Las columnas políticas hoy, miércoles 13 de abril de 2022

 La tarde del lunes 11 de abril, Paolo Salerno, estaba sentado junto a la diputada Edna Díaz durante la sesión de comisiones unidas de Energía y Puntos Constitucionales, reunión que se llevó a cabo en el salón de plenos a petición de Morena.

En ese momento, el vicecoordinador de Morena, Leonel Godoy, exigió la salida de Salerno, como si se tratara de una sesión del pleno general, y alegando que no podía usar las curules de los diputados.

"Aquí está un cabildero al lado de la diputada Edna, pediría que se vaya atrás, no puede estar aquí en frente. Es lugar de diputados", exigió Godoy.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo, pidió a Salerno que se retirara, sin mencionar que fuera cabildero, por lo que el experto tomó su portafolios y se levantó de la curul que ocupaba.

El presidente de la Cámara de Diputados, el dr.  Ignacio Mier Velazco emitió un tuit con el video:

@NachoMierV

Vean el descaro de diputad@s del PAN y PRD recibiendo instrucciones del negociador de  @EnelGroup,  empresa eléctrica italiana, en el salón de sesiones de la Cámara. El PAN-PRD empleados del dinero. ¿Qué opina el PRI de esto?

Después de que se expulsara del recinto legislativo a Paolo Salerno, acusado por Morena de ser cabildero de Enel Green Power, la empresa italiana se deslindó de toda relación con el abogado.

La firma Salerno y Asociados Expertos en Energía a la que pertenece Paolo, señaló que acudió a la reunión de las Comisiones de Energía y Puntos Constitucionales de Diputados en calidad de asesor técnico de la coalición Va por México (PRI, PAN y PRD) a petición de esta, mientras se discutía el dictamen de la reforma eléctrica para su aprobación.

Paolo Salerno, @Paolo_Salerno  preció que él no es "un cabildero, ni tengo relación alguna con Enel, como se ha manejado erróneamente."

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Las columnas políticas hoy, miércoles 13 de abril de 2022

Templo Mayor/ REFORMA

DICEN que perro viejo no aprende trucos nuevos y vaya que resulta cierto en el caso de las huestes lopezobradoristas y su costumbre de usar el "cerco legislativo" como una herramienta de presión a los diputados y senadores.

LO HICIERON en el 2002 cuando en plena negociación del presupuesto integrantes de El Barzón que dirigía el hoy ex presidente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar se metieron a la brava al Palacio Legislativo hasta con caballos.

LO REPITIERON en 2008 cuando las llamadas "Adelitas" comandadas por la hoy jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, sitiaron la sede del Senado para impedir que se votara la reforma energética de Felipe Calderón.

Y AHORA, los diputados de oposición afirman que los cuatroteístas se preparan para impedirles el acceso a quienes han anunciado su voto en contra de la reforma energética promovida desde Palacio Nacional.

POR ELLO, varios ya anunciaron que pasarán la noche del sábado en la Cámara de Diputados para evitar que les impidan entrar y participar en la sesión. Viejas mañas de las comparsas legislativas del Presidente.

AUNQUE los otros datos del Gobierno federal indiquen que en México ya no hay masacres, la terca realidad demuestra que son un hecho tan terrible como cotidiano y, para muestra, ahí está lo ocurrido en los últimos dos días.

EN EL Estado de México, 15 personas murieron en tres ejecuciones múltiples; en Zacatecas, aparecieron 6 cuerpos tirados al borde de una carretera y, en Guerrero, hallaron a 5 ejecutados en un taxi.

PERO seguro la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, verá en ese escalamiento de la violencia uno más de los fenómenos "atípícos" que cada vez son más típicos en este sexenio.

APENAS en diciembre cumplió tres años en el cargo y ayer Andrés Manuel López Obrador presentó su Informe de Gobierno ¡número 13!, ayer con el pretext... perdón, con motivo de los primeros 100 días del cuarto año de su administración.

