El estado de derecho está en peligro...Presumen en la 4T la “justicia" por encima del estado de derecho...¡Cuidado!
Consuman golpe (al Poder Judicial): Reforma
La Cámara de Diputados consumó el golpe al Poder Judicial, al aprobar una reforma que amplía por dos años el cargo al Presidente de la SCJN y a integrantes del CJF.
Después de una sesión maratónica de casi 24 horas, el dictamen se aprobó en lo particular, sin hacer ningún cambio, con 262 votos a favor, 182 en contra y 7 abstenciones, y se envió al Ejecutivo federal para su publicación.
En un comunicado emitido horas después de la votación, el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, dijo que tomará una decisión sobre el tema una vez que el máximo tribunal resuelva sobre su constitucionalidad, para lo cual podrían pasar meses.
El Ministro negó (una y otra vez) haber tenido conocimiento previo de que en el Congreso se planeaba extender su Presidencia y adelantó que, cuando la Corte discuta el tema, se declarará impedido para participar en la votación.
"Ejerceré el cargo de presidente de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal por el periodo para el cual fui electo por mis pares -que termina el último día de 2022-, y estaré a la determinación de la SCJN sobre el precepto en cuestión", explicó.
Al declararse impedido Zaldívar, bastará que tres de los restantes 10 ministros apoyen la reforma para que quede tal cual, pues se requerirán ocho votos para declarar su invalidez.
En su conferencia mañanera, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que quienes estén en contra de la reforma aprobada pueden recurrir al Poder Judicial para inconformarse.
Diego Valadés, constitucionalista, escritor y académico, alertó sobre el peligro que vive el País luego de la aprobación del dictamen en San Lázaro.
"México está al borde de un periodo de orfandad constitucional", señaló en un mensaje en Twitter.
Legisladores de la oposición podrán recurrir a la acción de inconstitucionalidad.
De los diputados de Morena, cerca de 28 no votaron por el dictamen, como Porfirio Muñoz Ledo, Lorena Villavicencio, Inés Parra, Sergio Gutiérrez Luna y Nayeli Salvatori.
Otros diputados se manifestaron en contra, como Gabriela Cuevas, Lidia García, Patricia Ramírez, y Sergio Mayer.
De los aliados de Morena, PT y PVEM apoyaron el dictamen y los diputados de Encuentro Social lo hicieron en contra.
En los posicionamientos de los partidos, el coordinador del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, calificó como impresentable el artículo transitorio.
Por el PRI, Enrique Ochoa acusó que se apostó por una reforma que violenta la supremacía constitucional, con un transitorio en una ley secundaria. (Nota de Claudia Salazar, Martha Martínez, Víctor Fuentes y Claudia Guerrero/ Reforma)..
Recomendable el posicionamiento completo en la madrugada de ayer de PML, la opinión ( en mi blog...:https://fredalvarez.blogspot.com/2021/04/posicionamiento-de-pml-en-san-lazaro.html Perjurio en San Lázaro..."Me opongo, con toda la fuerza de mi ser, a una violación tan flagrante... y absolutamente... de la Constitución-...” Las Salvador García Soto, Pancho Garfías, Ana María Magaloni, José Manuel Vivanco y sobre del gran jurista Sergio García Ramírez..., y las que se sumen (abajo)
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Las columnas políticas hoy, 24 de abril de 2021
TEMPLO MAYOR7Reforma
EN LOS PASILLOS del Trife se comenta que detrás de la dura carta de reclamo al presidente de ese organismo, José Luis Vargas, que hicieron pública otros cinco magistrados hubo una reunión privada.
SEGÚN ESTO, el "Magistrado Billetes" los citó para "negociar" un intercambio: que lo apoyaran para devolverle la candidatura en Michoacán al morenista Raúl Morón y, a cambio, él estaría de acuerdo en que Félix Salgado Macedonio quedara fuera de la elección en Guerrero y, de pilón, votaría en favor de la decisión del INE contra la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados.
Y CUANDO los magistrados se negaron a ese trueque, Vargas decidió por sus pistolas mover la sesión al martes para darle tiempo al gobierno federal de ejercer mayor presión sobre sus compañeros y que los tres temas salgan como quieren en Palacio Nacional.
PARA COLMO, dicen que Vargas tiene una razón muuuy particular para ayudar a Morón, y es el hecho de que uno de los abogados que defiende su caso es Frank del Río, quien colabora de forma muy estrecha con su cuñado, Peter Bauer. Tal parece que el juez electoral no conoce el concepto de "conflicto de interés".
VAYA JUGADA armaron los morenistas Adela Román y Pablo Amílcar Sandoval, sancionados por el INE junto con Félix Salgado Macedonio por no presentar su informe de gastos de precampaña al gobierno de Guerrero.
AMBOS presentaron ante el Trife un recurso argumentando que el único precandidato de su partido fue Salgado, por lo que ellos no estaban obligados a formular reporte y no debieron recibir sanción.
SI LOS magistrados electorales dan por bueno su reclamo, uno de ellos podría relevar a "El Toro" y buscar la gubernatura bajo las siglas del partido que aventaja en las encuestas. Como sacarse la lotería sin comprar boleto.
CON TODO y el espaldarazo presidencial de ayer, le siguen sacando sus trapitos al sol a quien será el encargado del padrón de usuarios de celulares con datos biométricos, Ricardo Mejía.
ALLÁ en Coahuila recuerdan muy bien cuando el hoy subsecretario de Seguridad era cercano colaborador de Raúl Sifuentes en su periodo como secretario de Gobierno en el sexenio del priista Enrique Martínez.
Y ASEGURAN que Mejía era el encargado de operar una red de espionaje telefónico para recabar información de sus adversarios que le ayudara a Sifuentes a conseguir, en el 2005, la candidatura del PRI a la gubernatura que, finalmente, obtuvo Humberto Moreira. ¡Qué tal!
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BAJO RESERVA/El Universal
AMLO y sus burócratas dorados
Ayer, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) tomó protesta a Octavio Alberto Almada Palafox como comisionado nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca).
La sorpresa no sólo es su formación educativa (licenciado en Psicología Deportiva), sino que las labores que desempeñaba antes de ese encargo no tienen ninguna relación con su puesto recién asignado. Palafox era parte de la ayudantía del presidente Andrés Manuel López Obrador; incluso fue uno de los asistieron al presidente mientras tuvo Covid-19.
Lo curioso es que este no es un caso excepcional. De la ayudantía han salido Diego Alberto Hernández Gutiérrez, hoy responsable del programa Becas Elisa Acuña de la SEP; también Paloma Rachel Aguilar Correa y Javier Portugal Dorantes, que ahora laboran el SAT, y cómo olvidar a Ángel Carrizales López en la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente y a Alejandro Antonio Calderón Alipi, flamante Coordinador de Abastecimiento y Distribución de Medicamento.
Y para rematar: Carlos Sánchez Meneses, a quien pusieron como Coordinador de Infraestructura hospitalaria. El gobierno lopezobradorista encontró a la gallina de los huevos de oro de funcionarios públicos idóneos para un trabajo sobre el cual no tienen ninguna preparación. Bien pagados, por supuesto, con sueldos en algunos casos de más de 100 mil pesos.
Los bandazos de Ximena
La llamada Ley Zaldívar se aprobó la madrugada de este viernes en la Cámara de Diputados y fue turnada al Ejecutivo para su publicación. Pero a las 4:25 de la madrugada, uno de los aliados de la 4T, Encuentro Social se rajó, y no votó a favor del dictamen, lo que le metió un susto a Morena; pero las cifras estaban garantizadas: sólo siete en Morena votaron en contra, mientras que 18 del PES rechazaron la modificación.
