Project Syndicate, Domingo, 19/Abr/2020;
La «ley habilitante» —como justificadamente la llaman los críticos— que aprobó el parlamento húngaro el 30 de marzo, permite al primer ministro Viktor Orbán gobernar por decreto por tiempo indeterminado, supuestamente para que el gobierno pueda combatir mejor la pandemia de COVID-19. De hecho, la nueva ley pone en peligro las vidas de muchos húngaros porque permite al gobierno limitar drásticamente la información relacionada con el manejo del virus. Las mortales consecuencias de ese tipo de enfoque son bien conocidas por lo que ocurrió en Wuhan, China, donde las autoridades inicialmente eliminaron información sobre el brote del nuevo coronavirus.
La ley habilitante de Orbán neutraliza los pocos canales con responsabilidad democrática que quedaban en Hungría. Producirá una centralización extrema del control sobre el flujo de la información relacionada con la pandemia y su gestión y Orbán, en el cargo desde 2010, necesita desesperadamente controlar la narrativa de la pandemia, dado que su gobierno estuvo muy lejos de invertir lo suficiente en el sistema sanitario del país durante la última década.
La nueva ley le da ese poder. Por ejemplo, determina que la difusión de información «falsa» sobre el virus es punible con hasta cinco años de prisión: una verdadera espada que pende sobre las cabezas de médicos y periodistas. La justificación incluida en la disposición correspondiente, junto con el castigo, es casi indistinguible de una medida similar implementada en Arabia Saudita. De hecho, la ley minimiza el margen el margen de maniobra con que cuentan los medios independientes húngaros.
Las medidas draconianas del gobierno de Orbán al respecto son excepcionales entre los estados miembros de la Unión Europea. Otros países de la UE por lo general combaten las noticias falsas y la desinformación sobre la COVID-19 con acciones de persuasión, como la promoción de vínculos a la información oficial en los sitios web del gobierno o de la Organización Mundial de la Salud, o trabajando con verificadores de información.
Ese enfoque funciona: los países que mejor gestionaron la pandemia hasta el momento son aquellos en los cuales la información sigue fluyendo libremente y los expertos médicos confiables tienen un papel prominente en el debate público. Por el contrario, el presidente estadounidense Donald Trump desestimó inicialmente la amenaza de la COVID-19, mientras que el primer ministro británico Boris Johnson, la consideró un chiste antes de contagiarse y terminar en terapia intensiva. Ambos países sufren ahora brotes de COVID-19 peores que el de China.
En una situación extremadamente incierta, el flujo de información irrestricto permite obtener datos dispersos, comparar los efectos de las distintas estrategias para gestionar la crisis y obligar a los gobiernos a rendir cuentas. También es fundamental para combatir la desinformación, los rumores y las noticias falsas, independientemente que provengan de líderes políticos o ciudadanos. Al tener que rendir cuentas ante los medios libres, incluso los líderes más narcisistas y egoístas, como Trump, se han visto obligados a dejar de negar la situación y adoptar un enfoque más realista para combatir la pandemia.
Más aún, durante una crisis de salud pública, el libre flujo de información ayuda a los gobiernos y ciudadanos a sincronizar sus acciones. Cuanto más confíen los ciudadanos en que las fuentes de información gubernamentales son sometidas a un escrutinio independiente, más probable será que obedezcan las instrucciones oficiales y ayuden a gestionar eficazmente la crisis.
El gobierno surcoreano, por ejemplo, hasta ahora logró controlar la difusión de la COVID-19 sin implementar confinamientos estrictos, en parte porque las autoridades recopilaron y publicaron extensa información sobre los ciudadanos contagiados, que incluye sus edades, movimientos y distritos de residencia. Esto fue posible porque el público confió en que el gobierno era capaz de diseñar políticas para ocuparse de la pandemia.
La información veraz que llega desde el exterior puede salvar vidas en los países autoritarios. Después del accidente nuclear de 1986 en Chernóbil, Unión Soviética, las emisiones de noticias de Radio Europa Libre (Radio Free Europe) ayudaron a que los ciudadanos rusos, ucranianos y bielorrusos se informaran sobre la escala del desastre. A pesar del control estatal, la presión pública obligó a las autoridades soviéticas a sincerarse sobre la crisis y aceptar la ayuda de Occidente para combatirla. Esta vez, sin embargo, la información necesaria para el control público durante la crisis está dispersa en el país.
Durante los primeros días de la pandemia, Orbán, como Trump, desestimó la amenaza y culpó por la difusión del coronavirus (al igual que por todos los demás problemas) a los extranjeros. Pero los informes sobre los esfuerzos, carentes de coordinación, de los padres húngaros para evitar que sus hijos concurrieran a la escuela convencieron luego al gobierno de tomar más en serio a la pandemia.
Además, cuando la oposición política húngara —y, más importante aún, los médicos y otros especialistas en salud— comenzaron a compartir sus opiniones, los miembros más antiguos del partido de Orbán, Fidesz, sintieron temor y presionaron al gobierno para que actuara. Pero, al otorgar a Orbán la capacidad de gobernar por decreto, la ley habilitante eliminó la eficacia de los mecanismos clave restantes para la responsabilización política en el país.
Orbán no es el único que percibe la pandemia como una oportunidad para invocar poderes de emergencia y obtener una autoridad casi dictatorial, pero la ley habilitante solo representa el último paso del camino autocrático en el que se embarcó hace una década. Intoxicado por los amplios poderes que ya había acumulado, Orbán decidió enfrentar la pandemia con la ayuda de una ley que supuestamente «garantizará la seguridad para la vida, la salud y la seguridad personal y material de los ciudadanos y empresas».
La nueva legislación no hará nada por el estilo y esa es una de las razones por las cuales la UE debe implementar con urgencia un sistema estandarizado para que los estados miembros informen sobre la pandemia, junto con iniciativas para apoyar a la prensa libre. Esas medidas pueden salvar vidas.
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