Nicaragua: “Es como las dictaduras comunistas o hitlerianas, grosera″ Francisco.
En una larga entrevista con Daniel Hadad, fundador del diario argentino en línea Infobae, el papa Francisco le dijo al presidente de Nicaragua Daniel Ortega sin mencionarlo por su nombre, que es un hombre desequilibrado.
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La declaración de Francisco se producen a pocos días después de que el gobierno del Nicaragua decidiera cerrar dos universidades vinculadas a la Iglesia católica, a saber; la Universidad Juan Pablo II -de la Conferencia Episcopal de Nicaragua- y la Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua, alegando “incumplimientos” de leyes.
Además, el ministerio del Interior anunció la disolución de los organismos católicos de beneficencia Caritas Nicaragua y Caritas Diocesana de Jinotega.
La pregunta y la respuesta:
—Tiene que ver con Nicaragua. En un primer momento parecía tomársela solamente con los opositores o con aquellos que pensaban diferente; de hecho acaba de expulsar al destierro a 222 opositores. Pero también veo un ataque muy fuerte a la iglesia católica. Echaron al nuncio (Waldemar Stanislaw Sommertag), ahora prohíben las procesiones de Semana Santa. Y (hay) una frase del mandatario diciendo (que) “los obispos, los curas, los papas, son una mafia”. ¿Qué piensa de esto?-, le pregunta.
—Con mucho respeto, no me queda otra que pensar en un desequilibrio de la persona que dirige (Daniel Ortega). Ahí tenemos un obispo preso (Mons. Rolando Alvarez), un hombre muy serio, muy capaz. Quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio. Es una cosa que está fuera de lo que estamos viviendo, es como si fuera traer la dictadura comunista de 1917 o la hitleriana del 35, traer aquí las mismas… Son un tipo de dictaduras groseras. O, para usar una distinción linda de Argentina, guarangas. Guarangas
Se tardó el papa Francisco, toleró muchas grosería y violaciones a los derechos humanos…
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Palacio Nacional se suma a la alerta por marcha convocada por militares
Bajo Reserva/ El Universal
En este espacio le informamos la semana pasada que en la Secretaría de la Defensa Nacional se habían encendido las alarmas por una convocatoria en redes sociales, presuntamente por parte de militares en retiro y en activo, para reivindicar el derecho de la tropa a defenderse de lo que consideran agresiones. Nos cuentan que la preocupación de Sedena fue transmitida a Palacio Nacional, lo que se vio reflejado ayer en las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera, en la que dijo que sospecha que esa movilización la está organizando la delincuencia e incluso advirtió que podría ser violenta. Habrá que estar muy atentos a lo que ocurra mañana en el Paseo de la Reforma, por donde se supone caminarán los inconformes.
¿Acarreo nacionalista?
Nos hacen ver que en Morena alistan la maquinaria para llenar el Zócalo el próximo sábado, con motivo del aniversario de la expropiación petrolera, en una concentración convocada por el presidente López Obrador. El llamado, nos detallan, se está haciendo a simpatizantes, pero también a los líderes del partido guinda en los estados, con una manita de los gobernadores morenistas en las entidades correspondientes, para que gente de todo el país pueda congregarse, como en febrero pasado lo hizo la marcha en defensa del INE. Nos cuentan que ahora que las cosas están tensas con distintos actores políticos de Estados Unidos, la fecha simbólica del cardenismo será aprovechada para elevar la retórica en defensa de la soberanía nacional. Así que, como ocurrió en la llamada “marcha del pueblo” de noviembre pasado, nos aseguran que veremos acarreo al por mayor. Eso sí, un acarreo muy nacionalista.
Nueva misión de cabildeo para el secretario de Gobernación
El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, tiene una nueva misión encomendada por el presidente López Obrador. Nos cuentan que la tarea de cabildeo que don Adán ejerció en el Congreso a favor de la iniciativa para extender a 2028 la permanencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, se repetirá ahora con la propuesta para reformar el artículo 33 constitucional y cancelar la expulsión de extranjeros que representen un riesgo a la seguridad nacional. Para ello, nos cuentan, don Adán se reunirá con la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados el martes 14 de marzo, a las 09:00 horas. Y nos comentan que en San Lázaro ya circula la versión de que van a cambiar las tarjetas de presentación del funcionario federal para ponerle: Adán Augusto López, secretario de Relaciones Legislativas.
