El Asalto a la Razón
Milenio, 8 de junio de 2020
Los policías municipales que mataron a Giovanni López en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, merecen castigo por lo que son: asesinos. Y por delinquir desde el servicio público ameritan condenas mayores a las aplicables para homicidas comunes.
Y con los de Ciudad de México que patearon a una menor procede la sanción más extrema para violadores de derechos de cualquier persona, y más cuando ya está sometida.
Lo que ni el gobernador, la jefa de Gobierno y sus respectivas fiscalías han dicho es lo que pasará con quienes prendieron fuego a un policía (cuando menos fue intento de homicidio) y vandalizaron el edificio de gobierno y otros inmuebles en Guadalajara, o contra quienes cometieron destrozos en Reforma y Polanco a establecimientos y mobiliario públicos y privados gozando de la inexplicable ausencia policiaca durante más de dos horas.
Enrique Alfaro y Claudia Sheinbaum aciertan al proponerse ocupar a sus policías en el mantenimiento del orden, pero no en reprimir. Sin embargo, se muestran complacientes con delincuentes que debieron ser neutralizados y/o detenidos en flagrancia.
Sin que viniera al caso, la jefa de Gobierno salió al paso de las airadas imputaciones del gobernador a Morena (cuyos piquetes de golpeadores han dejado huella en distintas ciudades), a los “sótanos del poder” y al presidente López Obrador: “Es falso, y si tiene alguna prueba, pues que la ponga”, dijo ella. “Mi convicción es que las fuerzas de seguridad no están para reprimir al pueblo; las fuerzas de seguridad, en este caso la policía, tiene que estar para brindar paz y seguridad a los habitantes”, enfatizó, pero al día siguiente dos de sus policías (al menos) demostraron ser tan represores como los pésimos policías en cualquier parte del mundo.
Alfaro, por su parte, se dobló. Bastó que el Presidente mostrara su enojo por haber sido incluido en el reclamo inicial para que se apresurara a reconocer que López Obrador “es gente de bien”. El señalamiento que había hecho, sin embargo, era procedente, ya que un despacho presidencial clave, la Secretaría de Gobernación, había solicitado información sobre el homicidio propinándole un golpe político (“El hecho se da en el contexto de las medidas restrictivas implementadas por el gobernador para hacer frente a la pandemia…”), a partir de la mentira de que la detención de la víctima fue por no llevar cubrebocas, pese a que la Fiscalía estatal ya lo había negado y de que su demanda: “Le pido al Presidente de la República que le diga a su gente y a su partido que ojalá y estén midiendo el daño que le están generando al país con este ambiente de confrontación…” tenía sustento, como se constata cada día en las mañaneras.
Aguas:
Ignorantes de que varias corporaciones federales y locales tienen policía cibernética, dos derechosos lanzan amenazas personales por correo: Marco Romero desde romeromarco680@gmail.com (“aquí los espero”, reta), y Miguel Ángel Espinoza desde azrael_metal30@yahoo.com.mx.
cmarin@milenio.com
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