Alegría inocultable, triunfo de izquierda en Chile, dice AMLO
Más de 8,3 millones de chilenos participaron en los comicios, cerca del 55% de los habilitados para votar, el mayor porcentaje desde que el voto es voluntario en el país sudamericano, en 2012.
AMLO señaló que el pueblo de Chile ha dado un ejemplo para América Latina y el mundo; "es un triunfo de la democracia en Chile, América Latina el Caribe, en el mundo", dijo
Boric, de 35 años, la edad mínima para ser Presidente ganó con un 55.8 por ciento de las preferencias sobre su adversario ultraderechista José Antonio Kast, quien obtuvo el 44.1 por ciento de los sufragios.
Boric, propone fortalecer el papel del Estado en la economía, una subida de impuestos para financiar el gasto social y el fin del sistema privado de pensiones heredado de la dictadura. En tanto Kast prometía menos Estado y mayor participación del sector privado en la provisión de servicios públicos.
Reacción..
La victoria del izquierdista Gabriel Boric ha golpeado a los mercados, que reaccionan con desconfianza a la propuesta progresista del candidato forjado al calor de las demandas sociales de las revueltas de 2011 y 2019.
En las primeras de este lunes el dólar registró un incemento del 3% hasta los 872,61 pesos chilenos, un máximo histórico. Es el mayo salto diario desde el 6 de noviembre de 2008, durante la crisis financiera.
La Bolsa de Santiago, por su parte, inició sus operaciones con una caída del 7,45%. Los mercados tenían bastante interiorizado el triunfo del izquierdista, pero no el holgado margen que obtuvo.
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AMLO califica de “muy lamentable” la decisión del INE de posponer consulta de revocación de mandato
“Es muy lamentable que esto suceda, pero tenemos que entender que se trata de un proceso de democratización que se está llevando a cabo en nuestro país, vivimos en un sistema político caracterizado por la simulación. Se hablaba de democracia en el discurso, pero en los hechos, predominaban las actitudes democráticas.
"Un órgano electoral que debería promover la democracia se ha dedicado a obstaculizarla, incluso sin respetar el mandato constitucional en la esencia, en el espíritu, lo demás es secundario, de que si tienen presupuesto o no tienen presupuesto".
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Las columnas políticas hoy, lunes 20 de diciembre de 2021
Templo Mayor/ Reforma
TRES MESES. Tic, tac, tic, tac. A la medianoche de hoy inicia la cuenta regresiva para la inauguración del aeropuerto de Santa Lucía. Y no es por acabar con el bonito espíritu navideño, pero ésa que es una de las magnas obras de este sexenio nomás no despega. Es diminuto, cuenta apenas con un par de vuelos prometidos (que no programados) y no ha despertado el interés de ninguna aerolínea internacional.
POR SUPUESTO ya ni quien se acuerde de la idea de que el "Felipe Ángeles" iba a resolver el problema de saturación del AICM. ¡Ni en sueños! Y es que por más práctico y bien construido que esté, como aseguran en Palacio Nacional, la realidad es que contará con un mínimo de posiciones para aeronaves. Hay quienes hablan de sólo 14 y otros de 24, sin embargo es imposible saberlo porque hasta ese dato ¡es secreto!
DE LO QUE no hay duda es que, en el mejor de los casos, el AIFA alcanzará todo su potencial nomás en 20 años. Resulta una paradoja que hayan encontrado tantos esqueletos de mamuts al construir ese enorme elefante blanco.
¡QUÉ NERVIOS! Hoy es el nuevo capítulo de la telenovela "Revocación de Amor", en el que el personaje principal, el dulce y cándido Andrés Manuel, denunciará nuevamente a los malévolos consejeros del INE que le impiden someter su mandato a la amorosa voluntad del amoroso pueblo.
EL PROBLEMA para López Obrador es que no puede hacer mucho, más allá de una rabieta de nivel presidencial. Por más que se lance contra Lorenzo Córdova y el resto de los consejeros que avalaron posponer el proceso para la revocación, en los hechos el mandatario no tiene manera de obligarlos a darle gusto.
VAYA, podría mandar mañana mismo una iniciativa de reforma electoral para desaparecer al INE ipso facto... pero su aprobación no sería nada sencilla. Podría ser que el Presidente se conforme con usar esto de pretexto para seguir golpeando al instituto. O podría ser que, simplemente, ordene abrir la cartera para darse el gusto de pasar otra vez por las urnas. Vaya dilema para AMLO.
SER comelón no implica ser buen cocinero. Así como ser escritor tampoco implica ser buen librero, como ha quedado demostrado con Paco Ignacio Taibo II y su lamentable gestión al frente del Fondo de Cultura Económica.
INCLUSIVE dentro del gobierno de la 4T se quejan de que Taibo se perdió en su propio cuento del justiciero de las letras, pues ni logró establecer un auténtico programa de lectura a nivel nacional, ni pudo rescatar al FCE y mucho menos logró articular en un solo eje las distintas dependencias del sector, como había prometido. Eso sí, ha viajado por todo el país con cargo al erario. Y colorín, colorado, este cuento no se ha acabado.
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Los “sueldos insultantes” en el gobierno
Bajo Reserva/El Universal
El fin de semana, una buena parte de funcionarios del gobierno federal se dedicaron a tuitear en contra de la resolución del INE de posponer la consulta de revocación de mandato del presidente de la República por falta de dinero. Entre los que estuvieron muy activos criticando esta medida está Jenaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, quien criticó los altos sueldos de los 262 asesores, pues señaló que ganan hasta 100 mil. Don Jenaro dijo que si hubiese una reducción en estos montos de salarios insultantes se podría organizar la consulta. Inmediatamente algunos tuiteros buscaron en la nómina del gobierno y encontraron que el funcionario federal tiene también un “salario insultante”, pues su sueldo bruto es de 141 mil pesos mensuales y 98 mil 268 pesos netos mensuales. Y como Villamil hay centenares de funcionarios públicos en el gobierno federal con esos sueldos. Así que todo está listo para la coperacha a beneficio de la consulta de revocación de mandato. ¿Quién es el primer servidor público que se apunta en la lista?
En riesgo, el nombre Gas Bienestar
Nos detallan que, a prácticamente medio año de que el gobierno federal anunció la creación de Gas Bienestar, aún no le han entregado los derechos de marca y de diseño. Y nos comentan que es muy posible que la empresa de Pemex tenga que cambiar de nombre. Cuando en julio pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en su mañanera el lanzamiento de esta empresa, un particular inmediatamente acudió al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) a registrar la marca, y un par de semanas después lo hizo Pemex. Al enterarse de esto, el particular interpuso un recurso de oposición alegando ser el primero que lo había solicitado. A seis meses de este pleito, el IMPI aún no anuncia un veredicto. Si Pemex pierde, nos hacen ver, tendrá que buscar un nuevo nombre y volver a rotular miles de cilindros que ya se han distribuido en la Ciudad de México con el nombre e imagen de Gas Bienestar.
