Las columnas políticas, hoy viernes 17 de enero de 2020

El avión, el avión!
La vida - y la política- es un Cabaret!
También es un circo, x eso a función debe continuar.
Cómo se leerá en la presa internacional?

¿De quién fue la ocurrencia de la rifa?, ¿(Carlos) Slim le dijo eso?
-No, eso no lo voy a decir. Eso fue…; dijo AMLO
.¿Fue alguien del gobierno?-, le inquieren
: No, del gobierno, fue del gobierno en general....!
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@fredalvarez
La Fiscalía de EU y la defensa de Genaro García Luna (GGL) ,han solicitado este viernes 17 al Juez Brian Cogan, sesenta días de plazo entre la audiencia del próximo martes y la siguiente.
Se espera que el Juez tome una decisión durante la audiencia que tendrá lugar el próximo martes..
En la carta enviada hoy al juez Cogan la Fiscalía de EU informa esperan presentar "voluminosa evidencia", que continúan recopilando...
Llama la atención que la carta se presenta un día depues  que el procurador de EU estuvo en México
La defensa de GGL dio a entender que su cliente podría requerir defensores de oficio y apoyó clasificar el caso como complejo, con lo que la etapa de descubrimiento probatorio previa al juicio con jurado podría prolongarse durante meses o años.
García Luna comparecerá ante Cogan el 21 de enero. Las partes pidieron que la siguiente audiencia se agende para al menos 60 días después, a finales de marzo.
Hasta ahora, los abogados del despacho Quinn Emanuel, que supuestamente defenderían a Genaro, no se han acreditado ante la Corte para el Distrito Este de Nueva York.
Un caso como el de García Luna, que implica la revisión de miles de documentos y, probablemente, decenas o cientos de testimonios, podría ser demasiado complejo para una oficina de defensoría pública, pues usualmente este tipo de acusados tienen abogados privados.
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Florence Cassez Crepín anunció desde Francias que “reabrirá su caso” y demandará al expresidente Felipe Calderón, al periodista Carlos Loret de Mola, a Isabel Miranda de Wallace y a Luis Cárdenas Palomino por haberla “arrojado injustamente a la cárcel”.
Cassez dijo al medio francés que trabaja con su abogado mexicano (Agustín Acosta Azcón?) para demandar a Calderón, quien “protegía a García Luna” y “antes de mi juicio, o más bien simulacro de juicio, se dio el derecho de arrojarme a la vindicta en vivo en la televisión, tachándome de secuestradora, a sabiendas que era falso”. “Quiero pedirle oficialmente reparación”, asestó.

Pero cuidado! puede salirle el tiro por la culata...
La SCJN nunca le entró al fondo del caso.
Cassez nunca fue declarada inocente del delito de secuestro y su libertad se debió a fallas en el debido proceso, simplemente sin declararla culpable o inocente, la SCJN ordenó la tarde del miércoles 23 de enero de 2013 la inmediata liberación..
La Ministra Olga Sánchez Cordero –Ministra ponente-, había presentado un proyecto que proponía reenviar el caso a un tribunal unitario para nueva sentencia, pero ante la postura del Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, decidió cambiarlo durante la sesión, y con el voto adicional de Arturo Zaldívar, se acordó otorgar el amparo “Liso y llano” para tramitar, de manera absoluta e inmediata, la libertad de Cassez, cuya condena por el secuestro de tres personas quedó anulada. En pocas horas la ciudadana francesa era liberada...
En 2015  un tribunal desechó un recurso con el que la francesa pretendía cobrar una indemnización de 36 millones de dólares por concepto de reparación del daño.
Ahora amenza con hacerlo...
El caso Cassez en la línea del tiempo/FRED ÁLVAREZ PALAFOX
La Silla Rota, 24 de Enero de 2013
https://yosoitu.lasillarota.com/paraconversar/el-caso-cassez-en-la-linea-del-tiempo/31725
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Las columnas políticas, hoy viernes 17 de enero de 2020
Templo Mayor/ en REFORMA
DICEN que las comparaciones resultan odiosas, pero a veces son inevitables... como en el reciente caso de los distintos criterios adoptados por dos ministros de la Suprema Corte sobre el mismo tema.
MIENTRAS que Alberto Pérez Dayán otorgó una suspensión solicitada por el INEGI para seguir pagando a sus directivos salarios por encima del que tiene el presidente de la República, la ministra Yasmín Esquivel Mossa rechazó el mismo recurso presentado por el Banxico, la Cofece y el IFT.
EN MARZO de 2019, muchas voces criticaron el nombramiento de Esquivel por considerar que, debido a la cercanía de su marido José María Riobóo con Andrés Manuel López Obrador, sería una incondicional del Ejecutivo incrustada en el Poder Judicial.
Y QUIÉN sabe si esos críticos estén totalmente en lo cierto pero, tras el fallo de ayer, varios de ellos dicen que, en los hechos, la ministra ya les está dando la razón.
HOY, HOY, HOY a las 9:00 horas habrá una reunión de los altos mandos de la Secretaría de Relaciones Exteriores para revisar un documento que se llama "La Política Exterior Feminista del Gobierno de México".
DICHO dossier fue presentado la semana pasada por la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos que está a cargo de Martha Delgado.
Y AHORA hay quien se pregunta si su equipo no podría hacer también una "Política Interior Feminista" para revisar el caso del titular del IME, Roberto Valdovinos, y las cinco denuncias que acumula por acoso sexual y laboral contra mujeres.
NOMÁS para que no quede la idea de que en la dependencia que encabeza Marcelo Ebrard son candil de la calle y oscuridad de su casa.
CHISPAS salieron en la reunión que sostuvo la Conago con el gabinete de seguridad el martes a puerta cerrada. Y es que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, soltó un fuerte reclamo por el informe de personas desaparecidas que presentó la Segob el 6 de enero.
SEGÚN se supo, el emecista le recriminó al secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, que el documento dado a conocer por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, traía intención política.
INCLUSO calificó como desafortunado que se presentara como un informe nacional un compendio que traía información completa sólo de 12 entidades pues las otras 20 enviaron reportes parciales... o de plano no entregaron.
ASÍ ES QUE, si se encuentran por ahí a Encinas y notan que se queja por un fuerte zumbido de oídos, ya saben por qué es.
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 Bajo Reserva/El Universal
Desde el Senado defienden a Napito Jr.
