Las columnas políticas hoy, jueves 20 de abril de 2023
Magistrados, del Tribunal al viaje
Bajo Reserva/El UNiversal
Usted se preguntará por qué, ahora sí, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió de manera pronta el caso del presidente nacional de Morena, Mario Delgado, a quien dio la razón al declarar que es válido que él permanezca en el cargo hasta octubre de 2024. Nos dicen que la razón no fue cumplir con la obligación de impartir justicia de manera expedita, sino que hubo una razón más importante. Nos dicen que el magistrado presidente del Tribunal, Reyes Rodríguez Mondragón y la magistrada Janine M. Otálora Malassis tenían que salir de viaje a Nueva York, pues hoy deberán estar presentes en algunas reuniones en aquella ciudad de los Estados Unidos. Nos comentan que don Reyes y doña Janine no viajan solos, sino cada uno llevará a una “persona de apoyo”. En la sesión de ayer, el fallo se dio por cuatro votos a favor y dos en contra, estos últimos de la magistrada Otálora y del m
agistrado presidente Rodríguez. Votas y te vas, diría un expresidente.Falla celada contra la presidenta de la Corte
Nos cuentan que, ayer, en la antigua sede del Senado, en la calle de Xicoténcatl, todo estaba listo para la celada, por parte del oficialismo en contra de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, a quien querían increpar el fallo del máximo tribunal del país que por mayoría dio reversa al traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Los que organizaron la emboscada, nos dicen senadores de oposición, se quedaron con las ganas, pues doña Norma no asistió a la ceremonia solemne en la que se entregó la medalla Belisario Domínguez a la escritora y periodista Elena Poniatowska. El Poder Judicial estuvo representado por el ministro Alberto Pérez Dayán quien, muy tranquilo, y hasta sonriente, recibió la metralla verbal de la senadora morenista chiapaneca Sasil de León, quien por momentos lució nerviosa y balbuceante. Así las ceremonias republicanas y el desprecio a la figura de la galardonada.
Almirante y General cara a cara en el puerto de Veracruz
Nos comentan que mañana viernes, en la visita que realizará el presidente López Obrador al puerto de Veracruz, las miradas no estarán tanto en el Ejecutivo federal sino en el almirante José Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina, y en el general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional (Sedena), luego de que se confirmara la filtración del Pentágono de EU sobre las diferencias entre estas instituciones. Nos hacen ver que el almirante Ojeda y su dependencia llegarán fortalecidos al puerto, pues hablando en términos futbolísticos jugará en casa, pues el presidente López Obrador encabezará la ceremonia del 109 aniversario de la defensa del puerto ante la invasión del Ejército de Estados Unidos junto con decenas de marinos, además de que ayer, en la mañanera se informó que según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana 2023, la Marina es la institución a la que los mexicanos más confían sobre el Ejército y la Guardia Nacional. Eso sí, nos adelantan que, siguiendo su disciplina, lo más seguro será que los secretarios se conducirán de forma diplomática y mandarán el mensaje de que todo es paz y amor, aunque por debajo de la mesa haya una guerra.
“Alito” celebra fallo ¡a favor de Morena! Nos dicen que, quien ayer estaba más contento que Mario Delgado y Citlalli Hernández con el fallo del Tribunal Electoral, es el presidente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno. La mayoría de los magistrados de la Sala Superior votaron por respetar la reforma a los estatutos de Morena, como parte de la “autodeterminación” de los partidos políticos. La decisión del máximo tribunal electoral consideran en el PRI podría beneficiar al dirigente priista, quien enfrenta impugnaciones a los cambios estatutarios que le permiten extender su mandato hasta después de las elecciones presidenciales de 2024. En la sede priista de Insurgentes ya festejan lo que creen una jugada de tres bandas, en la que queda claro que los tribunales no tienen incumbencia en la vida interna de los partidos, mientras no se cometan violaciones a los derechos de los militantes. Habrá que estar pendientes, no sea que la bola de billar pegue en la banda equivocada.
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Cómo Morena mató a Financiera Rural/Carlos Loret de Mola
El Universa
Para aniquilar Financiera Rural, el presidente usó la receta infalible de la 4T: puso de director de una institución especializada a un tío de cariño de sus hijos, la volvió una herramienta para conseguir votos, otorgó masivamente créditos a quienes eran simpatizantes de Morena (aunque no fueran a pagar) y cuando el modelo reventó, le echó la culpa a la corrupción del pasado. La semana pasada, Andrés Manuel López Obrador oficializó la muerte de este organismo que se encargaba de dar créditos a productores del campo mexicano.
El Presidente dijo que cancelaba Financiera Rural para evitar que se extendiera la corrupción del pasado. En realidad la tuvo que desaparecer para tapar la corrupción del presente. Van los datos oficiales. Entre 2018 y 2020, la financiera aumentó casi 500% su presupuesto: pasó de 900 millones de pesos a 2,500 millones anuales. Sin embargo, la cartera de crédito se desplomó a la mitad: en el último año del sexenio de Peña Nieto fue de 63 mil millones de pesos mientras que el año pasado fue de 32 mil millones. Esta administración recibió una cartera vencida de 5 mil millones, el año pasado ya la tenía en 8,300 millones. Le dejaron un índice de morosidad de 7.9%; lo subió a 25.9%. ¿Por qué? Porque aumentaron los préstamos sin control con tal de conseguir votos, según me relatan fuentes dentro de la institución que me han explicado la situación para las varias entregas de estas Historias de Reportero en las que he abordado el tema.
