Las columnas políticas hoy, martes 21 de febrero de 2023

Poder Judicial protege a delincuentes de cuello blanco, dice AMLO

El presidente López Obrador volvió, de nuevo a criticar  al Poder Judicial, al señalar que jueces, magistrados y ministros son los principales defensores de empresas extranjeras actuando en contra de CFE y Pemex.

“Entonces jueces, magistrados, ministros defensores de particulares, de potentados atendiendo a los abogados de grandes despachos, los grandes despachos de penalistas, protegiendo a delincuentes de cuello blanco, inclusive defendiendo a empresas extranjeras en contra de empresas públicas, como es el caso de la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos donde los principales defensores de la empresas extranjeras son jueces, magistrados, ministros”, dijo en la mañanera

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Expresidentes iberoamericanos lamentaron silencio de AMLO por represión en Nicaragua

Más de una veintena de expresidentes de la región iberoamericana expresaron su preocupación por la posición política del presidente López Obrador con respecto a la represión que actualmente se vive en Nicaragua.

Po medio de un desplegado, integrantes de la Iniciativa Democrática de España y las América (IDEA) se manifestaron en contra del “silencio de los gobierno de la región”, con excepción de los mandatarios de Chile y Ecuador, Gabriel Boric y Guillermo Lasso, quienes sí han condenado las acciones emprendidas por el régimen de Daniel Ortega.

Los firmantes se declararon preocupados porque Andrés Manuel López Obrador, “dejando de lado su repetido principio de la No intervención”, descalificó al actual gobierno de Perú tras la destitución de Pedro Castillo, mientras que no se pronuncia con respecto a Nicaragua.

Entre los firmantes se encuentran dos ex presidentes mexicanos; Vicente Fox Quezada y Felipe Calderón Hinojosa, quienes gobernaron el país durante los periodos 2000-2006 y 2006-2012, respectivamente.

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¿AMLO, coordinador de la campaña de Delfina?

Bajo Reserva/El Universal

Ayer por la tarde, nos informan, se vio en un acceso de Palacio Nacional a tres hombres que intentaban pasar desapercibidos: Mario Delgado, líder nacional de Morena; Alejandro Peña, secretario de Organización del CEN del partido, y Horacio Duarte, coordinador de campaña de Delfina Gómez, candidata guinda al gobierno del Estado de México, quienes se reunieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Nos detallan que Duarte estaba tan nervioso que incluso tiró documentos en el acceso de la calle Corregidora. A la encerrona también acudieron Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno, y Adán Augusto López Hernández, titular de Gobernación, quienes al salir, tras dos horas, negaron haber participado en el encuentro. Lo curioso es que ambos salieron junto a los líderes morenistas. ¿Será que el presidente López Obrador se convertirá en el nuevo coordinador de campaña de la exsecretaria de Educación? Lo que nos aseguran es que la oposición protestará por este hecho, que para algunos es una intromisión del Ejecutivo federal en la “batalla maestra”. 

Dejan solo a quien pidió investigar a la Auditoría 

Nos platican que en la lucha contra el rezago que presenta la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en las recuperaciones de recursos públicos derivadas de su trabajo, los diputados de la Comisión de Vigilancia dejaron morir solo al priista Pablo Angulo, quien preside dicho órgano legislativo. Resulta que, en días previos, todos los integrantes avalaron pedir una investigación de la ASF por el tema mencionado, pero ayer, durante la entrega del Tercer Informe de la Cuenta Pública 2021, solo Angulo se atrevió a cuestionar el desempeño de la Auditoría, mientras que el resto, incluidos otros opositores, reconocieron al órgano fiscalizador “por su gran trabajo”. 

Manolo Jiménez, con amplia ventaja en Coahuila 

Desde Coahuila nos comentan que Manolo Jiménez Salinas, aspirante de la alianza PRI, PAN y PRD a la gubernatura del estado, luce ya con amplia ventaja rumbo a los comicios del próximo 4 de junio y es que una encuesta realizada por De las Heras destaca que si hoy fuera la elección el 48% de los coahuilenses le daría su voto. En contraste, Armando Guadiana, aspirante de Morena al gobierno estatal, obtendría 30%, seguido por Ricardo Mejía Berdeja, del PT, con 13% y Lenin Pérez Rivera, del PVEM y la Unidad Democrática de Coahuila, con 9%. Nos hacen ver que aún si se unieran Guadiana y Berdeja se mantendría la ventaja de Manolo Jiménez, ya que la disputa entre ambos por la candidatura de Morena provocó un cisma en las filas guindas de Coahuila y será muy difícil reparar el daño político que ocasionó. 