Rezago legislativo
En el Congreso de la Unión los dirigentes de ambas cámaras firmaron un acuerdo para abatir el rezago legislativo que se arrastra desde hace años, pero nos cuentan que difícilmente se cumplirá lo signado. Nos hacen ver que, por ejemplo, en el Senado está detenida la designación de 130 funcionarios del Poder Judicial y están atorados dictámenes de leyes como la de Cuidados o la de Economía Circular. ¿Será que se logren destrabar esos y muchos otros pendientes en el próximo periodo de sesiones, que comienza en septiembre, justo cuando los partidos se estarán metiendo de cabeza en el proceso electoral de 2024?
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“No sé, no sé, no sé”, respondió el Presidente/Francisco Garfias
Arsenal
Excelsior
Andaba bravo ayer el Presidente. En la mañanera repartió candela a diestra y siniestra. Calificó al reinstalado secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, de “Porfirito”, en alusión al dictador que gobernó México durante 33 años.
Lo irritó el amparo provisional que los magistrados del Noveno Tribunal Colegiado le otorgaron a Jacobo, para que regrese al cargo por tiempo indefinido.
“Cómo no lo van a amparar, si los jueces, magistrados, ministros del Poder Judicial forman parte del mismo bloque conservador, con honrosas excepciones”, subrayó el jefe del Ejecutivo.
Edmundo Jacobo lleva 14 años como secretario ejecutivo del INE. Fue reelecto hasta el 2026.
* Tampoco le gustó la pregunta que Nayeli Roldán, del portal Animal Político, le hiciera sobre el ilegal espionaje del Ejército a civiles. La reportera se le salió del guion y eso no se tolera en las mañaneras.
Es inteligencia, no espionaje, respondió, en síntesis, el presidente López Obrador, al tratar de justificar la ilegal vigilancia de los militares al defensor de derechos humanos, Raymundo Ramos, para interferir una investigación sobre ejecuciones extrajudiciales.
Ya encarrerado, se le fue con todo a Animal Político; a Carmen Aristegui, “hija de Junco”; y a la organización Página 19 (Artículo 19) que, dijo, están al servicio de los grupos de intereses creados.
“No nos vamos a poder poner de acuerdo, porque Animal Político recibía dinero del gobierno anterior, y se lo puedo probar, entonces, están siempre en contra de nosotros”, acusó.
Nayeli mostró temple. Acorraló al Presidente en el tenso intercambio entre los dos. “¿Cuál fue el objetivo de ese espionaje a estos civiles?”, insistió, documentos de la Sedena en mano.
“No sé, no sé, no sé…”, respondió el Presidente, visiblemente exasperado. “Si sé perfectamente que el objetivo de Animal Político, de Página 19, y de Carmen Aristegui es estar constantemente atacándonos, desacreditándonos…”, puntualizó.
Le preguntó entonces si en su papel de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas podría hacer que el general Audomaro Martínez acudiera a la mañanera “para rendir cuentas”.
“No tiene por qué venir. No es a partir de lo que a ustedes les conviene, que son contrarios a nosotros… Ustedes no van a poner la agenda… Todos los días nos atacan”, respondió el Presidente.
Y dijo más: “No hay objetividad, no hay profesionalismo, es una prensa tendenciosa, vendida, alquilada, al servicio de los corruptos; entonces, ¿por qué les vamos a hacer el caldo gordo a ustedes?”.
Así anda el humor del Presidente.
* Por AMLO nos enteramos que el general Audomaro evitó que asesinaran a Omar García Harfuch. Días antes del atentado en las Lomas de Chapultepec, el secretario de Seguridad Pública de la CDMX fue advertido por el militar de “informes” de que estaba en peligro. “No te confíes”, le dijo a Omar.
García Harfuch andaba en un “carro normal”. Luego de la advertencia, lo cambió por una camioneta con blindaje. “Eso le salvó la vida, porque vaya que le dispararon”, destacó el Presidente.
En la mañanera también devolvió la pedrada que el congresista texano Dan Crenshaw le aventó en Twitter: “Señor Presidente: ¿A quién representa, al pueblo o a los cárteles?”. Preguntó el gringo.
Respuesta de AMLO: “Qué se creen estos mequetrefes, intervencionistas, prepotentes. A México se le respeta…”.
* Lo que nos faltaba. Advierte el Presidente que la marcha en defensa del Ejército, convocada para este domingo en Nuevo Laredo, Tamaulipas, no tiene “propósitos sanos”. “Qué nadie se deje engañar. Eso puede estar inclusive promovido por la misma delincuencia. No vaya a ser que se reúnan, que haya violencia, para terminar culpando a las Fuerzas Armadas”, alertó.