Aplazan fecha de recurso contra revocación
Que siempre no. Nos platican que la queja que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, planeaba presentar hoy en solitario ante el INE contra la resolución que aplaza la consulta sobre la revocación de mandato del presidente de la República, ahora, nos aseguran, la presentarán el martes o miércoles. La causa, nos explican, es que se está buscando el respaldo de toda la bancada guinda y de algunos aliados.
No son lujos, es investigación: Economía
El sábado pasado le dimos a conocer en este espacio que la Secretaría de Economía buscaba una empresa que le suministrara, entre otras cosas, alimentos no precisamente austeros como bacalao importado y marlín ahumado. Al respecto, la dependencia responde que “no está realizando una licitación, se trata de una investigación de mercado para buscar las mejores condiciones en cuanto a precios”, de acuerdo con los principios de austeridad del gobierno. Y que lo solicitado es parte de “un catálogo genérico de productos”. Dice que los 550 mil pesos destinados es el monto máximo para 2022. O sea, podría ser menos. En enero, cuando se haga la licitación, veremos cuánto se compra.
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Estrictamente Personal
Bienestar, ¿para quién?/Raymundo Riva Palacio
EL Financiero, diciembre 20, 2021;
El presidente Andrés Manuel López Obrador realizó la semana pasada un cambio que urgía. Removió a Diana Álvarez Maury, como directora del Banco del Bienestar, digno de reconocimiento, y en su lugar nombró a Víctor Lamoyi Bocanegra, notable por lo desatinado de la elección. Una buena decisión se canceló con otra mala, por lo que es posible que si los problemas del Banco del Bienestar lo estaban ahogando, se pongan peor.
Álvarez Maury tuvo una gestión muy deficiente en el Banco del Bienestar, y las quejas en Palacio Nacional se venían acumulando por su incapacidad para resolver la capitalización de la institución creada por López Obrador. Todo el dinero que le inyectaban terminaba en la basura. Las sucursales eran limitadas, algunas instaladas en lugares en medio de la nada, y en otras se llegaba al ridículo, como donde los cajeros automáticos eran humanos; es decir, donde debía existir un cajero automático, como rezaba la señalización, no había ninguna máquina, sino una persona entregando el dinero solicitado. Del chip en la tarjeta, ni hablemos; inservible.
La exasperación de algunos colaboradores del Presidente encontró un aliado, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, quien al ver lo que la gestión de Álvarez Maury estaba generando, su impacto en las finanzas públicas y la posibilidad de que se convirtiera en un fracaso con repercusiones sociales, habló con López Obrador y le dijo, de acuerdo con funcionarios, que la directora no tenía la más mínima idea de cómo funcionaba un banco. Fue el empujón definitivo.
Su salida fue financieramente saludable, pero su relevo no. Al ser el Banco del Bienestar una institución que se supone es prioritaria para el Presidente, la remoción de Álvarez Maury no le abrió a Ramírez de la O la oportunidad para sugerir a alguien con experiencia bancaria para enderezarlo. López Obrador nombró a su paisano Lamoyi Bocanegra, con amplia experiencia administrativa, pero rodeada por enormes ineficiencias.
Lamoyi Bocanegra fue secretario de Finanzas en el gobierno de Arturo Núñez en Tabasco de 2013 a 2015, y renunció oficialmente por razones personales, en medio de señalamientos en los medios locales por el desorden que tenía. Como muchos tabasqueños, encontró una plaza en el gobierno de López Obrador, y su brinco al Banco del Bienestar fue desde la Coordinación Nacional de Administración y Finanzas del Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi, donde su gestión fue una desgracia en cuanto a abasto de medicamentos.
El paisano del Presidente fue premiado poco después de que el Órgano de Control Interno del Insabi le encontró un adeudo de 3 mil 500 millones de pesos a 12 proveedores de medicinas e insumos desde diciembre del año pasado, lo que significó paralelamente un subejercicio por esa cantidad. El Órgano de Control Interno dijo que se debió a la “falta de control, seguimiento y supervisión sobre el pasivo contraído por los proveedores, por las áreas que realizaron pagos y saldos pendientes de pagar”.
La falta de pagos a proveedores de medicinas no se volvió otro problema para el gobierno, porque la industria está sometida a una especie de chantaje del mismo, donde sin importar que no les paguen, tienen que seguir abasteciendo medicinas porque, de otra forma, son sujetos a multas. La industria está estirando sus recursos, pero el mal ejercicio de Lamoyi Bocanegra podría provocar el cierre de algunas empresas, o que la cadena de suministro se rompa por la imposibilidad de seguir trabajando gratis para el gobierno.
En un gobierno que opera bajo criterios no políticos, este tipo de acciones, que permean desde Palacio Nacional, producen aberraciones en la gestión, donde los incentivos son inversos. Si son leales, aunque profundamente incapaces, serán protegidos, como Álvarez Maury, que no perdió su chamba. Lamoyi Bocanegra, hombre de la claque tabasqueña, no fue castigado, sino elevado en responsabilidad.
Haber sido premiado pese a poner en riesgo el abasto de medicamentos, es un patrón en el Presidente desde que, ante las críticas sobre la falta de experiencia de funcionarios y en defensa de un incompetente en un área de seguridad, afirmó en 2019 que prefería tener colaboradores con “90 por ciento de honestidad y 10 por ciento de experiencia”. Lamoyi Bocanegra es uno de tantos. En la cadena de cambios en los segundos niveles de la administración, realizados en días recientes, el Presidente nombró a Almendra Loreta Ortiz como directora de Normatividad de Administración del ISSSTE.
Ortiz remplazó al general Jens Lohmann Iturburu, quien fue nombrado como nuevo director de Birmex, los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, que es la productora y comercializadora del gobierno. Lohmann es un militar con lustros de experiencia, mientras que Ortiz saltó al delicado cargo directamente de la Ayudantía del Presidente, que son quienes le ayudan a López Obrador a abrirle puertas, facilitar su paso entre la gente, cargarle sus maletas, buscarle qué comer o beber si lo necesita, tareas de esa naturaleza acorde con sus capacidades. Ahora, impulsada por el trampolín de la Ayudantía, manejará los dineros de una institución de salud estratégica.
Cuál ha sido el costo de premiar lealtad sobre experiencia, es algo que todavía no se puede medir cabalmente. Visible ha sido la pérdida de vidas por el desastre en el abasto de medicinas, cuyas consecuencias letales siguen. O el invento de la “guerra contra el huachicol” para cubrir la ruptura en la cadena de suministro de combustible causado por la nueva administración en Pemex. La corrupción que pensaba el Presidente se reduciría, se incrementó, y camina a ser el gobierno públicamente más corrupto en la historia de este país.
Prácticamente cada día hay denuncias en la prensa sobre corrupción en el gobierno, mientras López Obrador tiene marcada su propaganda con la palabra “Bienestar”. En muchos rubros la gestión ha caminado hacia el beneficio de unos cuantos, y en perjuicio de las mayorías. La realidad es que los privilegios que reiteradamente asegura desaparecieron, se transfirieron de manos, causando, muchos de sus leales, daños irreparables.