Algo está pasando en el Senado para que desde la oficina del senador morenista Napoleón Gómez se intente hacer una defensa mediática de su hijo Napoleón Gómez Casso, quien presume la posesión de 31 autos de lujo y se dice empresario. Como diría el clásico: “en política la forma es fondo” y todo indica que don Napoleón está dispuesto a utilizar algunos recursos para defender al señor Gómez Casso. El problema, nos comentan, es la posible utilización de presupuesto público para exponer la situación patrimonial del joven, quien por cierto no niega la posesión de los automóviles, porque se dedica a la compra-venta. Ah, además la familia recurrió al despacho de abogados de cabecera para tratar de desacreditar la información publicada en las páginas de EL UNIVERSAL.
Campaña de Trump contra migrantes
Desde hace un tiempo, nos mencionan, el gobierno de Estados Unidos lleva a cabo una campaña para desincentivar la migración hacia su territorio, bajo el nombre de “No Te Arriesgues”. Nos explican que en la difusión las autoridades de Washington utilizan carteles para advertir que no hay nada más falso que la idea que las personas sin documentos migratorios van a encontrar asilo inmediato en territorio estadounidense y que se les dejará libres de inmediato, en caso de ser detenidas por los agentes de la Patrulla Fronteriza. La novedad es que ahora esa campaña utiliza la fotografía del presidente Donald Trump con el muro fronterizo de fondo. ¿Así busca asustar a los migrantes?
El Insabi y el tecito de Alcocer
Tal parece que el té de miel con limón que debió tomar el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, no le sirvió del todo para que los mexicanos escucháramos de su ronco pecho en qué consiste el Instituto de Salud para el Bienestar, el famoso Insabi. Para responder todas las dudas al respecto, nos comentan que su participación en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador fue parca y sin salirse del guion: el nuevo modelo de Salud para el Bienestar sí hará valer el derecho a la salud y que la 4T sentará las bases para que esto sea una realidad. A diferencia suya, el que robó los reflectores fue el subsecretario Hugo López-Gatell Ramírez, quien a partir del próximo martes se encargará de dar un informe semanal sobre los avances del programa.
Nueva amenaza a De Mauleón
Una nueva amenaza recibió el escritor y periodista Héctor de Mauleón, columnista de esta casa editorial. La gravedad de este escrito es que ya no fue colgado en las redes sociales, sino que llegó directo hasta su domicilio. Algunas autoridades de la zona metropolitana activaron sus protocolos para atender la denuncia de De Mauleón, lo que puede considerarse loable y apreciable. Pero para otros funcionarios locales era más importante aclarar dónde se recibió la amenaza, en cuál entidad, dónde se ubica el domicilio del columnista, que el contenido y la gravedad del asunto. Mezquindad, impericia e imprudencia para tratar de vacunarse. En fin…
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¿Autonomía judicial en riesgo? | Editorial El Universal
El Poder Judicial ha reaccionado a lo que considera invasiones de sus facultades, ante propuestas para reformar al sistema penal y judicial, que desde su perspectiva constituirían graves afectaciones al Estado de Derecho y al marco constitucional.
Los borradores incluyen modificaciones al juicio de amparo con la mira de restarle fuerza a ese recurso con el que cuentan los ciudadanos mediante el cual pueden protegerse contra injusticias a las que se sienten sometidos por decisiones tomadas desde las esferas del poder gubernamental y contra las cuales pueden invocar la intervención del Poder Judicial. Ahora, con la pretensión de modificarlo para incluso revertirlo contra quien lo interpone, se podrían echar para abajo algunas conquistas en materia judicial como la presunción de inocencia, el debido proceso y los principios de igualdad y justicia.
Otra de las propuestas pretende que desde el Senado de la República se ejerzan funciones que actualmente corresponden al Consejo de la Judicatura, como la capacidad de enjuiciar a jueces y magistrados, lo que obviamente es un intento de sometimiento y desarticulación al único contrapeso que tiene en este momento el Poder Ejecutivo.
Las críticas que se han hecho a los documentos que circularon en el Senado señalan que constituyen un retroceso, al proponer el regreso de figuras como el arraigo o las declaraciones obtenidas bajo presión, todos recursos de un sistema inquisitivo que en el pasado ha sido señalado como lesivo de los derechos humanos y las garantías individuales, y cuyo cuestionamiento ha sido bandera constante de la izquierda mexicana.
Y aunque desde el Senado se ratifica su compromiso de tomar en cuenta la opinión de los ministros de la Suprema Corte para la construcción de la reforma, los constitucionalistas externan su preocupación por considerarla regresiva y violatoria de derechos fundamentales de los ciudadanos, como por ejemplo la presunción de inocencia, atentando a su vez contra la administración de justicia, pues inhabilitaría el control judicial contra las actuaciones del ministerio público, policías y encargados de centros judiciales.
Si bien se reconoce la necesidad de hacer la reforma, ésta, como bien explica el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Laynez Potisek, se debe hacer con prudencia y descartando cualquier rasgo regresivo que presente. Precisa que si el sistema acusatorio requiere ajustes, deben hacerse los pertinentes pero “sin pasos hacia atrás”.
La apuesta de una reforma judicial debe ser por fomentar jueces independientes y autónomos, cuyas decisiones las tomen siempre con la mira puesta en el respeto a los derechos humanos.
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Frentes Políticos/Excelsior
1. Principio feliz. El Senado de EU le dijo sí al tratado comercial con Canadá y México. Mónica Fernández, presidenta del Senado, reiteró que la Cámara mantendrá su responsabilidad de vigilar y sancionar los acuerdos internacionales con visión de Estado y el compromiso de buscar los mayores beneficios para los mexicanos, además, felicitó al equipo negociador por velar “siempre por los intereses nacionales”. Héctor Vasconcelos, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, afirmó que con la ratificación de EU se abre la puerta a la certidumbre de que hay un esquema para el intercambio comercial. Jesús Seade, subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, ya hizo lo suyo. Los legisladores apenas ofrecen proteger al T-MEC. Prometer no empobrece.
2.  El buen juez por la casa empieza. Como la SRE “no tolera ningún tipo de abuso u hostigamiento laboral y tiene el firme compromiso de investigar cualquier denuncia y, en su caso, proceder con las sanciones correspondientes, respetando siempre el debido proceso y poniendo al centro los derechos y protección de las víctimas”, aseguró la dependencia, sometió a investigación a Roberto Valdovinos, titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, quien enfrenta cinco denuncias por “posible hostigamiento laboral, presentadas por colaboradores de dicho instituto”. Las pesquisas están a cargo del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés. Marcelo Ebrard no necesita problemas. Ojalá que sea uno menos de esos funcionarios que se creen todopoderosos con apenas una pizca de poder. ¿Hay más en la 4T?