Pero el caso que llamó la atención fue el de la excomisionada presidenta del INAI, y hoy diputada del PRI, Ximena Puente, quien votó a favor de los morenistas, contrario a toda su bancada.
¿Qué llevó a la legisladora a ir a contracorriente de su partido? Ella no lo ha explicado, lo cierto es que parece ser la marca de la casa: se veía abominable su paso de una institución autónoma y apartidista como el INAI, al PRI, pero ocurrió. Ahora nadie en el viejo partido tendría que mostrarse sorprendido por este nuevo bandazo.
Magistrada en problemas
A quien se le ha hecho costumbre revelar el sentido de su voto, lo que comienza a generar conflicto, es a la magistrada Gabriela Villafuerte, de la Sala Regional Especializada, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A la magistrada se le ha detectado ya en varias ocasiones que utiliza las redes sociales para difundir el sentido de su voto, sobretodo en temas complicados.
Peor aún, consideran quienes la reprueban, es que hable con algunas de las partes involucradas, lo que lleva a falta de equidad en el análisis de algún asunto.
Ello derivó ya en que la magistrada cuente con un procedimiento administrativo, derivado de un asunto que tuvo que ver con una funcionaria de Aguas en San Luis Potosí. Vaya lío que ocasiona Gabriela Villafuerte, dicen en los pasillos del TEPJF.
Empresarios de buenas
Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador y el presidente del CCE, Carlos Salazar Lomelín, derrocharon amabilidad y cordialidad durante la conferencia mañanera en donde se explicaron los avances de la nueva ley contra la subcontratación ilegal, mejor conocida como outsourcing.
Pero lo que sorprendió fue cuando Don Carlos defendió los cambios que se han llevado a cabo ante los comentarios “que hay en la prensa, que parece que el mundo se va a acabar” cuando los tres sectores se ponen de acuerdo. “Recuerdo cuando aumentamos los salarios, pues siempre saldrá alguien a decir: ‘
No, esto va a provocar desempleo tremendo y va a haber millones de gentes…’ Cuando movimos las pensiones, lo mismo; cuando se habló de la Ley Federal del Trabajo, lo mismo. Criticó a esas “aves de malagüero" que siempre tratan de poner un futuro oscuro y gris, cuando se está en favor del país.
¿Habrá relación entre esta renovada cordialidad y la reunión de Carlos Slim con el Presidente hace unos días?.
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FRENTES POLÍTICOS/Excélsior
1. Firmeza. A pesar de que el partido no se pronunció respecto a las acusaciones al diputado Saúl Huerta, señalado por un menor de edad por abuso sexual, se ha quedado más solo que nunca. Y a pesar de que intentó tirar billetazos a la familia para evitar la tempestad, suplicando “no me destruyan”, su destino está escrito: el presidente López Obrador pidió a las autoridades competentes que actúen penalmente contra Huerta.
Señaló que el caso del diputado federal por Morena rebasa el ámbito partidista y político. “Sí a todo lo que corresponda. Y eso tiene que ver con el partido, pero también tiene que ver con el Poder Judicial, porque eso cae en la esfera del derecho penal”, dijo. Justo el temple que no tuvo ninguno de los líderes de su partido. Lección.
2. El triste. Una vez más Sergio Mayer, uno de los nuevos políticos adscritos a Morena, arremete contra las directrices del instituto político por el que es diputado. “Hoy es un día triste para México —escribió en su cuenta de redes sociales—, me duele el alma. Querida Constitución, perdónalos, no saben lo que hacen”. Rápido le contestaron aludiendo a que las puertas de Morena están abiertas, si no le gustan las acciones por las que lucha el partido.
¿No valora las grandes reformas en beneficio del pueblo o no entiende hacia dónde van los colores que porta. Quejarse amargamente no le sirve. Si en realidad está en desacuerdo con la línea, renunciar hablaría en verdad de lo triste que se siente dentro de Morena. Si no lo hace, sólo palabras vacías.
3. Todo a su tiempo. Siguen las opiniones encontradas en torno a la figura del ministro Arturo Zaldívar, luego de que el Congreso avalara su permanencia por dos años más al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Respetuoso de los tiempos y las instituciones, esperó para pronunciarse hasta que el proceso parlamentario concluyera. Y lo hizo claramente, aunque algunos lo interpreten a su parecer. Aseguró que permanecerá el plazo por el cual fue designado y esperará lo que resuelva la Suprema Corte al respecto.
Decisión que, dijo, se deberá tomar de acuerdo con los cauces constitucionales y democráticos. Su prioridad es mantenerse concentrado en ejercer el cargo y continuar garantizando la independencia, libertad, autonomía y honestidad de los jueces. Seguir fortaleciendo al Poder Judicial, lo que ha hecho muy bien.
4. El exigente. Félix Salgado Macedonio publicó en su cuenta de Facebook una solicitud al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que se le conceda el derecho de audiencia y así presentar los alegatos por el proceso que enfrenta, ante el retiro de su candidatura por parte del INE. Señala que espera se le asigne fecha y lugar para hacerlo.
De acuerdo con la normatividad vigente, sus alegatos los tuvo que presentar por escrito, en el texto en el que pide al tribunal revisar y cambiar la resolución del INE en su contra. Y está feliz porque el tribunal estableció como fecha de audiencia para desahogar alegatos el próximo lunes 26 de abril, a las 11 de la mañana. Pide audiencia, cuando lo que debería es pedir perdón por las acusaciones en su contra. Aunque, ya parece…
5. Ring inagotable. La escena política en México es tan extensa que no sólo caben políticos. Hoy se suben al cuadrilátero candidatos de elección popular de todos los sectores sociales del país. Y en las urnas suman votos. La popularidad los lleva al poder y es por eso que los partidos recurren al reclutamiento de artistas, exfutbolistas e incluso, luchadores, en un intento por captar votos en la contienda electoral del 6 de julio.
¿Qué de extraño tiene, entonces, que un empresario como Jorge Hank, quien ya fue presidente municipal de Tijuana, pretenda gobernar al estado? Tiene Baja California la disyuntiva de un mejor destino. Y candidatos de altura, todos. “No vengo a enriquecerme, yo ya tengo dinero”, dijo. Posee el beneficio de la duda. Le faltan los votos. Si los merece, este 6 de junio se sabrá.
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TRASCENDIÓ/Milenio Diario
Que de acuerdo con documentos a los que tuvo acceso el gobierno federal, la encargada de liquidar un adelanto de 100 mil dólares para contratar el cabildeo del despacho Gerger Hennessy & McFarlane contra las autoridades mexicanas en EU fue Mariana Gómez Leal, es decir, la esposa del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, lo que representa por lo menos para la Unidad de Inteligencia Financiera, que encabeza Santiago Nieto, que la pareja maneja un perfil transaccional muy alejado de sus ingresos reportados y hace crecer la sospecha de que estos recursos provienen del erario, por lo que ya se prepara una demanda por peculado.
Que en los rumbos de la chiquillada, quien anda que no cabe de gusto es el coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, ya que acaba de hacerse de un legislador más con la llegada de Obed Maceda, quien sustituye al mexiquense Juan Zepeda, ahora candidato de Movimiento Ciudadano a alcalde de Nezahualcóyotl. Con ese enroque, en el cuadro senatorial ya son cuatro los perredistas y queda en siete la afiliación de los del partido naranja.
Que el morenista Benjamín Saúl Huerta, señalado de abuso sexual contra por lo menos un menor de edad, no solo fue bajado de la candidatura a la reelección como diputado federal, sino que en las próximas horas se confirmará su solicitud de licencia para dejar la curul, como se lo sugirió ayer mismo el Presidente de la República... a menos que prefiera afrontar un desafuero.
