Pandemia y política: un mundo raro
Excelsior, 20 de marzo de 2020
Mientras Estados Unidos está a punto de cerrar parcialmente las fronteras con México para tratar de controlar la pandemia del coronavirus; mientras Europa alcanza los más de 100 mil contagiados; mientras se anuncia que en México se alista el plan DN III en caso de emergencia, mientras todo eso ocurre, en una decisión inexplicable, las autoridades de salud prohíben a laboratorios privados realizar la prueba del COVID-19, en contradicción con la principal indicación de la Organización Mundial de la Salud que propone, junto con el aislamiento, realizar pruebas masivas para detectar, sobre todo, a los portadores asintomáticos del virus, que son los que contagian a más del 79% de los infectados.
La decisión lo único que hace es alimentar la sospecha, fundada o no, de que las autoridades están ocultando el número real de contagios, pero también ignora una política pública recomendada por la institución internacional que debería normar la forma de atender la crisis, en un contexto en donde el sector salud tampoco realiza esas pruebas masivas.
No se entiende la posición de las autoridades ni su forma de actuar. Con ella se alimenta la crisis: el Presidente desoye todos los días los consejos de su propio gobierno: sigue abrazando, besando, se rehúsa a utilizar gel antibacterial, participa en eventos masivos, ayer incluso hubo un desfile de la Guardia Nacional con familiares e invitados, el sábado irá a Oaxaca, a Guelatao, a celebrar a Benito Juárez (aunque exhiba una estampita con una consigna cristera). El subsecretario López-Gatell intenta explicar que es mejor cerrar una escuela cuando hay cien infectados en lugar de uno o diez. Ya tenemos un muerto que se contagió en un evento masivo, pero nadie parece preocupado. No se entiende. Quizá las autoridades tienen un plan brillante para atacar la contingencia, pero, hasta ahora, nadie, fuera de ellos, lo conoce.
La actividad económica está en crisis. Caen la bolsa, el dólar sube, aunque se utilicen miles de millones de dólares del fondo de estabilización, de las reservas para evitarlo; el precio del barril de petróleo está por debajo del costo promedio de producción, Pemex está a punto de perder la calificación de su deuda y en la conferencia mañanera se habla, dos días seguidos, de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía cuando, paradójicamente, las aerolíneas de México y de todo el mundo están en crisis y no se anuncia un plan de contingencia para ellas, como han hecho casi todos los países con sus aerolíneas.
La mayoría en el Congreso, demostrando el grado de autonomía del Poder Legislativo, sostiene que no cancelará sus sesiones “hasta que el Presidente de la República lo ordene”, aunque se rebelen los trabajadores de la Cámara de Diputados. Se quedan en sesión para realizar una reforma inconstitucional y un juicio político innecesario e ilegal.
Los diputados de la mayoría aprobaron el miércoles en la noche, sin presencia de la oposición, una iniciativa para reglamentar su reelección en los comicios del 2021, lo que viola todas las normas posibles. Primero, esa regulación la tendría que establecer el INE, no la Cámara de Diputados. Segundo, los legisladores hacen una ley para beneficiarse ellos mismos de la nueva norma, lo que es, a todas luces, ilegal. Y, tercero, acabaron de un plumazo con la Constitución: los diputados aprobaron que pueden participar, contender, en las elecciones del 2021 sin apartarse antes de su cargo. Hasta el presidente López Obrador descalificó este agandalle legislativo, realizado sin debate, sin participación de las oposiciones, casi sin quórum. Es inaceptable.
Ayer sesionaron para aprobar el juicio político a Rosario Robles. La grandilocuencia que usaron los oradores de la mayoría para defenestrar a la exsecretaria de Desarrollo Social no pudo opacar el hecho de que ese juicio era absurdo, como se lo recordó a sus compañeros de Morena nada menos que Porfirio Muñoz Ledo. Yo no sé si Robles es responsable o no de los delitos de los que se le acusa, pero hoy no está purgando condena alguna. Sus procesos prácticamente no han siquiera iniciado. Está detenida y, por ende, está inhabilitada. ¿Qué sentido tiene el juicio político más que un afán de venganza, como dijo Porfirio?
Y para no dejar, se libró orden de aprehensión contra el exjefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón. Su delito es haber llevado adelante una investigación sobre el caso Ayotzinapa, cuyos resultados no le gustaron ni a los patrocinadores de los padres ni a algunas autoridades ligadas a ellos. Zerón u otros funcionarios pudieron cometer errores, pero no deja de ser, por lo menos, paradójico que a ellos los persigan mientras esas mismas autoridades están dejando en libertad a los sicarios y asesinos confesos del secuestro de los jóvenes en Iguala.
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