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Adán Augusto, ¿una “corcholata” más?…/Enrique Aranda
De naturaleza política
Excelsior,
Compiten policías y GN por “sangrar” a paisanos…
No cumple aún dos meses como “emergente” en la Secretaría de Gobernación y el tabasqueño Adán Augusto López Hernández comenzó a atraer en tal forma los reflectores que no son pocos ya quienes al interior del partido del gobierno, Morena, comienzan a referirle como el eventual “caballo negro” en la puja en la sucesión de Andrés Manuel López Obrador, quien apenas el viernes le dedicó desmedidos elogios, le agradeció por su ayuda y, sin exagerar, porque “me está aligerando la carga”.
Tercero, pues ya entre las “corcholatas” a considerar en el momento del destape de cara al 2024 o cuarto si, además de la impresentable regenta Claudia Sheinbaum Pardo y el canciller Marcelo Ebrard Casaubon se considera al zacatecano Ricardo Monreal Ávila, el aún novel inquilino en el antiguo Palacio de Cobián avanza apoyado por su paisano y personal amigo en el reposicionamiento de la dependencia como vértice del accionar político del gobierno de la 4T y, a la vista los hechos más recientes, en la recuperación del control y dirección del gabinete presidencial.
Si bien lo expuesto podría parecer exagerado, lo cierto es que, con excepción de su antecesora en el cargo, el titular de la Segob ha sido considerado siempre un “aspirante natural” a la sucesión y más aún cuando entre el Ejecutivo y él no sólo existe confianza y reconocimiento sino, cual es el caso, una amistad que trasciende la afinidad de ideas, pues alcanza incluso a las familias de uno y otro. El asunto, pues, no debe ser ignorado…
…y ello, precisamente, es lo que parece estar dando pie a que al interior del lopezobradorismo más radical, entre los definidos como “puros” de manera notable, la presencia del exgobernador tabasqueño en la primera fila de la administración federal comience a dar de qué hablar, de la consideración de un eventual reposicionamiento incluso, de no pocos que hasta no hace muchos meses apostaban a que la sucesión estaba prácticamente decidida “entre ella y él”.
Más pronto, pues de lo que muchos pudieran pensar, el asunto podría tender a ganar fuerza a nivel público impulsado, sí, por quien finalmente elegirá a su eventual sucesor pero, igualmente, por corrientes y grupos que al interior del morenismo mantienen posiciones irreductibles en lo que a avalar a alguien alejado de su incuestionable gurú se refiere…
ASTERISCOS
* No deberá concluir la semana que inicia, por cierto, antes de que el administrador de turno del oficialismo, el cuestionado Mario Delgado, dé a conocer los nombres de quienes representarán a Morena y al gobierno de la 4T se entiende, en la puja por las seis gubernaturas que estarán en juego en junio próximo. Pasar la Navidad en paz, diría alguno, es el objetivo…
* Donde en las próximas horas deberá haber “luz verde” es en Acción Nacional, pues, como él mismo ofreció, el siempre polémico Marko Cortés dará a conocer a su candidato(a) a suceder al también panista Martín Orozco en Aguascalientes: su favorita, Tere Jiménez, o el senador Antonio Martín del Campo que, de no ser él, amenaza con engrosar las filas de Dante Delgado…
Veámonos el miércoles, con otro asunto De naturaleza política.
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Personajes de 2021/Leo Zuckermann
El desafío de ómicron/Enrique Quintana
El Financiero, diciembre 20, 2021
Mañana comienza el invierno en el hemisferio norte, y de acuerdo con el doctor Anthony Fauci, asesor médico del presidente Joe Biden, será muy sombrío por la gran cantidad de nuevos contagios de COVID-19.
Señaló que es probable que la variante ómicron se convierta en dominante en Estados Unidos en las siguientes semanas y que conduzca a un récord de casos, hospitalizaciones e incluso fallecidos.
Fauci puso énfasis en el porcentaje de la población de Estados Unidos que todavía no se vacuna. Al día de ayer, sólo 61 por ciento de la población del país que produce el mayor número de vacunas en el mundo tiene el esquema completo y apenas 73 por ciento tiene al menos una aplicación.
El señalamiento del doctor Fauci se da en el contexto de la realidad de un fuerte crecimiento de los contagios en algunas zonas de Estados Unidos, como el estado de Nueva York. En todo ese país, los nuevos casos diarios (en su promedio de siete días) están en alrededor de 124 mil, lo que significa un incremento de 72 por ciento respecto al 28 de noviembre.
Si continuara así el crecimiento de los contagios, se estaría rebasando hacia la mitad del próximo mes el nivel más alto registrado hasta ahora, el cual ocurrió en los primeros días de enero de 2021.
Si se aceleran los contagios, algo nada remoto, podría llegarse a ese récord incluso antes.
A nivel mundial, la tasa de crecimiento de los nuevos casos está en 22 por ciento al mes. La cifra hoy es de alrededor de 630 mil nuevos contagios al día. Con el ritmo actual, llegaríamos al peor momento de la pandemia en cuanto al número de nuevos contagios, antes de que concluya enero próximo.
El caso más crítico es el de Europa, que ya atraviesa el peor momento de toda la pandemia en cuanto a nuevos casos, y se van sumando naciones de ese continente a la aplicación de confinamientos o al menos de medidas más restrictivas a la movilidad.
Se ha dicho, y lo hemos comentado en diversas ocasiones, que entre las pocas cosas ciertas que ya sabemos de esta variante es que su proclividad al contagio es la mayor que hemos visto entre todas las que han surgido.
Igualmente, hay indicios de que, al paso de los meses, buena parte de las vacunas pierden efectividad para prevenir el contagio.
Lo único positivo que también parece observarse, y eso de modo muy preliminar, es que pareciera que los síntomas que genera son más leves, al menos entre la población vacunada.
Esto se observa en el caso de Europa, pues pese a establecerse niveles sin precedentes de contagio, el número de fallecidos creció en mucho menor proporción.
El problema que señala el doctor Fauci es que, aunque las tasas de enfermedad grave y letalidad bajen, en la medida que los contagios aumenten de manera tan rápida como lo están haciendo, de cualquier forma habrá presión sobre los hospitales y muchos fallecidos.
En el caso de México, hay versiones de que esta semana podrían anunciarse medidas adicionales para hacerle frente a una previsible nueva oleada de contagios.
El temor es que, si nos atenemos a los antecedentes, resulten medidas muy tibias y aplicadas a destiempo.
Le insisto en lo que le dije la semana pasada, el tema en nuestro país no es si habrá un alza de los contagios, la famosa cuarta ola próximamente.
Ninguna persona razonablemente informada tendría duda de que se vaya a registrar.
La interrogante es cuándo explotará y cuáles serán sus efectos en la población.