El acusado no deja de hablar de que él fue la víctima de intento de extorsión.
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RAZONES/La Razón
Agresor panista
Durante una clase en línea el pasado jueves, una maestra de la Preparatoria 5 de la Universidad Autónoma del Estado de México, rogó a su agresor que no la golpeara frente a sus alumnos. El sujeto fue identificado por activistas mexiquenses y se supo que, además, era militante del Partido Acción Nacional. Así que por ahí también se cuecen habas.
El líder blanquiazul en la entidad, Jorge Inzunza Armas, lamentó el acto y anunció que sería expulsado del partido, además de solicitar a la Fiscalía del Edomex aplicar todo el rigor de la ley.
La UAEM, que encabeza el rector Alfredo Barrera Baca, además de rechazar la violencia perpetrada contra la docente, le ofreció asesoría legal para realizar la denuncia ante la Fiscalía mexiquense, encabezada por Alejandro Jaime Gómez, para que se haga justicia pronto.
• VEN MANIOBRA DE MENA
Nos cuentan que en Tlaxcala le están poniendo marca personal al gobernador Marco Antonio Mena, porque existe la sospecha de que pudiera maniobrar con el Congreso estatal para limpiar manejos presupuestales a los que, según dicen, la Auditoría Superior de la Federación les tiene puesta la lupa desde las cuentas de 2019.
Y es que por las tierras tlaxcaltecas señalan que el corazón del gobernador del estado late por la candidatura de Anabell Ávalos, a quien ha apoyado abiertamente, desde el templete y sin llamadas de atención de las autoridades de Salud ante la falta de respeto a Susana Distancia en los mítines de la abanderada. Según dicen, la maniobra en el Congreso la ha precipitado la propia Ávalos, cuya candidatura no ha hecho suficiente sombra a la de la morenista Lorena Cuéllar. Por eso están las miradas sobre el góber.
• FRENTE DESDE EL AIRE
Con la noticia de que el rediseño del espacio aéreo por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes está enfrentando lo que podría convertirse en una andanada. Y es que, primero, un dirigente sindical de controladores, José Alfredo Covarrubias, de quien se ha dicho que está peleando por recuperar una plaza que perdió por falta de competencias, ha propalado la versión de un supuesto riesgo de choque de aviones que, ya se corroboró, nunca existió.
eñalamientos hechos además en los límites de la irresponsabilidad porque pegan a aerolíneas que buscan salir de la crisis, al trabajo de los controladores que dice representar y, en general, al sector mismo. A ello hay que agregar un amparo promovido por una ciudadana que se queja por el ruido de los aviones que pasan por su colonias. Habrá que ver, nos comentan, si una posible sucesión de cuestionamientos tiene un hilo conductor que llevaría a Texcoco. Ya se verá.
• MÁS SUSPENSIONES POR EL PANAUT
Cuentan que quien parece que se está convirtiendo en un dolor de cabeza para las reformas provenientes de Palacio es el el juez federal Juan Pablo Gómez Fierro. Resulta que el impartidor de justicia no ha parado de otorgar suspensiones contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, ya conocido como Panaut, pues suman 30 suspensiones individuales.
“La entrega de datos personales y biométricos para registrar una línea de telefonía móvil en el Panaut podría no ser idónea ni proporcional, ya que no se advierte una relación directa o causal entre la existencia de ese padrón y una mejor investigación y persecución de los delitos”, ha señalado el juez, quien también ha sido blanco de críticas desde la administración luego de haberle metido freno a las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica.
• A PRUEBA
Dicen que gobierno y legisladores guindas estarán a prueba por el caso del diputado Saúl Huerta. En principio porque la Fiscalía de la Ciudad de México, que por ejemplo ya actuó antes con un juicio de procedencia contra otro diputado, Mauricio Toledo, podría dar cuenta de su compromiso con la procuración de justicia, si su indagatoria así lo perfila, en el tema del poblano Huerta, acusado de violentar sexualmente a un joven de 15 años. Sobre el asunto ya el Presidente expresó una condena contra los hechos de los que se acusa al integrante de ese partido quien se encuentra libre y cuenta con fuero constitucional.
“Ya no es la procuraduría de antes, ya no es la mafia del poder la que tiene a su cargo el gobierno, ya es otra cosa. No somos iguales, entonces que se actúe”, dijo el mandatario en la mañanera de este viernes. Así que, dicen, las cosas están puestas para que la Fiscalía pueda dar un paso para evitar lo que algunos temen: que pueda darse una situación de impunidad.
• LAS DOSIS SOSPECHOSAS
Señala el subsecretario Hugo López-Gatell que no hay nada que temer con las vacunas AstraZeneca que Estados Unidos mandó a México a préstamo a razón de 2.7 millones de dosis y que ya fueron aplicadas. Las alertas sobre ese biológico se habían encendido luego de que se conociera que la planta donde se envasaron, en Baltimore, recibió la instrucción de suspender la producción por serios problemas sanitarios que provocaron la contaminación y posterior eliminación de 15 millones de dosis.
El funcionario afirma que si bien sí es la misma planta, las vacunas enviadas a México y Canadá tuvieron otro ciclo de producción que fue verificado por la FDA y cumplió con todos los estándares de calidad. También que la Cofepris cuenta con certificado de análisis de que se trata de un producto seguro. Uf.
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SACAPUNTAS/El Heraldo de México
Acuerdo para envasado
Inicia este sábado el Canciller Marcelo Ebrard su visita oficial a Rusia, y ya dio nota: el gobierno de la 4T y el país gobernado por Vladimir Putin afinan un plan para envasar en México la vacuna Sputnik V contra el COVID-19. Sería, dijo el funcionario a medios de aquella nación, a través de la farmacéutica estatal Birmex, y prevé que colabore también el Conacyt.
Cantera de funcionarios
Nos cuentan que la Ayudantía de Presidencia se está convirtiendo en una especie de cantera de funcionarios públicos. Ahora Octavio Alberto Almada Palafox, quien formaba parte de ese cuerpo, es el comisionado nacional de Acuacultura y Pesca, por designación presidencial. Está bajo las órdenes del secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Manuel Villalobos.
Más sorpresas de Porfirio
Quien se perfila para ser un verdadero dolor de cabeza para Morena, nos adelantan, es el diputado Porfirio Muñoz Ledo. No sólo tundió a su partido y a la 4T por aprobar la reforma judicial, sino que está avanzando un recurso que interpuso en el TEPJF, sobre supuestos gastos millonarios en la contienda por la dirigencia del partido. Incluso dice que la UIF ya indaga.
Hallan errores
Nos hacen ver que el Senado devolverá a la Cámara de Diputados la minuta para regular la marihuana, toda vez que se detectaron al menos 16 inconsistencias en materia constitucional. El líder de la Jucopo de la Cámara Alta, Ricardo Monreal, sostiene que hay consenso de todas las bancadas para regresar el documento antes del próximo 30 de abril.
Saneando las aduanas
Limpieza a fondo realiza el Administrador General de Aduanas, Horacio Duarte. En un año de su gestión destituyó a 32 de los 49 administradores aduanales. No sólo eso, sino que 12 de los cesados están denunciados y bajo investigación por presuntos actos de corrupción y nexos con la delincuencia, además de que se integran expedientes sobre otros ex funcionarios.
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ARSENAL/Francisco Garfias /
Excélsior
Los títeres de Palacio
Cumplieron al pie de la letra la instrucción del presidente de la República de votar la ampliación del mandato de Arturo Zaldívar hasta el 2024.
Traicionaron la Constitución que juraron defender para quedar bien con el solitario de Palacio. Violaron el juramento que hicieron al rendir protesta. Cometieron “perjurio”, como bien lo dijo Porfirio Muñoz Ledo.
