¿Fallas de inteligencia en la ejecución de juez de Colima? | Raúl Rodríguez Cortés
Gran Angular
El Universal, 17 de junio de 2020
Una grave falla de los servicios de inteligencia del Estado alcanzan algunos a percibir en el asesinato del juez penal federal de Colima, Uriel Villegas Ortiz y su esposa Verónica Barajas ocurrido por la mañana en su domicilio de la colonia Real de Vista Hermosa, al norte de la capital de ese estado.
Villegas Ortiz, ejecutado con al menos veinte tiros, había sido transferido a Colima por la Judicatura Federal apenas el pasado primero de febrero procedente de Guadalajara donde, como juez de distrito, ordenó en marzo de 2018 el cambio de Rubén Oseguera González El Menchito, hijo de Nemesio Oseguera El Mencho, cabeza del violento Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), del penal federal 13 de Oaxaca —donde estuvo antes de ser extraditado a Estados Unidos— a la cárcel 2 de Occidente en El Salto, Jalisco.
El jueves pasado, en una reunión del gabinete de Seguridad Nacional, sus participantes escucharon la grabación de una llamada telefónica entre presuntos sicarios de esa organización criminal, interceptada por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), según confirmaron a esta columna dos diferentes fuentes de la seguridad del Estado.
En la grabación, cuya autenticidad —aseguran— fue verificada por la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA), los presuntos sicarios hablan, sin mencionar nombres, de la preparación de un atentado de alto nivel. Las fuentes consultadas refieren que del análisis de situación hecho por el gabinete de seguridad se definieron cuatro posibles blancos: el canciller Marcelo Ebrard, por haber firmado la extradición a Estados Unidos de El Menchito, concretada el jueves 20 de febrero pasado; el director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, por las acciones emprendidas contra las finanzas de la organización delictiva; el secretario de Seguridad de la CDMX, Omar García Harfuch por los golpes asestados a las estructuras de narcomenudeo del cártel en la capital del país; y el secretario federal de Seguridad, Alfonso Durazo, cabeza de la estrategia antinarcóticos del gobierno.
Como resultado de ese análisis, se reforzó la protección y seguridad de los cuatro funcionarios durante los últimos días y se decidió que la gira que AMLO realiza por Veracruz, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo y Morelos esté bajo la más estricta supervisión militar y que las pernoctas se hicieran en cuarteles del Ejército.
Las fuentes no descartan, incluso, que el rumor que corrió el fin de semana pasado sobre la muerte de Nemesio Oseguera El Mencho fuera esparcido por los criminales como distractor de los preparativos del atentado de alto nivel a que se refería la grabación escuchada por el gabinete de seguridad.
La presumible falla fue que la información mostrada al Ejecutivo por el CNI no fue compartida oportunamente con los otros poderes de la Unión, lo que impidió reforzar mecanismos de protección de sus integrantes de otros posibles blancos. De ahí que los sicarios hubieran irrumpido sin ningún problema al domicilio del juez Villegas Ortiz, quien resultó ser el objetivo del atentado que el ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar condenó e interpretó ayer como un acto de intimidación al Poder Judicial.
Instantáneas:
1. ARREGLO. Después de conversar por teléfono el lunes pasado con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, AMLO informó que esta semana daría buenas noticas. Podrían ser dos: la solución del ya largo conflicto en la mina zacatecana de Peñasquito, de la canadiense Newmont Goldcorp, productora número uno de oro en el mundo y que se había convertido en un obstáculo a remontar con Canadá para la entrada en vigor del T-MEC el próximo primero de julio; y/o la disposición del gobierno de Ottawa de conceder la nacionalidad canadiense a miles de trabajadores temporales, muchos de ellos mexicanos, que acuden cada año a laborar en explotaciones agrícolas.
2. OTRA DEL GRINGO. El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, no las trae todas consigo. Después de salir derrotado en sus pretensiones de ampliar de dos a cinco años su periodo de gobierno y de reducir el próximo de seis a tres años, surgió un nuevo escándalo: su secretario de Economía, Mario Escobedo, es investigado por presuntamente favorecer la proliferación de pequeñas empresas gaseras, fuera de toda norma de protección civil, en zonas urbanas del estado.
3. TRATAMIENTO. El presidente de la Comisión de Salud del Senado, Miguel Ángel Navarro Quintero, se reunió con la farmacéutica AbbVie, la cual ha liberado la patente de una de las opciones terapéuticas contempladas por la Secretaría de Salud como potenciales para tratar la Covid19 en México. Se trata del lopinavir-ritonavir cuya etapa de ensayos clínicos ya está muy avanzada con resultados prometedores que incidirían en hospitalizaciones más cortas. Sin duda una buena noticia.
4. BRONCAS DEL BRONCO. El viernes pasado, el Congreso de Nuevo León determinó, con el voto mayoritario del PAN, posponer la discusión sobre la posible destitución del secretario general de gobierno y exgobernador interino, Manuel González y del gobernador Jaime Rodríguez por haber usado recursos públicos para promover su candidatura presidencial en 2018. El llamado caso de las “Bronco-firmas” podría ser retomado mañana por la legislatura neolonesa, pero con nuevos componentes políticos. La eventual sanción, como se sabe, ha sido promovida por el senador Samuel García, aspirante a candidato a gobernador por Movimiento Ciudadano. El dueño de esa franquicia política, Dante Delgado, tiene muy avanzadas sus pláticas con el líder nacional del PAN, Marko Cortes, para concretar una alianza en esa y otras candidaturas. Cortés, por lo tanto, apoya la destitución de El Bronco con el incentivo de que un gobernador sustituto sería panista, dada la mayoría blanquiazul en el Congreso local. Pero esa mayoría ha cedido a las presiones del grupo de gobernadores panistas quienes rechazan la eventual destitución de El Bronco para que no se les descuadre su bloque anti AMLO y además prefieren aliarse con “México Libre”, de Felipe Calderón, acérrimo enemigo de Cortés y de su gurú, el excandidato presidencial Ricardo Anaya.
