"El delito de desaparición forzada está totalmente acreditado y las judicializaciones, órdenes de aprehensión y confesiones legalmente obtenidas así lo demuestran....Gertz..
El fiscal General de la República, doctor Alejandro Gertz Manero....,
Señor presidente de la República, señoras y señores y miembros de esta comisión, señoras y señores.
Ante ustedes voy a hacer público el informe institucional que rinde la Fiscalía General de la República a la comisión sobre el caso Ayotzinapa, el cual no fue únicamente un crimen deleznable, sino fundamentalmente la muestra de una conducta delictiva integral, permanente y reiterada, que refleja los niveles de corrupción de un régimen político y administrativo.
En este asunto ya no cabe la menor duda de que el gobierno anterior, en todas sus instancias, desde la cúspide del poder, hasta los operadores más elementales, encubrieron, mintieron, torturaron, realizaron falsas diligencias y trataron de ocultar con impunidad y con escándalos mediáticos una trama que ahora se ha logrado exhibir con toda su crudeza y realidad.
Los jóvenes desaparecidos fueron víctimas que quedaron en medio de un choque de intereses de las fuerzas del narcotráfico que han estado asentadas en la ciudad de Iguala por ser esta un centro neurálgico de distribución de la droga que se produce en la Sierra de Guerrero y que es vital para quienes comercian con ella en la zona metropolitana del Valle de México, así como para los que trasiegan esos narcóticos hacia los Estados Unidos.
La presencia de los estudiantes fue un coincidente letal en un momento de choque entre los grupos delincuenciales, sus encubridores y sus socios, enquistados en las policías locales, en la Policía Federal, en los distintos organismos y fuerzas del Estado mexicano que tenían presencia en ese lugar.
Todo lo anterior se demuestra con la matanza que ocurrió en forma simultánea con la desaparición de los jóvenes, ya que hay acusaciones de que cerca de 80 personas fueron masacradas y ocultadas en Iguala por diferentes grupos delictivos y sus cómplices oficiales en esa lucha feroz entre criminales y encubridores burocráticos a lo que no se le dio seguimiento alguno por las autoridades competentes.
Es muy importante recordar que las autoridades locales y federales tuvieron conocimiento a través del sistema de comunicación C-4 que debió registrar lo que estaba ocurriendo, lo cual permitía identificar a quienes coparticiparon y presenciaron lo ocurrido, así como también pudo registrar las detenciones ilegales, sus traslados a las oficinas públicas y a los centros de justicia y otros lugares donde comenzó la tortura para que después estos jóvenes fueran entregados al grupo delincuencial estaba coludido con esas autoridades.
Y ahora, en las investigaciones realizadas, resulta que las cámaras dejaron de funcionar parcialmente y los radios se apagaron en diversos momentos, lo cual implica responsabilidades que no pueden quedar impunes y que vamos a investigar hasta sus últimas consecuencias.
Se ha señalado también que autoridades judiciales locales ocultaron videos que testimonian los hechos ocurridos en el palacio de justicia estatal en Iguala y al respecto también es necesario que dichas autoridades judiciales del estado de Guerrero rindan cuentas al respecto, se los estamos exigiendo y haremos que lo cumplan.
En la secuencia cronológica del caso, el Ejecutivo federal, para ocultar y encubrir sus colusiones, primero acusó a las autoridades locales y, como eso no le dio resultado que esperaba, tuvo que asumir el control y la responsabilidad del caso.
De esa manera, el gobierno de la República se convirtió en el operador de un encubrimiento generalizado para lo cual detuvieron y torturaron masivamente a miembros de corporaciones locales, consignándolos ilegalmente para que después se vinieran abajo todos esos procesos por sus violaciones masivas a los derechos humanos que tenían por objeto encubrir a los policías y a las autoridades federales.
El titular de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República se convirtió en el vocero oficial del gobierno federal y en el principal orquestador de toda esta mentira y de esas falsedades, llevando a cabo diligencias absolutamente reprobables, sin ningún control legal, ni respeto a los procedimientos para sostener esa denominada: Verdad histórica, basada en torturas, falsedades e ilegalidades con las que se quiso sepultar la realidad para así eludir sus responsabilidades en tales colusiones en un asunto en el que finalmente perdieron el control por su torpeza, por su prepotencia y su mala fe.
Hoy es importante destacar que los delitos cometidos por ese individuo que ahora huye a salto de mata por las órdenes de aprehensión que hemos logrado, no lo hizo gratuitamente, él tuvo un pago, él cobró y se robó más de mil millones de pesos del presupuesto de la entonces Procuraduría General de la República que sustrajo con varios cómplices de manera fraudulenta dentro de la institución y con la anuencia de sus superiores, como pago de sus infamias y para proteger su impunidad la institución puso a su disposición cerca de 50 agentes policíacos y todo el aparato administrativo para cuidarlo y facilitarle ese saqueo.