El “rebaño” de Morena y sus rémoras –salvo el PES– aprobaron el controvertido transitorio que contraviene el artículo 97 de la Constitución que prohíbe expresamente la reelección inmediata del presidente de Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Fueron 262 votos a favor de Morena, el PT y el PVEM, 182 en contra del PAN, PRI, PRD, MC y PES y siete abstenciones.
Se registraron honrosas excepciones en la coalición Juntos Haremos Historia. Siete diputados de Morena se posicionaron en contra. Muñoz Ledo, Lorena Villavicencio, Sergio Mayer, entre otros. Rechazaron el papel de títeres de Palacio.
Mayer, por cierto, utilizó en un tuit frases evangélicas para ilustrar el atropello: “Hoy es un día triste para México. Me duele en el alma. Querida Constitución, perdónalos, no saben lo que hacen.”
El ministro Arturo Zaldívar se posicionó por fin sobre este atropello a la Carta Magna, apenas se aprobó en San Lázaro, pero lo hizo a medias:
Ni en su comunicado, ni en las distintas entrevistas que dio –lo escuché con Ciro y con Joaquín– aclaró su futuro.
Este hombre, aliado de la 4T, repitió que ejercerá el cargo de presidente de la SCJN y del Consejo de la Judicatura por el período para el cual fue electo (termina en 2022) y que estará a la determinación de los ministros respecto del precepto en cuestión.
Si la decisión del pleno es inconstitucional no habrá nada que decir, pero en la eventualidad de que sus compañeros consideren que no es así, en ese momento tomará su decisión, aseguró.
Justificó el silencio que ha guardado con el argumento de que en su carácter de juez constitucional tiene que ser responsable y prudente. “No puedo coayudar a la división del país”, le dijo a López Dóriga.
Son once los ministros que tendrían que debatir sobre la Acción de Inconstitucionalidad que presentarán legisladores de la oposición en contra de la ampliación del mandato. Pero Zaldívar se va a excusar. No le queda de otra. Sería juez y parte.
Sólo 10 votarían . Se requiere una mayoría calificada para bloquear la ampliación del mandato. Tres votos no alcanzan. Tendrían que ser cuatro. En teoría cuenta con Juan Luis Alcántara, Yasmín Esquivel, Margarita Ríos Farjat. El cuarto sería él, pero no puede.
No la tiene fácil.
En la maratónica sesión en San Lázaro se produjo un hecho inédito. El gran Porfirio Muñoz Ledo habló una hora con 23 minutos.
En las casi tres décadas que he cubierto el Congreso, no recuerdo a ningún orador haber utilizado tanto tiempo el micrófono como lo hizo Porfirio.
Una parte de su intervención sonó a despedida.
Preguntó a Ignacio Mier, coordinador de la bancada de Morena: “¿por qué me tienen en el borde de la renuncia del partido? ¿Por qué me ofendieron y me dejaron cuando la campaña electoral de Morena, gastando cifras multimillonarias?
“El Tribunal me ha dado la razón. Ha llamado a la Unidad de Inteligencia Financiera para que supervise gastos multimillonarios de carácter privado en que incurrió mi oponente (Mario Delgado)”.
Ya en plena crítica contra AMLO dijo: “Somos el país en que todo sale de Palacio o todo regresa de Palacio”.
Porfirio no se privó de reprochar el apoyo del presidente al inconstitucional transitorio que puede sentar un pésimo precedente.
“Tal actitud y las consecuencias que tiene para el equilibrio del país, son extremas. Se podría estar cometiendo Perjurio”, puntualizó.
Pero al presidente no le importa. Todavía ayer, después de que los diputados violaran la Constitución, reiteró que con Zaldívar hay posibilidades de que se avance en la Reforma al Poder Judicial.
El Banco de México reportó ayer su balance. Malas noticias. No hay remanentes cambiarios que tradicionalmente se transferían al gobierno en el mes de abril. Se cierra el cerco presupuestal a la 4T.
El año pasado AMLO pidió a Banxico que le adelantara esos remanentes que algunos soñadores calculaban en 500 mil millones de pesos. Se pensaba utilizarlos para amortizar la deuda.
Ya no existe Fondo de Estabilización. No tienen recursos de reserva. Los famosos “guardaditos” desaparecieron. El riesgo es que los ingresos del gobierno son cada vez menores y los gastos en programas sociales cada vez mayores.
“No podrán presumir mucho tiempo de finanzas públicas sanas sin mayores impuestos, o sin reconocer que contratarán más deudas”, advirtió un reconocido financiero.
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SERPIENTES Y ESCALERAS/Salvador García Soto /
El Universal
La reelección en la Corte y los juegos perversos
Empiezan a surgir evidencias y huellas de cómo y por qué se armó toda esta trama en la que muchos ven un “experimento reeleccionista” de López Obrador.
La madrugada de ayer viernes, a las 4:35 am, cuando el país estaba aún a oscuras, los diputados de Morena y sus aliados consumaron la virtual reelección del ministro Arturo Zaldívar por dos años más como presidente de la Suprema Corte de Justicia.
La aprobación de la mayoría, que consumó una orden del presidente López Obrador, desata un debate nacional y anticipa otra guerra jurídica para combatir el artículo 13 transitorio de la reforma judicial que contraviene al artículo 97 de la Constitución General: “
Cada cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus miembros al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el período inmediato posterior”.
La votación de la aplanadora morenista —260 a favor y 175 en contra de la oposición— no sorprendió a nadie, acostumbrados ya al servilismo y sometimiento de las bancadas oficialistas que tampoco le quitaron “ni una coma” a esta iniciativa defendida y celebrada por el Presidente.
Pero lo que sí despertaba ayer gran expectación, con una mezcla de urgencia y morbo en la opinión pública, era saber qué posición tomaría el beneficiado de esta ampliación de mandato, el ministro Zaldívar, quien, con el argumento de que era “respetuoso del trabajo y el proceso legislativo”, guardó un silencio sepulcral de varios días en que no tuvo apariciones públicas y desató toda clase de comentarios, opiniones y especulaciones sobre si aceptaría o no el “regalazo” que le mandó a confeccionar López Obrador.
Zaldívar rompió el silencio cinco horas después con un comunicado que subió a sus redes sociales en el que, con un lenguaje farragoso y cantinflesco, reconoció que el artículo 13 transitorio “se subió de último momento” y no estaba contemplado en las propuestas originales que realizó el Poder Judicial para su reforma.
Y sin responder puntualmente si él está o no de acuerdo con la ampliación de dos años y si la acepta, el ministro se salió por peteneras diciendo que esperaría a que se presenten las controversias constitucionales sobre este artículo y sea la misma Corte la que las resuelva, en una discusión que llevaría por lo menos un año y en la que, por cierto, él no podría participar y tendría que excusarse por conflicto de interés.
En la tan esperada como anticlimática respuesta de Zaldívar, quedaron muy claras dos cosas: que el ministro supo antes del contenido de ese artículo controvertido, nunca defendió a los jueces atacados con violencia verbal por el Presidente y su gabinete; y que no quiso fijar su posición personal ni decir si sólo se quedaría los 4 años para los que fue electo o si aceptaría la reeleción de facto, abonando así a una incertidumbre que se extendería por un año más y que no abona a la imagen de una Corte y un Poder Judicial totalmente independientes y autónomos.
Porque al final, él sabe bien que la reforma va a ser declarada inconstitucional por la mayoría de ministros —porque de lo contrario la Suprema Corte estaría perdida para los mexicanos y controlada por la 4T— pero está claro que Arturo Zaldívar no quiso contrariar ni contradecir al presidente López Obrador y eludió una definición recurriendo a la máxima echeverrista de: “la ampliación de mandato ni nos beneficia ni nos perjudica sino todo lo contrario”.