A la marcha asistirán “ciudadanos” que supuestamente se oponen a la investigación de los elementos del Ejército involucrados en la muerte de cinco jóvenes.
¿Será que el Presidente tiene elementos o información para hacer esa declaración tan grave? Es pregunta.
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Justicia selectiva y ajusticiamiento a la Corte/Salvador García Soto
El Universal,
En medio de la guerra que el presidente López Obrador le ha declarado a la Suprema Corte y al Poder Judicial Federal, en la que al agresivo discurso presidencial, se sumaron las acciones de seguidores del mandatario fanáticos y radicales que promueven y alientan la violencia física y hasta la muerte contra la ministra presidenta, Norma Piña, además de descalificar y denigrar el trabajo de ministros, magistrados y jueces federales, los que salen ganado son los ineficientes, deficiente y corrompidos fiscales, ministerios públicos y policías investigadores cuyo pésimo trabajo y cuestionado desempeño queda completamente sin fiscalizar ni se sanciona su negligencia y tortuguismo en la procuración de justicia para los ciudadanos.
Paradójicamente, mientras se dedica a atacar a las juezas y jueces, el Presidente no sólo encubre y protege el fracaso de las Fiscalías, empezando por la General de la República y siguiendo por la de la mayoría de los estados de la República, sino que además permite, ordena y fomenta el uso político y selectivo de la justicia, en beneficio de su proyecto político y en contra de sus enemigos, opositores, adversarios y periodistas y medios críticos. Es decir, que mientras su 4T aplica la justicia selectiva y politizada, López Obrador pretende erigirse en el gran juzgador nacional para atacar, denigrar y desacreditar el trabajo del único Poder independiente y autónomo que le queda a este país.
Los ejemplos de esa justicia selectiva y manipulada que se ha aplicado en este sexenio sobran y van desde Rosario Robles, la primera víctima de un proceso judicial por consigna de este gobierno a la que tuvieron tres años en la cárcel sin poderle probar siquiera el delito que le imputaron, hasta los oscuros y secretos acuerdos que primero hicieron con el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, al que primero trataron como un príncipe y luego, cuando él los exhibió públicamente con sus cenas públicas y suntuosas, lo metieron a la cárcel pero tampoco han podido probarle nada ni hacer que los jueces lo declaren culpable.
Hay muchos más nombres, casos y procesos que, sin mayor base jurídica pero sí con la orden expresa de “casos prioritarios” para el Presidente que son enviados a la FGR, podrían mencionarse y documentarse para probar el señalamiento de justicia selectiva y politizada, pero el de Rosario Robles es exacto para ilustrar la doble moral y doble vara de la justicia que manejan López Obrador y su 4T. Porque a Rosario la acusaron y la imputaron por una estafa millonaria a los recursos públicos cometida en la Sedesol y la Sedatu cuando ella fue secretaria, pero al no poder probarle una participación directa, optaron por llevar la acusación al terreno civil de la omisión ante el delito y el ejercicio indebido del servicio público.
Eso bastó para que a Rosario le abrieran un juicio en el que, en la primera audiencia y sin atender los argumentos de su defensa, la metieron presa, aun cuando su delito no ameritaba la prisión preventiva oficiosa, y la tuvieron en prisión casi 3 años. Pero hay otra estafa pública, cometida en este sexenio contra el presupuesto de alimentación y abasto a los sectores más pobres del país. El fraude y el saqueo de recursos de los contribuyentes se cometió en Segalmex, la empresa pública con la que esta administración sustituyó a Diconsa y Liconsa, y que tiene por encargo garantizar “la autosuficiencia alimentaria de los mexicanos” en los granos básicos y apoyar todos los procesos de alimentación y abasto para los mexicanos.
El monto saqueado y estafado en Segalmex se ha documentado en 9 mil millones de pesos y podría elevarse hasta los 15 mil millones de pesos, el doble de la Estafa Maestra en la que se documentaron 7 mil millones de pesos de recursos saqueados con simulaciones de contratos y servicios. Pero a diferencia del caso denunciado durante el sexenio pasado y judicializado por el actual gobierno lopezobradorista, en la estafa de Segalmex, quien fue director de esa dependencia durante los 3 años en que se detectaron los faltantes, Ignacio Ovalle Fernández, no está ni acusado, ni imputado y muchos menos investigado en las carpetas de investigación y judicialización que ha iniciado la Fiscalía General de la República.