Confían en derrota del plan B 

Para el Bloque de Contención en el Senado, “no hay para dónde hacerse” en cuanto al plan B, pues nos aseguran que la Suprema Corte de Justicia de la Nación la tiene fácil para declarar la invalidez de esa reforma electoral. Nos señalan que incluso algunos senadores de Morena han desaprobado el proceso que se dio en la Cámara de Diputados, al dar marcha atrás a la “cláusula de vida eterna”, cuando en su calidad de cámara de origen ya había aprobado ese artículo. Así es que, festeja el bloque opositor, pase lo que pase en el pleno del Senado, el daño al debido proceso ya está hecho. 

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Una región que arde/Héctor De Mauleón

Los habitantes conviven con las balaceras y las ejecuciones

El Universal,

Los dos cadáveres estaban a la orilla del lecho seco del Río Colorado. Ambos estaban decapitados. Un tercer cuerpo fue encontrado más tarde entre la maleza, muy cerca de ahí. 

Era el viernes 17 de febrero en una región que arde. 

Al día siguiente las redes sociales se sacudieron con las imágenes brutales de una balacera en San Luis Río Colorado, una de las ciudades en las que se concentró el 85% de las muertes violentas cometidas en Sonora el año pasado. 

Ese sábado, el comandante de la municipal, Silvio Domínguez Villapudua, se hallaba de descanso. Manejaba por la Avenida Obregón cuando una Toyota Tundra de color blanco lo interceptó. Comenzaron los disparos: tronó a lo largo de la calle el intenso tableteo de las armas largas. La camioneta en la que viajaba Domínguez Villapudua se estrelló contra un poste del alumbrado. 

El comandante, sin embargo, tuvo tiempo de hacer unos disparos. 

Inicialmente, los agresores se alejaron, pero volvieron de manera intempestiva, a rematarlo. Cuando los servicios de emergencia aparecieron, Domínguez Villapudua estaba agonizante. 

Sobrevino una gran movilización policiaca en las calles cercanas. La Toyota fue detectada en las proximidades de una gasera de la colonia Ganadera, a cuyas espaldas los agresores habían intentado ocultarse. 

Vino un segundo enfrentamiento. Las imágenes subidas a las redes sociales muestran la camioneta completamente perforada por el impacto de armas de alto poder, así como horadado por la metralla el muro de una construcción cercana. 

Las autoridades reportaron la muerte de cuatro de los atacantes de Domínguez Villapudua, cuyos cuerpos quedaron en el interior del vehículo, y la detención de diez sospechosos que habrían estado involucrados en los hechos. 

Fue un ataque “contra la corporación y la sociedad misma”, se lamentó el alcalde de San Luis Río Colorado, Santos González Yescas. 

Unos días antes de la aparición de los cuerpos decapitados junto al río, incluso unos días antes del ataque al comandante de la municipal, dos cateos realizados en la colonia Ruiz Cortines derivaron en el aseguramiento de mil 198 kilos de mariguana. 

Todos estos sucesos llegaron de la mano. 

El alcalde González Yescas denunció a principios de diciembre la irrupción de un convoy de 50 camionetas repletas de sicarios que habían salido de Ciudad Coahuila, Baja California, que habían atravesado el poblado de Luis B. Sánchez, ya en territorio de Sonora, y que habían incursionado en San Luis Río Colorado para ejecutar a varias personas y atacar “narcotiendas” que vendían mercancía de un grupo rival. 

“Ninguna autoridad estatal de Sonora o Baja California, ni las agencias de seguridad del gobierno de México se dieron cuenta de la incursión”, protestó el alcalde. 

Fue un día de horror para la gente que habita en los límites de ambos estados. 

Las camionetas —hoy se sabe que estaban tripuladas por gatilleros de los Chapitos— iniciaron su recorrido mortal a 50 kilómetros de San Luis Río Colorado. El comando ejecutó a tres personas en la comisaría de Luis B. Sánchez y luego fue a buscar a otras siete a las calles de San Luis —pobladas de “narcotienditas” y casinos clandestinos. 

“Intentaban ganar territorio”, explicó la fiscalía estatal. 