SI A ESO se suma que cinco veces a la semana protagoniza dos horas de mañanera y los fines de semana sube videos a redes sociales, el nivel de sobreexposición mediática del Presidente está como para entrar en el libro de los Récords Guinness... ¡o en el Museo de Ripley's!

...Y EN LA declaración desafortunada de hoy, el candidato de la alianza PAN-PRI-PRD a la gubernatura de Tamaulipas César "Truko" Verástegui dijo en una entrevista que le da miedo perder pero le "da más miedo ganar" porque sabe el trabajo que viene. ¿O sea, cómo? Es pregunta.

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Bajo Reserva/ El Universal

Candidatean a Lorenzo Córdova a la UNAM

 Candidatean a Lorenzo Córdova a la UNAM

Nos aseguran que un grupo simpatizante del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, busca promoverlo para un futuro cargo público, toda vez que su mandato al frente del órgano electoral concluye en abril de 2023. Se trata de algunos legisladores de Movimiento Ciudadano, quienes planean apoyarlo como candidato a la rectoría de la UNAM, cuyo actual titular, Enrique Graue, termina su segundo y último periodo en noviembre del próximo año. Los promoventes del doctor Córdova, quien tiene su base en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, consideran que tiene las credenciales y méritos suficientes para llegar a ese honroso cargo, amén de que hace tres años sonó su nombre si Graue no buscaba la reelección. Los impulsores de esta iniciativa prometen darla a conocer formalmente en las próximas semanas, pero la decisión depende del Consejo Universitario, no de los partidos políticos.

No le sonríe la suerte a la titular de Lotería Nacional

Margarita González Saravia, directora general de la Lotería Nacional, no tuvo suerte el día de ayer. Nos comentan que, pese a que contaba con invitación para estar en el informe trimestral del presidente Andrés Manuel López Obrador, personal militar no dejaba pasar a doña Margarita a Palacio Nacional, quien tuvo que esperar algunos minutos afuera del recinto histórico. Fue hasta que llegó Javier May, director de Fonatur, cuando ella pudo pasar al inmueble histórico.

El factor Sheinbaum

En el gobierno de la Ciudad de México llegó el momento de los balances y aseguran que de los 15 millones de votos a favor de que el presidente Andrés Manuel López Obrador continúe en el cargo, unos 3 millones 500 mil se derivaron de la operación política de la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum. Nos comentan que la cifra se obtiene de la suma de los sufragios logrados en todo el Valle de México, cuya responsable de aglutinar esfuerzos a favor del mandatario fue Sheinbaum, quien en suma habría aportado 21.5% del total de la participación en la consulta del pasado domingo. Nos dicen en su equipo de trabajo que el aportar la quinta parte de la votación la convierte en un factor para la consolidación del proyecto morenista en la zona centro del país.

PRD pedirá anular la consulta de revocación

Una vez que el proceso de revocación de mandato terminó, en lo que se refiere a las cifras por parte del INE, ahora toca al Tribunal Electoral lo que sigue: la calificación y terminar de sacar impugnaciones. Nos comentan que el PRD, que encabeza Jesús Zambrano, presentará muy pronto un recurso de nulidad de dicho proceso, en el que denuncia actos de coacción del voto, que consideran se llevaron a cabo. El tema, nos dicen, va para largo.

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Estrictamente Personal

El miedo anda en videos/Raymundo Riva Palacio

Estrictamente Personal

El Financiero,

El caso madre de corrupción con el cual el presidente Andrés Manuel López Obrador quería ajustar cuentas con el pasado y justificar el mandato de las urnas en 2018, se colapsó en las primeras semanas de este año, cuando la Fiscalía General de la República informó en tribunales que el único responsable de actos de corrupción en el caso Odebrecht era Emilio Lozoya, exdirector de Pemex. Por consiguiente, la acusación negociada por el fiscal Alejandro Gertz Manero y el padre de Lozoya, Emilio Lozoya Thalman, que involucraba a decenas de funcionarios y políticos, donde el expresidente Enrique Peña Nieto y el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray eran los autores intelectuales del mecanismo de corrupción, quedó en el anecdotario de sus inventos. No obstante, López Obrador siguió utilizando su acusación original para promover su ley eléctrica, hasta que el miedo lo hizo recular.