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Uso de Razón
Biden se derrumba en lo esencial/Pablo Hiriart
Uso de Razón
El Financiero, diciembre 20, 2021
MIAMI, FL.- Malas noticias para Estados Unidos y para el mundo democrático: la agenda social de Biden está liquidada.
Se propuso la transformación de su país a través del “reconstruir mejor”, pero el proyecto quedó sepultado ayer. A Biden no le sale nada.
Del abanico de programas que cambiarían la faz del capitalismo por un rostro más humano, solidario y comprometido con el medio ambiente, no ha quedado ninguno.
El vehículo para esa transformación era el plan de infraestructura social, originalmente de 3 billones 500 mil millones de dólares, a gastar en 10 años. En las negociaciones al interior del Partido Demócrata, se redujo a 1.75 billones de dólares.
Pero el senador demócrata Joe Manchin lo frenó al ponerle un candado al programa estrella de Biden, que es el crédito fiscal de 300 dólares por cada hijo, destinado a acabar con la pobreza infantil en el país.
Ayer, sin embargo, le dio un tiro de gracia: anunció que votará en contra del programa de infraestructura social.
Con ello no habrá un freno, sino un retroceso: 61 millones de estadounidenses perderán los beneficios sociales que ya tenían, desde marzo de este año.
Y 4 millones 100 mil niños regresarán a la condición de pobres.
También se caen el financiamiento a los programas de energías limpias, apoyo adicional a la ciencia, educación preescolar universal y gratuita, estancias infantiles atendidas por profesionales, estatus legal a migrantes sin papeles, atención médica a los mayores, ampliación del programa de salud a bajo costo, recursos para la lucha contra los efectos del cambio climático (incendios, inundaciones, sequías prolongadas…), etcétera.
¿Por qué tiene tanta importancia un solo senador, en este caso Joe Manchin?
Porque la composición del Senado es 50 demócratas y 50 republicanos. Sólo en caso de empate decide el voto de calidad de la vicepresidenta, en este caso Kamala Harris.
Si un solo senador demócrata opta por no apoyar, como ocurre ahora con Manchin, entonces no les alcanzan los votos para aprobar el presupuesto.
¿Por qué no lo convenció Biden? ¿No que era un negociador muy hábil?
Manchin y Biden se reunieron varias veces, y el senador por Virginia del Oeste, cada vez que hablaba con el presidente, agregaba nuevas objeciones.
Ayer se quitó la careta y dijo que votaría contra el paquete social.
La aureola de gran negociador de Biden se reventó.
Para los republicanos la situación es cómoda. Dicen: ya te aprobamos el presupuesto de infraestructura física, que es el que nos interesa: puentes, carreteras, aeropuertos, puertos. Si quieres regalarle dinero a los pobres, un welfare state (estado de bienestar, o algo así), hazlo con tus votos, los tienes, adelante.
Pues resulta que no, que Biden no tiene los votos demócratas suficientes.
Salvo que ocurra un vuelco espectacular esta semana, el programa social de Biden está liquidado.
No habrá legalización para 11 millones de migrantes que se encuentran en el país, como prometió en campaña.
Ni siquiera garantías de no deportación durante cinco años para dreamers y trabajadores esenciales, como quedó en la versión rasurada (hubo que darle gusto a Manchin).
La experta parlamentaria en el Senado (autoridad que fiscaliza los proyectos que se presentan) dictaminó que esa medida no es un tema presupuestal, sino que implica un cambio a la Ley de Inmigración, por tanto requiere ser votada como tal –y Biden no tiene el apoyo de senadores republicanos–.
A Biden no se le acaba el tiempo, sino la confianza que se depositó en él.
Puede decir que la culpa es de Manchin, de los republicanos, de los antivaxxers, de quien sea… pero en política cuentan los resultados, no las intenciones.
No ha podido acabar con la pandemia, que iba a estar erradicada de Estados Unidos en Navidad.
La inflación es la más alta en cuatro décadas.
En casi todas las grandes ciudades del país los homicidios han aumentado.
La migración ilegal, sin nadie capaz de ordenarla, está siendo veneno para su imagen.
Hay explicación para todo, pero los malos resultados ahí están.
Tendrá que reinventarse, de cara a las elecciones de noviembre, y a los tres años que le quedan en la Presidencia.
Por las señales que ha mandado, la batalla la dará en tres frentes:
-El derecho al voto, que los republicanos buscan acotar. Biden ya lo plantea como una lucha épica, a la altura de la Guerra Civil.
-Política exterior, contra Rusia y China.
-Y, ojo México, la guerra contra los traficantes de drogas.
Lo esencial, reconstruir mejor, fracasó.
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Procuraduría fiscal: la salida de Romero y los casos sueltos/Mario Maldonado
En este contexto, el ganador es el secretario Ramírez de la O, quien a la callada ha logrado la salida de funcionarios clave
El Universal,
La salida de Carlos Romero Aranda de la Procuraduría Fiscal de la Federación, la semana pasada, modifica el panorama de algunos casos emblemáticos que nacieron como procesos de procuración de justicia y terminaron convirtiéndose en una agenda personal. A la vez, satisface los deseos de funcionarios del gabinete, quienes percibían al exfiscal como una piedra en el zapato.
Entre quienes ganan con la destitución de Romero Aranda se encuentran los dos empresarios relacionados con el outsourcing y las llamadas factureras: Raúl Beyruti, presidente y fundador de Grupo GIN, y Víctor Manuel Álvarez Puga junto con su exesposa Inés Gómez Mont. También ganan los 31 científicos que fueron señalados por el Conacyt, de Marielena Álvarez-Buylla, por peculado, delincuencia organizada y lavado de dinero. Los tres casos coinciden en que sus denuncias salieron de la oficina del procurador fiscal, con cuestionamientos sobre su competencia legal.
No se pone en duda que en los tres casos se hayan cometido alguno de los delitos expuestos ante el Ministerio Público, pero sí llamó la atención del gobierno, y sobre todo del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, que la Fiscalía General de la República judicializara denuncias de la Procuraduría Fiscal, cuando los mismos personajes involucrados eran señalados por otras instancias con argumentos de mayor solidez y gravedad, sobre todo en los casos relacionados con Beyruti y Álvarez Puga.
En el caso Beyruti existía casi una decena de denuncias desde el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera que involucraban la operación de unas 3 mil empresas con indicios de lavado de dinero, pero en la FGR se optó por darle seguimiento a la querella de la Procuraduría Fiscal por delitos cometidos en sólo una razón social. Ahora, el llamado Rey del Outsourcing enfrentará con más holgura su caso de defraudación fiscal y no podrá ser juzgado nuevamente por estos mismos delitos.
En lo que respecta a Álvarez Puga y Gómez Mont, ganadores también de esta coyuntura, podría tomar forma el reclamo sobre la invalidez de su proceso judicial, debido a que este se detonó como resultado de la denuncia de una autoridad no competente. Se dice que el exprocurador acordó con los ministerios públicos de Gertz Manero presentar sus denuncias en viernes, de tal forma que pudiera firmarlas en domingo, en ausencia del secretario de Hacienda.