3.  Pago por ver. Parece broma, pero dista mucho de serlo. En San Nicolás de los Garza, Nuevo León, tierra gobernada todavía por Jaime Rodríguez El Bronco, buscan a 35 “gorditos” que quieran ganarse 5 mil pesos, sólo por “bajar esos kilos de más” y alcanzar el peso ideal en cuatro meses. A través de redes sociales se informa que la competencia inicia hoy, por lo que se exhorta a la población “correr la voz” entre los “gorditos”, ya que todos tenemos “un amigo buena onda” que quiere bajar de peso. Los primeros cinco lugares tendrán un premio de 5 mil pesos, asesoría nutricional y suscripción de seis meses en un gimnasio, “sobre todo la satisfacción de estar en su peso ideal”. ¿Neta, hasta ahí les da la creatividad en el ayuntamiento? Tómenselo más en serio, por favor. Y no se burlen de la gente.
4.  El eterno abuso de poder. Temas así no deberían distraer a Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República, pero ayer se difundió en redes sociales un video donde dos presuntos empleados de la FGR encaran a un ciudadano que les pide estacionen su vehículo donde no estorbe. La escena se produjo en la colonia Guerrero. “Tus hijos van a ver lo que te va a pasar”, le advierte uno al peatón. Hay una grave amenaza en contra del particular. Soberbia y desprecio por parte de los aparentemente agentes de la Fiscalía. Si así se molestan porque se les pide un poco de civilidad, cómo se pondrán en otras situaciones. Son el tipo de personas que no queremos más en el gobierno. Ojo, don Alejandro Gertz. Que hechos así no lo empañen.
5.  Adiós a las armas. El gobierno de México calificó de exitosa la reunión de trabajo que sostuvo el Gabinete de Seguridad con el fiscal de los Estados Unidos, William Barr. En las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, los titulares de esta dependencia, Alfonso Durazo; de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; de Marina, Rafael Ojeda; de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, y Gobernación, Olga Sánchez Cordero, además del consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer sostuvieron un encuentro en el que establecieron el compromiso de implementar nuevos operativos con el uso de medios tecnológicos no intrusivos en puntos clave de la frontera para detener el tráfico de armas y municiones a nuestro país. La violencia llegó tan lejos que traspasó los límites y ahora niños tiran plomo. Y eso no se debe permitir.
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Trascendió/Milenio
QUE los integrantes de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados inauguraron la home office y es que para discutir la ampliación del plazo para la presentación de pruebas en el proceso de juicio político contra Rosario Robles Berlanga, hicieron videoconferencia, pues el único presente en San Lázaro fue el presidente de la instancia, Pablo Gómez Álvarez.
La morenista Martha Patricia Ramírez, la priista Ivonne Álvarez y la petista Ana García despacharon la reunión desde la comodidad de su casa, y su compañero que sí asistió, cuestionado sobre la legalidad de la reunión, retó a quienes duden de la validez a que presenten su queja ante la Mesa Directiva del órgano legislativo, faltaba más. Una chambita así…
QUE a quien empiezan a ver de reojo en el gabinete es al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Toledo Manzur, por sus posiciones digamos no alineadas siempre en torno a proyectos prioritarios del Poder Ejecutivo, como la minera canadiense, la instalación de plantas de energía eólica y el Tren Maya. Algunos de sus compañeros se preguntan si afronta una suerte de conflicto por su doble condición de biólogo ambientalista y funcionario público o solo es rebelde.
QUE ahora quienes esperan ser recibidos en la Oficina de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República son más de 200 socios de la Cooperativa Cruz Azul, que ayer se manifestaron pacíficamente afuera de Palacio Nacional para refrendar su apoyo al dirigente de la organización, Guillermo Álvarez Cuevas, y con pancartas denunciaron que han sufrido agresiones por parte de supuestos miembros de ese grupo en constante conflicto.
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El Presidente les falló/Raymundo Riva Palacio
Estrictamente Personal
rivapa
El Financiero,
Hoy, los mexicanos se sienten más vulnerables por la violencia. Su sensación de riesgo se ha convertido en una referencia inmediata, y la ansiedad que se venía arrastrando desde 2018, se disparó desde el 'culiacanazo' en octubre. La claudicación del gobierno frente al Cártel de Sinaloa, borró la diferencia que había establecido el presidente Andrés Manuel López Obrador con su predecesor, Enrique Peña Nieto. No sorprende, entonces, que la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi, revele que, durante la primera quincena de diciembre pasado, 72.9 por ciento de la población mayor de 18 años consideró que vivir en su ciudad era inseguro y 62.5 por ciento no tiene una perspectiva positiva de la seguridad pública, con lo cual se cayó casi 100 por ciento la confianza que se había depositado en López Obrador cuando inició su administración.
El Presidente asegura que la violencia e inseguridad es lo más difícil con lo que se topó en su primer año de gobierno, y responsabiliza al deterioro que le dejó Peña Nieto. Es cierto, pues, al no combatir criminales durante los primeros años de su gobierno, que inició en 2012, al tiempo de avalar y armar a paramilitares en Michoacán, es cuando comenzó la catástrofe en materia de seguridad del gobierno peñista, a lo que se sumaron las deficiencias del nuevo sistema penal acusatorio, que terminó de disparar el número de homicidios dolosos y llevarlo a niveles no vistos antes, hasta que se empezaron a contabilizar los de López Obrador. Es decir, si, como en alguna ocasión declaró Alfonso Durazo, secretario de Seguridad, les habían dejado un “desastre”, el nuevo gobierno lo amplió.
Las expectativas que había generado López Obrador –con su política de ir a las raíces del fenómeno de la violencia, abrirle los brazos al crimen organizado y promover una amnistía para delincuentes, acompañadas por un discurso dentro del gobierno que minimizaba las críticas sobre la inseguridad, con soberbia– se esfumaron. Más de la mitad de los encuestados por el Inegi antes de la toma de posesión el 1 de diciembre de 2018, pensaban que la seguridad mejoraría en los siguientes 12 meses. Poco tardaron en ver que no sería así. Inteligentemente, el gobierno ha estado insistiendo que el problema se circunscribe en cinco estados, lo que es tan real hoy como lo fue antes. La inseguridad siempre está focalizada, pero es la forma como se empaqueta el discurso de la oposición como se incuba en la mente de la gente.