La historia no comienza ni termina con Odebrecht, sino arranca desde la campaña presidencial, cuando –según confiaron colaboradores de López Obrador y Peña Nieto– llegaron a un acuerdo donde el Presidente no se involucraría en las elecciones de 2018, y el candidato, en caso de ganar, no lo perseguiría penalmente. López Obrador ha cumplido con su palabra y Peña Nieto, para mitigar las presiones de su ala radical, aceptó el consejo enviado a través de su abogado Juan Collado, hoy en la cárcel por razones distintas, para irse al autoexilio a España y guardar un bajo perfil.

La estabilidad y certidumbre sobre ese pacto se alteró en marzo, cuando en coincidencia con la revelación de la ‘casa gris’ donde vivió el hijo mayor del Presidente en Houston, aparecieron en las redes sociales dos videos de su hijo menor, uno en un bar de esa misma ciudad, y el otro bailando junto a la alberca de la misma propiedad. La existencia de videos de sus hijos que supuestamente comprometerían su discurso contra la corrupción ha sido un tema presente en Palacio Nacional desde hace más de cuatro meses, sin que hayan podido detectar quién o quiénes los tengan con el fin de neutralizarlos.

Las alertas se elevaron en marzo, al trascender que adversarios políticos del Presidente tenían en su poder videos que podían dañar la reputación de sus hijos y de sus colaboradores, con lo cual también afectarían el discurso y la imagen de López Obrador. No se sabe cuántos videos comprometedores existan, ni cuántas personas o grupos políticos los tienen. Se tiene claridad sobre los videos de sus hermanos Pío y Martín, captados cuando están recibiendo dinero en efectivo de operadores del entonces gobernador de Chiapas, Manuel Velasco. No se tiene idea, por ejemplo, del video donde el secretario particular del presidente, Alejandro Esquer, junto con un grupo de colaboradores, deposita dinero en efectivo en varios bancos el mismo día, aunque en un principio le achacaron la culpa al exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer.

Pero lo que sucedió en marzo abrió una puerta en quien, hasta ahora, nadie había pensado: Peña Nieto. Por razones que se desconocen, cuando trascendió que había grupos políticos adversarios a López Obrador que tenían videos en su poder, el Presidente pidió que se comunicaran con Peña Nieto para tranquilizarlo. Cuando menos en dos ocasiones se dieron los contactos, con el propósito, según informaron colaboradores del Presidente, de que blindaran a sus hijos y a sus colaboradores más cercanos. Luego de esas comunicaciones, hubo una señal pública. La semana pasada El Universal publicó un oficio de la Fiscalía General del 2 de marzo donde señalaba que “no hay indagatoria alguna en contra de Enrique Peña Nieto en el caso Odebrecht”.

Los temores quedaron sepultados, pero no será para siempre. En este espacio se ha mencionado la posible existencia de un opposition research, que es una táctica de campaña política inventada en Estados Unidos que se utiliza para dañar la credibilidad e imagen de un adversario. Los videos de los hermanos del Presidente no parecen caer en esta estrategia, pero los videos de Esquer y el del hijo menor de López Obrador, sí.

Los videos, que por la información que trascendió están en poder de Peña Nieto, no necesariamente provienen del opposition research, sino de los sistemas de espionaje que tuvo a su disposición. Todos los políticos en cargos como los que han tenido los presidentes o miembros importantes de sus gabinetes, pueden acceder a este tipo de materiales, que serían aprovechados para fines diferentes, desde servir de defensa para cualquier acción en su contra por parte de sus sucesores, hasta para destruir a un gobernante. El opposition research tiene otra metodología, y regularmente realiza minería de datos en todas las fuentes públicas y gubernamentales posibles, o también puede ser resultado de trampas que se tienden para ser grabadas y utilizarlas en el momento que políticamente se considere oportuno.

