El C. presidente López Obrador informó en conferencia mañanera que en los próximos días firmará un decreto para liberar antes del 15 de septiembre a presos de penales federales que en más de 10 años no han recibido sentencia, a quienes tienen más de 75 años, a los mayores de 65 años que padecen alguna enfermedad y aquellos que han sido torturados.
“Estas cuatro acciones van a formar parte de un decreto que voy a firmar y que va a elaborar la secretaria de Gobernación, lo vamos a elaborar la semana próxima para presentarlo”, informó.
Textual:
Conferencia de prensa del 29 de julio de 2021
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días-tardes. Ánimo. Se prolongó la reunión de seguridad, pero ya estamos aquí para informar.
Acordamos que el día de hoy, la doctora Olga Sánchez Cordero… Aclaro, doctora en Derecho, porque se habla bastante de doctores y ya se tiene que saber más que son grados académicos, que es licenciatura, maestría, doctorado.
Por eso a veces, aunque sean doctores, yo digo licenciados, porque se entiende más, se comprende más. Esto de los grados académicos es más para sectores de mayor escolaridad, de mayor educación, que no de mayor cultura, también para aclarar.
Pero es la doctora Olga Sánchez Cordero, licenciada y especialista con maestría y con doctorado en Derecho; y el licenciado Alejandro Encinas, que es economista Alejandro y maestro en Economía. Secretaria de Gobernación, la licenciada Olga, y Alejandro, subsecretario de Derechos Humanos también en la Secretaría de Gobernación.
Quedamos en que ellos van a hacer un planteamiento sobre las personas que llevan mucho tiempo en la cárcel y que no han sido sentenciadas, y también del caso de quienes están en la cárcel y se ha demostrado que fueron torturados. Entonces, ellos van a exponer sobre este asunto tan importante y van a dar a conocer medidas, decisiones que se han tomado y que se van a llevar a la práctica muy pronto, pronto, muy pronto.
Entonces, le damos la palabra a la licenciada Olga Sánchez Cordero.
OLGA SÁNCHEZ CORDERO, SECRETARIA DE GOBERNACIÓN: Muchísimas gracias. Muy buenos días a todas, a todos ustedes.
Vamos a darles cuenta de los tres casos que ustedes nos han preguntado y en qué situación jurídica y procesal se encuentra cada uno de ellos; también vamos a dar cuenta de la población penitenciaria que no ha tenido una sentencia y que ha sido privada de su libertad.
Entonces, si quieren, empezamos rápidamente con el caso Vallarta. Por favor, la versión breve, por favor.
El señor Vallarta, como ustedes saben, se encuentra privado de su libertad desde el año del 2005 por la presunta comisión de diversos delitos seguidos en dos causas penales distintas -esto es importante- ante el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales del Estado de México.
Los delitos por lo que se le ha acusado es secuestro, delincuencia organizada, portación y posesión de armas de uso exclusivo y posesión de cartuchos de uso exclusivo.
La solicitud inicial fue, precisamente, que se revisara su caso en el que se alegan diversas violaciones graves al debido proceso, y que se emita la sentencia y no continúe la dilación de su proceso penal. Esto es en lo que estamos abocados desde la Secretaría de Gobernación, en la Unidad de Fortalecimiento al Sistema de Justicia.
En la atención bridada, el caso ha sido revisado desde septiembre del 2019, por instrucciones del señor presidente, en coordinación con el propio señor Vallarta, sus familiares y abogados. Se le han propuesto diversas alternativas que pudieran hacerse valer en el proceso judicial para agilizar la emisión de la sentencia.
La conclusión sería que el señor Vallarta y su defensa no han aceptado algunas de la estrategia planteadas por la Secretaría de Gobernación, consistentes en promover el incidente de libertad por desvanecimiento de datos. Esto sería únicamente esta estrategia, lo beneficiaría para una de las dos causas penales que tienen acumuladas, de tal suerte que, si a esta estrategia se le aplicara el precedente Cassez, es previsible, muy, muy probable que sea absuelto en dicho asunto.
Sin embargo, continúa causa penal pendiente. El 19 de julio, apenas hace unos días, la defensa presentó nuevas pruebas documentales y esto podría alargar el proceso, ya que el juez no podría dictar la sentencia hasta que las pruebas sean desahogadas.
Esto, en relación a la otra causa penal que tiene pendiente, porque, como decíamos, si se le aplicara el precedente Cassez, lo más probable es que en ese asunto, en esa causa penal, él saliera absuelto, o más bien podría obtener su libertad, porque la sentencia de Cassez no es absolutoria, sino la excarcelación de la francesa.