La FGR informó que obtuvo orden de aprehensión en contra de 22 personas por el caso Segalmex . En un comunicado señala que de las 22 personas, 12 fueron servidores públicos de Segalmex; 4 pertenecen a las empresas con las que se coludieron; y 6 fueron los beneficiaros de los recursos de Segalmex que fueron desviados. Y anuncia que existen más carpetas sobre el desfalco a Segalmex que serán judicializadas próximamente. Pero en ninguna parte de la lista de esos 12 funcionarios públicos que están siendo buscados por la justicia, aparecen los apellidos Ovalle Fernández y mucho menos el nombre de Ignacio, el amigo, exjefe y mentor del actual presidente de la República.
¿El mismo criterio judicial aplicado a Rosario Robles no le aplica también al exdirector de Segalmex, Ovalle Fernández? ¿Por qué don Ignacio, hoy flamante director en la Segob, no fue omiso ni ejerció indebidamente el servicio público al no haber impedido, denunciado y ordenado investigar los saqueos, desfalcos y fraudes cometidos durante su gestión por sus propios colaboradores y por qué Rosario sí lo fue? No hay mucho más que explicar: el primero es protegido y encubierto por el Presidente y la segunda fue tratada como enemiga del Presidente, aun cuando en el pasado reciente fue su aliada, promotora y amiga muy cercana.
Ese es el mejor ejemplo de la justicia selectiva y por consigna que se aplica en esta administración y en la supuesta y propagandeada "transformación” de la vida pública del país. Y mientras eso sucede, el presidente López Obrador se dedica a cuestionar, atacar y culpar a los jueces federales por la impunidad, la injusticia y la corrupción —las mismas que él protege, fomenta y tolera, contra los casos y los funcionarios denunciados por corrupción en su gobierno— en una maniobra y pantomima política para neutralizar, someter y dominar al Poder Judicial de la Federación, que es el único que se resiste a someterse a su ejercicio autocrático y autoritario del poder.
NOTAS INDISCRETAS…
Sin haber resuelto la crisis del Metro que la obligó a hacer una pausa en su proselitismo político y personal, Claudia Sheinbaum retomó la semana pasada sus actividades de promoción de su candidatura presidencial con una visita a Morelia, donde dictó una de sus pláticas a militantes y funcionarios morenistas y de la 4T. Pero como ya las tragedias del Metro les enseñaron que una ciudad tan compleja como la CDMX no se puede descuidar ni siquiera en fin de semana, so pena de ser sorprendido por catástrofes, emergencias o desgracias, ahora la Jefa de Gobierno realizará foros con gobernadores de la 4T para hablar sobre temas que han desarrollado en cada entidad, así como para hablar de programas implementados en la ciudad. Sólo que ahora Claudia no irá a los estados ni visitará a los gobernadores, sino que ambos vendrán a ella y a la capital. El primero de esos foros se llevó a cabo ayer en la alcaldía Cuauhtémoc, con la participación del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, titulado “La Ciudad y la Transformación”. Los siguientes se podrían realizar la siguiente semana o cada 15 días. Veremos si esta nueva modalidad de campaña simulada le funciona más a Sheinbaum o si al menos le da menos sustos y crisis de su imagen…Hablando de “corcholatas”, el miércoles de esta semana estuvo de visita en Jalisco el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien tuvo varias actividades en Guadalajara, entre ellas la de reunirse con un grupo plural de destacados jaliscienses en el que estaban desde el director del diario El Informador, Carlos Álvarez del Castillo, hasta el rector de la UAG, Antonio Leaño, además de otros empresarios importantes y el maestro Arturo Zamora, exsenador, exsecretario general del PRI y excandidato a gobernador en ese estado. Esta última presencia, la de Zamora, llamó la atención, no sólo por la cercanía que volvió a mostrar el secretario de Gobernación con el profesor emérito de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara, sino por las versiones que circulan en la política jalisciense sobre que Zamora podría ser invitado a ser candidato de Morena en las próximas elecciones locales en el 2024. Eso, que ha puesto nerviosos a muchos morenistas y que confirma el distanciamiento que desde hace rato tiene don Arturo hacia el PRI, parece reflejarse en una fotografía que se tomó al final de ese encuentro de Adán Augusto con las personalidades jaliscienses. Al centro de la foto, arriba aparece el secretario y aspirante presidencial de Morena, y delante de él, tocado por la mano del tabasqueño, está Arturo Zamora quien, en algo que parece casual pero trae mucho mensaje, lleva puesta una chamarra color guinda, ¿Será que vienen desprendimientos en el PRI de Jalisco y adhesiones nuevas a Morena en ese estado?... Los dados mandan Escalera Doble, Semana dura.