No hay información en Palacio Nacional de cuántos videos de esa naturaleza puedan existir, ni quiénes específicamente podrían aparecer en las grabaciones. Hay especulación sobre la baraja de nombres posibles, pero no certezas. Por los tiempos de cómo aparecieron los videos de Esquer y del hijo menor del Presidente, se puede argumentar que alguien está administrando los materiales, cuya difusión depende de la coyuntura, pero, sobre todo, del momento que sus dueños consideren puedan causar más daño.

No importa si lo que proyectan es verdad o no. La imagen prevalece. El video mudo de los marinos en Cocula recogiendo bolsas de basura se tradujo como la alteración de la escena del crimen por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. El que proporcionó Lozoya donde funcionarios aparecen frente a bolsas de dinero, se interpretó como sobornos para aprobar la reforma energética. Es muy fácil jugar con la mente, y un video con imágenes de sus hijos o colaboradores cercanos en situaciones comprometedoras, sería devastador para López Obrador.

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Van por implicados en transa financiera en la 4T/Mario Maldonado

La FGR confirmó la vinculación a proceso de unprimer funcionario por inversiones bursátiles

El Universal, 

Empresas públicas, organismos autónomos y universidades estatales colocaron en la bolsa de valores cientos de millones de pesos a través de intermediarios financieros que resultaron en minusvalías y presuntos fraudes, los cuales fueron investigados por las autoridades del sector y apuntan a ser castigados por la Fiscalía General de la República.

Ayer la FGR confirmó la vinculación a proceso de un primer funcionario relacionado con las inversiones que dependencias públicas realizaron en instrumentos bursátiles. Estas tienen décadas operando y se maximizaron durante el sexenio actual, toleradas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), a cargo de Juan Pablo Graf.

En agosto pasado revelamos aquí la colocación de unos 10 mil millones de pesos provenientes del erario que empresas públicas y organismos autónomos hicieron en la bolsa de valores a través de intermediarios como Corafi, del empresario René Dávila de la Vega, y Grupo Escorfin, de Roberto Guzmán García, en contra de las leyes en materia de administración de recursos públicos.

El primer caso que logró judicializar la FGR es el de la empresa pública Liconsa, incorporada a Segalmex, que es encabezada por el amigo del presidente López Obrador, Ignacio Ovalle. De esta empresa se tomaron, según la Fiscalía, unos 100 millones de pesos para invertir en instrumentos de CI Casa de Bolsa, la división bursátil de CI Banco.

Fueron 800 millones de pesos los que Liconsa colocó en la Bolsa a través de la financiera Corafi, los cuales fueron autorizados por el Comité Central de Inversiones y Operaciones Bancarias, organismo creado para esta empresa en el gobierno de Vicente Fox.

Dicho Comité fue constituido por el Órgano de Gobierno de Liconsa mediante Acuerdo 64/IX/01, emitido en su sesión Ordinaria número 281, celebrada el día 19 de septiembre de 2001. Se trata de un órgano colegiado que, según sus estatutos, se integra por un presidente, en este caso el Titular de la Unidad de Administración y Finanzas, René Gavira, a quien la FGR vinculó a proceso este martes. También participan la Secretaría Ejecutiva, depositada en el subdirector de la Tesorería General, Rafael Domínguez, y cinco vocales propietarios encabezados por el director comercial de Liconsa, Manuel Lozano.

Asimismo, se incluyen tres asesores del Comité Central de Inversiones, representados en este caso por la titular de la Unidad Interna de Control, Blanca Leticia Ocampo; el titular de la Unidad Jurídica, Carlos Antonio Dávila, y el subdirector de Contabilidad General, Enrique Becerra. Por este tema, hasta el momento sólo el UAF y presidente del órgano colegiado, René Gavira, ha sido vinculado a proceso por el presunto delito de uso de ilícito de atribuciones y facultades.

Los 800 millones de pesos que se señalaron como daño al erario ya fueron retornados en su totalidad a la Tesorería de la Federación, tras la intervención del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, para concretar un convenio de pagos provenientes de las financieras involucradas y de la casa de bolsa.