En el otro asunto, el caso de la señorita Quevedo, el antecedente es que en octubre del 2020 el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas notificó al Estado mexicano la opinión número 45/2020 relativa a esta persona.
Ella fue detenida en septiembre del 2009 por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada y de secuestro. Ella denuncia haber sido víctima de tortura en dos ocasiones: en el 2009, en el penal de Santiaguito, en el Estado de México, y narra cómo fue torturada; y en el penal de las Islas Marías, también ella narra cómo fue torturada.
Actualmente continúa privada de su libertad, en prisión preventiva, también sin resolución, sin sentencia definitiva, en el Centro Federal de Readaptación Social Femenil, en Morelos.
La atención brindada a esta persona es representada por el Instituto de Defensoría Pública, pero es también en coordinación con la asesoría jurídica, incluso de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y de la Subsecretaría de Derechos Humanos, las gestiones para garantizar atención médica inmediata y está en proceso su inscripción en el Registro Nacional de Víctimas.
En estos dos casos, la tortura, y subrayo, la tortura y las violaciones a derechos humanos están demostradas plenamente con la prolongación innecesaria del proceso por una parte, los jueces tienen elementos para considerar como violaciones graves al debido proceso y darle el valor probatorio y la incidencia que tienen en este caso.
En ese sentido, la Secretaría de Gobernación continuará con las diversas actuaciones y diligencias en estos dos casos para que pudieran obtener su libertad.
En el otro caso, de la persona indígena de Milpa Alta, el señor subsecretario tiene toda la información, pero sí decirles que en su caso ya hay sentencia definitiva, son 60 años. También ella alega tortura. En ningún momento se autoadscribió como una persona indígena, pero podría hacerlo en cualquier momento y la sentencia que tiene ya, la condena, es por 60 años.
El señor presidente, precisamente en esta última sesión, en esta reunión, nos ha instruido al señor subsecretario y a mí para realizar un proyecto de decreto -se los vamos a presentar al señor presidente- en donde se establezcan diversas situaciones de toda esta población privada de su libertad que no tiene sentencia.
Si quieren poner los círculos en donde está la población penitenciaria y quien todavía no tiene sentencia definitiva. Son alrededor del 43 por ciento de las personas privadas de su libertad, que siguen en prisión preventiva. Ahí está. De esta población, la no sentenciada.
Aquí está el centro penitenciario y el tipo de fuero. Esto, desde luego tiene que ver con muchas razones, pero una de las principales es precisamente, pues que no es posible que se tenga una dilación en la administración de justicia, de tal manera que tengamos una población privada de su libertad sin ninguna sentencia definitiva.
Y, por otra parte, también decirles que en muchas ocasiones son los propios abogados que interponen los diversos recursos, que están en su derecho obviamente procesal para interponer todos los recursos que estén a su alcance y que también esto, pues obviamente dilata la resolución.
Señor presidente, si nos permite también decir lo que nos había usted instruido sobre el decreto. El decreto que nos está solicitando el señor presidente es que toda la población penitenciaria que tenga más de 75 años solicitar a través de este decreto, como una política penitenciaria, al juez de ejecución, que les conceda la excarcelación y seguir, digamos, en su casa en prisión domiciliaria.
Esto es muy importante porque ya incluso el Código de Procedimientos Penales, el Código Nacional de Procedimientos Penales lo establece con toda precisión, que los mayores de 70 años pudieran obtener el beneficio de la prisión domiciliaria.
Y, por otra parte, también nos ha instruido que los mayores de 65 años, también privados de su libertad, pudieran obtener este beneficio de la prisión domiciliaria si están en condiciones de vulnerabilidad por enfermedad, si tienen alguna enfermedad crónico-degenerativa pudieran también solicitar y estar en el supuesto de seguir en su casa, en su domicilio, con la prisión domiciliaria y ser excarcelados.
También el señor presidente nos ha instruido para el tema de la tortura, quien alegue tortura y también se compruebe a través del Protocolo de Estambul, que es muy seguro cuando se le aplica el Protocolo de Estambul a alguna persona que alega tortura, son muy seguras las conclusiones que tiene este protocolo, son peritos muy expertos, también el señor presidente nos ha instruido de solicitar, por la causa de la tortura, la excarcelación de algunas personas privadas de su libertad.
El presidente también ha instruido que en este gobierno no se puede permitir ningún acto de tortura, y menos para la obtención de una confesión dentro del mismísimo penal. Entonces, en este sentido vamos a caminar para presentarle al señor presidente el decreto de política carcelaria y de las solicitudes que, en su caso, el gobierno hará a los jueces de ejecución para el beneficio de la prisión domiciliaria.