En Ciudad Juárez, por ejemplo, la violencia se ubicaba en 250 de alrededor de dos mil 500 colonias que hay, pero la percepción era que toda la ciudad era un campo de guerra entre cárteles de la droga. En la zona metropolitana de Monterrey, el problema era en cuatro municipios, pero la forma como se manejaba el fenómeno cambió patrones de comportamiento entre los regiomontanos. En el gobierno de López Obrador diagnosticaron mal el problema, por lo que lo atajaron de manera equivocada y fustigaron a quienes lo advirtieron. Durante meses descalificaron a quienes decían que no combatían a los cárteles de la droga y que aparentaban tener un acuerdo para establecer la pax narca, hasta que el 'culiacanazo' cambió la percepción sobre el gobierno y desmontó ese discurso.
Los prejuicios sobre el pasado contribuyeron a ello. En la Ciudad de México siguieron el ejemplo de López Obrador y relevaron a mandos policiales con personas incompetentes, pero que decían eran honestas, quienes cambiaron protocolos y métodos que antes se instrumentaban. Lugares donde el acceso a tribunas de opinión pública y capacidad de denuncia inmediata, como Polanco y San Ángel, experimentaron un crecimiento en los delitos de forma muy rápida, reflejando el colapso en la seguridad capitalina y generaron presiones a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, mientras que en zonas como la Condesa y la Roma, incrementaron las extorsiones de narcomenudistas a restaurantes y bares, orillando a algunos a cerrar.
La mala actuación de la Policía en el arranque del gobierno de Sheinbaum produjo que durante el segundo semestre del año pasado, 35.3 por ciento de los hogares tuviera al menos una víctima por robo o extorsión, aunque los porcentajes se elevaron en Coyoacán, Gustavo A. Madero y Tláhuac. Colapsos en los sistemas policiales en Morelos y Puebla, cercanos a la opinión pública de la capital federal, donde se encuentran los medios de comunicación más influyentes del país, contribuyeron a extender la percepción de indefensión. Violencia como la que se vive en Veracruz, donde el gobernador Cuitláhuac García está rebasado, o permanentes incidentes en Tapachula, como consecuencia de la nueva política migratoria, cuyas imágenes circulan por todo el país, alimentan la idea de caos en la seguridad.
La encuesta del Inegi sugiere que el discurso que utiliza el espejo retrovisor para achacar a Peña Nieto y al gobierno de Felipe Calderón la violencia que se vive, está agotado. No se les quita responsabilidad, pero tampoco se les adjudica en primera instancia la violencia que azota buena parte del país. El 'culiacanazo' fue el parteaguas para el presidente López Obrador, y el discurso del pasado quedó en el pasado. Dentro del gobierno todavía hay contradicciones y contraposiciones, pero se ajustó la estrategia de seguridad, reincorporando a la Marina a la seguridad pública, y fortaleciendo el papel del Ejército.
Sin embargo, no está claro qué tan comprometido está el Presidente con esta nueva línea de acción, porque significaría que finalmente rompió el pacto de no agresión con los criminales, se elevaría el número de víctimas antes de comenzar a bajar, y retomaría la estrategia que Peña Nieto abandonó. El sólo pensarlo se antoja imposible. Reducir la inseguridad, en las condiciones actuales, también. Probablemente, las cosas empeoren.
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 Santa Lucía, el cielo, la tierra y la conectividad
Razones/ JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ
Exceelsior.
El avance de los trabajos es notable y el general y su gente exhiben responsabilidad y compromiso. El diseño que conocía ha cambiado sustancialmente
Nunca me gustó la opción de Santa Lucía y el sistema metropolitano de aeropuertos como reemplazo a la construcción del aeropuerto internacional de Texcoco. Aun hoy, con aquella obra ya cancelada y parcialmente desmontada, sigo pensando que era una mejor opción.
Pero la decisión ya está tomada. He ido en diversas oportunidades a Santa Lucía y cuando apenas se esbozaba el proyecto había tenido una larga plática con el general, ingeniero militar, Gustavo Vallejo, responsable del proyecto. Volví el miércoles a Santa Lucía, a 89 días de iniciados los trabajos, a recorrer las obras y entrevistar al general Vallejo y a su equipo.
El avance de los trabajos es notable y el general y su gente exhiben responsabilidad y compromiso. El diseño que conocía del futuro aeropuerto ha cambiado sustancialmente. Habrá dos pistas internacionales que podrán trabajar en forma simultánea y otra pista (la que se dijo que no podría operar en forma simultánea) que servirá como apoyo a una de las internacionales. La amplia zona comercial y de sala de espera tendrá 44 posiciones, pero se contará, además, con una muy amplia zona para la aviación de carga, alejada de la de pasajeros (la carga será uno de los principales destinos del nuevo aeropuerto, apoyado en zonas industriales cercanas, lo que constituye, en sí mismo, otro gran proyecto). Se conservará la base aérea militar, la más grande del país, pero será, para todos los efectos, completamente nueva, incluyendo su propia pista para vuelos militares.
La planificación que han hecho distintas empresas e instancias gubernamentales, coordinadas por el general Vallejo, se ha ido transformando en la misma medida en que se han debido encarar los problemas de la planificación inicial, que no fue realizada por los ingenieros de la Sedena (por ejemplo, el tema del cerro de Paula, que llevó a modificar la orientación de las pistas). El Plan Maestro del aeropuerto ya está terminado, en proceso de aprobación final y será público en unos días más.
Pero los aeropuertos se construyen desde el cielo hacia la tierra. Uno de los grandes debates es el del espacio aéreo de navegación. ¿Pueden operar eficientemente los tres aeropuertos, el actual, el de Toluca y el de Santa Lucía, sin interferencias aéreas? Utilizando el actual y añejo sistema, llamado de alertas, no. Por eso se cambiará todo el sistema de navegación por uno nuevo, que ya se utiliza en los principales aeropuertos del mundo, computarizado, que utiliza satélites y características de las aeronaves para poder realizar los acercamientos desde diferentes altitudes, lo que, aseguran, le permitirá operar sin problemas incluso triplicando los flujos actuales. Ese nuevo sistema es el que está diseñando NavBlue, la empresa francesa, y tiene ya un avance del 85% y se comenzará a utilizar primero, mientras se construye Santa Lucía, en el AICM y en Toluca, porque obliga a adecuar todo el sistema de aeronavegación nacional.
