Pedro Castillo se lanza al vacío en Perú/ Érika Rodríguez Pinzón es profesora de la Universidad Complutense, investigadora del ICEI y Special Advisor del Alto Representante de la Unión Europea.
La aventura política del maestro de una escuela de la sierra peruana que consiguió llegar a la presidencia de Perú ha terminado de la peor manera. Pedro Castillo ha sido detenido tras comunicar al país su decisión de disolver el Congreso y el Poder Judicial, convocar elecciones para reformar la Constitución y declarar que iba a gobernar por decreto de emergencia. Un golpe de Estado en toda regla horas antes de que el Congreso debatiera, por tercera vez, una moción de vacancia en contra suya.
Perú es una democracia disfuncional en la que un golpe de Estado, o un autogolpe como en este caso, era una opción plausible a corto plazo dada la precaria situación del presidente, que había perdido el apoyo de su grupo parlamentario y que sólo se encontraba precariamente cobijado por una parte de la oposición.
Los peores temores se han confirmado.
Sin embargo, el Congreso, habitual fuente de inestabilidad de los Gobiernos peruanos, ha conseguido en esta ocasión salvar la situación.
Una moción de vacancia con 101 votos a favor apartó del poder a Castillo, que fue detenido de inmediato cuando intentaba marcharse de palacio a través del difícil tráfico limeño. La presidencia la ha asumido la vicepresidenta Dina Boluarte.
La decisión de Castillo resulta tan desnortada e inútil como casi todo su Gobierno. Desde que asumió la presidencia, y en lugar de unir a los votantes de la sierra y la costa, su tónica general ha sido la incompetencia y, peor aún, la corrupción.
Castillo había sido acusado formalmente por la Fiscalía de liderar una organización criminal en el seno de su Gobierno dedicada al tráfico de influencias y la colusión. Además de la acusación formal, se denunció una grave obstrucción a la justicia.
Su familia esta en el centro del proceso, e incluso sus sobrinos se encuentran huidos de la justicia.
Dado que el presidente se encuentra aforado, la Fiscalía había abierto el proceso contra él a través del "procedimiento especial de denuncia constitucional", que llevó el caso al Congreso para que este determinara si el imputado cometió los delitos en el ejercicio de sus funciones.
Castillo se ha lanzado al vacío en un intento desesperado por detener el proceso. De acuerdo con la Constitución peruana, el presidente sólo puede ser acusado por "traición a la patria, por impedir la celebración de elecciones, por disolver el Congreso indebidamente o impedir que se reúna, así como por imposibilitar el funcionamiento de los órganos electorales".
Antes que asumir la censura parlamentaria, Castillo generó una situación que le llevó a acabar detenido en una comisaría en sólo tres horas. Valga añadir que nadie le acompañó en su deriva antidemocrática. Ni su gabinete, ni el Ejército, ni sus partidarios.
Mas allá de lo ridículo de la situación, para Perú es sólo un episodio más de una dramática deriva de inestabilidad política y degradación institucional. Todos los presidentes peruanos de las últimas décadas han terminado implicados en corrupción. La economía crece, pero el país sigue socialmente roto.
La ruptura condujo a una polarización máxima en las últimas elecciones entre dos candidatos que destacaban por su dudosa capacidad y probidad para ocupar el cargo respectivamente: Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Esta última también con varios procesos a cuestas por lavado de dinero y corrupción.
Perú es la sexta economía de América Latina y un país importante para muchas iniciativas regionales, entre ellas la Alianza del Pacífico, cuya reunión estaba a punto de celebrarse en Lima. Castillo había recibido el respaldo de otros presidentes de izquierda, especialmente el del mexicano Andrés Manuel López Obrador, aunque el expresidente peruano es difícilmente clasificable en el espectro político tradicional.
Después de la destitución, el presidente mexicano ha reiterado su apoyo indicando que la hostilidad contra el Gobierno de Castillo había "obligado" a este a tomar la decisión. Bajo la premisa de no intervención se justifica una deriva inaceptable en cualquier democracia. Otros países con Gobiernos de izquierda, como Colombia y Chile, han sido más prudentes y coherentes condenando las acciones contra la democracia, aunque se habría agradecido mayor contundencia.
Esta ha sido una jornada lamentable para Perú y para una América Latina tan necesitada de estabilidad y consensos, pero que sigue viendo una y otra vez cómo se retrocede en la premisa fundamental para su desarrollo: democracia e instituciones fuertes.
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