Es cuanto, señor presidente, y le doy la palabra al señor subsecretario.
ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ, SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS, POBLACIÓN Y MIGRACIÓN DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN (SEGOB): Con su autorización, señor presidente. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes.
Voy a complementar la información que ha dado a conocer la señora secretaria de Gobernación sobre estos tres casos en particular, el caso Israel Vallarta, Brenda Quevedo y María Isabel San Agustín, que tienen un componente similar y que da cuenta de la actuación que la autoridad judicial, la autoridad que tiene que procurar la justicia en nuestro país está llevando a cabo en muchos casos en nuestro país, estos son casos emblemáticos.
El caso del señor Israel Vallarta, como aquí se ha señalado, ya tiene 16 años en reclusión sin sentencia, cuando la Constitución establece que el plazo mínimo para emitir ésta es de dos años, y que ha sido ya conocido por distintos medios de comunicación que han difundido su situación.
Hay que señalar que existe una recomendación emitida el pasado mes de abril del presente año por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en donde se establece con toda claridad violaciones al debido proceso y la comisión de tortura contra el señor Vallarta durante su detención, lo cual, a nuestro juicio debe ser considerada por el juez que está analizando su situación jurídica y por lo tanto la tortura debe invalidar las pruebas obtenidas posteriormente a su detención para esta causa en específico.
Como lo ha dicho el señor presidente, se trata de erradicar la práctica de la tortura por cualquier agente del Estado en cualquier orden de gobierno, y sea la persona, cualquiera que sea la persona que haya sido objeto de tortura, debe obtener su libertad.
Esta es una de las prácticas más degradantes de la acción del Estado contra la dignidad y los derechos de las personas. Y aquí, aplicados una vez los protocolos que han dado positivo en la comisión de tortura, el juez no debe dilatar una resolución para disolver las pruebas y sea puesto en libertad.
En el caso de Brenda Quevedo Cruz que, como ha señalado aquí la secretaria, detenida por un delito en donde ella ha denunciado que ha sido objeto de tortura, tanto en el penal de Santiaguito como lo fue en las Islas Marías, aquí encontramos una práctica de dilación de la autoridad judicial para la aplicación del Protocolo de Estambul.
Ella lo ha solicitado recurrentemente; sin embargo, se pospone y se posponen las resoluciones por distintas causas burocráticas, alegando el problema de la pandemia, pero aquí también ya existe, como lo presentó la señora secretaria, una recomendación del 2 de octubre de 2020 del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas donde, en esta opinión 45/2020, exige la liberación inmediata de esta persona y garantizar una investigación independiente al respecto.
Aquí se han dado los apoyos directamente a la señora Quevedo y exigimos a la autoridad judicial que atienda este llamado de la Organización de las Naciones Unidas y, en su caso, también permita el desarrollo del Protocolo de Estambul para comprobar, acreditar la tortura de la que fue objeto.
Y el caso de María Isabel San Agustín, que fue detenida en la alcaldía de Milpa Alta y es originaria del estado de Hidalgo y que, efectivamente, desde 2013 tiene una sentencia de 65 años, vinculada con el delito de secuestro, en el 2018 la entonces Procuraduría de Justicia del Distrito Federal ordenó la reposición del proceso para que se le aplicara el Protocolo de Estambul.
Este se aplicó y resultó positivo, se acreditó que la señora San Agustín fue objeto de tortura. El problema es un problema burocrático absurdo porque, a pesar de que la propia procuraduría… Bueno, y se dictó un amparo para que se repusiera el proyecto, la perito que desarrolló el Protocolo de Estambul no se ha presentado ante la autoridad para ratificar los resultados del mismo.
Estamos en comunicación con la ahora Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México para atender esta situación, pero aquí yo quisiera destacar fundamentalmente dos aspectos:
Uno, creo que hay mucha ineficiencia en lo que es la impartición de justicia, no solamente burocracia en la dilación de las resoluciones, muchos intereses cruzados, sino que no se apega la autoridad a los propios protocolos que la ley establece para acreditar delitos como el de la tortura y, peor aún, en los casos donde se acredita, en ningún caso se castiga a los responsables.
Por eso, como lo ha señalado el señor presidente, si queremos erradicar la tortura como una práctica regular que durante muchos años existió en nuestro país, no podemos andar con medias tintas ni con duda. Cualquier persona, sea quien sea y haya sido objeto de tortura, debe ser puesta en libertad de inmediato y los torturadores deben de ser castigados.