Pero más allá de la elusiva y pusilánime respuesta del ministro Zaldívar, y cuando ya partidos y bancadas de oposición en el Congreso preparan y redactan sus controversias y acciones de inconstitucionalidad para combatir ante la misma Suprema Corte esa ampliación de mandato que consideran inconstitucional, empiezan a surgir evidencias y huellas de cómo y por qué se armó toda esta trama en la que muchos ven un “experimento reeleccionista” de López Obrador pero que, sin dudar que exista, también tiene otros trasfondos relacionados con las luchas y disputas internas por la sucesión en la Corte.
EL “ESTATE QUIETO” A MINISTROS Y SECRETARIOS
Una versión que nos dan directamente de Palacio Nacional un funcionario allegado, es que la idea de alargar el mandato de Zaldívar, que operó el Presidente con Ricardo Monreal y éste a su vez con el coordinador del PVEM, Manuel Velasco, llevaba, además de la intención de levantar polémica y polarizar con un tema que jugaba a “interpretar” la Constitución, un mensaje directo de López Obrador para varios ministros de la Corte, sobre todo los que él ha propuesto para el cargo y también para un par de integrantes de su gabinete que se disputan, desde el arranque de este gobierno, el papel de operadores con el Poder Judicial federal.
Según la versión que nos dan, el Presidente se molestó al enterarse de que en la Suprema Corte había ya una serie de movimientos y grillas internas para buscar la sucesión de la presidencia de Arturo Zaldívar, que termina oficialmente en enero del próximo año. Varios ministros interesados en buscar la presidencia comenzaron a moverse y a operar para ir midiendo fuerzas y votos, anticipando así, en los hechos, la sucesión interna y debilitando la figura del actual presidente Zaldívar.
Se formaron, con miras a la elección de 2022, dos bloques de ministros en busca de la presidencia de la Corte: de un lado se mueven el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo y el ministro Alfredo Gutiérrez Ortíz Mena, ambos aspirantes que contendieron y perdieron con Zaldívar en 2018 y buscarían por segunda ocasión la presidencia, y del otro lado de ministros afines a la 4T, dos ministras expresaron intenciones de buscar la presidencia: la ministra Jazmín Esquível Mossa y la ministra Margarita Ríos Farjat.
Hasta ahí el tema no pasa de ser parte de la dinámica natural de la SCJN, pero lo que molestó al Presidente fueron dos cosas: la primera, que ministros que él considera cercanos a su proyecto no le hubieran avisado antes de empezar a moverse en pos de la presidencia, y la segunda, que dos miembros de su gabinete se involucraran en las grillas y golpeteos por una sucesión anticipada en la Corte.
Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, y el consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, reavivaron el enfrentamiento que sostienen desde que empezó el sexenio y se metieron a impulsar cada uno a sus posibles candidatos a presidente de la Corte.
Eso fue lo que más le incomodó al Presidente, que nunca autorizó el involucramiento de sus operadores en la sucesión de la Corte y por eso decidió, en uno de sus acostumbrados manotazos, mandarles un mensaje con el artículo que propuso la continuidad, por dos años más, de la presidencia de Arturo Zaldívar.
La intención del transitorio que le pidió a Monreal y que presentó el senador del PVEM, Raúl Bolaños, era una especie de “estate quieto” no sólo para los ministros acelerados por suceder a Zaldívar, sino por su secretaria y consejero que sostienen un pleito de antología que trasladaron a la sucesión de la Suprema Corte.
ZALDÍVAR, ¿EL ÚNICO CAPAZ Y HONRADO?
La confirmación sobre la verdadera paternidad del “regalazo” la dio el propio Presidente cuando, en dos ocasiones en esta semana, mientras el asunto se aprobaba por mayoría del Senado y pasaba a la Cámara de Diputados, defendía y ensalzaba la Reforma Judicial y su controvertido transitorio: “
Yo entiendo que no es inconstitucional…mi opinión es que el ministro presidente de la Corte es un hombre íntegro, honesto y que ayudaría mucho a la renovación del Poder Judicial, porque urge la Reforma al Poder Judicial”, argumentó López Obrador el pasado lunes.
El argumento presidencial para avalar el transitorio y sus dos años de reelección para Zaldívar –curiosamente el mismo que manejó el senador Bolaños, autor del articulo, quien argumentó que el ministro presidente era “el único” que podía llevar a cabo la Reforma Judicial— cayó como patada de mula en la Suprema Corte de Justicia.
Varios ministros, afines y antagónicos a la 4T, se dijeron molestos por las palabras del Presidente, de las que se infería que ninguno de los otros 10 ministros tenía ni la capacidad ni la honestidad para presidir el Poder Judicial y encabezar las reformas aprobadas.
“O sea que yo soy tonto e incapaz y que no podría dirigir las reformas y a la Corte”, se escuchó preguntarse a varios ministros que tomaron el mensaje de López Obrador no sólo como una afrenta y una descalificación personal, sino como toda una intromisión al Poder Judicial y una confirmación de que el Presidente intentaba, con su propuesta de reelegir virtualmente y por orden del Congreso de la Unión a Arturo Zaldívar, controlar y terminar de someter a la Corte, al Consejo de la Judicatura y decidir así los nombramientos y despidos de jueces que hoy son criticados y atacados por sus fallos en contra de la 4T.
Así que haya sido por calmar las grillas entre ministros y miembros de su gabinete o por avanzar en su gobierno autoritario para acabar de dominar al único de los 3 Poderes constitucionales que hoy se le rebela, lo cierto es que Andrés Manuel López Obrador sigue empeñado en hacer de todo una polarización constante, como su única y principal estrategia de gobierno.
Ahora, esa estrategia ya no es sólo con sus conferencias mañaneras y sus alocuciones provocadoras y agresivas, sino también una guerra jurídica y constitucional con una batería de leyes controvertidas y controvertibles que está mandando a aprobar a sus mayorías con dos objetivos: el primero, garantizar que si no gana de nuevo la mayoría absoluta en las elecciones parlamentarias del 6 de junio, ya haya sacado la mayoría de sus iniciativas, y el segundo, que en el debate y la alharaca que provocan sus propuestas autoritarias e inconstitucionales, él gana tiempo y fortalece su narrativa de ser un “presidente atacado” y al que no dejan gobernar ni realizar su “transformación” los neoliberales, los conservadores, los medios y los grupos de interés.
Y mientras el griterío sube de tono en la República, los graves problemas reales: desempleo, crisis, inseguridad, migración, violencia feminicida, narcotráfico, siguen sin atención ni solución de su gobierno.
NOTAS INDISCRETAS…
Todo está listo para que el lunes en la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, se dé a conocer el fallo sobre el juicio de procedencia en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.
El grupo encabezado por el diputado Pablo Gómez tiene lista la resolución, que apunta claramente al desafuero del gobernador, lo que permitiría que la Fiscalía General de la República pudiera proceder y solicitar una orden de aprehensión en su contra por los tres delitos graves que le imputa.
Tan claro está el resultado que se conocerá el lunes, que ya en Ciudad Victoria hay movimientos y cabildeos para ver quién podría ser nombrado por el Congreso local como gobernador o gobernadora sustituto, en el entendido de que será un panista quien termine el periodo de Cabeza de Vaca.
La lista de nombres que ya barajan y analizan en el Congreso local de Tamaulipas la encabeza la alcaldesa de Reynosa, Maki Ortiz, que no es mal vista por la 4T; Gerardo Peña, líder del Congreso local y cercano a Cabeza de Vaca pero no incondicional; Jesús Nader, alcalde de Tampico y socio inmobiliario del gobernador en el estado de Texas, en el complejo Woodland del condado de Brownsville; y finalmente Carlos Cantú Rosas, exalcalde de Nuevo Laredo, perseguido por Cabeza y con fuertes vínculos con la 4T.