En San Luis Río Colorado se cometieron más de 400 homicidios entre 2019 y 2022. Los habitantes conviven con las balaceras y las ejecuciones y, además, con un altísimo grado de violencia, así como con la constante aparición de fosas clandestinas que explican la cadena de “levantones” y desapariciones que ocurren en el corredor Valle de Mexicali-Sonoyta-San Luis. 

En este último municipio los homicidios crecieron 41% en 2022. 

Un quiebre en el Cártel de Sinaloa, ocurrido luego de la captura de El Chapo, terminó por enfrentar a los hijos de este narcotraficante, Jesús Alfredo e Iván Archibaldo Guzmán, con la célula de Los Rusos, al servicio de Ismael El Mayo Zambada. 

Cuatro años en los que la violencia no ha hecho sino subir en una región que arde. 

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Zacatecas o el fracaso de AMLO y su plan de seguridad/Salvador García Soto

Zacatecas terminará siendo lo que Michoacán fue para Calderón

El Universal,

Era noviembre de 2021 y el presidente López Obrador acudía a la ciudad de Zacatecas para anunciar un “Plan de Apoyo a Zacatecas”, con el que se comprometía a “hacer frente” a los problemas de seguridad y violencia del narcotráfico desbordada en el estado por la disputa entre los Cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, que ya ocasionaba en ese año 1,600 homicidios dolosos en razón de 4.5 muertes diarias. “Vamos a estar viniendo a Zacatecas, recorriendo como lo hemos hecho desde hace muchos años, apoyando al pueblo y también expresarle al gobernador, David Monreal, que no está solo. Tiene todo el apoyo del gobierno federal. Vamos a enfrentar todos los obstáculos, todas las adversidades porque Zacatecas y su pueblo, merecen un mejor destino”.

Después de esa visita, el presidente tardó casi un año para regresar al estado y no fue sino hasta el 9 de septiembre de 2022 que volvió a estar en Zacatecas para evaluar los resultados del Plan de Apoyo, que hasta ese momento había enviado 2,114 soldados del Ejército, 1,800 agentes de la Guardia Nacional, a los que se sumaron 930 policías estatales y 1,257 municipales para un despliegue total de 6,101 elementos en la estrategia para contener la violencia. Pero las cifras y datos que le dieron en esa visita al presidente, no fueron los más halagüeños: si bien los homicidios dolosos habían bajado de 1,600 a 1,200 en el 2022, Zacatecas seguía siendo, aún con la presencia de fuerzas federales, de los estados más violentos a nivel nacional y las balaceras, masacres, desplazamiento de familias seguían siendo graves y constantes en las seis regiones del estado: Río Grande, Jalpa, Guadalupe, Jerez, Zacatecas y Fresnillo.

Era evidente, en ese momento, que el Plan de la 4T para sacar a Zacatecas de la violencia y de paso rescatar al gobernador morenista David Monreal, había fracasado un año después y no había logrado detener la guerra de cárteles en su territorio; y el presidente lo reconocía en esa visita, pero solo a medias: “Estamos muy conscientes, por eso estamos en Zacatecas, por el problema de violencia. Venimos a decirles que no están solos, que continúa el programa de apoyo de nuestras fuerzas armadas, se ha avanzado, pero necesitamos reforzar este plan de apoyo a Zacatecas”, decía López Obrador a sabiendas de que la violencia no había logrado ser contenida por las fuerzas federales y que los homicidios dolosos, los narcobloqueos, quema de autos, desplazamiento de pueblos, ataques armados, asesinatos de policías y asaltos en carreteras seguían asfixiando a los zacatecanos.

Y apenas dos meses después de esa segunda promesa presidencial para rescatar a Zacatecas, el fracaso del plan federal volvió a quedar exhibido cuando, el 25 de noviembre, en un operativo antisecuestros, fue asesinado el general brigadier del Ejército y coordinador de la Guardia Nacional en el estado, José Silvestre Urzúa. El asesinato del general fue tomado como un fuerte desafío del crimen organizado para el gobierno federal, por tratarse del militar de más alto rango asesinado en este gobierno y el que más jerarquía tenía en la Guardia Nacional. La respuesta del presidente y del general Luis Cresencio Sandoval fue mandar más refuerzos a su fallido operativo: 439 agentes federales más, 200 de Fuerzas Especiales, procedentes del Estado de México y otros 239 de Guadalajara, llegaron a tratar de cobrar la afrenta de la muerte del general brigadier.

