¿Cuántos funcionarios del gobierno mexicano saldrán implicados?

Juicio a García Luna ¿Cuántos funcionarios del gobierno mexicano saldrán implicados?;

ARCHIVO - En este retrato del 3 de enero de 2020, el abogado defensor César de Castro, izquierda, el exjefe de seguridad mexicano Genaro Garcia Luna, centro, y una intérpete de la corte comparecen en una audiencia de instrucción en un tribunal federal en Brooklyn, Nueva York. (AP Foto/Elizabeth Williams, File)(Elizabeth Williams / Associated Press)

POR J. JESÚS LEMUSESPECIAL PARA LA TIMES EN ESPAÑOL 

ENE. 22, 2023 2:15 PM PT

El lunes comenzará el Juicio del Milenio: el ex secretario de Seguridad Pública del gobierno de México en la administración del presidente Felipe Calderón, Genaro García Luna, será sentado en el banquillo de los acusados, en la corte Este de Nueva York, en donde el gobierno de Estados Unidos lo enjuiciará por supuestos delitos de conspiración para trasegar drogas en territorio norteamericano.

El juicio contra Genero García Luna reside en su importancia no solo por tratarse del primer enjuiciamiento por narcotráfico que prospera en Estados Unidos contra un secretario de Estado del gobierno mexicano, sino más bien porque por primera vez toda una administración federal –la de Felipe Calderón- es implícitamente cuestionada por su relación con los Carteles de las Drogas.

Sin importar la sentencia que se emita al final del juicio, sea absolutoria o condenatoria contra Genaro García Luna, este proceso dejará marcado al régimen político mexicano porque quedaran exhibidas las relaciones de colusión que se han establecido históricamente entre funcionarios del gobierno federal con dirigentes del crimen organizado trasfronterizo.

Como si lo anterior no fuera suficiente, también este enjuiciamiento contra García Luna dejará en evidencia la laxa justicia mexicana y su endeble aparato procurador de justicia, el que a través del fermento a la impunidad no ha sido capaz de iniciar un proceso de investigación a Genaro García Luna por el delito de narcotráfico y delincuencia organizada.

Es como si otra vez, como en decenas de juicios anteriores, la justicia norteamericana diera la cara por la justicia mexicana que no se hace presente. Allí están los casos de los narcotraficantes, Iván Reyes Arzate, Edgar Veytia, Dámaso López Núñez, Dámaso López Serrano, Edgar Valdez Villarreal, Sergio Enrique Villarreal Barragán, los que, a pesar de haber delinquido de manera constante en México, nunca fueron requeridos por la justicia mexicana, siendo la justicia norteamericana la que actuó en suplencia.

Genaro García Luna es la tesis de lo que ha sido el Estado mexicano en los últimos 30 años, en esa relación de administraciones federales ligadas a los grupos del narcotráfico. Por eso la importancia histórica de este juicio. Y más, porque el papel de juicio del milenio le correspondía al proceso del General Salvador Cienfuegos Zepeda, solo que esté fue liberado por decisión presidencial de Andrés Manuel López Obrador.

Recordemos que el General Salvador Cienfuegos Zepeda fue detenido –con suficientes elementos de prueba- por el gobierno de Estados Unidos, acusado de proteger, desde la titularidad de la Secretaría de la Defensa Nacional, al cartel de Francisco Patrón Sánchez, conocido como “El H2”, una escisión del cartel de los Hermanos Beltrán Leyva.

Pese a la acusación y a la solvencia de las pruebas, el gobierno mexicano de López Obrador, de cara a una crisis diplomática, logró que el gobierno norteamericano entregara al General Salvador Cienfuegos para que fuera investigado y procesado por la justicia mexicana. Ese procesamiento nunca ocurrió: el Fiscal Alejandro Gertz Manero exoneró vía rápida al militar.

El argumento de la exoneración, convertido en justificación de la impunidad, según las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, se podría traducir en el gobierno federal no podía permitir que la credibilidad social de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) fuera manoseada en los tribunales. Como si esa honorabilidad militar no la hubiese, ya manoseado algunos malos elementos de esa corporación.