De hecho, el martes por la noche, según periodistas tamaulipecos, Maki Ortiz y Cantú Rosas sostuvieron una reunión sobre el tema de la sustitución en la ciudad de Brownsville, Texas.
Así que en cuestión de horas se definirá la situación legal del gobernador Cabeza de Vaca y lo único que falta por saber es qué actitud tomará el panista: si se allana y acepta la procedencia de la FGR y se defiende de las acusaciones pidiendo licencia a la gubernatura o si se rebela y resiste a aceptar la facultad federal para procesarlo y convoca a sus seguidores a rebelarse a la Federación…
Al nuevo presidente de la Asociación de Bancos de México, Daniel Becker, le mandó un citatorio la FGR debido a que existen varias denuncias en contra de Banca Mifel por dos importantes delitos que cometió ese banco en dos negocios irregulares: tanto por cobrar a los clientes por dejarlos retirar fondos congelados por autoridades judiciales como por desviar dinero de sus clientes en transferencias internacionales. Existen más de diez denuncias por esos presuntos negocios ilegales en la Fiscalía, sobre las cuales los abogados del banco de Becker deberán rendir cuentas…
La abogada Cecilia Calderón, quien dice representar al menor de edad que fue atacado sexualmente por el diputado de Morena, Saúl Huerta, nos adelantó ayer por la noche, en Las Noticias de la Noche, de HeraldoTV, lo que hoy hará público en una conferencia de prensa donde presentará a la víctima de este caso: que el audio y la voz que se difundieron en varios medios de comunicación como exclusiva, no son del menor que violó el legislador morenista y que es un testimonio falso; que el niño de menos de 15 años no ha hablado aún con ningún medio y lo hará hoy por primera vez en su conferencia, y que el menor está hospitalizado y con daños severos por el ataque sexual; también afirma que el diputado Huerta sí le ofreció 200 mil pesos a la madre del niño para que “se callara la boca” y retirara su denuncia, y que el legislador federal conocía a la madre y al padre de su víctima y que los ayudó durante un tiempo con intenciones de acercarse al niño al que por varios meses planeó abusar.
Veremos si la abogada Calderón presenta pruebas y al testimonio real del menor agredido, luego de que, según ella, medios como Radio Fórmula y Grupo Imagen fueron engañados con una entrevista falsa y que nunca ocurrió…Los dados mandan Serpiente doble. Dura la semana.
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DOBLE FONDO/Juan Pablo Becerra-Acosta M. /
El Universal
Bartra, AMLO y ese chivo en cristalería de Palacio…
“La gran transformación anunciada es un fracaso y se está desmadrando el gobierno”
Roger Bartra, que acaba de publicar un nuevo libro, Regreso a la jaula. El fracaso de López Obrador (Debate), me concedió una entrevista el 18 de noviembre de 2007, hace 13 años y cinco meses.
El único tema de la charla fue justamente Andrés Manuel López Obrador, un año después de que perdiera los comicios del 2006, se proclamara “presidente legítimo”, se cruzara en el pecho una banda tricolor, y deambulara solo por los municipios (como hoy lo emula el panistas Ricardo Anaya). El sociólogo y académico, antiguo militante del Partido Comunista, diseccionó con filoso escalpelo al político.
Investigador emérito del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, y uno de los primeros intelectuales de la izquierda que criticó rotundamente al hoy Presidente, tejió en aquel entonces conceptos breves y contundentes que hoy retomo, se los cito, y él los revisa y nutre. Bartra comenta a Bartra, por momentos con humor, siempre auscultando a López Obrador…
-“AMLO no era un peligro para México -yo nunca coincidí con esa terrible y excesiva idea-, pero sí es un lastre para la izquierda”, me dijo Bartra en aquella entrevista. Hoy lee la frase, la disecciona, y rectifica:
-Me equivoqué en 2007 al creer que la amenaza sería pasajera. En 2018 se convirtió en un peligro… y hundió a la izquierda. En mi libro Regreso a la jaula explico las razones de mi error.
-“Es (AMLO) un fantasma que lanza estocadas al aire”.
-En las mañaneras vemos a ese fantasma con la espada desenvainada dando mandobles con su palabrería. Pero hoy el fantasma tiene el poder.
-“Es una versión tragicómica del realismo mágico latinoamericano”.
-Debí haber dicho que se trataba de una versión pobre y ridícula del realismo mágico… Es decir, sin magia alguna y carente de realismo.
-“Además de conservador, es reaccionario: busca la restauración del nacionalismo revolucionario populista”.
-Acerté con precisión en esta idea.
-“Quiere restaurar un subproducto, un desecho de la crisis de la dictadura perfecta (Mario Vargas Llosa dixit)”.
-Es lo que vemos hoy: un intento de restauración muy imperfecta de la dictadura nacionalista.
-“Encabeza políticas no sólo reaccionarias, sino primitivas de la izquierda”.
-Las pocas políticas de izquierda que tenía, muy rudimentarias, las ha abandonado. Ahora es un populista reaccionario.
-“Es un fundamentalista sin fundamentos. Es un fundamentalismo vacío, sin dogmas políticos o religiosos”.
-Hay que leer su Guía ética para comprobar ese fundamentalismo desfondado que lo caracteriza.
-¿No es él su propio dogma y exégeta?
-Parece que se cree el único capaz de hacer propaganda a sus propósitos. Ha esterilizado a muchos de los intelectuales de su entorno.
-“Si no cambia, está liquidado políticamente”.
-Sí cambió, se fue más a la derecha y con ello logró el triunfo en 2018.
-“Si inmolara su figura política y se marginara electoralmente, la izquierda podría salvarse y recuperarse”.
-Eso no ocurrió y la izquierda hoy está en peligro de extinción. Fue una broma que me permití…
“Es como un chivo en la cristalería de la democracia”.
-Exactamente. Pero el chivo se encaramó a la cristalería mayor y desde el Palacio Nacional está rompiendo los delicados vidrios de la democracia.
-“Es una insurgencia estéril y paralizante”.
-La insurgencia ha sido decimonónica y como remedo ha sido estéril y paralizante.
-“Es como un circo sin poesía”.
-Sin poesía, pero con muchos payasos.
-¿Se perdió el futuro de la izquierda con Andrés Manuel?
-El futuro de la izquierda, siendo optimista, no se ha perdido, pero se ha alejado considerablemente. Como dije en la entrevista de 2007, “La izquierda llevará años restañando los destrozos y las heridas que deja López Obrador”.
-¿Ve un final desgraciado de López Obrador? -le pregunté en 2007. En ese entonces, luego de un largo silencio, Bartra me dijo:
“Desgraciado, trágico, no, en el sentido de que no está escrito, no está en su destino el desaparecer trágicamente. Yo creo que más bien va a ser un lento proceso de marchitamiento. Se va a marchitar lentamente, penosamente, difícilmente…”.
Hoy, ante la misma pregunta, añade:
-Inevitablemente, el Presidente se irá a La Chingada, su casa en Palenque, cuando abandone la Presidencia. El problema es si al país sigue el mismo camino...
-¿Cómo hablar del fracaso de AMLO si las ultimas encuestas señalan un repunte de su aceptación (63%) y una proyección de más de 60% de votos para su partido (Morena, 48%) y sus aliados ( Verde 10% y PT 9%) (https://oraculus.mx/diputados2021/).
