Editorial El Comercio: El crimen no es protesta

Editorial El Comercio, 13 de diciembre de 2022: El crimen no es protesta

La violencia desatada en el país por grupos radicales es un grave delito que no debe ser pasado por agua tibia.

La reacción que ha provocado el golpe de Estado encabezado por el ahora expresidente Pedro Castillo en ciertos sectores es inaudita. A las pretensiones de hacer pasar como solo “un decir” las órdenes que dictó para que se cerrase el Congreso, se interviniese a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y se “reorganizara” el sistema de justicia, y a los intentos de presentar lo ocurrido como producto de una conspiración (con intoxicación química del frustrado tirano incluida), se ha sumado en los últimos días una escalada de desmanes en diversos lugares del territorio nacional, promovida por quienes nunca creyeron en el orden constitucional y quieren ahora imponer a través de la violencia lo que no pudieron conseguir por los medios lícitos que reconoce el sistema democrático.

Ojo, no estamos hablando aquí de quienes, en uso legítimo de su derecho a protestar, lo vienen haciendo de manera pacífica, solicitando medidas que no implican un quiebre del Estado de derecho como, por ejemplo, el adelanto de elecciones generales (un pedido que la presidenta Dina Boluarte ya ha anunciado que impulsará para que se lleven a cabo en el 2024 y que debe seguir su cauce regular en el Congreso de la República). No. Estamos hablando de ese otro que viene dejando como saldo vías de comunicación obstruidas, un aeropuerto asaltado y con parte de sus instalaciones destruidas (el Alfredo Rodríguez Ballón de Arequipa), un comisario tomado de rehén para ser canjeado por detenidos que habían atentado contra la propiedad pública y privada, y, sobre todo, siete personas fallecidas en medio de los enfrentamientos entre los protagonistas de esas asonadas de ciertos sectores disconformes con la aplicación de la ley y las fuerzas del orden.

Es por eso que la respuesta de la autoridad legítima –esto es, el gobierno establecido tras la vacancia del golpista– no puede demorar. Eso es lo que espera y demanda una mayoría de la ciudadanía que quiere vivir en paz y bajo el imperio de las normas establecidas en nuestro “contrato social”. Nadie habla, como es obvio, de desatar en el país represiones indiscriminadas y cruentas, pero sí de restablecer el orden en los lugares donde la agitación social ha rebasado los límites que le marca la ley y de sancionar a los infractores directos de la misma y a sus azuzadores.

No nos cansaremos de decirlo. Obstruir una carretera es un delito, privar a un ciudadano de su libertad y destruir infraestructura, también. Y, sin embargo, durante años hemos sido testigos de atropellos como esos, y otros peores, en jornadas de supuesta protesta popular sin que las autoridades hayan atinado a responder ante ellos con los instrumentos que la legalidad pone a su disposición para ello.

Así como no se puede transar con la violencia, por otro lado, tampoco se puede transigir con las demandas que implican un alejamiento de la Constitución o incluso un quiebre total con ella. Pedidos para que el nuevo Ejecutivo cierre el Congreso cuando no existen los supuestos que la Carta Magna contempla para que ello ocurra de manera constitucional (lo que equivaldría a un golpe puro y duro como el que Castillo impulsó la semana pasada), se convoque una asamblea constituyente o se libere al frustrado dictadorzuelo (que cumple mandato de detención dictado por el Poder Judicial) son sencillamente improcedentes.

Mención aparte merece el detenido exmandatario que ayer difundió en sus redes sociales los bulos de que se encontraba “secuestrado”, que sigue ostentando el cargo de presidente y que no abandonará sus funciones. Una serie de afirmaciones que provienen, no está de más recordarlo, de quien luego de fallar en su operativo golpista trató cobardemente de asilarse en la Embajada de México para no rendir cuentas ante la justicia por su intento de subvertir el orden constitucional.

El crimen no es protesta y las demandas que implican un quiebre de la legalidad no deben tener cabida en ninguna sociedad democrática, no importa lo destemplado de los gritos de quienes postulan semejantes despropósitos.

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Revelan presencia organizada de agitadores en Lima e Ica |

 EL COMERCIO PERÚ

Informes de la policía contra el terrorismo revelan una planificada infiltración de personas con antecedentes por terrorismo y azuzadores profesionales en marchas de protesta en el centro de Lima y en la Panamericana Sur.

Recientes informes de inteligencia de la Policía Nacional del Perú (PNP) describen la presencia organizada de conocidos agitadores, de militantes activos del Movadef y de investigados por terrorismo en las movilizaciones y protestas que desde el 8 de diciembre se han dado en Lima e Ica.

Dos reportes de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) señalan que durante las marchas del 9 y 10 de este mes en el centro de Lima, convocadas por colectivos y movimientos políticos, estuvieron presentes de forma organizada dirigentes del Movadef, brazo legal de la organización terrorista Sendero Luminoso.

