EL ASALTO A LA RAZÓN/CARLOS MARÍN
Milenio, 5 de agosto de 2020
Apocos en los medios periodísticos, y menos en la política (ni se diga en el vecindario cibernético), les provocan escalofrío los juicios anticipados y condenas públicas basadas en señalamientos y acusaciones. A mí sí.
No deja de sorprenderme la diligente predisposición a linchamientos como el emprendido, desde su detención en diciembre, contra Genaro García Luna.
Sobre el exsecretario federal de Seguridad Pública pesan la imputación de recibir narcosobornos de El Chapo Guzmán y el nuevo cargo de que, en asociación con Ramón Pequeño García y Luis Cárdenas Palomino, encabezó un “grupo criminal”.
Convencido de la presunción de inocencia (por cierto: piedra de toque del sistema de justicia penal que rige o debiera regir en México desde hace cuatro años), deploro que siga imponiéndose el primitivo recurso inquisitorial de asumir que cualquier sujeto es seguro culpable por el solo hecho de haber sido inculpado.
De horror: ayer Alfonso Durazo, el más reciente sucesor de García Luna, dio una preocupante muestra de su desprecio por la justicia y el debido proceso, al revelar que 18 funcionarios han sido separados de la institución que dirige por haber tenido “vínculos” con su remoto predecesor.
“Son altos cargos; de director general, de director de área y de subdirector. Son tres directores generales y los demás son directores de área y dos subdirectores; dos directores generales de la Guardia Nacional…”, declaró en Nayarit.
Peor imposible.
Estremece que sean echados a la calle a servidores públicos transexenales que trabajaron a las órdenes de un presunto delincuente porque, arguyó, “simple y sencillamente” se les aplica “pérdida de la confianza”, a pesar de que lo único que tienen contra ellos es algo tan subjetivo que no figura en los códigos penales del mundo civilizado: la sospecha.
En fin.
Cárdenas Palomino ingresó en 1989 al Cisen. En 1993 dirigió el naciente grupo operativo del Centro Nacional de Control de Drogas de la extinta PGR; tres años después se convirtió en el primer jefe del Grupo de Secuestros de la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada; en 2000 fue nombrado director general adjunto de la Policía Judicial Federal y en 2001 director general de Investigación Policial de la Agencia Federal de Investigación que formó y jefaturó GGL.
De su actuación sobresalen su participación en el área de Análisis Táctico y la captura de linchadores de los tres policías federales quemados vivos en San Juan Ixtayopan, Tláhuac; la liberación (a dos meses del rapto) del director técnico del Cruz Azul Rubén Omar Romano (centenares de víctimas de secuestro lo reconocen por su desempeño en el combate de este delito y el de extorsión) y la captura de la banda de la que formó parte Florance Cassez. Además, coparticipó en la pacificación de Ciudad Juárez y Guanajuato.
En diciembre de 2012 se dio de baja en la PF para incorporarse a la iniciativa privada y, desde 2013, vive de brindar experiencia y servicios de seguridad al corporativo Azteca.
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