El antropólogo y doctor en sociología por la Sorbona de París, hijo del poeta y prosista catalán Agustí Bartra, exiliado en México a causa de la Guerra Civil española, concluye:
-Es una paradoja: la gran transformación anunciada es un fracaso y se está desmadrando el gobierno, pero al mismo tiempo el Presidente tiene éxito en la ampliación de su poder. Solo las elecciones –y no las encuestas– nos sacarán de las dudas…
¿Cómo ve, lectora-lector?.
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TRES EN RAYA/Verónica Malo Guzmán /
El Heraldo de México
Todos con Gómez Fierro
El juez Juan Pablo Gómez Fierro, titular del Juzgado Segundo de Distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, es ejemplo de lo que debe ser un verdadero servidor público
Ante el embate diario que sufren las instituciones del país, la democracia misma, hay autoridades que demuestran su valía y su valor. Quizá, si se piensa, no es que hagan algo extraordinario; solo cumplen con su responsabilidad y con la ley. Pero hoy, cuando eso se ha vuelto un bien escaso, el hacerlo, sin duda sobresale.
El juez Juan Pablo Gómez Fierro, titular del Juzgado Segundo de Distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, es ejemplo de lo que debe ser un verdadero servidor público.
Esta semana hemos sido testigos de la inmundicia de la política: un diputado federal capaz de drogar a menores de edad para tener relaciones con ellos, después negarlo y solo ante la evidencia comenzar a recular. Aunado a un coordinador de bancada en la Cámara de Diputados que dijo: “no vamos a pedir ejercer ninguna acción contra él porque ese acto lo realizó dentro de su vida privada, no como diputado”.
¡Órale¡ ¿No pasa nada si se trata de un sujeto que aparentemente ha violado a un menor de edad, pero sí se puede pedir juicio político contra los consejeros del INE por cumplir con su deber? En fin, la pedofilia para este no-ilustrado legislador es una cuestión de la vida privada...
¡Pero qué nos sorprendemos! Se trata del mismo coordinador que cambió a dos legisladoras para que los sustitutos votaran a favor de la reforma del poder judicial en la madrugada de este viernes. Sí, el diputado por Morena, Nacho Mier, quien acotó: “el derecho es de una corriente de pensamiento conservador y nosotros haremos justicia, no derecho”.
Estamos invitados a quedarnos anonadados ante su ignorancia, máxime cuando como legislador su deber es velar por la ley, lo cual incluye mejorarla, modificarla y crearla. Pero de ahí a decir que su función sea ‘hacer justicia’ y no legislar, es caer en el colmo de la deformación política. Ya no hablemos de sus nulos conocimientos y principios.
Tampoco, por cierto, debe olvidarse ni quedar fuera #LordNalgadas, ni la candidata que negó todo por conseguir su hueso/curul.
Ante estos oscuros personajes, la demostración —ahí sí— del uso del derecho para practicar e impartir justicia del juez Gómez Fierro en su sentencia dictada, es una bocanada de aire fresco. Esa que otorgó la primera suspensión provisional —aunque siguieron varias más— contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), medida cautelar que permite al usuario no entregar sus datos biométricos para registrar su línea telefónica so pena de cancelársele su registro.
Mientras se defiende a pedófilos bajo el argumento de que ese acto fue en su vida privada, al Juez Gómez Fierro se le ataca por todos los medios institucionales posibles. Se olvida que un juez de distrito tiene por responsabilidad y obligación otorgar amparos contra actos de autoridad, habiendo elementos que lo ameriten.
El amparo es el procedimiento legal que permite reconstruir el tejido social deteriorado por los excesos de poder y las disparidades sociales (Juan N. Silva Meza, expresidente de la SCJN). Es además la garantía que nos protege de una posible violación de nuestros derechos humanos.
Ante el atropello de permitir que los datos biométricos, información tan personal, sean manejados para tener acceso a un celular, que se nos otorgue una suspensión provisional es un remanso de justicia.
Y es que esta norma que se acaba de legislar, en lugar de evitar que los presos tengan celulares en las cárceles y extorsionen a través de ellos, ¡exige a los ciudadanos que demos nuestros datos! Se debería normar para castigar al delincuente, no para que el ciudadano tenga expuestos sus datos biométricos al mejor postor.
La sentencia dictada por el Juez Gómez Fierro nos vuelve a recordar la necesaria división de poderes. La importancia de la autonomía de estos, y por qué los jueces imparciales, si bien le podrán doler y molestar al gobierno en turno, son quienes contribuyen a que exista justicia en México.
La Cuarta Transformación ha llegado a tal distorsión que ataca a quien cumple la ley, al que imparte justicia, pero felicita a quien filtró el padrón electoral en el 2013 y fue sancionado por ello en 2017. Sí, el subsecretario Ricardo Mejía fue felicitado ayer por AMLO. El mismo individuo que está encargado ahora de impulsar el registro de los datos biométricos de los usuarios de telefonía celular.
Solo resta decir: Gómez Fierro, ¡Qué contraste! Necesitamos más jueces y funcionarios cómo él. La antítesis de quienes son felicitados en Palacio, de quienes obvian a sus compañeros tocones y pedófilos. Un funcionario público que conoce y cumple con su deber. Debemos apoyar a este tipo de servidores que defienden la Justicia (así con mayúscula) y el derecho en tiempos de oscuridaHolas buenas noches, hoy es viernes 23 de abril.
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PARALAJE/Liébano Sáenz /
Milenio Diario
Dura es la ley, pero es la ley
Ya se ha dicho: el mejor camino y destino para el país es la legalidad; esa es la ruta y a su vez, la meta. La ley significa dar puerta a la única justicia posible, la de las instituciones. Cumplir con la ley entraña romper con la ancestral impunidad que aún ahora lastima gravemente al cuerpo nacional.
La ley es sustento de las libertades y contención contra el abuso del poder, venga de donde venga. Deben preocupar las expresiones del líder de la mayoría en la Cámara de Diputados, diputado Ignacio Mier Velazco, plantear que en el falso dilema de ley o justicia hay que optar por lo segundo. No hay justicia más que la legal.
El llamado a desentenderse de la norma no es para acreditar a la justicia, es para romper con la ley y consecuentemente con la justicia. Es inaceptable que sean los hacedores de leyes quienes reivindiquen la ruptura con la ley. Lo dicho no guarda precedente en la historia política legislativa.
La ley limita o impide que el presidente de la Corte opine o se pronuncie sobre un tema que habrá de conocer el alto tribunal. Se entiende la preocupación pública respecto a la decisión de ampliar el periodo de su ejercicio, pero no se le puede pedir que haga lo que la norma no le permite.
Los funcionarios no tienen libertad de expresión, esto corresponde a los ciudadanos. Los servidores públicos tienen responsabilidades y no pueden actuar con la liberalidad que la ley concede al ciudadano.
La competencia civilizada por el poder no puede prescindir de la legalidad, de las instituciones y sus procesos. No hay coartadas para lograr los grandes objetivos nacionales. Más aún, la ley no solo es camino, sino es el objetivo que generaciones de mexicanos, de transformaciones, reformas y revoluciones no han podido alcanzar.
Por eso la impunidad es la expresión que anula a la justicia e impide la salvaguarda y certeza de derechos. La cuestión es que no es permisible, aceptable o transitable la tesis de que hay que privilegiar la justicia a costa de la ley.
Así es porque la ley es texto, proceso y hasta reglas de interpretación; por eso la justicia solo puede ser legal, de otra forma su sustento sería la opinión, el sentido que cada quien tiene del deber ser o de la moral. Legalidad, ruta y destino.
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LA LÍNEA DE LO INADMISIBLE/Ana Laura Magaloni Kerpel /
Reforma
La apuesta de cualquier régimen democrático es que sea el derecho y no la imposición y la fuerza la manera de resolver nuestras diferencias con el poder y los poderosos.