 Pero ni eso contuvo la violencia. Una semana después de que llegaran los refuerzos federales, el sábado 3 de diciembre, el juez penal Roberto Elías Martínez, fue asesinado de varios balazos al salir de su domicilio, mientras que al mismo tiempo en el penal de Cieneguillas hubo un intento de fuga y motín, que coincidió con narcobloqueos en las calles con autos incendiados y cierre de calles y avenidas. El año 2022 cerró con toda su violencia y las cifras de homicidios dolosos en Zacatecas siguieron duplicando la media nacional, pues fueron de 187 por cada 100 mil habitantes, a diferencia de los 90 que promedia la República.

Las cifras oficiales difirieron en cuanto a los homicidios dolosos en 2022, pues mientras la Fiscalía General de Zacatecas registró mil 428, 192 más que en 2021, y dijo que 95 por ciento de los casos tenían que ver con pugnas del narcotráfico, incluyendo el asesinato de 89 niños y adolescentes; el Sistema Nacional de Seguridad Pública sólo reportó 978 homicidios dolosos, un 13% menos que en 2021 cuando hubo 1,134, según las cifras de su Secretariado Ejecutivo.

En medio del evidente fracaso del gobierno lopezobradorista en Zacatecas, también está la incapacidad manifiesta del gobernador David Monreal, que con todo y el apoyo federal no ha podido más que pedir a los zacatecanos que “se encomienden a Dios”. Incluso el hermano del líder senatorial de Morena tuvo que recular cuando había negociado con el embajador Ken Salazar un plan de ayuda de agencias estadounidenses como el FBI y la DEA para enfrentar y frenar la violencia en su estado y se echó para atrás luego de un fuerte regaño público del presidente López Obrador.

El pasado fin de semana se volvió a constatar que Zacatecas sigue ardiendo, dos años después de la promesa del presidente. La tarde del domingo se registró un nuevo repunte de la violencia con enfrentamientos armados, narcobloqueos de la delincuencia organizada, que despojó de sus vehículos a automovilistas y transportistas para incendiarlos y cerrar calles, avenidas y carreteras, además de dispersar artefactos ponchallantas en por lo menos 9 municipios del estado: Fresnillo, Calera, Enrique Estrada, Genaro Codina, Guadalupe, Ojocaliente, Ciudad Cuauhtémoc, Pánfilo Natera y Trancoso.

A este paso, Zacatecas terminará siendo para López Obrador lo que Michoacán fue para su némesis Felipe Calderón. Porque ni con toda la fuerza del Ejército, ni con promesas reiteradas del presidente que no volvió tan frecuentemente al estado como lo prometió, es evidente que la estrategia federal de seguridad, la fallida ocurrencia de los “abrazos, no balazos” que tiene sumido en la violencia a más de la mitad de la República, tendrá en el territorio zacatecano su peor versión: porque al menos en el resto del país, donde no quisieron enfrentar a los cárteles del narco, su fracaso se entiende por la omisión, la negligencia y la inacción; pero en Zacatecas, donde quisieron enfrentarlos, no pudieron. O al menos hasta ahora no han podido porque el estado sigue en llamas.

Los dados repiten Escalera. Volvemos a subir.

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Sheinbaum se acerca a la presidenta de la Corte/Mario Maldonado

El Universal

El viernes pasado la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, desayunó con la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña. El acercamiento lo coordinó el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, cercano al exconsejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer Ibarra, quien, aunque ya no es tan cercano, sigue siendo parte del equipo que apoya a Sheinbaum en sus aspiraciones presidenciales. 

El encuentro se llevó a cabo en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, donde despacha la jefa de Gobierno, a dos calles de la sede de la SCJN, en José María Pino Suárez número 2. Las fuentes relatan que la reunión se llevó a cabo en buenos términos. Se habló de temas de la Ciudad de México, nacionales, de justicia y también del objetivo de la jefa de Gobierno de llegar a la Presidencia. Se esbozó la idea de que, así como una mujer hizo historia al llegar a la presidencia de la Corte, también podría pasar con la presidencia del país. 

Norma Piña fue electa como ministra presidenta de la Corte para el periodo que comprende del 2 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2026, por lo que convivirá con el nuevo titular del Ejecutivo a partir de octubre del 2024. Eso sí, como lo hizo en una reunión anterior con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, la ministra de carrera judicial le aclaró a la jefa de Gobierno que va a defender la autonomía e independencia del Poder Judicial; a los jueces, magistrados y ministr@s que ha vapuleado su jefe el presidente Andrés Manuel López Obrador. “Vamos a hacer cumplir la ley en todos los casos”, le dijo como para disuadir cualquier intención de interceder por los proyectos prioritarios del gobierno federal que están en la Corte, entre ellos el Plan B de reforma electoral, la militarización de la seguridad pública y la Guardia Nacional.