Esta es una nueva política que está impulsando desde el inicio este gobierno, en donde no solamente no se tortura el día de hoy por las autoridades federales, tenemos problemas en algunas entidades, en municipios, con agentes del estado, pero vamos a erradicarla profundamente.
Muchas gracias.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, es importante apuntar dos cosas:
Primero, que con la Cuarta Transformación, la Secretaría de Gobernación tiene un nuevo rol, una nueva función. Ya no es la secretaría de la represión y el autoritarismo, es la secretaría para la protección de los derechos humanos y de la justicia. Eso es muy importante.
Para los jóvenes, que conozcan la historia, la terrible historia de lo que fue la Secretaría de Gobernación desde hace muchas décadas, el papel que jugó la Secretaría de Gobernación. Era la secretaría del castigo, era la secretaría de la represión, la secretaría del control, la secretaría de la guerra sucia. Eso se terminó.
Y lo segundo es aclarar, para que no haya duda. Son cuatro decisiones que se van a establecer en un decreto presidencial:
Primero, que sentenciados del fuero federal, o mejor dicho, no sentenciados del fuero federal con más de 10 años sin sentencia que no haya cometido delitos graves van a ser liberados. Lo repito: internos en las cárceles federales del fuero federal que en 10 años no hayan sido sentenciados y estén en la cárcel por delitos no graves van a ser liberados.
Dos, adultos mayores de 75 años que estén en las cárceles, también del fuero federal, que no hayan cometido delitos graves, delitos de sangre, van a ser liberados.
Tres, adultos mayores de 65 años con enfermedades crónicas que estén en la cárcel y que no hayan cometido delitos graves van a ser liberados.
En este caso y en todos se va a seguir un procedimiento simplificado. En el caso de enfermos se le va a pedir a la Secretaría de Salud que haga los diagnósticos correspondientes. El plazo de liberación no va a ser mayor al 15 de septiembre.
Y cuatro, todo interno en cárceles federales que haya sido torturado, y se compruebe mediante el Protocolo de Estambul, va a ser liberado.
No queremos la tortura en México, nadie merece ser torturado, nadie. Entonces, estas cuatro acciones van a formar parte de un decreto que voy a firmar y que va a elaborar la secretaria de Gobernación. Lo vamos a elaborar la semana próxima para presentar y publicarlo.
Es importante que se tome en cuenta de que hay muchos detenidos, reclusos, internos que no tienen sentencia, y que no es sólo es fuero federal, también es fuero común, y es la mayoría. ¿Por qué no ponemos la gráfica? Ojalá y las autoridades estatales tomen cartas en este asunto.
La próxima, la otra, es esta.
Miren, del fuero común sin sentencia: 82 mil 189; y del fuero federal: 12 mil 358.
La justicia, como lo establecen los ordenamientos legales, tiene que ser rápida, expedita. Cómo va a estar una persona detenida por más de 10 años sin sentencia.
Esto lo tiene que atender el Poder Judicial, tanto los poderes judiciales en los estados como el Poder Judicial de la Federación, los tribunales superiores de justicia en los estados y el Poder Judicial Federal.
Que les falta personal, faltan recursos; bájense el sueldo los de arriba, ahorren, que es muy piramidal el funcionamiento de los poderes, los de mero arriba vivimos muy bien. Austeridad republicana y alcanza.
Pero no sólo es falta de recursos o de personal; es ineficiencia, burocratismo, corrupción y desatención al que no tiene para pagar un abogado, que hay mucha gente que no tiene defensa porque las defensorías de oficio no están bien integradas, ni en los estados ni en lo que tiene que ver con el Poder Judicial Federal, que deberían de tener equipos muy buenos de abogados para defender a la gente humilde y que ya no sólo llegue a la cárcel el que no tiene con qué comprar su inocencia.
Entonces, esto es lo que queríamos comentarles.
(...)
PREGUNTA: Buenos días, presidente. Diana Benítez, del periódico El Financiero. Buenos días, secretaria, subsecretario.
Nada más para precisar sobre este decreto, si ya se tiene estimado el universo de las personas que entrarían en estos supuestos que se van a establecer.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: En el caso de los sentenciados o no sentenciados sí, porque ya se hizo el análisis.
A ver, son como 10 mil, 12 mil 358. De ellos serían mayores… Perdón, los que no han sido sentenciados más de 10 años, de 10 años hacia adelante y que no tengan delitos graves, delitos de sangre, que no estén acusados por eso.
INTERLOCUTORA: Pero todavía no tienen la precisión de esos 12 mil, cuántos serían.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, pero vamos a elaborar el decreto y se va a aclarar.
