en REFORMA
17 Ene. 2020
Entre martes y miércoles de esta semana, empezó a circular en los circuitos judiciales, políticos y mediáticos un conjunto de documentos que fueron identificados como las iniciativas de ley para modificar y ampliar preceptos legales y constitucionales y cuyo propósito sería llevar a cabo una reforma de gran calado para darle la vuelta a todo aquello que impide, dificulta o entorpece la actuación de la justicia penal y sus instituciones. Más tardaron en empezar a circular los documentos que en presentarse las primeras reacciones, críticas y señalamientos.
El acto en el que, se entendía, sería presentado y explicado el paquete con las iniciativas se programó para el pasado miércoles. Ahí estuvieron los representantes del gobierno federal, el fiscal general de la República y representantes del Congreso. No fue entregado documento alguno y se envió una señal, clarísima, de que estaban echando reversa.
El acto magno no fue cancelado, pero se convirtió en un foro para que los funcionarios y legisladores presentes -algunos de los cuales no podían ocultar su extrañeza- expusieran mensajes diversos en los que explicaban las razones por las cuales resulta imperativo realizar una reforma amplia al sistema de justicia penal. Se coincidió en lo que resulta evidente al país entero: es impostergable lograr resultados para abatir los escandalosos niveles de impunidad que prevalecen en México desde siempre, es imperativo hacer eficiente un sistema que, hasta este momento, claramente, es inoperante y da muy escasos resultados.
Nadie podría oponerse, en su sano juicio, a que se hagan cosas cuyo objetivo central sea lograr estos propósitos, pero la cascada de críticas a los documentos que estaban circulando obligó a parar en seco. La intención de la reforma es impecable, impostergables los reclamos de justicia de una sociedad dolida y agraviada por crímenes y delitos que quedan sepultados en toneladas de omisión e ineficiencias y cuya marca -que parece eterna- acaba siendo la impunidad.
No presentar formalmente el contenido de la reforma, en ese momento, fue una decisión sensata, ante lo que se desató como una avalancha de críticas y señalamientos. Se provocó un estado de alarma en todos los niveles, incluyendo los de la Suprema Corte, según nos enteramos. Lo menos que se dijo es que varios de los puntos contenidos en los documentos que circularon eran regresivos y/o inconstitucionales y que con ellos se daría pie a violaciones masivas de derechos humanos. Afortunadamente imperó la sensatez y no se dieron ni por auténticos ni por apócrifos los documentos que seguían circulando, con las diversas iniciativas, simplemente se anunció que en febrero -cuando el Congreso esté de regreso con el pleno y comisiones- se presentarán, formalmente, los documentos que, para ese entonces, se entiende, habrán sido replanteados en sus partes sustantivas por los impulsores de la reforma que deberán atender los fuertes llamados que se escucharon a lo largo de esas horas. Para la reforma que viene, ahora se sabe, se pretenden cambios a varios artículos de la Constitución, un Código Nacional de Procedimientos Penales, un Código Penal Nacional, modificaciones a la ley de amparo, a la de justicia para adolescentes, a la orgánica del Poder Judicial, a la de ejecución judicial y, también, una nueva ley y reglamento para operar en la nueva Fiscalía General de la República.
Ya se sabe que no basta con el diseño de las herramientas, normas e instituciones legales para hacer frente a un desafío de semejante tamaño, como el que tiene México. Las últimas reformas, en varias de las mismas materias que hoy se pretenden modificar, se realizaron hace relativamente poco. De poco o nada sirven, esas u otras leyes que vengan, si no se cuenta con la capacidad técnica, operativa y científica para aplicarlas con prontitud y eficiencia. Se trata de lograr las dos cosas fundamentales, que algunos ven como incompatibles: el debido proceso y protección a los derechos humanos; eficiencia en las investigaciones y jueces y ministerios públicos honestos y competentes para lograr que la frase que nos hemos aprendido de memoria se convierta en práctica cotidiana: justicia pronta y expedita.
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