Ya con esos dos elementos, el Plan Maestro y el nuevo sistema de aeronavegación se presentará a la aprobación de las autoridades aéreas nacionales e internacionales. Todos los demás permisos, desde impacto ambiental hasta de zonas arqueológicas, ya están aprobados y vigentes, por cierto, se encontraron restos de ocho mamuts mientras se hacían las excavaciones de las nuevas pistas.
Éstas tienen un avance notable y para su construcción se están utilizando materiales del propio terreno de Santa Lucía y muchos que provienen de las obras de Texcoco. También están avanzados los trabajos de cimentación de la terminal, de la sala de pasajeros y de la torre de control. Las obras de la primera etapa ocupan un espacio tres veces mayor que el actual AICM y se tiene como zona de reserva amplios terrenos propios y adquiridos para uso futuro.
No veo problemas en el proyecto de construcción, tampoco en el sistema de aeronavegación. Lo que aún está embrionario es la conectividad. No es solamente que el aeropuerto esté lejos, muchos en la actualidad lo están, sino que las vías de comunicación actuales con la zona son muy deficientes y en hora pico pueden ser intransitables. Existen numerosos proyectos, desde ampliación de trenes, metrobuses y otros sistemas, pero la mayoría de quienes van al aeropuerto lo harán en automóvil. Ya se desechó la idea de crear una suerte de autopista confinada que fuera del AICM a Santa Lucía y se optará por ampliar o mejorar otras vialidades.
El aeropuerto se construirá en tiempo y forma, el diseño no es lujoso, pero sí muy eficiente. Me aseguran que el tema del espacio aéreo ya está solucionado. El desafío pendiente es lograr una conectividad que permita llegar y salir al aeropuerto sin contratiempos y con eficiencia.
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No maten el sistema penal acusatorio | Alejandro Hope
Plata o Plomo
El Universal
El martes, circuló profusamente en redes sociales un amplio paquete de iniciativas de reforma legal y constitucional, presuntamente elaboradas por la Fiscalía General de la República, cuya aprobación significaría una transformación del sistema de justicia penal.
Entre otras cosas, la reforma propuesta en esos documentos implicaría:
1. La extensión de la figura del arraigo (es decir, la posibilidad de ser detenido hasta por 40 o hasta 80 días sin necesidad de acusación formal) a todos los delitos. Actualmente, ese instrumento solo se puede utilizar en casos de delincuencia organizada.
2. La eliminación de los jueces de control. En el modelo planteado en los documentos, la misma persona controlaría la legalidad de la detención, dictaría las medidas cautelares, presidiría el juicio y dictaría sentencia.
3. La admisión de evidencia obtenida de manera ilícita en un proceso penal, si hubiese “atenuantes”.
4. La posibilidad de intervención de comunicaciones privadas en asuntos electorales y fiscales.
5. El traslado de reos, mediante decisión administrativa, sin necesidad de autorización judicial.
6. La designación de jueces y magistrados por parte del Senado, en vez de ser una facultad del Poder Judicial.
En resumen, este paquete de reformas parece orientado a inclinar la balanza del sistema penal en favor del Ministerio Público y a reducir la autonomía del Poder Judicial. Significaría la defunción del sistema penal acusatorio, establecido en la reforma constitucional de 2008 y puesto en marcha a nivel nacional en 2016.
Supuestamente, estas propuestas iban a ser presentadas de manera pública por el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz, el miércoles en el Senado. Sin embargo, la agenda cambió, los documentos que circularon el martes no se presentaron y el fiscal aseguró la propuesta de reforma sería dada a conocer el primero de febrero.
En consecuencia, no sabemos si lo que circuló era una propuesta real, un borrador o un globo de prueba. De lo que no parece haber duda es que algo con contornos similares se está cocinando en la FGR y el gobierno. En una reunión de la Junta de Coordinación Política del Senado, el senador Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena, aseveró que “según entiendo, se plantean reformas a 14 artículos de la Constitución, 14 artículos de la Constitución: El 5, el 16, el 18, el 19, el 20, el 21, el 73, el 76, el 94, el 97, el 101, el 102, el 116 y el 122.” Esos son los mismos artículos incluidos en la propuesta de reforma constitucional que circuló el martes.
Dado lo anterior, no queda más que pedir que los autores de la propuesta recapaciten. El sistema penal acusatorio, establecido en la reforma de 2008, tiene indudables problemas. Los operadores, particularmente las policías y el Ministerio Público, se han adaptado mal a las nuevas reglas del juego. En la mayor parte del país, no se han construido capacidades de investigación y litigio consistentes con las exigencias del sistema. Eso ha hecho más difícil obtener sentencias condenatorias y reducir los niveles de impunidad.
Pero esos son problemas de instrumentación que pueden resolverse gradualmente. Con todos sus problemas, la reforma de 2008 fue un enorme paso civilizatorio para el país: ha hecho más transparente y menos arbitraria la aplicación de la justicia en México. Ha limitado algunos de los peores abusos del viejo sistema, como el uso de la confesión como prueba casi única.
Entonces, va una humilde petición: mejoren el sistema, transformen las piezas que se han quedado ancladas en el pasado, adecúen lo que no funciona. Pero, por favor, no tiren a la basura algo que, con todas sus deficiencias, nos hace un mejor país.
@ahope71
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Reforma de justicia enfila a la 4T hacia la colisión | Raúl Rodríguez Cortés
Gran Angular
El Universal
Del tamaño del cambio que el gobierno de AMLO pretende en materia de justicia es la confrontación que desde ya provoca entre el gabinete de seguridad, la Fiscalía General de la República, el Poder Judicial y los legisladores de Morena, el paquete de iniciativas correspondientes cuya entrega al Senado, que será cámara de origen, debió ser pospuesta para el próximo primero de febrero.
Su entrega había sido programada para el miércoles pasado. La Jucopo —convocada por su presidente Ricardo Monreal— sería la anfitriona de los secretarios de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo; así como del Fiscal General, Alejandro Gertz, y del consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra.
Un primer foco de alerta se encendió entre los líderes de los grupos parlamentarios del Senado al ver que no había presencia de representantes del Poder Judicial, uno de los destinatarios y centralísimo actor de la pretendida reforma. Y otro más cuando nadie daba una explicación —que por cierto nunca se dio— de por qué el secretario Durazo no había llegado a la reunión a pesar de haber sido convocado.