De haberse enjuiciado al General Cienfuegos, a él hubiese correspondido protagonizar el primer juicio de Estados Unidos contra un secretario de estado del gobierno mexicano. Pero las circunstancias han dado a Genaro García Luna -a él que le gusta ser primero en todo- esa posibilidad.

Los pecados de García Luna

El próximo lunes, en punto de las 9 de la mañana tiempo de Nueva York, comenzará el juicio a Genaro García Luna, el que fuera el poderoso subdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en el gobierno de Ernesto Zedillo; el incansable director de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) en el gobierno de Vicente Fox, y el temible titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.

A Genaro García Luna se le iniciaron investigaciones por parte del gobierno de Estados Unidos cuando su nombre salió a colación durante el juicio a Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”: en ese juicio Jesús Zambada García, alias “El Rey”, reveló que García Luna recibió entre el 2005 y el 2007 por lo menos ocho millones de dólares en sobornos, para permitir la libre operación de los cárteles de Sinaloa y de los hermanos Beltrán Leyva.

Según la testimonial del Rey, Genaro García Luna recibió pagos millonarios, por lo menos en dos ocasiones, de lo cual fue testigo un abogado de nombre Óscar Paredes; el primero de los sobornos, -según se dijo- fue por un monto de tres millones de dólares, y tuvo lugar en el 2005, cuando García Luna era aún el coordinador general de la Agencia Federal de Investigación (AFI), perteneciente a la entonces Procuraduría General de la República (PGR), en el sexenio de Fox Quesada.

El segundo soborno hecho a García Luna ocurrió en diciembre de 2006, fue por la cantidad de cinco millones de dólares, y eso sucedió cuando ya García Luna ya era secretario de Seguridad Pública del gobierno calderonista. El propósito de ambos pagos fue –según se dijo- para comprar información e impunidad que posibilitaran las acciones de trasiego de drogas del Cártel de Sinaloa hacia Estados Unidos, así como obtener protección para sus jefes.

No obstante, a juzgar por el historial, evidentemente esos no fueron los únicos pagos que le hizo el cártel a García Luna. Sólo así se entiende el crecimiento exponencial de la organización sinaloense, el cual se reflejó tanto en el traslado de cocaína hacia Estados Unidos como en el control de las principales rutas del narcotráfico dentro del territorio mexicano durante los dos sexenios en que García Luna tuvo la encomienda oficial de frenar precisamente el narcotráfico.

Fuentes de la Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de la Fiscalía General de la República (FGR) indicaron que, entre 2001 y 2012 —periodo en el que García Luna mantuvo una estrecha relación de colaboración con los emisarios de Guzmán Loera y Zambada García—, el Cártel de Sinaloa pasó de mantener el control del trasiego de drogas en cinco estados del país (Sinaloa, Nayarit, Durango, Sonora y Baja California Sur) a dominar todas las operaciones de narcotráfico y delincuencia organizada en otros 15 (Colima, Michoacán, Jalisco, Baja California, Chihuahua, Puebla, Tlaxcala, Aguascalientes, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo y Querétaro), ya fuera como cártel único, en alianza con grupos criminales locales o con otros cárteles.

Otros deposos

Durante el juicio que inicial formalmente este lunes, también habrán de participar otros testigos del gobierno de Estados Unidos, algunos -como Jesus Zambada- van a repetir las versiones de incriminación que ya vertieron contra García Luna durante el juicio de Joaquín Guzmán, otros harán incriminaciones por primera vez frente al propio acusado García Luna.

Entre los testigos que presentará la Fiscalía de Estados Unidos contra Genaro García, se mencionan a Edgar Veytia, ex fiscal de Nayarit, Dámaso López Núñez, “El Lic”, ex líder de Los Dámaso; Edgar Valdez Villarreal, “La Barbie”, ex sicario de los Beltrán Leyva; Sergio Enrique Villarreal Barragán, “El Grande”, ex jefe de escoltas de Arturo Beltrán Leyva, jefe del cartel de los Beltrán Leyva.

