Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP. Foto: Archivo
Nota de Abel Barajas
Reforma, Cd. de México (11 julio 2020).- La mayoría de los personajes de alto perfil que son investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) han librado las acciones del órgano dependiente de la Secretaría de Hacienda.
Durante la Administración de Andrés Manuel López Obrador, la dependencia encabezada por Santiago Nieto sólo ha conseguido que dos de los imputados estén vinculados a proceso privados de su libertad.
De acuerdo con un recuento de 35 asuntos informados públicamente en este sexenio, considerados relevantes por el tipo de personajes o empresas involucradas, 18 siguen su trámite en la Fiscalía General de la República (FGR) y 13 en la UIF.
En este universo de asuntos, incluidos los procesados, sólo hay 4 personajes contra quienes se libraron órdenes de aprehensión, que tuvieron su origen en querellas de la UIF. Dos de ellos son Emilio Lozoya, ex director de Pemex, y Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, que están imputados en un mismo expediente.
Ambos están sujetos a un proceso de extradición en España: el primero en una cárcel de Madrid, aunque próximo a ser trasladado a México, mientras que el empresario se encuentra gozando de la libertad provisional.
Los únicos que están presos en cárceles del País y procesados por imputaciones de lavado que denunció la UIF son el abogado Juan Collado y el ex Magistrado federal Isidro Avelar Gutiérrez, este último aparentemente vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Del 1 de diciembre de 2018 a abril pasado, la UIF llevaba 201 denuncias presentadas ante la FGR, de las cuales 160 corresponden al 2019.
Esta última cifra constituye un récord en comparación con los promedios anuales previos, pues en 2018 las querellas fueron 82 y el máximo histórico era de 112 por año, alcanzado en 2016 y 2017, respectivamente, según cifras de la UIF.
Sin embargo, los casos de perfil público alto tienen dificultades para convertirse en causas penales. De hecho, no hay uno solo con sentencia, generado por la actual Administración.
Este fenómeno es atribuido por el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, a que las querellas no han prosperado porque no van acompañadas de pruebas.
Para el abogado Luis Pérez de Acha, la falta de un esquema de combate contra la corrupción y los delitos financieros, así como los desencuentros entre Gertz Manero y el titular de la UIF, Santiago Nieto, son factores que influyen en el retraso de las investigaciones.
"Hay un tema de descoordinación ¿cuál es el pleito profundo que hasta el Presidente tuvo que salir para dar la cara por Santiago Nieto? El pleito profundo de Santiago con la Fiscalía es que la Fiscalía no le hace caso.
"Y la Fiscalía dice que Santiago integra mal, entonces, allí traen un dime y direte () Yo creo que lo desencuentros operativos funcionales, institucionales, entre la Fiscalía y la UIF, están generando retrasos", señaló el ex integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.
Pierden batalla ante bloqueos
La batalla para recuperar su dinero las han ganado personajes polémicos a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
La Suprema Corte de Justicia publicó en mayo de 2019 una jurisprudencia que declaró inconstitucional la facultad de la UIF para inmovilizar recursos financieros, con la excepción de los solicitados por organismos internacionales o por obligación multilateral.
Según una revisión de registros judiciales, consultas a defensores e información pública, de los casos enumerados, con el criterio de la Corte los tribunales federales han ordenado el desbloqueo de una o varias cuentas en por lo menos 6 de los casos relevantes, ya sea por suspensión definitiva o sentencia de amparo.
En estos litigios, la UIF ha presentado oficios de agencias estadounidenses para acreditar el carácter internacional de la medida precautoria; sin embargo, han sido rechazados por considerarse que no contienen un pedido expreso de congelamiento.
Es el caso de Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México; William y Jorge Karam Kassab, dueños de Grupo Hidrosina; y el General Brigadier Eduardo León Trauwitz, ex subdirector de Salvaguarda Estratégica de Pemex.
También Rafael y Teófilo Zaga Tawil, dueños de Telra Realty, señalados por fraude al Infonavit, así como Celso Rodríguez González, Armando García Estrada y Alberto Barba, Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa de Jalisco.
Incluso Emilio Lozoya, ex director de Pemex, logró desbloquear con orden judicial una sola de sus cuentas en Banorte.
La UIF también ha desbloqueado a título propio en otros 4 asuntos, mientras que en 6 se abstuvo de ordenar la inmovilización de cuentas pese a que había querellas ante la Fiscalía General de la República (FGR), y en 14 casos continúan bloqueadas.
En expedientes como el de la Universidad Autónoma de Hidalgo, un gran número de cuentas han sido desbloqueadas por la justicia federal y otras más continúan congeladas.
Quienes continúan con sus recursos inmovilizados son Genaro García Luna y ex mandos de la Secretaría de Seguridad Pública federal; Roberto Sandoval Castañeda, ex Gobernador de Nayarit; Rosario Robles, ex titular de la Sedatu, y el propio Lozoya, este último con excepción de la cuenta referida.
También Alejandro Quintero Íñiguez, ex directivo de Televisa vinculado con el documental "El populismo en América" y el Magistrado federal Isidro Avelar, así como Guillermo y Alfredo Álvarez Cuevas, y Víctor Garcés, directivos y ex mandos de Cruz Azul.
A lo largo de este sexenio, la UIF se ha visto obligada a desbloquear cuentas sin mediar orden judicial, para evitar una afectación en pagos de nómina o de proveedores, como ocurrió con AHMSA, la Cooperativa La Cruz Azul y la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
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