La reparación del daño es la prioridad de este gobierno y del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que el siguiente paso será recuperar otros 9 mil millones de pesos de recursos públicos que se encuentran en los mercados, y que, al igual que en el caso de Liconsa, deberán regresar a las arcas de la administración pública.

El anuncio de la vinculación a proceso de un personaje clave en Segalmex se da en el contexto de una semana en la que a la FGR le urgen resultados.

Posdata. Por Semana Santa, esta columna volverá a publicarse el 19 abril.

mario.maldonado.padilla@gmail.comTwitter: @MarioMal

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Hacia un servicio nacional de policía/Alejandro Hope

Se podría establecer una academia nacional que forme a todos los poli-cías del país. Incluso, se podría cen-tralizar la nómina policial

El Universal 

Desde hace 15 años, una parte importante de la discusión sobre las policías se ha centrado en la ubicación del mando, ya sea en los estados o en los municipios.

En 2010, hubo un primer intento de reformar la Constitución para concentrar la función policial en los estados. En 2014, hubo un segundo esfuerzo por aprobar el llamado mando único. Ambos proyectos fracasaron por razones similares. Los gobiernos de municipios medianos a grandes, sin importar su color partidista, se resistieron a ceder sus corporaciones policiales a los estados.

En paralelo a esos esfuerzos de reforma constitucional, se ha buscado establecer el mando único por la vía de convenios. De hecho, aproximadamente 75% de la población del país habita en una entidad federativa donde existe alguna fórmula de mando único o coordinado.

Sin embargo, la expansión del mando único no ha detonado procesos amplios de reforma. Salvo excepciones, no ha habido una homologación de estándares, equipamiento, protocolos, remuneraciones y capacidades entre corporaciones. Además, esos mecanismos deben renegociarse cada tres años, cuando hay cambio de administración municipal, lo cual anula una de las supuestas ventajas del mando único: reducir la presión del crimen organizado sobre los gobiernos municipales.

Esa lleva a una conclusión: lo importante no es la ubicación del mando, sino la calidad de las policías. En términos esquemáticos, hay dos rutas para mejorar la calidad de las policías: a) tratar de forzar a los gobiernos estatales y municipales a emprender un esfuerzo de reforma, o b) hacer una reforma a escala nacional. Desde la creación del Sistema Nacional de Seguridad Pública en 1995, se ha intentado infructuosamente lo primero.

No hay, ni en la ley ni en la Constitución, instrumentos suficientemente potentes para forzar una reforma. Hay esfuerzos de transformación notables (Ciudad Nezahualcóyotl, Morelia, Escobedo, etc.), pero siguen siendo poco frecuentes y dependen de una inusual conjunción de condiciones políticas, además de ser vulnerables ante cambios de gobierno.

Es tal vez hora de intentar la segunda ruta: iniciar un proceso nacional de reforma.

¿Qué significaría en la práctica? Separar la gestión administrativa de las policías del mando operativo. Varios procesos administrativos de las policías pasarían a ser responsabilidad de un servicio nacional de policía. Por ejemplo, el reclutamiento de los policías, en vez de dejarse a estados y municipios, podría hacerse a nivel central. Lo mismo para la formación: se podría establecer una academia nacional que forme a todos los policías del país. Incluso, se podría centralizar la nómina policial, como se intentó hacer con la nómina magisterial.

Esto no es enteramente equivalente a una policía nacional, ya que los gobernadores y los presidentes municipales seguirían teniendo el mando operativo sobre los policías desplegados en sus jurisdicciones.

Existen precedentes internacionales de un sistema de esa naturaleza. En Japón, por ejemplo, la gestión de la policía está en manos de una institución técnica y apolítica denominada Agencia Nacional de Policía, pero el mando operativo se ejerce a nivel local (en una unidad administrativa denominada prefectura). En el Reino Unido, hay policías locales, pero con procesos administrativos centralizados.

