Prevenir la desaparición, un gran pendiente en México y América Central/Jérémy Renaux, es coordinador del programa para personas desaparecidas y sus familiares en México y América Central del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
The Washington Post, Martes, 31/Ago/2021;
La desaparición en México y América Central es un flagelo persistente. El dolor y trauma que experimentan miles de familias que buscan a un ser amado es profundo y, si los Estados no son capaces de resolver y prevenir este problema, estamos destinados a arrastrarlo durante generaciones y ver el número de víctimas multiplicarse irremediablemente.
En México, de acuerdo con la versión pública del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), hay más de 91,000 personas desaparecidas, de las cuales más de 6,800 desaparecieron el año pasado. En Guatemala, tan solo en 2020, fueron activadas más de 1,500 alertas Isabel-Claudina por mujeres desaparecidas y 4,930 alertas Alba Keneth para niños, niñas y adolescentes desaparecidos. En El Salvador, la Fiscalía General de la República reportó más de 20,00 denuncias entre2014 y 2019, mientras que en Honduras los registros se desconocen. A este contexto se suma que en Guatemala y El Salvador desaparecieron alrededor de 45,000 y 8,000 personas, respectivamente, durante los conflictos armados que ocurrieron entre 1960 y 1996 para el caso guatemalteco, y entre 1970 y 1992 para el salvadoreño.
El subregistro de casos y la ausencia de un registro unificado y actualizado en los países de América Central impide conocer exactamente la magnitud de la problemática. Sin embargo, las cifras disponibles demuestran que la desaparición de personas en la región se ha mantenido a lo largo de los últimos años o incluso se ha agudizado.
Contar con una legislación específica es un paso fundamental no solamente para proteger a las víctimas de desaparición y sus familiares, sino para prevenirla. En este sentido, la inexistencia de un marco normativo específico en Guatemala, Honduras y El Salvador que reconozca los derechos de las víctimas de desaparición y de sus familiares, prohíba la conducta y contemple mecanismos formales de búsqueda de las personas desaparecidas, sigue siendo un gran pendiente.
Por su parte, México destaca con avances sustanciales en los últimos años como la aprobación de la Ley general en materia de desaparición de personas (LGPD) y su armonización en 16 entidades federativas, la creación de una Comisión Nacional de Búsqueda de Personas y la aprobación del Protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas. Los esfuerzos realizados hasta el momento se han enfocado en la mejora de procesos de búsqueda e identificación que, indiscutiblemente, debe seguir siendo una prioridad para dar una respuesta a las familias. Sin embargo, mucho queda por hacer para la prevención de las desapariciones y para la adecuada implementación de la LGPD.
Instrumentos regionales e internacionales, de los cuales México y los países de América Central forman parte, dan algunas pautas sobre las acciones que deben emprender los Estados para prevenir las desapariciones forzadas o involuntarias.
La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas —en vigor en México y Honduras y pendiente de ser ratificada por Guatemala y El Salvador—, por ejemplo, establece la obligación de los Estados de prevenir las desapariciones. Estos deben asegurar la prohibición de la detención clandestina, la presentación y puesta a disposición inmediata de las personas privadas de la libertad ante una autoridad judicial, la comunicación de personas detenidas con sus familiares y abogados, la creación y actualización permanente de registros de detenciones y de personas privadas de libertad, la formación de servidores públicos, en particular fuerzas de seguridad para prevenir conductas que podrían constituir desapariciones forzadas.
Los conocimientos acumulados de las familias, colectivos, organizaciones civiles y de las propias autoridades son sumamente valiosos, pero son poco aprovechados para nutrir el diseño de políticas públicas en materia de prevención.
Por ejemplo, en el RNPDNO de México se reportó que cerca de 10,300 personas fueron localizadas con vida durante el año 2020. Frente a ello surgen preguntas como: ¿Por qué motivo y en qué circunstancias desaparecieron? ¿Quiénes son estas personas? ¿Cuánto tiempo transcurrió entre la desaparición y su localización? ¿En qué circunstancias fueron localizadas? Responder estas interrogantes no solo resultaría útil para identificar metodologías efectivas de búsqueda en vida de personas desaparecidas y no localizadas, sino también para entender mejor las causas y dinámicas locales de la desaparición, y por ende prevenirlo.
El problema de la desaparición necesita reflexiones y acciones que lo ataquen de raíz. De no hacerlo, estaremos destinados a ver acumularse el número de casos y, en consecuencia, a que se reduzcan las capacidades para atender las necesidades de las familias.
Garantizar el derecho de las familias y de la sociedad a conocer dónde están y qué ocurrió con las personas desaparecidas es no solo un medio importante de reparación, sino también una imperiosa necesidad para encontrar formas de prevenir este flagelo.
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