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Adelante, señoras y señores ministros/Sergio García Ramírez
El Financiero,
El 29 de diciembre de 1994 publiqué en Excélsior un artículo de despedida a los ministros de la Suprema Corte removidos por la reforma iniciada por un Ejecutivo que no apreciaba a los tribunales: “Adiós, señores ministros”. Esa reforma trajo bienes, pero dejó el amargo sabor de la “decapitación” de nuestro máximo tribunal. Hoy padecemos a un caudillo que detesta a los juzgadores y a la justicia como función del Estado democrático. Se ha propuesto mellarlos. Para ello se vale del denuesto y la difamación. Carece de argumentos sólidos, rehúye el debate y abandona la vía constitucional.
El Poder Judicial tiene a su cargo la defensa de la legitimidad y la legalidad de nuestra vida republicana, como también de los derechos y libertades de los ciudadanos, entre ellos los derechos políticos. Han llegado al estrado de la justicia numerosas contiendas desencadenadas por iniciativas del caudillo, combatidas por ciudadanos agraviados e instituciones vulneradas. Seguramente crecerá el número de demandas ante la Suprema Corte y otros tribunales, destinadas a frenar el autoritarismo opresor y enderezar el rumbo de la nación.
Además del menosprecio por la ley y las instituciones republicanas, el promotor de estas contiendas dirige sus proyectiles contra algunos juzgadores —específicamente, la honorable y valerosa presidenta de la Suprema Corte de Justicia, que no se inclina—, y ha rechazado las exhortaciones formuladas por jueces y magistrados, abogados y académicos para detener la artillería volcada contra la justicia.
Obviamente, las arremetidas tienen que ver con el intento manifiesto de concentrar el poder, como es propio de una dictadura. Para ello se ha desplegado una amplia reforma electoral cuyo éxito implicaría el derrumbe de muchos progresos democráticos alcanzados por México con afanosa perseverancia.
Se cuenta con defensas democráticas que residen en los partidos, en los órganos autónomos, en la opinión pública movilizada. Pero en el horizonte se halla a la vista el único poder que puede enfrentar la ola autoritaria y afianzar el imperio de la democracia y la Constitución: el Poder Judicial de la Unión. Esto impone a nuestros tribunales —y sobre todo a la Suprema Corte de Justicia— una tarea de salvación que no se había presentado en varias décadas y que determinará el destino de México por muchas más.
Las señoras y los señores ministros tendrán en su hacer y en su conciencia los principios y valores que entraña nuestra Constitución; ésta será la regla dorada para interpretar las normas cuestionadas y medirlas a la luz de la ley suprema. Es posible que surjan puntos menores para distraer la atención de la justicia, pero es necesario que se concentre en las cuestiones mayores que residen en el alma de la Constitución. De aquí provendrá el cimiento de las decisiones.
Estamos seguros de que en este lance, los juzgadores harán de lado la fuente formal de su designación, como lo hizo, en su hora, el presidente del Consejo Constitucional de Francia, Robert Badinter, cuando fue cuestionado sobre su independencia, considerando que su designación provenía del presidente Mitterrand. Badinter supo responder y cumplir: lealtad a la nación, no al autor de su nombramiento.
En suma, la suerte de México está en sus manos limpias y enérgicas, señoras y señores ministros. Adelante, pese a los rayos que pueblan el horizonte de esta nación atribulada, que se halla en grave peligro.
Profesor emérito de la UNAM
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Road trip Myrtle Beach (dólares, drogas) Matamoros (drogas, balas), 2,425 km…/ Juan Pablo Becerra-Acosta
El Universal,
Fue hace casi un año. Era 14 de marzo del 2022 en Myrtle Beach, Carolina del Sur, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó:
“Menos de veinte meses después de que 30 narcotraficantes del condado de Horry y el área de Myrtle Beach fueran acusados a través de una investigación federal que contó con intervenciones telefónicas sobre narcóticos y violencia, la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Carolina del Sur anunció hoy que los 30 se han declarado culpables y fueron sentenciados en un tribunal federal.