¿Qué ventajas tendría un sistema de este tipo? Establecería condiciones homogéneas para todos los policías del país, sin quitar control operativo y capacidad de experimentación en el espacio local. Además, se podría construir sobre el marco institucional vigente, sin requerir cambios constitucionales excesivamente complejos.

Lo dejo a manera de propuesta.

alejandrohope@outlook.comTwitter: @ahope71

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Domingo de resurrección de la contrarreforma y del régimen/ José Carreño Carlón

El Universal,

‘Informe’: contrainformación y vituperio. En su enésimo ‘informe y con un poder antidemocráticamente reconcentrado, el presidente se dijo ayer acosado por ‘conservadores’ y al filo de la ‘traición’ de la oposición parlamentaria (hasta hoy) unida para derrotar la contrarreforma en materia de energía. Cada día se dice, además, victimado por los medios que ejercen su función de vigilancia del poder, a los que llena de vituperios. Pero lo de ayer fue un ejercicio más de contrainformación, no en el sentido de la que practican los medios alternativos frente a los dominantes, sino en el de quien domina con la fuerza del Estado el temario de la conversación social y del debate público, con desinformación contraria a los datos de la vivencia cotidiana del temor ante el crimen fuera de control, de la escasez de medicamentos, la carestía, la precariedad de los empleos, cuando los hay, y la falta de inversiones que los generen.

¿Anular un proceso revocatorio inválido? Es probable que la expansión, la intensidad, la reincidencia y la flagrancia de las violaciones constitucionales y de los (ahora graves) delitos electorales cometidos por personajes del gobierno y su partido, con la complicidad de proveedores de los gobiernos de Morena, configuren diversas causales de anulación del proceso de revocación del mandato presidencial. Pero el Tribunal Electoral que recibirá los abultados expedientes del INE, quizás empiece por atender al resultado del cómputo, al margen de con tanta ilegalidad: un muy lejano 17 del 40 por ciento requerido de votantes para darle validez legal y hacer vinculatorio este viciado ejercicio. Habría que ver hasta dónde se habría reducido el porcentaje de participación sin el abrumador, desvergonzado, inconstitucional despliegue propagandístico para activar el voto por la permanencia del presidente en Palacio. Pero sobre la retórica triunfalista, y los fines propagandísticos de culto a la personalidad y de exterminio de la autonomía y el rigor de nuestra actual autoridad electoral, el resultado neto del ejercicio es su incapacidad para producir efectos de validez legal.

Campo de pruebas. Eso no debería dejar en la impunidad el escandaloso cúmulo de transgresiones a la ley perpetrado por el oficialismo, que pretendió darle carta de normalidad y hasta de vindicación de la democracia al desconocimiento de las reglas de la democracia, vulneradas desde el poder. Aparte de la posibilidad de la anulación, hay un abanico disponible de sanciones a actores del oficialismo, incluyendo el partido oficial, que, de no aplicarse, les allanará la misma ruta de arbitrariedades en la elección presidencial de 2024. De hecho, hay elementos para temer que esta vez utilizaron también el proceso de revocación como laboratorio y campo de pruebas de su arsenal de ilegalidades para su proyecto de perpetuación en el poder que intentarán establecer de aquí a dos años.

Los motivos de la coneja. En la célebre película de negrísimo humor, Doctor insólito, realizada por Kubrick en 1964, el estado mayor estadounidense se devana el seso (sin éxito) con las fechas previsibles de una conflagración nuclear con la Unión Soviética. Así andan los analistas de aquí y de fuera tratando de resolver el enigma de los motivos del régimen para llevar al domingo de resurrección la compulsa sobre la contrarreforma eléctrica en la Cámara de Diputados. ¿Espera el milagro de la resurrección de una iniciativa que se da por muerta? ¿Ello reviviría también a un régimen que no ha visto la suya en el año? ¿Hallará soluciones como cuando los niños del norte hallan los huevos de la coneja de pascua?

La última: ¿O simplemente se dedicará estos días a apuntalar la aprobación de su contrarreforma con los pecadores de la coalición opositora vulnerables a extorsiones y/o ambiciones?

Profesor de Derecho de la Información. UNAM

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