RAFAEL CRODA
2 marzo, 2020/ APRO
OFAC El organigrama del Cártel de Sinaloa presentado por la Oficina del Tesoro. Foto: OFAC
BOGOTÁ (apro).- Un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la situación de los derechos humanos en Colombia presentado la semana pasada contiene una afirmación sorprendente que evidencia el alto grado de influencia que han alcanzado los cárteles mexicanos de la droga en el mundo del crimen colombiano.
De acuerdo con el reporte, que causó un gran malestar en el gobierno por el crudo diagnóstico que hace sobre la situación humanitaria en el país, en varias regiones golpeadas por la violencia hay presencia de grupos delictivos extranjeros que participan en el conflicto.
Aunque el informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) no se refiere en específico a los cárteles mexicanos de la droga, sí menciona regiones en las que incluso organismos colombianos han mencionado a esas organizaciones como factores de intimidación a la población civil, en especial al Cártel de Sinaloa.
La Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la Fiscalía han alertado sobre casos de violencia y violaciones a los derechos humanos en los que la población denuncia que está involucrado “el Sinaloa”, como le llaman a ese cártel en varias zonas de Colombia.
En su reporte, la ONU señala que en 2019 “grupos criminales como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (también llamadas Clan del Golfo), los Caparros y La Mafia, así como organizaciones criminales transnacionales, emplearon extrema violencia en las disputas por el control de las economías ilícitas”.
Estos grupos, agrega el informe, “actuaron principalmente en Antioquia, Cauca, Chocó, Córdoba, Guainía, Huila, La Guajira, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca”.
Los cárteles mexicanos tienen estrechos vínculos con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Los Caparros y las disidencias de la exguerrilla de las FARC involucradas en la producción de cocaína. Y sus áreas de mayor presencia están en las regiones mencionadas por la ONU, en especial Antioquia, Nariño, Cauca, Chocó, Putumayo y Córdoba.
El director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Camilo González Posso, dice que es evidente que la ONU “ya puso en la mira a los cárteles mexicanos como actores que están detrás de violaciones a los derechos humanos” que ocurren en varias regiones de Colombia.
“No es que participen de manera directa, pero son los que financian y les dan las armas a los grupos criminales colombianos que ejercen la violencia contra población civil y que están asesinando a líderes sociales”, señala.
De acuerdo con la ONU, en 2019 fueron asesinados 108 defensores de derechos humanos en Colombia, el doble que en 2018.
La senadora y presidenta de la Unión Patriótica (UP), Aída Avella, ha dicho a Proceso que en Colombia “está en marcha un proceso de aniquilamiento de la dirigencia social en el que los cárteles mexicanos están jugando un papel como financiadores de las estructuras armadas que están asesinando dirigentes”.
Y es que los grupos criminales señalados como autores de esos homicidios están involucrados en el narcotráfico y en varios casos tienen relaciones con los cárteles mexicanos, no sólo con el de Sinaloa sino también con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y otras estructuras más pequeñas que han subsistido a la desarticulación de Los Zetas, La Familia y los Caballeros Templarios.
Tanto el Clan del Golfo (o Autodefensas Gaitanistas de Colombia) como Los Caparros, Los Puntilleros, Los Rastrojos y La Empresa, que tienen relación con organizaciones criminales mexicanas, han sido mencionados en las investigaciones de los homicidios de líderes sociales.
Para el investigador del conflicto armado, Ariel Ávila, nada de lo que ocurre en las zonas más violentas de Colombia le es ajeno a los enviados de los cárteles mexicanos.
“En Colombia –señala– tenemos un incremento muy importante en la presencia de organizaciones mexicanas del narcotráfico que vienen a asegurar el abastecimiento de cocaína. Traen financiamiento y traen armas. Esto influye fuertemente en el aumento de la violencia en muchas regiones y esto es un factor que, sin duda, está asociado en forma indirecta al asesinato de líderes sociales”.
El informe de la ONU, que abarca el periodo 2019, afirma que Colombia vive una “violencia endémica”.
El organismo señaló que el año pasado se registraron 36 masacres en el país, la cifra más alta desde 2014, y que las protestas sociales en contra del gobierno del presidente Iván Duque fueron reprimidas por la policía, la cual respondió “de manera desproporcionada a incidentes aislados de violencia”.
La implementación de los acuerdos de paz con la exguerrilla de las FARC, señala el reporte, no muestra avances, en especial la reforma rural integral que contempla reparto de tierras a campesinos pobres y la cual ha sido duramente criticada por el partido de Duque, el ultraderechista Centro Democrático.
Otra denuncia que causó escozor es la que indica que el Ejército utiliza a miembros de grupos criminales en operaciones como allanamientos, incautaciones y detenciones de personas.
Duque calificó el reporte de la ONU como una “intromisión en la soberanía” de Colombia.
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