El fiscal Gertz, quien lleva voz cantante en la materia, esbozó junto con el consejero Scherer el contenido de una reforma que involucra catorce artículos de la Constitución y ocho leyes, y cuyas iniciativas finalmente no se presentaron como se tenía previsto.
Todo quedó en el esbozo y en lo que llegó a conocerse por las filtraciones que sobre su contenido hubo previamente, sobre todo en redes sociales. Por eso la Jucopo, a través de Monreal, decidió no pronunciarse hasta conocer su contenido exacto.
México enfrenta una crisis de violencia e inseguridad que no ha podido arreglar. Con un índice de impunidad que alcanza 99 por ciento, es claro el fracaso del modelo institucional del que disponemos en materia de seguridad y justicia.
Hay en el paquete de iniciativas propuestas polémicas respecto al modo en que se pretende sustituirlo. Una sugiere, por ejemplo, intromisiones graves, si no es que francas violaciones, a la separación e independencia de los poderes de la unión. Es el caso de la pretendida creación de un Tribunal Especializado para juzgar a jueces y magistrados que incurran en responsabilidades. Sus integrantes serían nombrados por el Senado, en vez de la Corte o el Consejo de la Judicatura. Respondería, por lo tanto, al Poder Legislativo, no al Judicial.
Otra propone recuperar la ya anulada figura del arraigo (en este paquete hasta por 40 días), insistentemente empujada por el fiscal Gertz y a la que abiertamente se opone la ministra de la Corte en retiro Olga Sánchez Cordero, hoy secretaria de Gobernación.
Y, por si algo faltara en la ya de por sí complicada relación con los gobernadores sobre todo con la sustitución del Seguro Popular por el Insabi, las posiciones encontradas existentes respecto a la propuesta de crear un código penal único que homologue delitos.
Son más las propuestas polémicas de este paquete de iniciativas que poco a poco iremos conociendo. El asunto es de la mayor importancia y amerita tiempo de análisis y consensos entre todas las partes involucradas. El riesgo está en pretender sustituir un modelo fracasado con otro que desde su concepción apunte hacia el fracaso.
Instantáneas
1. SUELDOS. La ministra de la Corte Yasmín Esquivel Mossa negó al Banxico, al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) las suspensiones solicitadas para que sus funcionarios mantengan un sueldo superior al del Presidente de la República. Argumentó que sus salarios deben apegarse a lo establecido en el Presupuesto 2020 pues, de otra manera, los recursos que se administrarán este año no podrán satisfacer los objetivos para los que fueron destinados.
2. CRUZ AZUL. La confrontación entre la actual directiva de Cruz Azul y un grupo disidente involucró ayer al presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Rafael Anzures Uribe. La dirección de la Cooperativa, encabezada por Guillermo Álvarez, denunció que el hijo del magistrado, Rafael Anzures Ortiz, recibió cerca de 35 millones de pesos el 23 de agosto de 2019, de los disidentes José Antonio Marín y Víctor Manuel Velázquez. La operación se realizó en media hora mientras eran tomadas las instalaciones de la Cooperativa mediante un fallo que resultó ser un fraude procesal.
3. DEADLINE. AMLO ya convirtió el próximo primero de diciembre —cuando cumpla dos años de gobierno— en un plazo fatal para evaluar los resultados de su gobierno. Dijo que para esa fecha estarán contenidas inseguridad y violencia, y se ofrecerá atención médica gratuita para todos mediante el Insabi.
raulrodriguezcortes.com.mx
@RaulRodriguezC
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Una reforma para la justicia/Carmen Aristegui F.
en REFORMA
17 Ene. 2020
Entre martes y miércoles de esta semana, empezó a circular en los circuitos judiciales, políticos y mediáticos un conjunto de documentos que fueron identificados como las iniciativas de ley para modificar y ampliar preceptos legales y constitucionales y cuyo propósito sería llevar a cabo una reforma de gran calado para darle la vuelta a todo aquello que impide, dificulta o entorpece la actuación de la justicia penal y sus instituciones. Más tardaron en empezar a circular los documentos que en presentarse las primeras reacciones, críticas y señalamientos.
El acto en el que, se entendía, sería presentado y explicado el paquete con las iniciativas se programó para el pasado miércoles. Ahí estuvieron los representantes del gobierno federal, el fiscal general de la República y representantes del Congreso. No fue entregado documento alguno y se envió una señal, clarísima, de que estaban echando reversa.
El acto magno no fue cancelado, pero se convirtió en un foro para que los funcionarios y legisladores presentes -algunos de los cuales no podían ocultar su extrañeza- expusieran mensajes diversos en los que explicaban las razones por las cuales resulta imperativo realizar una reforma amplia al sistema de justicia penal. Se coincidió en lo que resulta evidente al país entero: es impostergable lograr resultados para abatir los escandalosos niveles de impunidad que prevalecen en México desde siempre, es imperativo hacer eficiente un sistema que, hasta este momento, claramente, es inoperante y da muy escasos resultados.
Nadie podría oponerse, en su sano juicio, a que se hagan cosas cuyo objetivo central sea lograr estos propósitos, pero la cascada de críticas a los documentos que estaban circulando obligó a parar en seco. La intención de la reforma es impecable, impostergables los reclamos de justicia de una sociedad dolida y agraviada por crímenes y delitos que quedan sepultados en toneladas de omisión e ineficiencias y cuya marca -que parece eterna- acaba siendo la impunidad.
No presentar formalmente el contenido de la reforma, en ese momento, fue una decisión sensata, ante lo que se desató como una avalancha de críticas y señalamientos. Se provocó un estado de alarma en todos los niveles, incluyendo los de la Suprema Corte, según nos enteramos. Lo menos que se dijo es que varios de los puntos contenidos en los documentos que circularon eran regresivos y/o inconstitucionales y que con ellos se daría pie a violaciones masivas de derechos humanos. Afortunadamente imperó la sensatez y no se dieron ni por auténticos ni por apócrifos los documentos que seguían circulando, con las diversas iniciativas, simplemente se anunció que en febrero -cuando el Congreso esté de regreso con el pleno y comisiones- se presentarán, formalmente, los documentos que, para ese entonces, se entiende, habrán sido replanteados en sus partes sustantivas por los impulsores de la reforma que deberán atender los fuertes llamados que se escucharon a lo largo de esas horas. Para la reforma que viene, ahora se sabe, se pretenden cambios a varios artículos de la Constitución, un Código Nacional de Procedimientos Penales, un Código Penal Nacional, modificaciones a la ley de amparo, a la de justicia para adolescentes, a la orgánica del Poder Judicial, a la de ejecución judicial y, también, una nueva ley y reglamento para operar en la nueva Fiscalía General de la República.