El año pasado, cuando iniciamos esta investigación y descubrimos ese enorme peculado, dicho individuo huyó el país y en cuanto obtuvimos las órdenes de aprehensión correspondiente, hicimos gestiones de extradición ante las autoridades de Canadá, pero él inmediatamente huyó a Israel, país al que se le ha pedido todo su apoyo porque sus autoridades saben muy bien lo que significan las violaciones a los derechos humanos y las responsabilidades de verdugos y torturadores, como es el caso que nos ocupa.
Estos trámites se están haciendo de conformidad con los criterios que establecen las normas jurídicas internacionales y las de ese país.
Por lo que toca al titular de la Procuraduría General de la República, este se convirtió en encubridor y en vocero del Ejecutivo para tratar de orquestar este engaño mediático masivo y para eludir las responsabilidades que eran ineludibles mientras patrocinaba procesos que tenían como único destino y como único propósito su fracaso.
Hay que tener muy presente que todo lo anterior no fue un hecho aislado y sí fue una conducta y una política de gobierno de una administración profundamente infiltrada por la delincuencia y por la corrupción, igualmente se organizó la Estafa Maestra que sustrajo más de cinco mil millones que debían aplicarse en favor de los más necesitados hundiendo las finanzas y la dignidad de muchas universidades públicas de todo el país.
También fueron los que saquearon y arruinaron a Pemex y a la industria petrolera mexicana, igualmente fueron los que se coludieron con todos los grandes fraudes financieros que hoy se combaten, en forma semejante participaron en la entrega masiva de las riquezas de la nación.
Este caso fue uno de tantos que se cometieron, sin duda, el más cruel, el más abusivo, solamente comparable con la matanza nacional que sufrimos por más de una década.
Volviendo al abuso infame del poder y en razón de los crímenes que generó el caso que nos ocupa, el actual presidente de la República hizo suyas las reclamaciones de los padres y de los familiares de los desaparecidos.
Con esa responsabilidad y con esa guía, hoy por fin se está haciendo justicia, los responsables de la desaparición forzada de los 43 estudiantes están plenamente identificados y se les está procesando con toda legalidad.
Los juicios fraudulentos del pasado han sido repuestos en lo posible, imputando a quienes los cometieron que también deben de ser castigados.
Se han obtenido legalmente las 70 órdenes, ya señaladas, de aprehensión, de las cuales se han cumplimentado, como ya se dijo, 34, tanto por delincuencia organizada como por tortura, se han identificado y detenido a los altos funcionarios de la Procuraduría General de la República que fueron los principales operadores de esa mentira histórica y el líder de los narcotraficantes que operó la desaparición se encuentra también en prisión sujeto a proceso.
Se han ratificado con toda precisión los peritajes que descalificaron la supuesta quema inmediata masiva y al aire libre del basurero de Cocula.
Se ha demostrado con toda legalidad que los restos del Río San Juan fueron sembrados ilegalmente por los responsables de la investigación y sus auxiliares para ocultar su verdadero origen y tratar de justificar lo injustificable manipulando evidencias y encubriendo tanto delitos, como a delincuentes.
Ya en esta administración, y bajo las normas periciales más estrictas y con la comparecencia de padres y testigos independientes, se han encontrado en un sitio distinto al basurero los restos de un estudiante desaparecido y su identidad se ha confirmado por la Universidad de Innsbruck, también se han hallado otros restos en otros sitios que ya están periciándose en dicha universidad.
El delito de desaparición forzada está totalmente acreditado y las judicializaciones, órdenes de aprehensión y confesiones legalmente obtenidas así lo demuestran.
El delito de delincuencia organizada igualmente se ha aprobado plenamente.
¡Los delitos oficiales contra la administración de justicia se han acreditado y el responsable y sus auxiliares están siendo procesados.
e ha roto la barrera del encubrimiento y de la mentira, ahora conocemos toda la trama y la urdimbre criminal que los padres y la población sabían que existía, pero no podrían probarlo porque el gobierno estaba en su contra.
La búsqueda habrá de continuar hasta donde sea humana y legalmente posible, y con ello habremos de demostrar nuestro compromiso que es absoluto y permanente.
La tarea que se ha hecho es ejemplar, el líder de este proyecto es el presidente de todos los mexicanos.
Los trabajos de búsqueda realizados por el licenciado Alejandro Encinas han sido fundamentales.
El fiscal especial, los agentes del Ministerio Público, los peritos, los policías y el personal de apoyo merecen todo nuestro reconocimiento.
Por parte de ellos no ha habido más que trabajo, compromiso, honorabilidad y discreción, para todos ellos un merecido encomio.
La esencia de este caso está alojada en el origen mismo de la corrupción, de un sistema que no puede ni debe prevalecer, y eso lo estamos demostrando.
Muchas gracias.
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