“La evidencia presentada en la Corte refleja que la organización de tráfico de drogas Cedar Branch representaba una conspiración interestatal que involucraba distribución de heroína, fentanilo, cocaína, crack, metanfetaminas y armas de fuego. La organización ubicaba su sede en el área de Cedar Branch, del condado de Horry, y tenía vínculos a través de la frontera estatal con Carolina del Norte.
“Sus miembros recibían sustancias controladas de múltiples fuentes de suministro interestatales, incluida una que contaba con vínculos directos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de México.
“Esta organización (la gringa, apunto yo) fue identificada por la policía local como un objetivo prioritario en relación con los delitos violentos y las sobredosis en la zona.
“Cada uno de los acusados se declaró culpable de una de las dos acusaciones que en conjunto contenían 72 cargos de violaciones de la ley federal, que van desde conspiración para el tráfico de drogas y violaciones a las leyes de armas de fuego hasta el uso de teléfonos para fomentar el tráfico de drogas. Varios de los líderes y proveedores de la organización recibieron penas de diez años o más en una prisión federal (https://bit.ly/3J8sX8G)”.
Los sentenciados, la mayoría jóvenes, no eran hispanos, así que no podían ser estigmatizados como narcotraficantes de origen mexicano, tal como suelen hacer medios y autoridades estadunidenses. Bastaba leer sus nombres y apellidos: Tecontric Jackson (30 años); Darrell Jackson (48); Byron Jackson (29); Angelo Jackson (25); Timothy Long (40); Leon Green (33); Winferd Sherman (24); Antra Gore (38); Shaquan Hemingway (23, lindo apellido); Carl Green (45); Phillip Johnson (29); Tyshon Clifton (21); Tremayne Green (25); Mark Jackson (26); Devante Squires (27); Teraine Green (30); Alfredo Gore (43); Bradley Griffin (36); Monrail Miller (35); James Myers (33); Anthony Nealey (48); Tyruss Hemingway (21); James Riggins (44). Solo una mujer, Lisa García, la más grande de todos, de 50 años, tenía huella latina.
Jóvenes cien por ciento estadunidenses traficando drogas en Myrtle Beach y alrededores, lo cual es usual en el área. Por ejemplo, en un solo verano de cien días, el de 2019, la cadena local ABC 15 News documentó que en Myrtle Beach la policía tuvo conocimiento de 672 actividades relacionadas con las drogas, ya fuera en forma de posesión ilegal, tráfico o sobredosis de mariguana, cocaína, hongos alucinógenos, metanfetaminas y opioides (https://bit.ly/3J0MN5C). Un promedio de seis casos por día reportados por oficiales de la policía local, y eso fue de lo que se enteraron.
Dinero, drogas y cárteles gringos
Myrtle Beach es una ciudad costera en el este de los Estados Unidos, en el condado de Horry. Está en el centro de un tramo playero de casi cien kilómetros y 14 comunidades (urbes pequeñas) conocido como "The Grand Strand", ubicado en el noreste de Carolina del Sur. En el Atlántico, pues. Es uno de los principales centros turísticos de Carolina del Sur y de Estados Unidos, según se lee en sus páginas de promoción. Sus kilómetros de playas, sus más de 100 campos de golf (sí, 100) y cerca de 20 mil restaurantes (2,000 solo en Myrtle Beach, según presumen) atraen a más de 20 millones de visitantes cada año, lo que convierte a Myrtle Beach y la franja playera en uno de los destinos más visitados del país, ya que tiene 425 hoteles con 180 mil camas, de acuerdo a lo que dicen los grupos inmobiliarios y turísticos locales.
El área metropolitana de Myrtle Beach ha sido la segunda área metropolitana de más rápido crecimiento en Estados Unidos (cifras hasta 2018), con un alza de casi el 30 por ciento en la población, según la Oficina del Censo de Estados Unidos.
Ahí, no sobra decirlo con claridad, la derrama y la circulación de dinero es enorme y los potenciales consumidores de drogas se cuentan por miles y miles de jóvenes que acuden a sus centros comerciales, playas, y lugares de entretenimiento nocturno, por no hablar de la renta y fondeo de embarcaciones privadas para esparcimiento y pesca. Los comerciantes locales calculan en 57 mil los empleos que genera el turismo en el área que tiene “atracciones de clase mundial”.
¿Cuánto dinero corre por ahí? En cifras estadunidenses, de acuerdo al sector turismo local que cita datos de académicos:
“Coastal Carolina University estimates that locally, tourism provided more than $11.1 billion dollars in economic impact annually with another $2.2 billion in labor impact. The $11.1 billion in visitor spending in 2021 was up from $7.3 billion in 2020 — a 49 percent increase year over year. (Source: DK Shifflet Visitor Volume and Spending Study).”