5. CHURCHILL’S. El famoso y clásico restaurante capitalino cierra en definitiva sus puertas. La puntilla se la dio la cuarentena por el Coronavirus. Hoy en la tarde subastará valiosos objetos que decoraron el otrora famoso comedero de políticos y empresarios. Entre otros: botellas exclusivas de exquisitos y valiosos vinos, así como vajillas, manteles, sillones y algunos pianos y muebles de época.
@RaulRodriguezC
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El juez que tuvo que morir
Arsenal/FRANCISCO GARFIAS
Excelsior
• ¿Qué sigue? ¿Más impunidad? ¿Perdón y olvido? El gobierno no puede voltear hacia otro lado.
El asesinato a sangre fría del juez federal Uriel Villegas Ortiz y de su esposa, Verónica Barajas, es un dardo al corazón del vilipendiado Poder Judicial Federal.
Es, también, dinamita para los equilibrios entre el crimen organizado y un gobierno federal que pone más empeño en descalificar a sus críticos que en combatir la poderosa mafia mexicana.
Al juez, que se ocupaba de delitos como el narcotráfico, huachicol, lavado de dinero, crimen organizado, lo mataron junto a su esposa en la casa que acababa de alquilar en Colima, delante de sus dos hijitas —3 y 7 años— y de la nana. Los sicarios utilizaron armas de alto poder a plena luz del día. El objetivo es intimidar, doblar a los juzgadores. Someterlos a sus intereses. No hay límites ni códigos de honor.
¿Qué sigue? ¿Más impunidad? ¿Perdón y olvido?
El gobierno no puede voltear hacia otro lado. Asesinatos como éste aceleran la descomposición del país.
Algo similar ocurrió en Italia hace casi 30 años con el juez Giovanni Falcone y su esposa.
La respuesta del Estado debilitó a la Cosa Nostra, pero allanó el camino a organizaciones como la ‘Ndrangheta, hoy en día la más poderosa en Europa.
*La noticia de la doble ejecución llegó a la SCJN en el momento en el que el pleno sesionaba virtualmente.
El ministro presidente, Arturo Zaldívar, la interrumpió para dar la terrible noticia al pleno. Luego la suspendió para ocuparse, personalmente, del caso.
La Corte y el Consejo de la Judicatura condenaron el doble asesinato, al tiempo que mandaron un mensaje “claro y categórico” a los criminales:
“La actividad jurisdiccional seguirá adelante. No nos detendremos, menos con estos actos intimidatorios, a fin de cumplir la misión que nos ha encomendado la Constitución…”.
*Buscamos al ministro Alberto Pérez Dayán para pedirle una reflexión sobre el doble asesinato. ¿Qué sintió como juzgador?, preguntamos.
Respondió:
“Angustia por la familia. Uno como quiera. Saber que en esto arrebatan la vida de tu esposa y marcan de manera permanente a tus hijos es de una consternación extrema.
“Es un hecho profundamente doloroso. Te ves en la impotencia natural de exigir que esto ya no siga sucediendo.
“Ojalá cesen las descalificaciones y los insultos a los juzgadores. Sólo incitan al mal”, concluyó.
*Uriel Villegas había llegado a esa entidad para asumir el cargo de juez de control del Centro de Justicia Penal Federal.
Venía de Jalisco, un estado donde ser juez te lleva a enfrentar la ley de “plata o plomo”.
Se sabe que tuvo a su cargo uno de los procesos que se instruyeron, en México, a Rubén Oseguera González, alias El Menchito, antes de ser extraditado a Estados Unidos, en febrero pasado.
*Isabel Wallace, presidenta de la organización Alto al Secuestro, tiene otros datos sobre la incidencia de los plagios.
Afirma que subieron en el mes de mayo en 4.5 por ciento, a 116, en relación al mes de abril, aunque las carpetas de investigación disminuyeron 21.2 por ciento.
Las víctimas no sólo son personas de alto poder adquisitivo, como afirma el Presidente. “Secuestran al que tiene”, dijo en una de las mañaneras.
Wallace reviró en videoconferencia: “Las víctimas son trabajadores, estudiantes y comerciantes informales, debido a que los delincuentes obtienen una menor cantidad de dinero, pero en un tiempo mucho más corto”.
*Vaya mesa de mujeres líderes que logró reunir Blanca Lilia Ibarra, comisionada del Inai, en el Foro Digital sobre la Garantía del Derecho de Acceso a la Información en Materia de Género y su Trascendencia en los tiempos del covid-19.
Participaron, entre otras muchas, Mónica Fernández, presidenta de la Mesa Directiva del Senado; Yasmín Esquivel, ministra de la Suprema Corte de Justicia, y Mónica Soto, magistrada del TEPJF.
Hubo coincidencia en que la pandemia ha exacerbado la grave situación de vulnerabilidad de las mujeres confinadas frente al fenómeno de la violencia.
Pero también sobre la utilidad de ejercer el derecho a la información para combatir la violencia de género.
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Ego sum qui sum; analista político, un soñador enamorado de la vida y aficionado a la poesía.
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