Ese es el papel que está llamada a desempeñar la Suprema Corte de Justicia en este momento de nuestra historia.
Me causa vértigo ver que el presidente López Obrador amenace cada vez más con debilitar la legitimidad de nuestros jueces.
La reforma que extiende el periodo de Zaldívar es en extremo desafiante.
¿Cómo logrará la Corte establecer de forma creíble, para todos, los límites constitucionales al ejercicio del poder en este contexto?
En un país en donde todos estamos peleados es muy irresponsable jugar con la credibilidad del último árbitro. Ello, en términos políticos y constitucionales, debería ser inadmisible.
En los últimos dos años, las cuestiones constitucionales que les han sido planteadas a los tribunales federales son de trascendencia para todos. De las respuestas jurídicas que den los jueces a ellas dependen la forma, el contenido, los contornos y los límites del ejercicio del poder en México.
Entre estas cuestiones se encuentran, por ejemplo, ¿qué tan militarizadas, en términos constitucionales, pueden ser nuestras instituciones de seguridad pública?
¿Cuáles son los límites constitucionales de las sanciones penales y los instrumentos de persecución criminal en delitos fiscales?
¿Cuáles son los grados de protección constitucional a la competencia económica y los límites del legislador para afectar las inversiones privadas?
¿El gobierno federal está obligado constitucionalmente o no a continuar con la transición energética en el sector eléctrico?
¿Qué significa el principio de sustentabilidad constitucional?
¿Existe un derecho constitucional al servicio de guardería cuando no se es una empleada formal?
¿Existe o no una protección constitucional a la remuneración de los titulares de órganos autónomos?
Estas son solo algunas de las cuestiones constitucionales que tienen la Corte y los tribunales federales enfrente. La pregunta de fondo en todas ellas es cuáles son los límites constitucionales al ejercicio del poder y cuáles, en cambio, son los márgenes de acción del Poder Ejecutivo y su partido.
Qué se puede hacer vía representación popular y qué, en cambio, es un límite infranqueable para todos.
De las respuestas que den las y los ministros a estas cuestiones constitucionales dependerá nuestro futuro compartido.
Se trata de que nuestros máximos jueces se aseguren de que la legitimidad democrática de AMLO no destruya la institucionalidad jurídica básica que requiere la sociedad para seguir funcionando.
Al mismo tiempo, las y los consejeros del INE y las y los magistrados de la Sala Superior del TEPJF tienen el deber de asegurar que la contienda electoral, en este contexto polarizado, no se desborde y siga los cauces de la ley.
De ello depende que los resultados sean aceptados por todos. Todo ello coloca en el centro del debate nacional y de las predicciones sobre el futuro del país la capacidad e independencia de nuestros árbitros para interpretar el derecho y pacificar los conflictos.
Sin árbitros creíbles nos vamos a romper. Las ligas sociales, económicas y políticas se han tensado demasiado.
Es momento de que los jueces comiencen a hablar el lenguaje del derecho y de la razón y determinen qué se puede y qué no se puede hacer en términos constitucionales.
El artículo transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que extiende el mandato de Zaldívar y de algunos consejeros de la Judicatura por dos años es muy intimidante para muchos.
Lo que devela dicho precepto legal es que el presidente López Obrador y quienes lo asesoran en este ámbito no están entendiendo la dimensión del desafío que tiene la Suprema Corte enfrente.
¿Ello significa que los nuevos detentadores del poder están dispuestos a que la liga se rompa y el límite jurídico desaparezca por completo? Yo quiero pensar en que todavía no estamos ahí.
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JUSTICIA SUBORDINADA A AMLO/José Miguel Vivanco /
Reforma
El Congreso aprobó este viernes una reforma judicial conocida como "Ley Zaldívar". La ley, impulsada por legisladores de Morena y por el presidente López Obrador, contiene una modificación de último minuto (artículo transitorio) que extiende por dos años el mandato del presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar.
Esta maniobra contraviene el texto expreso de la Constitución y además socava la independencia judicial. Representa nada más ni nada menos que un atentado frontal al Estado de derecho. Zaldívar pudo haber agradecido amablemente los elogios presidenciales y, a su vez, rechazado en términos inequívocos y públicos esta reforma que daña la credibilidad del poder judicial. Lamentablemente la actitud de Zaldívar ha sido, en el mejor de los casos, ambivalente.
El mencionado artículo es preocupante por varios motivos. En primer lugar, viola la Constitución y, por lo tanto, carece de toda legitimidad. La Constitución establece que cada cuatro años los miembros de la Suprema Corte elegirán a uno de ellos como presidente del tribunal y que ese ministro no podrá ser reelecto como presidente por otro periodo consecutivo.
Zaldívar fue elegido presidente de la Suprema Corte en enero de 2019 y su mandato dura cuatro años, hasta diciembre de 2022. La Constitución no prevé que su mandato se pueda prorrogar. Todo intento por hacer lo contrario por parte del Congreso, el presidente o los miembros de la Suprema Corte es inconsistente con la Constitución.
Pero además esta disposición representa un descarado intento de López Obrador y Morena por controlar el sistema judicial. Zaldívar ha fallado en favor de López Obrador y sus aliados, incluso en algunas de las decisiones más controvertidas de la Corte.
En octubre, por ejemplo, votó a favor de la propuesta de López Obrador de realizar un referéndum para decidir si debía investigarse penalmente por corrupción a los últimos expresidentes.
Asimismo, Zaldívar ha experimentado abiertamente en el ámbito político, apoyando públicamente al presidente López Obrador cuando decidió darle asilo a ex miembros del gobierno de Evo Morales en la embajada de México, durante la grave crisis política sufrida en Bolivia en 2019.
Como presidente de la Suprema Corte, Zaldívar también preside el Consejo de la Judicatura Federal, el órgano que rige el sistema judicial y que designa, remueve, asciende y aplica medidas disciplinarias a jueces federales.
A su vez, el Consejo puede consolidar múltiples causas en una sola, lo que en algunos casos podría utilizarse para ayudar al Gobierno a obtener resultados judiciales favorables.
Como presidente del Consejo, Zaldívar además define la agenda y prioridades de este organismo clave.
Además de Zaldívar, el Consejo tiene otros seis miembros. Dos son designados por el Senado, controlado por Morena, uno directamente por AMLO, y otros tres elegidos por la Suprema Corte.
Esto significa que mientras Zaldívar siga siendo presidente de la Suprema Corte y siga alineado con López Obrador, el presidente y su partido pueden contar con al menos cuatro de los siete votos del órgano que controla el sistema judicial.
Con cuatro votos, el Consejo puede aprobar el retiro forzoso de los jueces. Con apenas un voto más, Morena tendría suficiente quórum para designar, sancionar y remover jueces.
Esto es especialmente preocupante, dado que López Obrador ha demostrado que la independencia judicial le importa poco. De hecho, hace solo un mes, AMLO solicitó públicamente al Consejo de la Judicatura investigar y sancionar a un juez que falló en su contra en una controversia relacionada con su propuesta de reforma del sector eléctrico.
Para proteger los derechos humanos y las libertades públicas, es vital que el poder judicial sea independiente y que sus decisiones se basen exclusivamente en las leyes vigentes y no en los caprichos del partido político en el poder.
En el pasado, el propio Zaldívar insistió en la importancia de la independencia judicial y se manifestó en contra de expresidentes que intentaron interferir en decisiones judiciales.
Su posición actual, mientras López Obrador y el oficialismo en el Congreso interfieren con la independencia de los tribunales, resulta deplorable.
El autor es Director para las Américas de Human Rights Watch.
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