El desayuno fue breve y se dio días después de que el presidente López Obrador se ha enfrentado con la presidenta de la Corte, de quien dice que siempre ha votado en contra de las iniciativas de su gobierno, que llegó a ese cargo por él –después matizó y dijo que se refirió a que “ya no es como antes cuando el presidente ponía y quitaba a l@s ministr@s”– y que le dio gusto que no se pusiera de pie cuando dio su mensaje en la ceremonia del Aniversario de la promulgación de la Constitución. “Tal vez estaba cansada”, le criticó.  

Mientras Sheinbaum desayunaba con la ministra Piña, el presidente López Obrador inauguraba la primera etapa de la Central Fotovoltaica de Puerto Peñasco, en Sonora, junto con algunos de sus secretarios de Estado y el director de la CFE, Manuel Bartlett. En la conferencia matutina, el gobernador Alfonso Durazo –también presidente del Consejo Nacional de Morena– se destapó en favor del secretario de Gobernación, o por lo menos esa sensación causó al decir que se sentía “muy a gusto” con la presencia de Adán Augusto López, una de las frases con las que se pretende impulsar sus aspiraciones presidenciales el tabasqueño. 

Las tres principales “corcholatas” de Morena que compiten por la candidatura del 2024 han redoblado sus esfuerzos para congraciarse con grupos de poder y, sobre todo, buscar apoyos y adeptos. En este espacio dimos a conocer hace un par de semanas una reunión de la jefa de Gobierno con el ingeniero Carlos Slim Helú y otros empresarios del sector de telecomunicaciones y construcción, mientras que el secretario de Gobernación ha hecho lo propio con las cúpulas de la iniciativa privada y el canciller Marcelo Ebrard hila fino con empresarios extranjeros y nacionales, además de que busca que el anuncio de inversión de Tesla, la empresa del multimillonario Elon Musk, sea integral y abarque a Nuevo León, Sonora e Hidalgo. 

Posdata

La propuesta del senador del PAN, Damián Zepeda, para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales en un plazo máximo de 90 días tuvo buena recepción entre las fracciones de oposición en el Congreso. El legislador no descarta que esta iniciativa se sume a la que planea presentar el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, para separar la SCJN del Consejo de la Judicatura Federal. Ya veremos si les alcanza para pasar algún cambio en este sentido. 

Edomex, contra injerencia del crimen en la economía

El Congreso del Estado de México aprobó hace unos días modificaciones al Código Penal de esta entidad para incluir el artículo 199 Bis del Subtítulo Tercero en el Capítulo I de Delitos Contra la Economía, con el que se establece una pena de hasta 10 años de prisión a quien por medio de violencia obligue a una persona o unidad económica a comprar o vender productos a otra persona o empresa determinada. Dicha reforma aplica para quien busque imponer o fijar, en una localidad o región, un precio por encima del mercado.

En este espacio expusimos que diversas bandas del crimen organizado buscan controlar los precios de distribución de insumos y materiales para la construcción en varios municipios del Estado de México, lo cual ha generado una inflación artificial adicional en esa industria de entre 20 y 40%, además de la ausencia de inversiones y el posible cierre de más de 300 negocios del ramo que se ven imposibilitados para obtener márgenes de ganancia.

@MarioMal

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“Internet para todos” se hace chiquito y más caro/Carlos Loret de Mola

El Universal,

El miércoles pasado el presidente López Obrador hizo por octava ocasión en su gobierno exactamente el mismo anuncio: el próximo año habrá internet sin fines de lucro en todo el territorio nacional. La primera vez que lo hizo fue en septiembre de 2019. Conforme avanzaron los meses y el proyecto fue fracasando y costando más, le meta se fue posponiendo: originalmente el “internet para todos” estaría listo en 2020, y ya va en finales de 2024.