La misma situación se dio en la denuncia por operaciones con recursos de procedencia ilícita contra los 31 científicos del Conacyt, firmada el domingo 15 de agosto por Carlos Romero. Por esta razón, los académicos también ganan con los últimos enroques del gabinete y, más aún, con un aparente desistimiento del titular de la FGR para involucrarlos en una causa penal, toda vez que ha enfocado sus baterías a otros asuntos también de índole personal.
En este contexto, el ganador es el secretario Ramírez de la O, quien a la callada ha logrado la salida de funcionarios clave del gabinete hacendario, como el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Juan Pablo Graf, y hasta el desistimiento del presidente López Obrador de proponer a Arturo Herrera como gobernador del Banco de México.
El gran perdedor es el fiscal Gertz Manero, quien había encontrado en el exprocurador un aliado para judicializar carpetas de investigación y llamar a cuentas a personajes cuyos apellidos (como el caso de Gómez Mont) generaron estruendo en la opinión pública y le dieron un poco de aire al funcionario que, por seguir su agenda de temas personales, ha desatendido muchos otros de importancia para el país y la procuración de justicia.
mario.maldonado.padilla@gmail.com
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Los buscapiés presidenciales/Carlos M. Urzúa
Sin deberla ni tenerla, el INE cargará con el muerto una vez que se dé el seguramente desangelado ejercicio de revocación
El Universal
Sobre Andrés Manuel López Obrador pueden plantearse un buen número de interrogantes acerca de su capacidad para ocupar la presidencia. Para dar tan solo tres ejemplos: si tiene, o no, la visión estratégica suficiente para llevar a buen puerto al país; si tiene, o no, un conocimiento al menos básico en materia económica; y finalmente, si tiene, o no, un claro entendimiento de la interrelación que debe tener México con el resto del mundo. Pero nadie, sin embargo, negaría por otro lado su extraordinaria astucia política, su suprema capacidad de grillar a todo momento y en todo lugar.
Casi cualquier acto público del Presidente tiene una obvia intención política, muchas veces predecible. Pero de vez en cuando su verdadero objetivo no es tan aparente, pues es ocultado mediante el lanzamiento de buscapiés a manera de distractores. El caso más notorio, el que la historia registrará como su intento más atrevido de evadir la Constitución, fue seguramente su propuesta de extender el periodo del mandato del actual presidente de la Suprema Corte. La extensión era obviamente inconstitucional, como la propia Corte se encargó de establecerlo. Pero con ese intento él quería simplemente, primero, obligar al Poder Judicial a ponerse literalmente bajo sus órdenes y, segundo, medirle el agua a los camotes para un eventual intento de extender su mandato presidencial.
Un segundo buscapiés fue lanzado más recientemente. Consistió en un acuerdo presidencial que pretendía establecer como materia de interés público y de seguridad nacional la realización de las obras de infraestructura. Si hubiera prosperado tal acuerdo, López Obrador podría haber cubierto con un manto negro todos los procesos administrativos empleados en cada una de las obras federales durante el resto del sexenio. Pero la Corte ya señaló que esa clasificación es obviamente inconstitucional, pues, de acuerdo con el artículo 28, eso es solo competencia del Poder Legislativo. Difícil es creer que nadie en Palacio Nacional haya leído dicho artículo. El buscapiés fue lanzado, más bien, para tener una justificación a modo para los continuos retrasos que se están dando en los grandes proyectos de este gobierno. A pesar de las inauguraciones que él hará con bombo y platillo en 2022 y 2023, esos proyectos podrán rendir verdaderos frutos, si acaso, hasta fines del sexenio.
El último buscapiés, el que será más difícil de enfrentar, es el recorte hecho por la Cámara de Diputados al presupuesto del Instituto Nacional Electoral para el año que entra. Esta reducción fue obviamente ordenada por el propio López Obrador. Tal recorte es tan significativo que pone en riesgo no solamente a esa costosísima e inútil consulta sobre la revocación del mandato del actual presidente, sino también a elecciones de importancia, como las que se llevarán a cabo el siguiente año en seis estados de la República para elegir sus gobernadores.
Ese recorte absurdo, por no llamarlo estúpido, cumplirá tres propósitos. El primero será desprestigiar al INE cuando éste afirme, correctamente, que nadie está obligado a lo imposible. El segundo es que, sin deberla ni tenerla, el INE cargará con el muerto una vez que se dé el seguramente desangelado ejercicio electoral de marras. Y el tercero, por mucho el más peligroso para nuestra nación, se preparará el terreno para el próximo asalto presidencial contra el INE mismo.
Profesor del Tecnológico de Monterrey.
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Los 2,700 millones y las policías municipales/Alejandro Hope.
El Universal
El viernes pasado, durante la sesión plenaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana anunció que “se destinarán dos mil 700 millones de pesos que con el concurso de los gobiernos estatales serán destinados para el equipamiento de los policías en los municipios que enfrentan los mayores índices de homicidios dolosos en el país.” Señaló además que “estos recursos provienen del aseguramiento de cuentas que se utilizaron para la comisión de delitos como la extorsión.”
Esto es a todas luces una buena noticia. Las policías municipales son un eslabón crucial en la cadena de seguridad y justicia. En buena parte del país, representan la primera ventanilla de contacto de la ciudadanía con el Estado y realizan funciones insustituibles de contención de la delincuencia, mantenimiento del orden público y provisión de servicios.
Se trata, sin embargo, de instituciones que están bajo acoso permanente y enfrentan restricciones presupuestales significativas. Las insuficiencias financieras, además, se han venido agudizando en años recientes como resultado de la eliminación en 2020 de subsidios federales para las policías municipales, específicamente el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg).
Dada esa situación, hay que aplaudir el anuncio hecho por la secretaria Rodríguez. Sin duda, puede ayudar a mitigar las carencias que enfrentan algunos municipios. Me surgen, sin embargo, algunas preguntas al respecto:
1. ¿Cómo se seleccionarán los municipios que recibirán el apoyo? Según el anuncio, los recursos irán a “los municipios que enfrentan los mayores índices de homicidios dolosos en el país.” ¿Pero eso se refiere a tasa por 100 mil habitantes, número absoluto de homicidios o tasa de crecimiento? La lista puede ser muy distinta dependiendo del criterio que se utilice.
2. ¿Por qué se pretende limitar el apoyo a la adquisición de equipo? Los recursos de Fortaseg podían usarse, por ejemplo, para la certificación del personal o la formación inicial de los elementos. Para muchos municipios es preferible gastar en la capacitación de policías que en patrullas ¿Cuál es la lógica que lleva al gobierno federal a privilegiar el equipamiento?
3. Si se reconoce la necesidad de dotar de recursos a las policías municipales, ¿por qué se decidió acabar con el Fortaseg desde el ejercicio fiscal 2020? Sin obviar los problemas que tenía ese fondo, ¿no hubiera sido más fácil modificar sus reglas de operación que eliminarlo para luego crear un símil?
