El C. Presidente del Poder Judicial de la CDMX Magistrado Rafael Guerra Alvarez @MagRafaelGuerra debe emitir posicionamiento de los presuntos acuerdos que habría hecho su asesor Prudencio Jorge González Tenorio con el presunto feminicida Jesús Hernández Alcocer..
Hernández Alcocer: el coyote del Tribunal...Foto: Alberto Neri
Grupo REFORMA
Cd. de México (29 junio 2022).-
Prudencio Jorge González Tenorio, asesor y operador de Rafael Guerra Álvarez, presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la CDMX, trataba fuera de oficina con Jesús Hernández Alcocer, el presunto asesino de su esposa Yrma Lydya.
Imágenes obtenidas por REFORMA muestran al también ex juez penal saliendo con el abogado del restaurante Suntory de la Colonia del Valle, donde el pasado jueves asesinó a la cantante de tres balazos.
Hernández Alcocer presumía de su influencia y control en el tribunal de la CDMX y litigó varios casos.
González Tenorio es la mano derecha de Guerra Álvarez desde hace más de una década, ya que desde 2008 laboraban juntos en el Juzgado 19 de lo Penal, Guerra se desempeñaba como juez y González Tenorio como su secretario de acuerdos.
Ambos fueron los encargados de tramitar en aquel entonces el juicio contra los responsables de la muerte de 12 adolescentes en la discoteca News Divine.
En 2011, Guerra Álvarez fue nombrado Magistrado de la Séptima Sala Penal del TSJ y su subordinado ascendió a la titularidad del juzgado, y ahí retomó la instrucción del Caso News Divine.
Tres años más tarde, González Tenorio fue incluido en una lista de seis jueces investigados por la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal por la fuga de siete reos del Penal de Santa Martha Acatitla; al final no se le acreditó ningún delito. Para enero de 2015, fue relevado de su adscripción y designado Juez Séptimo Penal del Sistema Procesal Acusatorio.
Con la llegada de Guerra Álvarez como nuevo presidente del TSJ, en 2019, la suerte de su ex subordinado también cambió, pues fue nombrado asesor de la presidencia del tribunal, cargo que desempeña hasta hasta la fecha.
Algunos litigantes relacionados con la disputa por la Cooperativa La Cruz Azul señalaron que Hernández Alcocer operó el derrocamiento de Guillermo "Billy" Álvarez de la directiva de la cementera. Aseguran que, a golpe de resoluciones judiciales, lograron imponer a José Antonio Marín y a Víctor Velázquez en la directiva.
En tanto, el Magistrado Guerra Álvarez fue abogado del hoy Presidente Andrés López Obrador durante su proceso de desafuero. También es esposo de Eva Verónica de Gyves Zárate, nombrada durante la actual Administración como consejera de la Judicatura Federa
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El caso de Yrma Lydia.
Fue Hernández Alcocer quien citó a Yrma Lydia para, presuntamente, llegar a un acuerdo por la separación; ella fue quien pidió que la reunión se hiciera en algún lugar público, pues ya conocía la agresividad del abogado.
De igual manera, se sabe que en la agresión pudieron participar al menos cuatro personas a parte del abogado, en este caso su chofer y guardaespaldas, dos personas más de entera confianza de Hernández Alcocer y también trabajadores de él, incluso personal del restaurante Suntory, quienes omitieron revisarlo y así evitar que metiera el arma homicida al inmueble.
En este crimen se cree que la participación de los empleados de Suntory fue por omisión, pues por temor a un “regaño” nunca se dieron cuenta que traía la pistola calibre .40.
La intención de la fiscalía capitalina es recabar los datos suficientes para acreditar ante el juez que lleva el caso que el imputado actuó de manera dolosa y con alevosía para cometer el feminicidio, esto luego de que se diera a conocer que participaron dos vehículos en el crimen, por lo que faltan al menos tres personas por detener y declarar en torno a lo sucedido...
La mujer asesinada murió a consecuencia de tres heridas de arma de fuego en el tórax; no hubo balazo en la cabeza..
A pesar de que el arma no fue localizada en el lugar de los hechos, las pruebas periciales practicadas al abogado, así como las mediciones de criminalística, permitieron establecer que Hernández Alcocer fue quien accionó el arma en un área reservada que él mismo solicitó.
Con estas consideraciones, el próximo jueves, cuando se reanude la audiencia en el TSJ, el Ministerio Público intentará convencer al juez de Control que el abogado actuó de manera dolosa para cometer el feminicidio, por lo que pedirá la vinculación a proceso por el delito. Sin embargo, los abogados del imputado afirmaron que su cliente es inocente. (El Universal ).
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Estrictamente Personal
El abogado, rumbo a la libertad/Raymundo Riva Palacio
El Financiero, junio 29, 2022 | 7:45 am hrs
La suerte del abogado Jesús Hernández Alcocer parece estar echada. Existen condiciones no sólo para que el abogado de las élites, detenido por el presunto asesinato de su esposa Yrma Lydya el jueves pasado en el restaurante Suntory, continúe su proceso bajo arresto domiciliario, sino que lo declaren inocente. Se ha declarado inocente del asesinato, y su defensa habla con mucha confianza que recuperará su libertad. Hombre poderoso por sus relaciones políticas y judiciales, Hernández Alcocer caminará por una ruta opaca y turbia desde el primer momento de su captura.