Un reporte de inteligencia del 9 de diciembre da cuenta de la presencia dentro del colectivo Frente Nacional por el Desarrollo y La Industrialización del Perú (Frenadip) de Javier Melgarejo Mallma, adherente del Movadef que tiene seis investigaciones por el delito de terrorismo desde los ochenta.

Según las referencias policiales, Melgarejo fue detenido y encarcelado en el penal Miguel Castro Castro en 1989, donde estuvo hasta 1991, año en que un juez lo liberó por supuesta falta de pruebas. Melgarejo fue captado el viernes en medio de un grupo de manifestantes dando vivas con el puño izquierdo.

En las imágenes tomadas por los agentes de inteligencia también aparece Jorge Chero Herrera, un activista reconocido del Movadef que tiene antecedentes por terrorismo desde 1995, cuando estuvo encarcelado.

En los archivos de la Dircote Chero figura en cinco investigaciones por supuestos actos de terrorismo realizados en Lima. Desde entonces la policía sigue al tanto de sus actividades proselitistas. Como integrante de la Asociación Civil de Excarcelados Políticos del Perú (ACEPP), Chero ha sido visto en reuniones en Lima con personas pertenecientes al Movadef en noviembre del 2017 y febrero del 2019.

En las protestas del 9 de diciembre en el centro de Lima, Chero aparece coordinando junto con dirigentes del llamado Frente Político Aymaraes-de Apurímac.

La policía da cuenta también de la presencia de María Atoche Vilca, del Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Región Callao (Sute Callao) en las marchas de diversos colectivos.

Atoche, quien fue integrante del comando de campaña electoral de Perú Libre, también es dirigente del Comité Nacional de Reorientación y Reconstitución del Sutep (Conare-Sutep), vinculado al Movadef.

En febrero y marzo de este año, Atoche fue recibida en Palacio de Gobierno por el entonces presidente Pedro Castillo.

En la concentración del 10 de diciembre en el centro de Lima, la policía también detectó a Julia Valdiviezo Cornejo, otra dirigente de Conare-Sutep. Ella realizaba coordinaciones con otras personas por la avenida Abancay y el jirón Amazonas .

Anteriormente, Valdiviezo había participado en las protestas organizadas por el llamado “Comité Nacional de Lucha de las bases regionales del Sutep”.

Las imágenes captadas el 10 de diciembre por los agentes de inteligencia muestran igualmente en plena actividad política a Hilda Chulluncuy Madueño, docente perteneciente al Sutep Callao y reconocida activista del Movadef.

La docente Hilda Chulluncuy tiene una investigación policial de agosto de 1989 luego de que fuera acusada junto con otras dos personas de haber participado en una acción terrorista en el mercado mayorista de Huancayo (Junín). La policía la detuvo con dos revólveres y mechas de dinamita.

Ella figura en una relación de docentes que hacían “apología al terrorismo”, según una investigación de la policía del Callao en el 2017. En la imagen captada por la policía se observa a la profesora en la plaza San Martín con un cartel solicitando “nuevas elecciones que beneficien al pueblo”.

En otro informe policial se señala la presencia de Omar Barrientos Gómez, a quien se le vincula con el Movimiento de Liberación de Julio (ML-19), creado para apoyar la libertad de Abimael Guzmán Reinoso, el fallecido cabecilla de Sendero Luminoso.

—Azuzadores en Ica—

Una nota de inteligencia de la policía advirtió el domingo por la noche del posible bloqueo de la carretera Panamericana Sur a la altura del kilómetro 272 por parte de agitadores relacionados al Barrio Chino, en el distrito iqueño de Salas .

De acuerdo con esa nota policial, se supo que desde el sábado dirigentes del Barrio Chino, conocido así por ser un lugar donde se recluta gente para trabajos temporales en zonas agrícolas, estaban buscando personas para bloquear la carretera que une Lima con Ica.

“Se inició una reunión con 50 personas organizados por el principal azuzador de Ica , Juan Gonzales Loayza, alias Terruco, el cual indicaba que no deberían reconocer el gobierno de la presidente de la República, Dina Boluarte”, señala el informe policial.

Ese mismo día, pero en otra reunión, Juan Gonzales, delante de 60 personas, indicó que necesitaba de “su colaboración económica para poder enviar a sus representantes a Lima para apoyar las protestas”. Según las fuentes de la policía, el sábado el mismo grupo decidió organizarse para bloquear los kilometros 261 y 296 de la Panamericana Sur.

De acuerdo con información policial, los prefectos y subprefectos cesados por el Ejecutivo (ver nota vinculada) se convirtieron en reclutadores de grupos que generaron desmanes en los últimos días.

En esa línea, el exministro del Interior Rubén Vargas afirmó que tiene información respecto al “involucramiento de muchos prefectos y subprefectos en azuzar la violencia, especialmente esos que tienen vínculos con el Movadef. En el sur, estamos hablando de Huancavelica; estamos hablando de Apurímac; estamos hablando también de este de Arequipa e inclusive en Huánuco”. Agregó que “muchos de estos personajes están vinculados a un grupo de congresistas”.