Lo que quiero es que se tenga ya conocimiento de lo general. Lo repito, quienes no hayan sido sentenciados después de 10 años y no hayan cometido delitos graves o no estén acusados por delitos graves, delitos sobre todo que tengan que ver con sangre, van a ser liberados.
Segundo, adultos mayores de 75 años, liberados, también que no hayan cometido delitos graves.
Tercero, adultos mayores de 65 años con enfermedades crónicas graves van a ser liberados.
¿Cuáles son esas enfermedades?
Pues hipertensión, diabetes, cáncer, enfermedades renales, eso los médicos lo van a decidir.
Y cuatro, los que hayan sido torturados y se pruebe con el Protocolo de Estambul que, en efecto, padecieron de tortura, liberados.
INTERVENCIÓN: ¿Para cualquier delito?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Para cualquier delito.
INTERVENCIÓN: ¿De cualquier edad?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: De cualquier edad, o sea, cero tortura.
(...)
PREGUNTA: Gracias, presidente.
Nada más, rápidamente sobre el tema, aclarar, ¿la excarcelación también se va a dar el plazo de 15 de septiembre para las personas torturadas?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: En todos los casos.
INTERLOCUTORA: Okey, presidente. Gracias.
(...)
PREGUNTA: Buenos días, presidente. Hans Salazar, de Noticiero en Redes.
Preguntar, recapitulando lo que se ha anunciado ya el día de hoy del decreto, y los casos que previamente, tanto la secretaria de Gobernación como el subsecretario han mencionado sobre los casos, particularmente de Brenda Quevedo y de Israel Vallarta, luego entonces ¿se perfila que con esto decreto puedan estar siendo liberados concretamente?, es decir ¿hay un perfil para que ellos puedan estar…? Digo, yo sé que se tiene que analizar, pero son casos que se han llevado en un análisis permanente y de revisión.
Sería mi primer pregunta.
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, es que es una decisión que hemos tomado.
Puede ser, porque vivimos en un país de leyes y en un auténtico Estado de derecho, que personas vinculadas a estos procesos acudan a una instancia judicial para inconformarse y tienen todo el derecho de hacerlo, pero lo que queremos dejar en claro es que como política de Estado nosotros no permitimos la tortura en contra de nadie y bajo ninguna circunstancia, eso es lo que va a quedar de manifiesto; porque ya sé lo que están pensando quienes son militantes del conservadurismo y del autoritarismo.
Y además no sólo se trata de las élites, que son muy dadas al uso de la fuerza, es desgraciadamente algo que se ha extendido también en nuestro pueblo.
Cuando alguien es víctima de un delito -o un familiar-, entonces quiere que al que cometió el delito se le elimine, que no se le tenga ninguna consideración, que no haya piedad. Entonces, en esos casos se dice: ‘Tiene que hablar y no le hace que lo torturen’. Pues eso no lo consideramos nosotros humano.
Y puede ser polémico y no nos importa, pero no podemos nosotros continuar con esas prácticas medievales, completamente contrarias a los más elementales derechos humanos. ¿De qué sirve estar hablando…?
Es como el caso de la educación, guardadas las proporciones, que nos importa mucho la educación, que la educación de nuestros hijos, que la educación para el desarrollo, que la educación para superarnos… y no queremos regresar a la escuela, que porque se van a contaminar todos los niños.
Bueno, ¿y qué pasa en otras partes?
Hay recomendaciones de que se pueden evitar contagios y que se puede con protocolos sanitarios adecuados evitar contagios y que, si se dan los contagios, se puede cuidar a los niños en la casa y no pasa nada.
Bueno, es parte de lo mismo, guardadas las proporciones.
Nosotros no queremos que se torture a nadie. Entonces, el planteamiento va a ser: el Estado mexicano no quiere, no desea, no acepta ninguna confesión bajo tortura, repudiamos la tortura, no queremos tortura en México, se termina la tortura. Bajo ninguna circunstancia se acepta la tortura.
INTERLOCUTOR: Porque la otra posibilidad que entiendo yo, tengo el dato, de que envió una carta Israel Vallarta hacia usted con la petición de que se retiren los cargos por parte de la Fiscalía General de la República. ¿Ahí usted le tiene ya alguna, bueno, tiene alguna consideración en respuesta a Israel Vallarta?
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es que hay dos asuntos más. Y hay el argumento de que él quiere presentar una denuncia pidiendo reparación de daños. Nosotros vamos a ser respetuosos de todo ese procedimiento, pero esto no es asunto sólo jurídico o de abogados; esto tiene que ver con la justicia, con la ética, con el humanismo. Entonces, lo que podemos hacer es lo que ya aquí hemos planteado.
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