Reforma con y para el PJF: Borrego Estrada

Reforma con y para el PJF
COLABORADOR INVITADO / Felipe Borrego Estrada
REFORMA, 14 Feb. 2020
Una de las grandes exigencias en la actualidad, tanto del foro jurídico como de la ciudadanía en general, es contar con un servicio de impartición de justicia que se encuentre a la altura de las necesidades de una sociedad democrática como la nuestra, que otorgue certeza jurídica en la solución de las controversias legales, respaldadas en resoluciones objetivas e imparciales.
Problemáticas como el nepotismo, las redes familiares y la corrupción han venido minando la percepción y legitimación del Poder Judicial de la Federación frente a la sociedad, agudizando los cuestionamientos en torno a su funcionalidad y eficiencia. Lo anterior, sin dejar de reconocer que en él existen un sinnúmero de servidores honestos, profesionales y comprometidos.

En este contexto, en los últimos meses, al interior del Poder Judicial de la Federación se han venido implementando por parte del Presidente de la Corte, acciones para mejorar la prestación del servicio de impartición de justicia, incluyendo una política de adscripción, combate al nepotismo y la corrupción, lo que necesita respaldarse en acciones legislativas que le den permanencia y continuidad.
A raíz de lo anterior, el pasado mes de octubre dio inicio a un inédito proceso de coordinación institucional, entre representantes del Senado de la República, Presidencia de la República y el Poder Judicial de la Federación, denominado "Reforma con y para el Poder Judicial", con el objeto de proponer los cambios legislativos sustanciales para fortalecer las atribuciones del Poder Judicial.
En ese sentido, el 12 de febrero, por primera vez en la historia de la Suprema Corte, acudieron altos representantes del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, para recibir un paquete de propuestas de reformas elaboradas por el propio Poder Judicial a partir de su experiencia, mismo que a su vez hizo suyas el Presidente de la República, al suscribir la iniciativa correspondiente.
La propuesta plantea una reforma de fondo, que incide en el aspecto funcional y sustantivo de la operación del Poder Judicial, la que abona en su autonomía e independencia de sus juzgadores.
Los cambios propuestos implican reformar 7 artículos constitucionales, expedir 2 nuevas leyes (Ley Orgánica y Ley de Carrera Judicial) y diversas reformas a otras leyes como la de Amparo y la de Defensoría Pública, entre otras.
La reforma precisa la competencia de la Suprema Corte para que conozca de asuntos que constituyan violaciones a los derechos humanos y a preceptos constitucionales, para consolidar un auténtico Tribunal Constitucional, asimismo, transita hacia un sistema de interpretación judicial basado en precedentes emitidos por el Máximo Tribunal, con el fin de dotar de coherencia, uniformidad y celeridad en la resolución de los asuntos.
Por otro lado, combate el nepotismo, la corrupción, la impunidad y el acoso sexual, a través de acciones concretas y eficaces. Dota de un cuerpo normativo especializado para la carrera judicial, estableciendo a su vez una política transversal basada en la paridad de género.
La reforma fortalece las atribuciones de la Defensoría Pública y la Escuela Judicial, para contar con defensores profesionales, capacitados y con sensibilidad social, así como para constituir una Institución educativa de excelencia y formadora de cuadros con altos estándares éticos y profesionales, respectivamente.
Si bien esta importante reforma podrá ser perfectible como todo proyecto legislativo, la misma constituye un importante punto de partida que en las próximas semanas será sujeta de análisis y discusión por el Poder Legislativo, en espera de poder conformar una reforma que establezca las bases y fundamentos necesarios para consolidar la transformación del sistema de justicia en beneficio de la sociedad.
El autor es abogado y ex Consejero de la Judicatura Federal.