4. ¿Se trata de un apoyo único? ¿O se convertirá en un programa permanente? Si es lo segundo, ¿cómo se piensa fondear en años subsiguientes, ya que, según lo anunciado, la transferencia se financiará con recursos no recurrentes (aseguramiento de cuentas)? Si es lo primero, ¿cómo se pagará en el futuro el mantenimiento de los equipos adquiridos?
5. La secretaria Rodríguez afirmó que la transferencia se realizará “con el concurso de los gobiernos estatales” ¿Eso significa que las tesorerías de las entidades federativas tendrán que poner recursos de contrapartida? ¿Eso ya está considerado en los presupuestos estatales?
6. ¿Cómo se evaluará el éxito del apoyo? ¿Con la tasa de homicidio como métrica? De ser el caso, ¿cuál es la teoría de impacto detrás del subsidio? ¿Por qué se asume que un mejor equipamiento de policías municipales debe conducir a una reducción en la incidencia de ese delito específico?
Estas interrogantes no le quitan mérito al anuncio. Como sea, parece una buena idea voltear a ver a las policías municipales. Pero ofrecer más detalles ayudaría a valorar en mejor medida la importancia de la decisión.
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Revocar el mandato ¿del INE?/Paola Rojas...
El Universal
La consulta para la revocación del mandato presidencial es otra vez noticia. La falta de presupuesto llevó al Instituto Nacional Electoral a posponerla hasta contar con los recursos necesarios para su realización. Fue una votación dividida. Los consejeros que se inclinaron por el aplazamiento argumentaron que hacerla con un presupuesto restringido implicaría instalar un número limitado de casillas, lo que reduciría su alcance y representatividad.
Días antes de que se tomara esta decisión, la Suprema Corte había resuelto que el INE debía hacer los ajustes necesarios al presupuesto del próximo año para realizar la consulta. Sin embargo, los consejeros aseguraron que, aun luego de un esfuerzo para ajustarlo, el dinero no resultó suficiente para cumplir con los requerimientos administrativos y legales.
Las reacciones fueron inmediatas. El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, anunció que presentaría denuncias ante la Fiscalía General de la República y la Contraloría del propio organismo público autónomo por responsabilidades administrativas y hasta penales, por delitos como abuso de autoridad y coalición de servidores públicos.
En la conferencia mañanera del viernes, el presidente López Obrador se lanzó contra los consejeros electorales. Dijo que lo que hacen son “chicanadas”, que se trata de tácticas dilatorias y que parecen “abogados huizacheros”.
Así es como la consulta para la revocación de mandato abrió una nueva confrontación entre la presidencia y el INE.
Por lo pronto, el Instituto ha dejado abierta la posibilidad de hacer la consulta si la Cámara de Diputados rectifica el presupuesto en 2 mil millones de pesos. Esto porque se necesitan 3,830 millones de pesos para capacitar a los voluntarios e instalar las más de 162 mil casillas que establece la norma.
Pero, más allá del debate por el dinero destinado para su realización, valdría la pena valorar su pertinencia. Y es que prácticamente nadie está interesado en impulsar que el presidente deje el poder antes de que termine su mandato. La incertidumbre que eso generaría es lo último que el país necesita, sobre todo con una inflación superior al siete por ciento y una crisis de inseguridad que no se ve cómo vaya a resolverse.
¿No sería mejor destinar esos casi 4 mil millones de pesos a la adquisición de medicamentos? ¿No sería más útil que todo ese esfuerzo logístico se enfocara en distribuir los tratamientos que siguen sin llegar a los hospitales públicos?
Con tantos temas urgentes sin resolver, es una lástima que se destine tanta energía, dinero y tiempo a una consulta cuyo resultado se conoce de antemano.
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Subsidios a autos
JAQUE MATE / Sergio Sarmiento
en REFORMA, 20 Dic. 2021;
"La visión del gobierno de la economía
puede resumirse en unas breves
frases: si se mueve, cóbrale impuestos;
si se sigue moviendo, regúlalo; si deja
de moverse, subsídialo".
Ronald Reagan
A los gobiernos les gusta subsidiar porque así aparentan estar haciendo algo para los electores. En la mayoría de los casos, sin embargo, los subsidios son inútiles. En otros, causan más daño que beneficio.
Los subsidios a los autos eléctricos son un ejemplo. En 2009 el presidente estadounidense Barak Obama lanzó un programa de 2,400 millones de dólares para dar un crédito fiscal de 7,500 dólares a los compradores de cada uno. A pesar de los problemas de la tecnología, este programa permitió que Tesla despegara y ha convertido a su dueño, Elon Musk, en el hombre más rico del mundo. En 2021 Joe Biden ha anunciado subsidios por 7,500 millones de dólares para construir estaciones de carga y un crédito fiscal de 12,500 dólares para cada auto eléctrico producido en Estados Unidos. El propio Musk considera innecesarios estos subsidios.
No es la Unión Americana el único país que subsidia los autos eléctricos. En Europa los apoyos varían de país en país, pero todos son muy generosos. Noruega, donde ya nueve de cada 10 autos nuevos son eléctricos, quedan exentos de los cuantiosos impuestos a los automóviles y pueden usar los carriles para autobuses. La reducción en la huella de carbón, sin embargo, es muy pequeña en comparación con los subsidios y otros incentivos. El subsidio total de un auto eléctrico en Noruega es de 26 mil dólares ante un precio oficial del auto de 30 mil. El gobierno de Noruega puede cubrir ese enorme costo, paradójicamente, porque tiene un inmenso excedente del petróleo.
Los gobiernos han concentrado sus esfuerzos contra el calentamiento global en los autos. Por eso subsidian los eléctricos y han anunciado la prohibición de los de combustión interna entre 2030 y 2050. Pero lo hacen por razones políticas y moralistas, no técnicas.
Los autos eléctricos no logran una disminución importante en las emisiones de carbono. Para empezar, utilizan baterías. Según la International Energy Agency, la producción de una batería para auto eléctrico genera casi una cuarta parte de la contaminación de un auto de combustión interna a lo largo de su vida. Por otra parte, necesitan electricidad, que en casi todo el mundo se produce con combustibles fósiles. "En sus primeros 60,000 kilómetros", dice el Bjorn Lomborg, "un auto eléctrico... generará más CO2 que uno de gasolina". Solo después empieza el ahorro. Pero la mayoría de los autos eléctricos los compran personas acomodadas como segundo vehículo, para presumir su conciencia ecológica, mientras siguen usando vehículos de gasolina de mayor autonomía y eficiencia, por lo que el subsidio a los autos eléctricos puede resultar en un aumento total en las emisiones de contaminantes. Si se usara ese mismo dinero para reducir las emisiones en la generación de electricidad el beneficio al ambiente sería muchas veces mayor.
No es la primera vez que los gobiernos se equivocan en este campo. Durante años los países europeos subsidiaron los motores diésel porque decían que eran menos contaminantes. Ahora que entienden la contaminación por partículas, buscan prohibirlos.
