Y aunque la diga la ley. Por encima de la ley está el pueblo, está la democracia. Yo voy a estar aquí mientras el pueblo me respalde. ...” @lopezobrador_
Sumisa Corte/Jesús Silva-Herzog Márquez
en REFORMA, 05 Oct. 2020
Las instituciones ayudan a preservar la decencia democrática, dice Timothy Snyder en el lúcido panfleto contra la tiranía que publicó tras la victoria de Donald Trump. Pero esas estructuras no suelen cuidarse a sí mismas. No debemos confiar en que quienes hablan en su nombre sean custodios de sus valores y de sus principios. Habría, más bien, que sospechar de ellos en momentos críticos. Pueden ser torpes para apreciar la amenaza de los autócratas populares; tienden a acomodarse al régimen que los intimida creyendo que la sumisión estratégica puede salvarlas; son miopes, se tragan los anzuelos que les ofrece el déspota y muchas veces, simplemente cobardes para encarar al enemigo de los equilibrios.
La discusión sobre la constitucionalidad de la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes puso a prueba la independencia, la lucidez y el decoro de la Suprema Corte de Justicia. No salió airosa de ninguna de ellas. Tres fracasos de un tribunal que se muestra sumiso, enredado e indigno. Teniendo frente a sí un proyecto tan popular como aberrante, la Corte decidió faltar a su responsabilidad y congraciarse con el Ejecutivo. Lo dijo con admirable claridad el ministro Luis María Aguilar, quien describió la propuesta como un "concierto de inconstitucionalidades". Eso era. Ruptura de los principios elementales de un régimen de leyes.
La argumentación del ministro Zaldívar fue una lúcida defensa de la subordinación. La inteligencia puesta al servicio de la obsecuencia. El juez concibe a la Corte como un acompañante del proyecto del presidente López Obrador. Lo dijo con todas sus letras poco después de la elección del 18: los jueces debemos escuchar el mensaje de las urnas. Lo defendió el jueves pasado con su voto. El juez caminando tras la pista del gobernante. Que las formalidades de la ley no estorben la marcha de la Justicia. La Corte debe ser otro agente político y no un mero defensor de la constitucionalidad. Los argumentos del ministro aplican un ligero barniz jurídico a la retórica lopezobradorista. Escuchar ese mimetismo es una desgracia de la república. El ministro presidente actuaría bien si fuera secretario de Justicia, si fuera ese consejero legal que el Presidente no tiene. Escuchar al presidente de la Suprema Corte de Justicia actuar como defensor de las limpias intenciones del Ejecutivo es un espectáculo bochornoso. Cuando el juez constitucional habla con la misma voz que usan los políticos, cuando permite que su lenguaje sea secuestrado por la retórica del palacio y de la plaza, cuando es incapaz de aportar la palabra del derecho, su intervención más que trivial, es nociva. Esa me parece la gran tragedia de la Corte de Arturo Zaldívar.
Para respaldar al Ejecutivo, la mayoría de los ministros decidió servir de intérprete, no de la Constitución, sino de la intención del Presidente. ¿Qué habrá querido proponer López Obrador? ¿Cómo podremos servir a su deseo? Transgrediendo abiertamente sus facultades, la Corte propuso una pregunta que no tiene ya nada que ver con lo que recibió del Senado. No es una mejora. No veo habilidad política ni mucho menos inteligencia en la salida política de los jueces. Cuando los jueces hacen grilla, cuando hacen cálculos de simpatías y ventajas producen adefesios como los que nos entregó el máximo tribunal el jueves pasado. "¿Estas de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco Constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?".
La pregunta coloca a Cantinflas como teórico del "constitucionalismo transformador" del que habla el lopezobradorista. La pregunta que se sacaron de la manga los jueces (y que, insisto, transgrede su competencia) no solamente es ridícula, es un engaño. Si la pregunta que atienden los votantes no es clara, si la consecuencia de su intervención no es obvia para quien responde, la consulta es una farsa. La consulta es decisión o no es nada. Gracias a la marometa de la Sumisa Corte, el instrumento nacerá como un engaño. Con tal de darle un obsequio al Presidente, el tribunal nos convoca a una farsa.
http://www.reforma.com/blogs/silvaherzog/ç
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