de nuestra generación. La marcha hacia fuera de esta tragedia no puede significar echar pasos atrás. Mucha conversación y mucho cuidado se requieren para ahorrarse futuros errores. Las reformas penales precisan esfuerzo para lograr el consenso, no importa si se aprueban mañana o el año próximo...-
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La sacudida que viene en el Poder Judicial Federal
Los cambios implicarían modificaciones a 14 artículos de la Constitución
Enrique_RodríguezEnrique Rodríguez / Libertad bajo palabra /
Heraldo de México
Los tiempos han cambiado, los usos y costumbres que durante muchos años guiaron el comportamiento de los juzgadores federales, han dejado de ser aplicables en un sistema de impartición de justicia que se estremece ante la falta de confianza de los ciudadanos que desconocen su estructura y lo perciben lejano e insensible.
Recuerdo una encuesta nacional levantada en 2007 que mostraba una cifra reveladora, 75% de la población no sabía que además del Ejecutivo y el Legislativo había un Judicial. A 13 años de distancia no creo que este dato sea distinto. Cuando se habla de la Corte, la mayoría de las personas ignora que tiene 11 integrantes y que su presidente es también la cabeza del Consejo de la Judicatura Federal, órgano que administra, supervisa y disciplina el desempeño de aproximadamente mil 500 juzgadores en todo el país.
La sacudida pretende transformar la plataforma operativa de los jueces federales, un cambio de paradigma como no se veía desde hace 25 años. Los abusos y excesos de algunos dentro de la institución han sido bien capitalizados por el régimen para justificar las reformas que vienen con el sello de la 4T. Grandes cambios para modificar el sistema de procuración e impartición de justicia que implicarían modificaciones a 14 artículos de la Constitución, nuevas leyes de Amparo y Orgánica del Poder Judicial, según los anteproyectos que ya circulan entre jueces y magistrados.
En el paquete de nueve iniciativas se incluyen también cambios profundos en el Código Nacional Penal y de Procedimientos Penales, así como una nueva ley para la Fiscalía General de la República, entre otras. ¿El nuevo paquete legal fortalecerá la autonomía e independencia de este Poder de la Unión? me atrevo a anticipar que no, ya tendremos tiempo para revisarlo a detalle.
EDICTOS: En la Corte siguen las resistencias al cambio impulsado por el ministro Arturo Zaldívar para erradicar abusos dentro de la institución. A pesar de las recomendaciones y advertencias para combatir conductas nocivas hay un secretario de Estudio y Cuenta que perteneció al equipo de Eduardo Medina Mora y logró colocarse con la ministra Yasmín Esquivel, para coordinar su ponencia.
Juvenal Carbajal Díaz es conocido por su prepotencia y maltratos. ¿La ministra Esquivel sabrá que a sus espaldas, Carbajal Díaz ha generado un clima adverso que afecta su imagen? Este personaje dista mucho de predicar con el ejemplo, ha solicitado renuncias, amenazado al personal y colocó a su esposa, Berenice Ramírez Jiménez como secretaria de apoyo del consejero de la Judicatura Federal, Alejandro González Bernabé, quien me imagino tampoco conoce la mala fama de su paisano en los pasillos del Máximo Tribunal. Un caso digno de revisión en el equipo de una ministra comprometida con el cambio y con posibilidades de presidir la Corte en el futuro. Hasta el domingo.
POR ENRIQUE RODRÍGUEZ
ENROMA27@GMAIL.COM
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