Quizá sea inevitable una transición a los autos eléctricos. Para que valga la pena, debe estar acompañada por una generación más limpia de electricidad y una mejor tecnología de las baterías. El mercado debe ir impulsando los cambios. Los subsidios y las prohibiciones tienen un costo enorme y dejan pocos beneficios.
· COMPETENCIA
El subsidio de 12,500 dólares a cada auto eléctrico producido en EU violaría las normas del T-MEC, pero además generaría una competencia malsana. Ya Canadá ha prometido un subsidio similar a los que se produzcan en su país. Es tirar el dinero de los contribuyentes, sin beneficiar el ambiente.
@SergioSarmiento
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Fuera Grinches/Manuel J. Jáuregui
en REFORMA
Sólo nos faltaba, aquí en nuestro México Mágico, que hiciera su aparición el Grinch, ogro de la Navidad, y éste tomó la forma de los morenistas en la Cámara, quienes en su infinita insabiduría decidieron RESTARLE recursos al Instituto Nacional Electoral, órgano independiente, el cual el Gobierno obradorista quiere que dependa del Poder Judicial.
Para esto, de todos los rincones del morenismo le lanzaron insultos, amenazas y críticas al INE por haber votado su Consejo posponer la consulta especial por "revocación de mandato" que se ha convertido en obsesión del amliato.
Los Grinches le recortaron al presupuesto del INE algo así como 5 mil millones de pesos, y para que sea válido el ejercicio, el INE requiere instalar casillas en TODO el País, como si se tratara de una elección programada.
A consecuencia del recorte, el INE no cuenta con los recursos necesarios para realizar el ejercicio en el que insiste el Presidente.
Aquí abrimos un paréntesis para preguntar: ¿por qué su obsesión para que se realice esta consulta que básicamente le preguntará al pueblo si el Presidente debe irse o quedarse?
Los índices de aprobación con los que cuenta el amliato tornan innecesario que se formule tal pregunta.
A menos que...
A menos que el Presidente quisiera tomar esta consulta como justificación (mandato del pueblo) para extender su sexenio, reformando la Constitución para quitar de ésta la "no reelección".
Esto es lo único que pudiera explicar la obsesión que tienen AMLO y los amlistas por realizar este costosísimo ejercicio, a la vez capricho del Presidente.
El líder del rebaño morenista en el Senado, Ricardo Monreal, ha dado una solución sensata para resolver este problema, en el que incluso los extremistas del amliato han amenazado con acusar penalmente a los consejeros del INE.
¡RESTAURAR el dinero faltante al INE para que cuente con los recursos necesarios para realizar la consulta!
Esta solución probablemente resulte demasiado sensata y lógica como para que sea implementada por los Grinches mexicas que asignan el presupuesto, quienes no sólo quieren para ellos todos los recursos públicos, sino además controlar al máximo la narrativa pública.
Esto es, seguir golpeando con el pretexto que ellos mismos generaron y obtuvieron con el fin de desacreditar al INE.
Su meta no es sólo obligarlo a que realice la consulta de revocación, sino de pasada destruirlo como un organismo independiente, garante de la validez de nuestros procesos electorales democráticos.
Esto, para después convertir al INE en una dependencia al servicio del Presidente, quien puede o no irse en el 2024.
Los indicios son de que, imitando a sus cuates socialistas de América Latrina, como Evo Morales, Nicolás Maduro, Daniel Ortega, Pedro Castillo y los Hnos. Castro Ruz, etcétera, el señor López siente que él y sólo él puede "transformar" a México y que seis años no son suficientes.
Entre otras cosas, porque a decir del Presidente, cada día que pasa surgen más "conservadores" que se oponen a su tiranía: ¡ahora hasta el INE es "conservador"!
Si hiciéramos cuentas, resultaría que cerca de la MITAD de México -de acuerdo con el Presidente- es "conservadora".
Lo que pretenden con su dizque "transformación" es hacer transitar a México de una democracia imperfecta, hacia una perfecta dictadura socialista con él al frente.
¡Eso, seguramente, le está pidiendo Obrador al Santa Clos, y no de buena forma, sino más bien gritando y pataleando (todo el tiempo sin dejar de tirar pedradas sin ton ni son).
Seguramente en la lista de reparto navideño de Santa Clos es el niño Obrador de esos a los que no sólo no les llega lo que exigen, sino que deben conformarse esta Navidad con una cajita de carbón.
Seguramente tomará en cuenta el Santa que el niño Obrador batalla mucho para jugar armonioso con los otros niños.
Sus amiguitos americanos, por ejemplo, le ponen una recompensa de 5 millones de dólares a los hermanos Guzmán, de Sinaloa, herederos de "El Chapo" y Obrador hace otro berrinche invocando respeto a nuestra soberanía.
¿O más bien será a la soberanía de los capos del narco, a quienes ha defendido ya en numerosas ocasiones?
¿Y qué onda con la soberanía del Perú?
Ahí se fue a meter el Gobierno mexicano mandando el Presidente a su compañerito, nuestro Secretario de Hacienda, Rogelio "El Invisible" Ramírez de la O, atendiendo una solicitud del Señor de los Sombreros Ridis, el socialista Pedro Castillo, metido hasta las pestañas en aguas infestadas por el cocodrilo de Peter Pan.
Ya les decíamos, amigos lectores, si México se mete en otros países, otros países se meterán con nosotros.
Por mientras, los mexicanos, amantes de la paz, sólo pedimos esta Navidad UNA COSA: que se vayan los Grinches.
Normalización/Denise Dresser
en REFORMA
Normalizaron la militarización, dándole poderes y negocios sin precedentes a las Fuerzas Armadas, que ya están a cargo de 246 actividades antes en manos de civiles. Normalizaron la falta de vigilancia civil sobre la seguridad pública e intentaron blindar a la Sedena del escrutinio público, reservando información sobre su involucramiento en megaobras sexenales con el pretexto de la "seguridad nacional". Permitieron la construcción de un poder fáctico, al cual AMLO le ha subcontratado labores cruciales del Estado, porque lo supone incorruptible y leal. A esto le llamaron "pacificación".
Normalizaron la agresión diaria desde el púlpito presidencial hacia cualquier persona que osara criticar las políticas del gobierno o el comportamiento presidencial. Permitieron la degradación del espacio público, y la política de la humillación desplegada por López Obrador contra el CIDE, la UNAM, los científicos, las feministas, la sociedad civil, los médicos y la prensa internacional. Justificaron la difamación diseminada por el "Quién es quién en las mentiras", y usaron el argumento de "yo tengo otros datos" para evitar la rendición de cuentas. A esto le llamaron "derecho de réplica" y "diálogo circular".
