Los militares vinculados con la matanza de Tlatlaya regresan a la prisión militar....
Dic el periódico El País que su captura responde a la orden de un tribunal unitario, que en octubre de 2019 resolvió detenerlos de nuevo, volteando decisiones judiciales previas que los habían dejado en libertad. Según versiones periodísticas, el propio Ejército se encargó de la detención e ingreso de los acusados a la prisión militar a mediados de marzo. Cuatro de los siete, acusados de ejercicio indebido, dejaron la cárcel poco después. Los otros tres, un sargento y dos soldados acusados de homicidio y encubrimiento, permanecen en prisión.
¿De que se trata este asunto?
Gracias al periodismo de investigación pudimos saber que los hechos lamentables ocurridos durante las primeras horas del lunes 30 de junio de 2014 en la comunidad de San Pedro Limón del municipio de Tlatlaya, Estado de México, no sólo se registró un enfrentamiento armado entre elementos del Ejército –un pelotón del 25 Batallón de Infantería perteneciente a la 22 Zona Militar con sede en Santa María Rayón–e integrantes del crimen organizado, con un saldo de 22 civiles muertos, sino que hubo algo más: Presumiblemente una ejecución sumaria, es decir homicidio.
Sin embargo, la tarde de aquel lunes, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) emitió un comunicado afirmando que soldados “abatieron” a 22 secuestradores en un enfrentamiento. Se reportó entonces que los militares liberaron a tres mujeres secuestradas y aseguraron 38 armas, incluidas algunas de alto poder a saber: 25 armas largas, 16 de ellas eran fusiles AK-47, calibre 7.62x39mm, seis fusiles AR15, calibre 0.223, un fusil marcar Calico, y dos escopetas calibres 12 y 0.22. También se aseguraron 13 armas cortas, cuatro de ellas calibre 9mm, tres calibre 0.45, tres calibre 0.38 súper, una calibre 0.22 y un revólver 0.38 especial, además de una granada de fragmentación, 112 cargadores y cartuchos de diversos calibres.
Un solado fue herido sin gravedad. Punto.
Ese mismo día el secretario de Seguridad Ciudadana del Estado de México, Damián Canales, informó que los hechos ocurrieron en las primeras horas de ese lunes en la comunidad de Arcón de Los Laureles, una pequeña población de 250 habitantes y que se ubica al sur de la entidad.
Nadie cuestionó el comunicado –me incluyo– y el asunto aparentemente quedaría ahí. Pero días después, el 8 de julio, un reportaje de la agencia informativa estadounidense The Associated Press –firmado desde San Pedro del Limón, Tlatlaya– planteó serias dudas de los hechos lamentables.
Reporteros de la agencia estadounidense sugirieron que los orificios y las manchas de sangre en la pared de la bodega no fueron producto de un enfrentamiento sino de una sanguinaria ejecución por parte del Ejército. Las manchas de sangre y los orificios de bala en los muros de hormigón observados por periodistas tres días después del tiroteo plantearon interrogantes acerca de si todos los sospechosos murieron en el enfrentamiento o después de que terminara.
Un testigo anónimo entrevistado dijo que oyó disparos y golpes durante casi dos horas la madrugada del 30 de junio. Después de que se silenciaron los disparos observó a los soldados merodeando en los cerros.
Ante ello varias ONG, como Human Rights Watch pidieron al gobierno “una investigación imparcial y efectiva”. Aun con esa presión el asunto se manejó de bajo perfil, nadie dijo nada, salvo algunas excepciones.
Sin embargo, semanas después un reportaje de la revista Esquire– firmada por Pablo Ferri Tórtola –difundido el miércoles 17 de septiembre llevó que el Departamento de Estado norteamericano exigiera a las autoridades mexicanas una “explicación creíble” acerca de los hechos.
La frase de Jeff Ratkhe, vocero del Departamento de Estado estadunidense fue contundente: “Hemos visto los reportes recientes y le estamos dando seguimiento a este caso”.
A finales de 2014, la Procuraduría General de la República (PGR) asumió el caso y concluyó que los militares habían ejecutado al menos a ocho de las 22 víctimas. En su propia investigación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) elevó la cifra a entre 12 y 15. En octubre de ese año, los militares fueron capturados. La PGR acusaba a dos soldados y un sargento del homicidio de los ocho y de alterar la escena de los hechos. Al teniente que lideraba el convoy y los otros tres les acusó de ejercicio indebido.
El caso parecía avanzar con diligencia, pero entre 2015 y 2016, los jueces estimaron que la PGR no había aportado elementos para sustentar sus acusaciones y liberó a los siete. El escándalo se avivó cuando los abogados de Clara Gómez encontraron en el expediente del caso un documento castrense que recogía las órdenes bajo las que debían actuar los militares en esa zona del Estado de México. En el documento se leía que “las tropas deberán operar de noche en forma masiva y en el día reducir la actividad con el fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad”. Esta orden estaba vigente el día de las ejecuciones.
A lo largo de los años, los abogados de Gómez, integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, han criticado la falta de diligencia de la Fiscalía para investigar la cadena de mando en el caso Tlatlaya. Apenas en 2020, los letrados pudieron interrogar por primera vez a los mandos militares que integraban la jerarquía castrense la noche de los hechos, el 30 de junio de 2014. En el caso del general José Luis Sánchez León, encargado del Ejército en el sur del Estado de México, sus declaraciones revelaban, por ejemplo, que había sabido de lo ocurrido desde las primeras horas de la mañana del 30 de junio, poco después de las ejecuciones. Hasta entonces, el general había dicho que aquel día estaba de vacaciones y que solo supo de lo ocurrido por partes informativos. Pese a los datos novedosos que hallaron los abogados, la Fiscalía dio carpetazo al asunto días después, como informó entonces EL PAÍS, estimando que no había indicios para “ejercer acción penal” contra nadie.
La investigación principal, que parecía estancada desde la resolución del tribunal unitario de 2019 de volver a detener a los militares, se mueve ahora de nuevo. A partir de las pruebas, el tribunal considera probable que los soldados Fernando Quintero y Leobardo Hernández y el sargento Roberto Acevedo ingresaron en la bodega desde donde habían disparado los civiles después del tiroteo. Que una vez allí, dispararon a los supervivientes y los mataron. Y que luego movieron cadáveres y armas.
En un comunicado divulgado este jueves, el Centro Pro ha señalado que “la reaprehensión de los responsables es relevante. No habría ocurrido sin la perseverancia de las víctimas y sin el control del poder judicial sobre la investigación. Al mismo tiempo, no agota los pendientes de la justicia en el caso: sigue siendo indispensable que se determine cabalmente el número de víctimas y que se investigue la cadena de mando de la orden de abatir”.
Recomiendo:
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