Con estos testimonios la Fiscalía de Estados Unidos intentará sostener las indagatorias de culpabilidad hechas contra García Luna, entre las que destaca, con aportación de datos de las agencias Buró Federal de Investigaciones (FBI), Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y de la Administración para el Control de Drogas (DEA), cuyas pesquisas han establecido la existencia de cuentas bancarias a nombre de García Luna que suman fondos por más de 87 millones de dólares, además de propiedades valuadas en poco más de cuatro millones de dólares, solo en Estados Unidos.

Algunos de los testigos que deposarán contra Genaro García podrían colocar en problema al sistema político mexicano, y es que varios de los mencionados como testigos ya han referido, al menos en el juicio de Joaquín Guzmán Loera, nombres de personalidades como los expresidentes Enrique Peña Nieto, Vicente Fox, Felipe Calderón, así como funcionarios segundos, tal es el caso de Gabriel Regino García o militares como Roberto Miranda, Antimo Miranda y León Adams.

El narco de Colombia

Una de las voces más importantes dentro de este juicio, sin duda será la del narcotraficante colombiano Alexander Hildebrando Cifuentes, que actuará como testigo de cargo frente a García Luna, y que fue uno de los que, en la misma corte de Nueva York durante el desahogo del juicio a Joaquín Guzmán Loera, realizado del 13 de noviembre de 2018 al 17 de julio de 2019, sepultaron a cadena perpetua al Chapo.

La declaración de este narco colombiano, durante el juicio del Chapo, incrimino a los ex presidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa; al ex secretario de Seguridad Pública, García Luna; al ex subsecretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Gabriel Regino García; a un alto mando militar señalado como “un general de la nación” que en realidad era el General Salvador Cienfuegos; y a los generales Roberto Miranda y Humberto Eduardo Antimo Miranda, así como el coronel Marco Antonio León Adams.

A los siete exfuncionarios mencionados por el narcotraficante colombiano testigos en el juicio del Chapo, de los que cinco eran del máximo rango gubernamental en el país, se les acusó —como se señala enseguida—, por parte de Alexander Hildebrando Cifuentes Villa, Jesús Zambada García y Vicente Zambada Niebla, de recibir millones de dólares para hacerse de la “vista gorda” ante las operaciones de los cárteles encabezados por Joaquín Guzmán Loera.

Del penalista Gabriel Regino, un hombre muy cercano al actual presidente Andrés Manuel López Obrador, se dijo —por parte de Jesús Zambada García, el Rey— que fue sobornado “con algunos millones de dólares” con el fin de permitir el libre trasiego de drogas en la Ciudad de México; del “general de la nación”, cuyo nombre no fue señalado durante el juicio pero que hoy se sabe es el General Cienfuegos, se dijo que era atendido con fiestas particulares por la emisaria del Cártel de Sinaloa, Andrea Vélez Fernández, quien por instrucción del Chapo le ofreció 10 millones de dólares, versión que sostuvo el narcotraficante colombiano Alexander Hildebrando Cifuentes Villa.

Cifuentes Villa, que trabajó para el Chapo entre 2007 y 2013, también manifestó en el juicio que Peña Nieto, en su calidad de recién nombrado presidente electo en 2012, habría recibido al menos 100 millones de dólares de parte del Chapo en una negociación en la que pretendía un cobro de 250 millones de dólares. A cambio, agregó el colombiano, ofreció omitir durante su administración cualquier captura del capo sinaloense.

La versión de la entrega de millones de dólares al entonces presidente Calderón Hinojosa por parte del Cártel de Sinaloa se sostuvo en los alegatos de defensa del abogado Jeffrey Lichtman, quien —tal vez en una estrategia legal— responsabilizó del hecho al narcotraficante Ismael Zambada García, el Mayo, a quien señaló como el verdadero jefe del cártel.

El abogado argumentó, además, que el monto de sobornos que habría dado el Mayo a Calderón Hinojosa puso a disposición del cártel a toda la estructura policial y militar, a tal grado que —según Lichtman—: “‘El Mayo’ puede lograr que la gente sea arrestada y que el ejército y la policía de México maten a quien él quiera”.