Normalizaron el debilitamiento de la capacidad de gestión del Estado, reduciendo su capacidad para aliviar la pobreza, encarar la desigualdad, combatir la corrupción, regular a los monopolios, y proveer bienes públicos como la salud y la educación. Desmantelaron programas de abastecimiento de medicamentos, dejando en el desamparo a sectores vulnerables, como a los niños enfermos de cáncer, y negaron el desbasto mientras empeoraba. Colocaron al frente de instituciones recién creadas -como en Insabi- a personas con experiencia insuficiente para asegurar su buena conducción, o a incondicionales que agravaron los problemas del sector a su cargo, especialmente durante la pandemia del Covid-19. A esto le llamaron "como anillo al dedo" y "poner orden".
Normalizaron el jineteo del erario, aumentando la discrecionalidad y la opacidad en su uso y distribución, saltándose la normatividad y las leyes aplicables. Validaron el uso de "acuerdos" y "memorándums" para evadir responsabilidades constitucionales del gobierno, incluyendo la obligación de transparencia y vigilancia del Congreso. Ignoraron lineamientos que regulan al sector público como permisos, licitaciones, consultas a pueblos indígenas, y adjudicaciones directas presentándolos como estorbos y abriendo la puerta a una nueva mafia en el poder. Calificaron los amparos legítimos ante acciones arbitrarias o extralegales de la autoridad como "chicanadas". A esto le llamaron "acabar con el neoliberalismo" y "agilizar los trámites".
Normalizaron el voluntarismo y la ocurrencia detrás del diseño y la instrumentación de la política pública. Permitieron que cualquier propuesta presidencial -por inviable o descabellada que fuera- se convirtiera en norma gubernamental, sin evaluar sus consecuencias. Destruyeron mecanismos de evaluación y medición de la gestión del Estado, y cuando los periodistas independientes revelaron irregularidades en los censos o los programas sociales, los acusaron de ser "chayoteros" o "prensa sicaria". Colonizaron o estrangularon presupuestalmente a numerosas instituciones, dejando a la intemperie a las víctimas de los recortes. A esto le llamaron "empujar al elefante reumático" y "daños colaterales".
Normalizaron los ataques rutinarios al INE, a la SCJN, al INAI, y a cualquier institución que no acatara la voluntad presidencial. Buscaron reducir la autonomía de los órganos diseñados para ser contrapeso al Poder Ejecutivo, permitiendo la recentralización del poder en el habitante de Palacio Nacional. Impulsaron consultas populares al margen de las reglas establecidas para validar decisiones tomadas de antemano por el Presidente. Tergiversaron el sentido de la revocación del mandato para convertirla en una reconfirmación de la popularidad presidencial e insistieron en llevarla a cabo, aunque el Congreso no proporcionó los fondos suficientes. Utilizaron el tema para continuar embistiendo al INE y justificar su desmantelamiento. A esto le llamaron "defender la democracia".
"La Cuarta Transformación" equivale a justificar lo injustificable, defender lo indefendible, ignorar la erosión democrática, agravar problemas heredados y normalizar la anormalidad.
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Presupuesto y equilibrio/Jesús Silva-Herzog Márquez
en REFORMA, 20 Dic. 2021;
Los derechos cuestan. Para que las libertades se sostengan es necesario fincar su garantía. Si no encuentran respaldo en el presupuesto, los derechos son declamación, pura demagogia. Ese es principio que defiende en estos momentos el Instituto Nacional Electoral. La controversia que ha desatado trasciende la consulta revocatoria. Toca el núcleo del Estado: su soporte material. No puede hablarse de equilibrios ni de arbitrajes si no se toma en serio el sustento presupuestal de las instituciones. No exagero cuando digo que el tema del día es vital para la pervivencia de la democracia mexicana: sin base económica, los órganos del pluralismo constitucional se extinguen.
El politólogo Stephen Holmes y el abogado Cass Sunstein dedicaron hace unos años un libro al asunto. Se titula precisamente El costo de los derechos. El trabajo es importante porque confronta ciertas ingenuidades liberales que, curiosamente, se han vuelto parte fundamental del sermón populista. Ese discurso de monasterio que se desentiende de las sumas y de las restas predica que la austeridad es una virtud que no puede entorpecer la acción del Estado. La voluntad, cuando es limpia, lo puede todo. La honestidad hace milagros. El argumento de Holmes y Sunstein muestra el absurdo de ese voluntarismo. Su argumento es claro: la libertad cuelga, primero, de los impuestos y, después, de los presupuestos. Los derechos no son triunfos contra el Estado, sino en buena medida, conquistas que se garantizan a través de su intervención puntual y eficiente. Bajo un Estado enclenque no pueden prevalecer los derechos. Por eso puede decirse que los derechos electorales son una farsa si no encuentran la protección de instituciones solventes.
El conflicto tiene un cauce de solución. A los tribunales corresponderá dilucidar el asunto. ¿Puede un órgano del Legislativo obstaculizar el cumplimiento de una función constitucional negando los recursos indispensables a la institución responsable? Si al Instituto Nacional Electoral corresponde la tarea de organizar el revocatorio, necesita contar con los recursos suficientes para hacerlo con los niveles de confiabilidad que requiere cualquier elección constitucional. El INE no puede prestarse para dar sello de legitimidad a una farsa de apariencia democrática. Simular la ratificación puede ser muy barato, pero organizar una elección constitucional, manteniendo todos los rigores, cuesta.
Digo que el asunto trasciende el proceso de la revocación de mandato en la que se empecinan el Presidente y sus simpatizantes porque confronta los límites constitucionales de la mayoría. ¿A qué decisiones presupuestales está obligada una mayoría parlamentaria? ¿Estamos dispuestos a concederle a la mayoría el poder de estrangular presupuestalmente a órganos constitucionales? ¿Podrían los diputados reducir el presupuesto del Poder Judicial al punto de incapacitarlo para cumplir con sus funciones básicas? Eso es lo que está en juego. Lo que resuelva la Suprema Corte para el órgano electoral tendrá implicaciones para el resto de los órganos del Estado. Si la mayoría tiene como enemigo el día de hoy al Instituto Nacional Electoral, mañana puede poner bajo la mira a cualquier otro órgano del Estado. Los ministros de la Corte no podrán más que verse reflejados en la suerte del árbitro electoral. Tras una campaña de desprestigio, un recorte despiadado. A la Suprema Corte de Justicia le corresponde restablecer, ni más ni menos, que el fundamento presupuestal de los equilibrios.
Otro hilo de la controversia me parece relevante: la necesidad de exigirle razones a la mayoría. Controlar un órgano como la Cámara de Diputados no exime del deber democrático de razonar. Mientras el Instituto Nacional Electoral ha ofrecido el cálculo de lo que, a su juicio, costaría el proceso revocatorio, la mayoría ha respondido con invectivas, con absurdos e, incluso, con insinuaciones de ilegalidad. Esos han sido los "argumentos": ustedes son la mafia del poder; renuncien a su salario y les alcanza, aprópiense de lo que no les corresponde y con ello se paga la consulta. La controversia que se aproxima toca otra cuerda importante de la democracia: la mayoría no puede fundar su actuación en el prejuicio. Todos los órganos del Estado tienen el deber de ofrecer razones.
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