Los Centros Públicos de Investigación Conacyt/ Blanca Heredia
En medio de una pandemia como la del Covid-19, es cuando más se necesita del esfuerzo conjunto y sistemático del Estado. Por supuesto el sector científico es clave ya que, en primer lugar, se necesita de las ciencias naturales y el desarrollo tecnológico para frenar, curar y atender las consecuencias del virus y, en segundo lugar, de las ciencias sociales para contener los costos socioeconómicos de la pandemia y planear la reconstrucción económica y social poscrisis sanitaria. En México, el sistema de Centros Públicos de Investigación (CPI) sectorizados en Conacyt son la segunda fuerza, después de la UNAM, en generación de conocimiento y desarrollo tecnológico, así como en educación incluyente y de excelencia.
¿Por qué importan los CPI? Porque esta segunda fuerza nacional es y ha sido el vehículo para que miles de estudiantes, de todos los orígenes sociales y rincones del país, accedan a una formación de alta calidad y puedan contribuir a construir el presente y forjar el futuro de México.
¿Por qué son clave los fideicomisos en esta historia? Los CPI se financian, fundamentalmente, con recursos públicos (fiscales). Sin embargo, muchos de ellos cuentan con fideicomisos –previstos y regulados por la Ley de Ciencia y Tecnología vigente– que les permiten obtener recursos complementarios, sin los cuales operarían en condiciones de bastante escasez. Estos fideicomisos, que son de escala proporcional a su función, pequeños, bien operados y bien gobernados, son un mecanismo legal de obtención de recursos. Sus esquemas de transparencia funcionan, por otra parte, ofreciendo una señal de confianza a instituciones gubernamentales, organizaciones sociales, empresas y organizaciones nacionales e internacionales para invertir en el sistema científico mexicano. Es decir, los fideicomisos de ciencia y tecnología potencian los recursos fiscales que provee el Estado, ya que estos fondos adicionales que, cada CPI gestiona, permiten ampliar su alcance e impacto.
La iniciativa de Morena de modificar la Ley de Ciencia y Tecnología para extinguir los fideicomisos de los CPI parte de la idea inexacta de que éstos son nidos de opacidad y corrupción. La creación de estos fideicomisos está prevista y regulada, primero, por la Ley de Ciencia y Tecnología vigente. Desde hace al menos 10 años, estos instrumentos se rigen, además, por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento. Son fiscalizables por la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública, y están obligados a transparentar sus actividades a través de reportes trimestrales al Congreso y en la Cuenta Pública, así como mediante su inscripción en el Registro (público) de Fideicomisos y Mandatos que lleva la SHCP y su observancia a las Leyes General y Federal de Acceso a la Información.
En suma, la información sobre los recursos captados en los fideicomisos de ciencia y tecnología es pública y fiscalizable. Además, en los fideicomisos hay recursos que son distintos a los fiscales y que cada CPI logró obtener para mejorar sus funciones y su rol educativo. Si se les extingue, esto implicaría largos y costosos litigios con organismos internacionales, fundaciones y empresas que invirtieron en el sistema científico y en la formación de estudiantes del país.
¿Qué hacen y quiénes son esos CPI de los que hablamos? Por materias, los 26 CPI se distribuyen de la siguiente manera:
Diez centros se ocupan de generar conocimiento y formar profesionales de alta especialidad en ciencias exactas y naturales: Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD); Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (CIBNOR); Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE); Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY); Centro de Investigación en Matemáticas (CIMAT); Centro de Investigación en Materiales Avanzados (CIMAV); Centro de Investigaciones en Óptica (CIO): Instituto de Ecología (INECOL); Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), e Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (IPYCYT).
Ocho desarrollan investigación sistemática sobre los problemas sociales de México y forman profesionales especializados en ciencias sociales y humanidades para el sector público (federal y local, la academia, el sector social y el sector privado). En este grupo: Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE); Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS); Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial (CIGGET); el Colegio de la Frontera Norte (COLEF); el Colegio de Michoacán (COLMICH); el Colegio de San Luis (COLSAN); el Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR); y el Instituto de Investigaciones Dr. José Ma. Luis Mora.
Un último grupo de ocho CPI se dedican al desarrollo tecnológico en apoyo al fortalecimiento de la planta productiva nacional. En este campo: Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas (CIATEC); Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco (CIATEJ); Centro de Tecnología Avanzada (CIATEQ); Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI); Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica (CIDETEQ); Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA); Corporación Mexicana de Investigación en Materiales (COMIMSA); y Fondo de Información y Documentación para la Industria (INFOTEC).
Además de sus proyectos regulares, en la actualidad una diversidad de estos centros colabora en el desarrollo de modelos epidemiológicos para el seguimiento a la pandemia, en la fabricación de equipo médico, así como en la generación de información y propuestas para minimizar los costos económicos y sociales de la contención del virus (en especial para la población de menores recursos).
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Se convierte en Centro Público de Investigación:
El 25 de junio de 2012 siendo procuradora Marisela Morales y director del Conacyt el Dr. Jose Enrique Villa Rivera, Inacipe se erigió como Centro Público de Investigación con el más alto nivel académico, siendo Miembro de Sistema de Centros Públicos de Investigación CONACYT.
Dice el decreto respectivo..
TERCERO.- Que el Instituto Nacional de Ciencias Penales es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios y que se encuentra bajo la coordinación sectorial de la Procuraduría General de la República, en términos del Decreto de creación del propio Instituto, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 11 de abril de 1996 y de su Estatuto Orgánico, así como de la Relación de Entidades Paraestatales de la Administración Pública Federal sujetas a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2011;
(...)
CONSIDERANDO
VII. Que dentro de las funciones que tiene asignadas el Instituto Nacional de Ciencias Penales se encuentran las de impartir cursos de capacitación y especialización para la profesionalización de los agentes del Ministerio Público y de peritos, así como de servidores públicos de otras áreas relacionadas con la procuración de justicia; impartir programas de posgrado a nivel de especialidad, maestría y doctorado en las áreas de las ciencias penales y de política criminal, así como realizar actividades de extensión académica, tales como cursos de actualización, diplomados o equivalentes; brindar el asesoramiento que requieran personas e instituciones públicas y privadas; y participar, en su caso, como órgano consultivo y propositivo en el estudio, formulación y aplicación de políticas públicas dentro del ámbito de su especialidad;
VIII. Que de lo precedente se desprende que el objeto predominante del Instituto Nacional de Ciencias Penales es el de realizar actividades de investigación científica y tecnológica en los ámbitos de las ciencias penales y de la política criminal y, que desde su creación, efectivamente se dedica a dichas actividades;
IX. Que el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, dentro del análisis que realizó, acordó apoyar la propuesta de que el Instituto Nacional de Ciencias Penales sea reconocido como Centro Público de Investigación;
(...)
RESUELVE
PRIMERO.- La Procuraduría General de la República y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, actuando de manera conjunta, son competentes para conocer y resolver sobre la petición presentada por el Instituto Nacional de Ciencias Penales para ser reconocido como Centro Público de Investigación, con fundamento en la Ley de Ciencia y Tecnología.
SEGUNDO.- En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Ciencia y Tecnología, la Procuraduría General de la República y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, actuando en forma conjunta, emiten RESOLUCION FAVORABLE reconociendo al Instituto Nacional de Ciencias Penales como Centro Público de Investigación.”.
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5256074&fecha=25/06/2012
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