Por su parte, en el testimonio del Vicentillo se consignó que el Cártel de Sinaloa llegó a tener contacto y comunicación con el general Roberto Miranda, jefe del Estado Mayor Presidencial en el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León. El contacto habría ocurrido en 1997, derivado del temor del Mayo ante la instrucción oficial de congelar por lo menos cinco de las empresas operadas por su familia, las cuales ya investigaba por lavado de dinero la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

¿Millonario? ¿De dónde?

Todos los deposos de los testigos protegidos que presentará la Fiscalía de Estados Unidos, muchos de los cuales ya se escucharon en el juicio del Chapo Guzmán, y que sin duda se repetirán puntualmente, son los que van a tratar de arrinconar en la esquina de la culpabilidad al exsecretario Genaro García Luna.

La fiscalía, ante la evidencia presentada tratar de sostener lo improbable de la riqueza de García Luna, de la que no existe lógica que se haya construido honestamente o con base en una cultura del trabajo.

La desproporcionada acumulación de riqueza del ex secretario de Seguridad Pública durante el calderonismo, tasada en 91 millones de dólares —2 mil 14 millones 666 mil 290 pesos al tipo promedio de cambio del dólar frente al peso mexicano—, resulta inverosímil.

De acuerdo con las 13 declaraciones patrimoniales que García Luna presentó entre el 30 de mayo de 2002 y el 21 de enero de 2013, que pueden consultarse en la página DeclaraNet de la Secretaría de la Función Pública (SFP) —de las cuales sólo en ocho especificó percepciones por salarios como funcionario público—, obtuvo durante esos años un ingreso total y legal de apenas 18 millones 360 mil 578 pesos, equivalentes a 829 mil 324 dólares.

Los salarios que declaró exclusivamente durante su trayectoria como coordinador de la Policía Federal Preventiva (PFP), subdirector del Cisen y coordinador general de la AFI —porque como secretario de Seguridad Pública nunca quiso hacer públicos sus ingresos ni sus bienes patrimoniales— representan tan sólo el 1.08 por ciento del total de la riqueza detectada por el gobierno estadounidense.

No hay forma razonable de entender cómo se hizo de más de 90 millones de dólares sin que estos provinieran de los sobornos de que habló el Rey, ex miembro del Cártel de Sinaloa. En ninguna de las 13 declaraciones de García Luna se establecen otros ingresos económicos por actividades industriales, comerciales, financieras o de servicios profesionales, lo cual acrecienta más la duda.

Lo cierto es que ahora ha llegado el momento de la verdad, el próximo lunes se abre el telón con el Fiscal Philip Pilmar, quien leerá la acusación formal contra García Luna, de conformidad con la acusación formal CR19-576, emitida por la Corte Este de Nueva York el 4 de diciembre de 2019, firmada por el fiscal Richard P. Donoghue, imputándole a García Luna cuatro cargos considerados graves en la legislación estadounidense:

El primero señala que, desde enero de 2001 hasta 2019, el acusado conspiró para introducir a Estados Unidos una sustancia controlada que contenía cocaína; el segundo apunta su responsabilidad por conspirar junto con otros para distribuir cinco kilogramos de cocaína dentro del distrito de Nueva York; el tercero hace alusión a su participación, junto con otros, para distribuir en el distrito de Nueva York una sustancia con contenido de cocaína; y el cuarto cargo es sobre la falsedad de declaraciones, en las que presuntamente incurrió el ex secretario al decir a funcionarios aduanales el 1 de junio de 2018 que no tenía en su haber delitos cometidos contra Estados Unidos, ni pensaba conspirar contra el gobierno de ese país, a sabiendas de que sí lo había hecho.

Este procesamiento es histórico, no sólo porque Genaro García Luna es hasta hoy el primer ex funcionario federal mexicano sentado en el banquillo de los acusados de Estados Unidos, sino porque es el de mayor rango de la estructura del gobierno mexicano inculpado de complicidad con el narco.