Jorge Chero Herrera

Integrante de la Asociación Civil de Excarceñadps Políticos del Perú (Acepp), vinculado a Movadef

Javier Melgareejo Mallma

Integrante del Movadef que cuenta con seis investigacions abiertas por la Dircote

María Atoche Vilca

Dirigente del Comité Nacional de Reorientación y reconstitución del Sutep.

Juan Gonzales Loayza

Dedicado a contratar personas para trabajos temporales en fundos agrícolas de Ica. Es considerado el principal azuzador dentro del Barrio Chino (Ica) y promotor de los recientes bloqueos en la Panamericana Sur, según la policía.

Alejandro Ramos Sedano

Presidente del sector conocido como Barrio Chino (Ica). Según la policía, tuvo el rol de azuzar a los manifestantes qu bloquearon la carretera Panamericana Sur.

En las redes sociales

Un informe policial indica que ante las recientes protestas en Lima, Movadef ha aumentado su actividad política en las redes.

En la cuenta Facebook, el aparato legal de Sendero Luminoso aprovecha la coyuntura para pedir “nuevas elecciones y “una Asamblea Constituyente”.

Azuzadores de “Barrio Chino” recolectaron dinero el fin de semana para protestar frente a la Diroes donde se encuentra detenido Pedro Castillo.

Colectivos

Algunos de los colectivos políticos que estuvieron presentes y que habrían sido infiltrados por personas con antecedentes por terrorismo, según informes de la Dircote:

Frente Nacional por el Desarrollo y la Industrialización del Perú – Frenadip.

Sindicato de Trabajadores en la Educación Región lima – adscrito a la Federación Nacional de Trabajadores en la educación del perú

Fenatep

Patria Roja – PCP

Perú libre

Coordina Perú

Ágora Popular

Movimiento de Liberación 19 de julio (ML-19)

Rímac Llacta

Sute Lima

Colectivos de Cañete

Colectivos de Huánuco

El Gobierno cesa a prefectos porque entre ellos hay azuzadores

El presidente del Consejo de Ministros, Pedro Angulo, anunció ayer que el Ejecutivo dispuso el cese de los prefectos y subprefectos del país porque, según información de inteligencia, entre ellos había “azuzadores” de las manifestaciones.

“Nosotros nos hemos enterado cuando se han hecho averiguaciones, algunas de inteligencia y otras de distintas autoridades que se han comunicado con nosotros, que entre los azuzadores había prefectos y subprefectos”, manifestó a la emisora RPP.

Recalcó que también hay “profesores del Fenate, el sindicato del expresidente de la República [Pedro Castillo]. Por eso se ha tomado la decisión de cambiar autoridades. Inclusive en la PCM vamos a hacer, porque nos hemos enterado [de] que parecería que se ha empleado dinero del Estado en pagar a azuzadores. Todavía no puedo decir [a quiénes me refiero] porque vamos a hacer verificaciones en la mañana”.

Asimismo, informó que el ministro del Interior, César Cervantes, tiene instrucciones de la presidenta Dina Boluarte para cambiar a dichos funcionarios.

En la misma línea que el jefe del Gabinete, el ministro de Defensa, Alberto Otárola, recalcó que el cese de los prefectos se da porque han sido parte de la desestabilización del país de los últimos días.

“Vamos a hacer una evaluación, pero la decisión es reemplazar o dar por concluidos estos nombramientos, porque lo que nosotros queremos no solamente son funcionarios probos, sino que no atenten contra el Estado de derecho y que no se conviertan en personas que solivianten el orden público”, señaló.

Los prefectos y subprefectos son nombrados por el Ejecutivo y tienen como función mantener el orden interno y público, la gobernabilidad y la paz social en el país.

Durante su gobierno, Pedro Castillo nombró a decenas de prefectos. En enero pasado, un grupo de estas autoridades, algunas parte del magisterio, se reunió con él en Palacio de Gobierno.

El jueves 8 de diciembre, un día después de que Castillo diera su golpe de Estado, prefectos y subprefectos de Ucayali, parte del Consejo Nacional de Autoridades Políticas del Perú, publicaron un comunicado. En este indicaron que hubo “un golpe de estado congresal” y no reconocen la presidencia de Dina Boluarte. Además, exigen el cierre del Congreso, elecciones generales y la instalación de una asamblea constituyente.

Ucayali es una de las regiones del país donde hay protestas.

Entre los que firmaron el documento está el prefecto regional de Ucayali, Lincoln Soto Gómez, nombrado en enero de este año a través de una resolución suprema firmada por Pedro Castillo y el entonces ministro del Interior, Avelino Guillén.

Soto es militante de Perú Libre y en su cuenta de Facebook tiene publicaciones sobre las protestas. En una menciona que se debe “construir el poder constituyente para instalar la Asamblea Nacional Constituyente... el sistema no nos garantiza unas elecciones democráticas”.

Documento firmado por prefecto y subprefectos.