Ya se sabe que no basta con el diseño de las herramientas, normas e instituciones legales para hacer frente a un desafío de semejante tamaño, como el que tiene México. Las últimas reformas, en varias de las mismas materias que hoy se pretenden modificar, se realizaron hace relativamente poco. De poco o nada sirven, esas u otras leyes que vengan, si no se cuenta con la capacidad técnica, operativa y científica para aplicarlas con prontitud y eficiencia. Se trata de lograr las dos cosas fundamentales, que algunos ven como incompatibles: el debido proceso y protección a los derechos humanos; eficiencia en las investigaciones y jueces y ministerios públicos honestos y competentes para lograr que la frase que nos hemos aprendido de memoria se convierta en práctica cotidiana: justicia pronta y expedita.
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El mesías y la parábola del avión/Sergio Negrete Cárdenas
Econokafka
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El Financiero
“¡El avión, el avión!”. Así gritaba exultante el personaje Tatoo de una serie de televisión: La Isla de la Fantasía. El avión traía a personas que viajaban ahí para cumplir un deseo largamente acariciado. El avistar la aeronave y pregonar su pronta llegada era siempre el inicio de cada capítulo.
Así inició Andrés Manuel López Obrador su sexenio: fantasioso con los aviones, por un lado, destruyendo el más grande proyecto de infraestructura en décadas, por otro mandando lejos, a California, al avión presidencial. En su espejismo, ese avión iba a ser vendido en muchísimo dinero, recursos que prometió en varias ocasiones a lo largo del tiempo. Era un avión que le arrebatarían de las manos en cuestión de días. En sus momentos de mayor delirio al hablar del tema (que no fueron pocos) llegó a ofrecérselo al presidente Trump.
Claro, el avión también era un símbolo, potente, del derroche peñista, de los gobiernos neoliberales ricos con pueblo pobre. Venderlo implicaba un rompimiento con el pasado, una muestra de un estilo diferente de gobierno: humilde, apegado al pueblo. El presidente de la República pasando por las terminales aéreas, ocupando un asiento como cualquier viajero. Deshacerse del aparato era una condena para Felipe Calderón, que había hecho la transacción, y Peña, quien lo usó hasta el último día de su mandato.
Pero no se vendió, y viene de regreso a México. Ahora ese aparato se ha transformado en otra cosa: un símbolo de la ineptitud y el mesianismo de AMLO, una muestra de que sus fantasías no necesariamente se vuelven realidad, y por el contrario pueden transformarse en costosos fracasos. Porque, como siempre se supo, se usaba bajo un esquema de arrendamiento. El gobierno de México simplemente no podía vender lo que no es suyo. 
Por órdenes presidenciales, un activo valioso se estuvo depreciando por más de un año, aparte de los costos que implicó dar resguardo y constante mantenimiento, que antes se realizaba en el hangar presidencial. Paradójicamente al adalid de la austeridad, no le importó gastar dinero en abundancia con tal de alejar a ese símbolo del gasto excesivo de su vista.
El cierre de la historia, cuando finalmente llegue, será muy distinto a la fantasía de AMLO. Se habrá malbaratado un activo del gobierno mexicano. Ya el Presidente incluso ha llegado a decir públicamente que aceptaría pago en especie. La pérdida la absorberá Banobras o el gobierno federal, es irrelevante, el dinero habrá salido del bolsillo de todos los contribuyentes.
Por desgracia, la parábola del avión es solo una de las muchas fantasías, y ni siquiera la más costosa. Es, simplemente, aquella hoy claramente a la vista. Pero en 2021 (si va bien) será la central avionera de Santa Lucía, cuando se descubrirá que los aviones no se repelen, y que esa inversión no solucionará el problema de saturación que tiene el aeropuerto capitalino. Será otro monumento a la improvisación y la arrogancia presidencial.
Después, en 2022 (con mucha suerte) será la fantasía que representa la Refinería de Dos Bocas. Ni empezará a funcionar en mayo de ese año, como está programado, y menos costará ocho mil millones de dólares. Quizá ni siquiera llegue a producir un solo barril de gasolina en todo el sexenio.
Esa clase de desastre está ocurriendo hoy con otra fantasía presidencial: el Insabi, en que el costo no solo se mide en dinero, sino en vidas y sufrimiento.
Este es el México de AMLO, la tierra de las fantasías incumplidas....
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El año más violento/Jorge Ramos Ávalos
en REFORMA
18 Ene. 2020
El primer año de Andrés Manuel López Obrador como Presidente fue el más violento en la historia moderna de México. Algo no está funcionando bien y, claramente, las posibles soluciones no han dado resultado. Mueren y desaparecen mexicanos como si México fuera una zona de guerra. Los feminicidios están fuera de control. Y a veces no pareciera existir ningún sentido de urgencia para enfrentar esta crisis. "No me quita el sueño ningún problema", dijo AMLO recientemente.
Bueno, este problema debería quitar- le el sueño o, al menos, darle pesadillas.
Del 1o. de diciembre del 2018 al 30 de noviembre del 2019 fueron asesinados 34,579 mexicanos, según cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del gobierno de México. Es el año más sangriento desde el fin de la Revolución y la Guerra Cristera (1926-1929).
Esta cifra es superior a los 33,743 homicidios dolosos que se registraron en el 2018 (bajo la Presidencia de Enrique Peña Nieto hasta noviembre y ya a partir de diciembre con López Obrador) y de los 27,213 asesinatos que ocurrieron en el 2011, el año más mortífero de Felipe Calderón en la Presidencia.
Ningún año en las presidencias de Peña Nieto, Calderón, Fox, Zedillo, Salinas o cualquier otro mandatario en casi un siglo fue tan violento como el primero de AMLO en el gobierno, según datos del INEGI. Esa es la realidad basada en cifras del mismo gobierno de AMLO. No hay otras.
Ahora, hay dos preguntas: una, ¿de quién es la culpa de tanta violencia? Y dos, ¿de quién es la responsabilidad de encontrar una solución y dar resultados?