Muchos dólares. El 67% de la población es blanca, el 13% negra, el 12% es latina, y el 2% asiática. Casi siete de cada diez lugareños son blancos, es un lugar de blancos con dinero y consumidores blancos, con el 62% de la población menor de 44 años. El ingreso medio para una familia es de $43,900 dólares, unos $830 mil pesos al año, casi $70 mil pesos por mes.
Y ahí, en esa zona de buena vida y recursos, hay un enorme mercado permanente y flotante que los narcotraficantes estadunidenses valoran. Por eso se asientan en el área, porque en momentos de turismo tienen miles de potenciales clientes: se estima que la población de Myrtle Beach pasa de menos de 40 mil a 350 mil en temporada alta de turismo.
Por eso la relevancia del caso Cedar Branch, ilustrativo de lo que ocurre en Estados Unidos cualquier día, cualquier mes, cualquier año, en cualquier condado de cualquier estado. El Fiscal Federal Corey F. Ellis comentó sobre el caso, en el que participaron numerosas agencias, como el FBI y la DEA:
“Esta operación desmanteló una empresa criminal violenta y puso a sus miembros tras las rejas”.
Una empresa criminal violenta. Un cártel, aunque allá les llamen pandillas, que no es otra cosa que un acto de negación a través de un eufemismo.
La Agente Especial del FBI a cargo del caso, Susan Ferensic, dijo:
“Esta sentencia significa el fin de esta organización narcotraficante”.
El fin de esta organización narcotraficante. De un cártel. Las cabezas de un cártel local completito, tal como en México tenemos cárteles locales en Guerrero o en Sinaloa.
¿A qué viene todo esto? A que los cuatro estadunidenses levantados en Matamoros hace unos días (Latavia McGee, Eric Williams, Zindell Brown y Shaeed Woodard) provenían de Myrtle Beach y alrededores, de acuerdo a indagatorias que se hacen en Estados Unidos y Tamaulipas. Los cuatro se aventaron un inaudito road trip de 2,425 kilómetros para llegar a esa ciudad fronteriza mexicana, un recorrido que implica 25 horas de viaje sin parar con la historia de que venían desde allá para que Latavia se hiciera una liposucción. Una coartada muy endeble que ya habían usado en una ocasión previa cuando también se desplazaron hasta Matamoros, y que se ya indaga en ambos países, porque hoy sabemos que… tres de ellos tenían antecedentes penales relacionados con drogas (https://bit.ly/3yueA9F) (https://reut.rs/3ZGzWwt).
Estados Unidos, a través de la Casa Blanca, del Departamento de Justicia y el Departamento de Estado, quiere desviar la atención sobre el hecho de que ese país tiene verdaderos cárteles gringos en su territorio, y por eso ha mantenido estos días el discurso de que ningún ciudadano suyo puede ser agredido en ningún lado, “bajo las circunstancias que sean”. Y justo ahí, en ese “bajo las circunstancias que sean”, que se traduce como “sin importar qué hayan hecho”, es donde se indaga si en realidad los estadunidenses llevaban dinero y armas desde Carolina del Sur hasta Matamoros, lugar donde a cambio recogerían drogas (fentanilo, cocaína) para distribuir en Myrtle Beach, pero… algo habría salido mal durante la operación y por eso habrían sido baleados (dos) y secuestrados (dos).
Lo demás, es diplomacia y narcomantas.
BAJO FONDO
Hay indagatorias en el sentido de que los cuatro estadunidenses no viajaron directo desde Myrtle Beach a Matamoros, sino que realizaron un alucinante recorrido hasta California y luego a Tamaulipas. Una vertiente de las investigaciones señala que habrían cruzado Estados Unidos desde Carolina del Sur hasta San Diego, unas 2,500 millas, más de 4,000 kilómetros. Y de San Diego hasta Matamoros, vía Brownsville, Texas, con otras 1,557 millas, que equivalen a más de 2,500 kilómetros. En total, más de 6,500, kilómetros, algo así como 54 horas y media de viaje, dos días y seis horas de viaje sin parar. Si hubieran conducido solo de día, unas doce horas por jornada, se trataría de cuatro días y medio de periplo. ¿Todo eso para una liposucción, como alegaron?