Detenido por un escolta en el restaurante momentos después de que Yrma Lydya murió de tres balazos tras discutir en el privado que siempre ocupaba Hernández Alcocer en el Suntory, fue presentado por la policía de la alcaldía Benito Juárez ante el Ministerio Público. De acuerdo con una versión de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México publicada por El Universal, el arma que entregaron al Ministerio Público no había sido disparada. El arma homicida, hasta donde se sabe, está desaparecida. No se necesitaría esa arma para imputar al abogado, pero tampoco se conoce si le hicieron la prueba de rodizonato de sodio para saber científicamente si disparó un arma de fuego.
El arma homicida, sin embargo, es altamente relevante. Según las fuentes de El Universal, esa pistola pudo haber sido intercambiada por terceros, lo que revela la sospecha informada de los funcionarios, de que la cadena de custodia del arma se rompió. Esto significa que minutos después del asesinato, la evidencia estaba contaminada, la escena del crimen alterada y el caso prendido de alfileres. El que supuestamente hayan encontrado el arma asesina 48 horas después, como informaron las autoridades capitalinas, no repone la cadena de custodia, vital para poder establecer jurídicamente la validez de esa prueba. Se necesitaría llamar a declarar a todos los policías involucrados en la detención del abogado para tener claridad y certidumbre sobre la prueba. De otra manera, lo que tienen terminará en el basurero, pues ni huellas dactilares de él podrían encontrar en el arma.
Todo esto no significa que se libraría del proceso, pero, por su edad, 79 años, sin tomar en cuenta que Hernández Alcocer tiene un cuerpo de roble y una energía que sorprendía a muchos, existe la posibilidad de que un juez le permita salir de la cárcel y defenderse bajo arraigo domiciliario. Ya sería su evaluación si la red de amigos poderosos, como su íntimo por más de tres décadas, el fiscal general Alejandro Gertz Manero, o su segundo Juan Ramos, fiscal de Control Competencial, por cuyas citas con él Hernández Alcocer cobraba comisiones de hasta 4 millones de pesos, llevaría al juez a considerar que sacarlo de la cárcel podría ser riesgoso. El abogado tiene otro amigo poderoso, el director del Centro Nacional de Inteligencia, Audomaro Martínez, y relaciones en los pisos más altos de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Hay otra variable que lo podría dejar en libertad, aunque generará controversia jurídica. Es la acusación que le ha fincado la Fiscalía General de Justicia capitalina por el presunto delito de feminicidio, y que podría abrirle el cerrojo de la prisión. De acuerdo con penalistas, el delito de feminicidio, de acuerdo con el artículo 148 Bis del Código Penal para el Distrito Federal, establece, como razones de un crimen de género, que existan antecedentes o datos que establezcan que el imputado haya cometido amenazas, acoso, violencia, lesiones o cualquier otro tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar de la víctima; que haya existido entre el imputado y la víctima una relación sentimental, afectiva laboral, docente o de confianza, y que haya existido una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia, noviazgo o cualquier otra relación de hecho o amistad, subordinación o superioridad.
Penalistas experimentados sostienen que el delito por el cual lo acusó la Fiscalía, feminicidio, es correcto. Otros difieren. La agresión, dicen, derivó no por ser mujer, sino por ser cónyuge, donde esta descripción desvanece la cuestión de género, de acuerdo con las leyes de la Ciudad de México, que permite matrimonios entre personas del mismo sexo. Cónyuge, agregan, es un término más preciso que mujer y, al ser más específico, suele aplicarse en general el concepto específico, que sería cónyuge, no esposa.
Este alegato tiene que ver con el artículo 14 constitucional, que establece que, en los juicios del orden criminal, queda prohibido imponer, por simple analogía, y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. Si la defensa escogiera esta estrategia, podría argumentar que a Hernández Alcocer lo juzgaron por un delito equivocado, por lo que tiene que sobreseerse el caso y no volverlo a acusar del mismo delito. Si son persuasivos, el juez podría determinar su libertad.
No es tan sencillo, pero es un camino con potencial para esa defensa. Al utilizar el término cónyuge en lugar de esposa, apoyada la defensa en el artículo 125 del Código Penal capitalino, la discusión sobre el futuro de esa relación matrimonial, que es lo que ha trascendido como móvil del crimen, se convertiría en una pieza clave de la argumentación en contra de acusarlo de feminicidio. La discrepancia que finalmente provocó el homicidio, explicó un penalista, fue porque, según los medios, había un desacuerdo en cuanto al divorcio de los sujetos, por lo que el crimen se inscribe en un ámbito netamente civil y no así por una razón de género.
Aunque el asesinato de Yrma Lydya es de alto impacto, por las relaciones del abogado y el perfil de la cantante, hay puertas de salida para su libertad. La Fiscalía capitalina haría bien en adelantarse a esta eventualidad y, por ejemplo, abrir investigaciones sobre muertes sospechosas muy ligadas a Hernández Alcocer: su hija, que estaba discapacitada, y su anterior esposa, donde se usaron armas de fuego.
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