La escalada de violencia se da a principios del sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) cuando se declara la guerra contra el narco. El reciente arresto en Dallas de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Calderón, acusado de supuestamente recibir sobornos millonarios de narcotraficantes, indica que este no es un problema nuevo. Lo llevamos arrastrando por más de una década.
Nadie culpa a AMLO del terrible legado de violencia que le dejaron. Pero ¿de quién es la responsabilidad de encontrar una solución? La respuesta inequívoca es: del gobierno de López Obrador. Para eso, entre otras cosas, lo eligieron 30 millones de mexicanos; para encontrar soluciones a sus problemas. En todas las elecciones del planeta se escogen líderes para resolver los asuntos pendientes. Y el 22 de agosto pasado, AMLO tomó absoluta responsabilidad del tema de la violencia al decir: "No quiero seguir responsabilizando a la administración pasada y a los de antes de esa administración".
Pero poco ha cambiado. En la conferencia de prensa del 5 de noviembre, AMLO dijo: "Ya tenemos resultados; ya se ha podido detener la escalada de violencia". Aunque se haya reducido la tendencia al alza, tener más de 34 mil muertos no se puede considerar un éxito en ningún país. Y AMLO no quiere cambiar o ajustar su estrategia de seguridad.
Tres días después, en la "mañanera" del 8 de noviembre, insistió: "Ahí vamos avanzando (...) hay capacidad". Pero su gabinete de seguridad a veces no sabe qué hacer, como quedó demostrado con la reciente liberación del hijo del Chapo en Culiacán. AMLO se rehúsa a despedir a funcionarios que no funcionan.
Y el 13 de diciembre, AMLO dijo: "No hay en el mundo un Presidente o un primer ministro que atienda el problema de la inseguridad y de la violencia como lo hacemos nosotros. De lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana". Pero aquí está confundiendo horas de trabajo con resultados. De lo que se trata es de ser efectivo.
Estamos de acuerdo: este problema no lo creó AMLO. Pero su estrategia a largo plazo -más inversión social para enfrentar las causas de la violencia- y a corto plazo -la Guardia Nacional- es insuficiente.
Esta semana asistí a otra de las "mañaneras" de López Obrador. (Tengo que reconocer que el acceso de los periodistas al Presidente es inusitado; en ningún otro país del mundo el Presidente da una conferencia de prensa diaria). Y le pregunté cuándo habría resultados. "Este año", prometió. (Aquí lo pueden ver: https://bit.ly/2R0XATu).
Nadie quiere que le vaya mal al Presidente. Pero hasta el momento solo vemos muertos, secuestrados y desaparecidos.
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Regresión autoritaria/Ana Laura Magaloni Kerpel
en REFORMA
18 Ene. 2020
El diagnóstico es claro: México atraviesa una grave crisis de seguridad, con altas tasas de impunidad y con un sistema de procuración e impartición de justicia débil y corrupto. Según el fiscal general, el paquete de iniciativas que se filtró tiene por objeto resolver estos problemas. Una parte de esas iniciativas busca abandonar la ruta que había planteado la reforma constitucional de 2008. Dicha reforma pretendía transformar un sistema de justicia penal autoritario en uno que cumpliera con los principios de un régimen democrático: presunción de inocencia, debido proceso, transparencia, etcétera. En el paquete de iniciativas se contempla, por ejemplo, el arraigo para todo tipo de delitos o la posibilidad de que pruebas recabadas ilícitamente puedan ser válidas en juicio. Ello es propio de regímenes autoritarios. Valdría la pena entender por qué llegamos aquí y cómo resolver los graves y viejos problemas de nuestro sistema penal sin renunciar a la posibilidad de construir uno propio de una democracia constitucional.
La reforma de 2008 buscaba, entre otros objetivos, profesionalizar el trabajo de las procuradurías a través de elevar los controles judiciales a su actuación, así como a la calidad de las pruebas aportadas en el juicio. La apuesta era terminar con la tortura y la fabricación de culpables propias de la investigación criminal del viejo régimen y obligar al Ministerio Público y a la policía de investigación a hacer bien su trabajo. Ello, se creía, permitiría que el sistema de persecución criminal comenzara a desarrollar verdaderas capacidades investigativas y de acusación, sobre todo en delitos de alto impacto.
Nada de ello sucedió como estaba pensado. Calderón y Peña Nieto nunca le apostaron a la transformación del sistema penal. Tampoco lo hicieron los gobernadores, salvo honrosas excepciones. A la clase política, hasta ahora, le ha parecido profundamente amenazante renunciar al poder que les ha dado controlar políticamente la procuración de justicia. Por ello, la reforma de 2008 se quedó huérfana de liderazgos políticos que le apostaran a su implementación. El plazo de 8 años que establecía la Constitución para la implantación de la reforma transcurrió sin que nadie estableciera y liderara una ruta de navegación. Calderón guardó en el cajón la reforma y Peña Nieto, a dos años de que venciera el plazo constitucional, promovió la aprobación de un Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) que sí hizo efectivo de un día a otro en todo el país. El resultado ha sido un desastre: el CNPP estableció un procedimiento penal complejo y sofisticado, mientras que las capacidades institucionales se mantuvieron casi intactas. Una parte importante de las altísimas tasas de impunidad se explica precisamente por esta profunda distancia entre las normas y las realidades institucionales. La pregunta central es cómo acortar esta brecha: bajando la vara normativa o subiendo la vara institucional.
Las iniciativas de la Fiscalía General optan por lo primero. Volvamos a darles "subsidios" a las fiscalías para que pueda haber menos impunidad. Todos conocemos los enormes costos sociales que los subsidios autoritarios llevan aparejados. No podemos renunciar a construir un sistema de procuración e impartición de justicia que realmente provea justicia. Ello es clave para volvernos a hilvanar como colectividad. La justicia no tiene que ver con el castigo per se, sino con el método para llegar a éste. La investigación criminal, la acusación del fiscal y el juicio mismo deben estar diseñados para que, a través de argumentos, razones y pruebas se vaya urdiendo la historia del caso y se genere una explicación razonable, para la víctima, el acusado y la sociedad, de qué sucedió, por qué el imputado es responsable y cuál es la sanción aplicable. Las explicaciones claras y persuasivas renuevan y fortalecen el pacto de civilidad, pues hacen que sean la ley, los argumentos y las pruebas -y no la arbitrariedad y el ejercicio desnudo de la coacción- la forma de pacificar nuestros conflictos. Un Estado fuerte es un Estado justo. No renunciemos a ello.