Ajá.
jp.becerra.acosta.m@gmail.com
Twitter: @jpbecerraacosta
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Ramos contra el Ejército
LINOTIPIA / Peniley Ramírez
en REFORMA, 11 Mar. 2023
Raymundo Ramos es un hombre de sonrisa pequeña y piel curtida por el sol. Le gusta escribir lo que piensa. Lleva años enfrentándose a la muerte en Tamaulipas, mientras dirige el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo y denuncia cuando el Ejército o la Marina asesinan a civiles.
También es uno de los activistas a quienes el Ejército ha espiado con Pegasus, un sistema de monitoreo que se usó con Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto y ha seguido usándose con Andrés Manuel López Obrador.
En agosto de 2020, Ramos envió datos a tres periodistas sobre unos jovenes, que estaban secuestrados en Matamoros y terminaron asesinados por el Ejército. Sedena dijo que eran "agresores reducidos", pero un video probó que eso era falso. Poco después, mandos militares convocaron a una reunión con el general secretario y le informaron lo que encontraron en el teléfono de Ramos, tras espiarlo ilegalmente.
Mis colegas de Proceso, Animal Político, Aristegui Noticias y R3D encontraron las pruebas del espionaje entre millones de documentos de la filtración Guacamaya. Lo publicaron esta semana.
Ramos me dijo que, en 2021, confirmó por primera vez que su teléfono estaba intervenido, pero el aparato llevaba tiempo actuando raro. Se ponía lento, se duplicaban los mensajes, había likes en sus redes sociales que él no había puesto, correos que desaparecían de su bandeja de entrada. En sus llamadas, oía ruidos extraños. Los escuché, cuando lo llamé esta semana. También veía gente vigilando su casa, o le tocaban la puerta de madrugada.
Esta semana, Nayeli Roldán, de Animal Político, le preguntó al Presidente si supo de esta intervención ilegal. "No, y les tengo confianza a los mandos. Saben muy bien que está prohibido el espionaje", respondió.
El espionaje, sin embargo, goza de cabal salud.
Durante los gobiernos de Calderón y Peña Nieto, México contrató Pegasus, que produce la corporación israelí NSO y se vende exclusivamente a gobiernos. La prensa lleva años documentando que Pegasus se usa para espiar a periodistas, activistas y opositores, no solo para investigar a delincuentes.
En México, el representante ha sido Uri Ansbacher. En 2021, el gobierno dijo que una empresa de Ansbacher hizo un fraude con un contrato. Es falso, respondió Ansbacher al diario israelí Haaretz.
Desde dos años antes, el gobierno había contratado a las empresas de Ansbacher para poner cámaras en penales, cambiar las computadoras del Instituto Nacional de Migración, y en varios estados, para servicios de seguridad.
Un día durante la pandemia, tras las primeras revelaciones de mis colegas sobre los contratos, hubo una redada en las oficinas del grupo en Polanco, me contaron exempleados. Policías acordonaron la oficina, impidieron a los trabajadores tocar nada y les preguntaban por las compañías. Poco después, vino un abogado, se arregló el problema y volvimos a trabajar, me dijeron. La solución tras "el problema" fue mudarse 200 metros en la misma cuadra, a un edificio de oficinas virtuales. Allí opera hoy Comercializadora Antsua, la nueva proveedora de Pegasus para el Ejército.
El sistema es similar a como funcionaron los contratos en el caso de Genaro García Luna: un empresario representa una empresa de seguridad en México, y el gobierno firma el contrato con el representante. Así ocurrió con la empresa Nice y su representante, Samuel Weinberg, el socio de García Luna, y así ocurre hoy con Ansbacher y NSO, los proveedores de Pegasus.
Le pregunto a Ramos por qué cree que se volvió un objetivo. "Por lo que denuncio", dice. Comenzó en 2010, cuando el Ejército asesinó a dos niños. Les llamaron víctimas colaterales. Luego, otros casos se suman. Ramos recita unos de memoria, aunque son muchos más: 47 personas desaparecidas por la Marina en 2018; una niña asesinada en un operativo militar, mientras iba al médico con su abuela, en 2021; ese mismo año, una mujer asesinada en su auto y abandonada por la Guardia Nacional; en febrero, cinco jóvenes masacrados por el Ejército en Nuevo Laredo.
Le pregunto cómo se siente. "Impotente", responde. "Soy yo contra el Ejército".
En un país de instituciones gigantes, es este hombre contra el Ejército. Y somos todos, para contar y divulgar su historia.
@penileyramirez
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