El complot de los científicos/Jorge Volpi

El complot de los científicos/Jorge Volpi

en REFORMA, 25 Sep. 2021

Treinta y un científicos y administradores de la ciencia, entre los que se cuentan algunos de los más respetados del país, acusados de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, uso ilícito de atribuciones y peculado. La magnitud de cada uno de estos tipos delictivos haría pensar que nos hallamos frente a una de las bandas más peligrosas jamás identificadas por nuestras autoridades, un grupo mafioso infiltrado en nuestras instituciones y que, detrás de sus batas blancas, sus laboratorios, pizarrones y computadoras, se ha dedicado a expoliar al país.

Lo inconcebible en cualquier sistema democrático es que nada -nada- se sustenta en una investigación profesional de los hechos: la voluntad reiterada de encuadrar a estos 31 científicos y funcionarios en los supuestos aplicables a los cárteles de la droga -luego de dos intentos fallidos ante el Poder Judicial, la Fiscalía ha anunciado, con el lenguaje propio de una declaración de guerra, que buscará un nuevo juez más afín a su causa-, no puede interpretarse sino como un acto de persecución política propia de un régimen autoritario.

México es un país donde la justicia simplemente no existe: menos del 5 por ciento de los delitos que se denuncian se resuelven en tribunales: una porción ínfima de los que se cometen. Esta situación no es culpa de la 4T, pero, desde su esperanzadora llegada al poder hace tres años, no solo no ha hecho nada para revertirla, sino que ha tomado medidas que, contradiciendo las promesas de campaña de López Obrador -y la agenda de la izquierda-, la han empeorado: la concentración de la seguridad pública en manos militares y la ampliación de la prisión preventiva oficiosa a numerosos delitos.

Esta última medida implica que cualquier acusado, aun sin pruebas, debe enfrentar su proceso desde la cárcel. Una medida que desdeña la presunción de inocencia -un derecho humano fundamental- y obliga a los inculpados a pasar largos meses -o, gracias a nuestro ineficaz procedimiento penal, años: no evito mencionar los 16 de Israel Vallarta- en prisión. De modo que el hostigamiento de la FGR y el Conacyt a estos 31 científicos y funcionarios no solo pretende desacreditarlos, sino ponerlos tras las rejas.

Y todo ello, insisto, sin ningún fundamento. Durante años, la Ley de Ciencia y Tecnología estableció la existencia de una asociación civil -no una empresa privada-, en la que estuvieran representadas las principales instituciones académicas del país para aconsejar sus políticas. Se trataba no solo de un mecanismo legítimo, sino de un esfuerzo por transparentar las políticas públicas en materia de ciencia y tecnología impulsadas por cada gobierno con la participación de la empresa privada y la sociedad civil.

Aguijoneada por la corrupción rampante de gobiernos anteriores, en particular el de Peña Nieto -cuando la administración pública se convirtió en una máquina de saqueo-, la 4T decidió no solo combatirla, sino deshacerse de aquellos mecanismos que le parecían oscuros. Una política que, en vez de modificar lo torcido, prefirió barrer con cualquier colaboración privada-pública, provocando la cancelación de cientos de fideicomisos y, en el caso del Conacyt, de toda relación con la asociación civil del Foro Consultivo Científico y Tecnológico.

Valiéndose de la legalidad existente, este organismo intentó revertir esta decisión. A partir de ahí, lo que debió ser una batalla administrativa y conceptual fue convertido en las amenazas de cárcel que hoy presenciamos. Todos los recursos públicos deben ser auditados, pero hasta ahora no hemos visto indicios sólidos de que éstos hayan sido mal utilizados -de ser así, habría que actuar al respecto-: la acusación de la FGR, con su altisonante retórica exigiendo aprehender a estas 31 personas, busca intimidar a quienes participaron en el Foro, y por ello la Suprema Corte y dos jueces han desestimado los presupuestos de la Fiscalía.

Nos hallamos, como pocas veces en épocas recientes, frente a un uso faccioso del poder que solo los simpatizantes de la tiranía podrían celebrar.

@jvolpi

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