Ese día, en la conferencia mañanera, quedó claro que la ambición del proyecto también se ha ido encogiendo con el paso del tiempo: de prometer que llegaría a 300 mil pequeñas comunidades del país —para que las zonas más alejadas y pobres de México tuvieran conectividad— ahora se instalará en puras cabeceras municipales. Me pregunto si no hubiera sido más barato subcontratar a Telmex o a Totalplay para que abrieran sus redes (entre ambas tienen como 90% de cobertura en el país) y sólo pagarles por eso. Quizá ya estaría funcionando. 

Como en muchos proyectos del obradorato, saldrá más caro el caldo que las albóndigas: la administración federal ha tenido que rescatar con cosa de 3 mil millones de pesos a la empresa privada a la que encargó el “internet para todos” porque fracasó. Ese dinero se suma a los 7 mil millones de pesos que ya el gobierno de Peña Nieto había invertido en la misma empresa para el mismo objetivo de brindar “internet para todos” (los priistas le llamaron “red compartida”, pero en el fondo es igual). Desde Felipe Calderón se intentó la misma idea, así que el proyecto obradorista de “internet para todos” es la versión chiquita, mal hecha y más cara de lo que no pudieron cristalizar sus dos antecesores. 

López Obrador tuvo que rescatar a la empresa encargada de “internet para todos” porque en ese proyecto invirtió dinero de las Afores, es decir, apostó los ahorros de los trabajadores mexicanos y no puede permitirse políticamente que se esfumen esos recursos. En estas Historias de Reportero he denunciado cómo ha ido creciendo este engaño, esta trampa, en varias columnas desde el año 2021: “AMLO apostó dinero del pueblo… y lo perdió”, “Comedia de enredos: la 4T y una empresa consentida”, entre otras). 

Por si fuera poco, el presidente presumió con bombo y platillo que la CFE realizará un tendido de fibra óptica de 32 kilómetros. ¿32 kilómetros? ¡No es nada! Es el mismo cuento de los números que suenan a mucho y son realmente poco. Apenas la semana pasada tuvimos otra muestra: se anunció que el AIFA en seis meses absorbería el 45% de la carga que maneja el AICM. 100 mil toneladas de carga cada año, se presumió con grandilocuencia. Cuando uno hace números, eso equivale a… seis vuelos diarios. O sea, nada. La explicación es sencilla: el grueso de la carga que llega a nuestro país vía aérea, se transporta en la “panza” de los aviones de pasajeros, y de esos, ninguno se va a ir al AIFA, sino sólo la mitad de los que traen 100% carga. 

Un gobierno de cuentistas, pues. 

historiasreportero@gmail.com 

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El juicio contra García Luna es parte de una historia de poder, venganza y frustración que Netflix podría titular La larga pesca de la DEA/ Héctor Aguilar Camin.

Milenio.

Veremos cómo termina esta temporada.

La historia empieza en 1985, en Guadalajara, con la tortura y el asesinato del agente Enrique Kiki Camarena, a manos de Rafael Caro Quintero.

Desde entonces, la DEA no ha cejado en su intento de subir a la lista de responsables del tráfico de drogas en México a uno o varios peces gordos del gobierno, más gordos que los habituales comandantes, o los habituales jefes de la policía local,  que son la carne rutinaria de panteón y presidio en esta guerra.

Desde el asesinato de Camarena, la DEA ha querido subir al cuadro de los culpables a secretarios, procuradores, jefes del Ejército y presidentes.

Acusaron de estar presentes en la tortura y el homicidio de Camarena al entonces secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, y al entonces secretario de la Defensa, Arévalo Gardoqui.

Juzgaron y condenaron con ese cargo a Rubén Zuno, cuñado del ex presidente Luis Echeverría. Zuno murió en prisión.

Desde entonces, cada sexenio hay versiones de prensa o filtraciones de la DEA denunciando y tratando de llevar a juicio a renovados peces gordos, en particular jefes del Ejército y presidentes.

Desde entonces, no hay presidente o secretario de la Defensa que no haya aparecido mencionado como cómplice del crimen en filtraciones o archivos de la DEA.

No le ha ido bien a la DEA con este ejercicio de tiro al blanco, pero su puntería mejoró en estos años. Llevaron a juicio a un ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna, e intentaron llevar a juicio al ex secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos.

Si algo queda claro del juicio de García Luna es que los nombres y los cargos de la DEA siguen vivos en sus archivos y que, si algo no hace la corporación, es olvidar.

El nombre del presidente López Obrador apareció mencionado en esos archivos. Lo quiera o no, ya es parte de un capítulo sin estrenar de La larga pesca de la DEA.

hector.aguilarcamin@milenio.com

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