Esta operación financiero-electoral que condujo al quebranto en Financiera Rural estuvo dirigida por Gabriel García, influyente senador morenista que en el primer tramo del sexenio se encargó de todos los programas sociales del obradorato y ahora trabaja en la aspiración presidencial de Claudia Sheinbaum, e instrumentada por Baldemar Hernández.
Si el compromiso de este gobierno realmente fuera con el combate a la corrupción, estarían investigando a García, a Baldemar, a Javier Delgado, que fue director antes. Estarían también investigando a los operadores de Baldemar —Isabel Montoya e Ignacio Gómez Trapala— señalados por contratar empresas incumplidas para proveerles del “core” bancario a un sobrecosto de 1000%: apostaron por una empresa aliada, usaron de fachada otras y adjudicaron el contrato a 800 millones de pesos. Hubo observaciones del Órgano Interno de Control pues el famoso “core” bancario valía en el mercado hasta 80 millones.
No sólo eso. Detrás de la muerte de Financiera Rural está también la intención de AMLO de apropiarse del dinero de los fideicomisos de las aseguradoras de la Financiera. Los seguros de la Financiera (Agroasemex, Fira, Firco) eran sanos: respaldaban y daban certidumbre a los créditos pues aseguraban el proyecto objeto del crédito y cubrían al deudor mientras iba pagando. Ahora son un problema porque estos fideicomisos se han ido reduciendo. Me explican que el gobierno los estuvo drenando para después desaparecerlos y desaparecer el dinero, que nunca se transparenta, como ya hizo el presidente con los fideicomisos de salud y seguridad, entre muchos otros.
¿Por qué están cerrando Financiera Rural? Para esconder la corrupción del obradorato que la condujo al quebranto.
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Estrictamente Personal
El laberinto de Adán Augusto/Raymundo Riva Palacio
El Financiero
La precampaña presidencial de Morena está tomando una fuerte tracción para conquistar el voto del único elector que vale, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Los aspirantes, a los que peyorativamente llama López Obrador ‘corcholatas’, no se sienten aún destapados y todos los días compiten en agitarse más y captar la atención y el interés del Presidente. La decisión de quién quiere que lo suceda está tomada, y recaerá en Claudia Sheinbaum, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, si es que no comete un error que la colapse.
La voluntad sobre el eventual plan B también está tomada por Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, quien, con menos recato que Sheinbaum o elegancia como el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quiere atraer reflectores que dibujen en su sombra la figura de López Obrador, aunque su cuerpo se desfigure y su imagen pública se pulverice. Después de todo, qué importa Morena y la gente, si quien decidirá su futuro es su hermano, como lo llama, el Presidente.
El secretario de Gobernación debería ser más inteligente y no comportarse como un elefante asustado. En los dos últimos días, como si fuera un niño de primaria saltando y gritándole al profesor desde la última fila para que le haga caso, escribió dos mensajes en Twitter pendencieros y torpes, que en su calidad de jefe del gabinete y responsable del gobierno para establecer relaciones políticas con los diferentes actores, sólo evita que sea llamado tonto por el hecho de entenderse que lo que hace es para ganarse la gracia de López Obrador.
En el mensaje publicado ayer, dijo que los “ministros de la Corte se convirtieron en constitucionalistas de ocasión, votando por intereses políticos más que por interés jurídico en contra de la seguridad del pueblo de México”. Se refería a la votación del martes en la Suprema Corte de Justicia, donde la mayoría rechazó que la Guardia Nacional pasara legalmente a la Secretaría de la Defensa Nacional. El alegato de quienes votaron a favor era muy simple: la propuesta del Presidente violaba el artículo 21 constitucional que establece que la seguridad pública deberá estar bajo el mando civil.
La reforma al 21 constitucional se hizo en 2019, con la mayoría hegemónica de Morena en el Congreso. No podría decir que esa Corte jugó bajo las reglas del juego de esos famosos neoliberales que son culpables hasta del Big Bang. En la Corte, los ministros no revisan si está bien o mal una ley, sino si es constitucional o no, como fue este caso. El secretario dice pensar de otra manera, y que el fallo va en contra de la seguridad de los ciudadanos, que es otro argumento baladí ante las últimas cifras oficiales, donde la incidencia delictiva subió ni más ni menos 175 por ciento entre febrero y marzo, y los secuestros en 52 por ciento. No es la Corte la que fue en contra de la seguridad, sino las políticas aplicadas por el gabinete de seguridad que, en forma, él debería de encabezar.
Un día antes, despotricó en la misma plataforma social al señalar que “el Inai es un lastre burocrático que poco o nada ha servido para evitar la corrupción y garantizar la transparencia”. No podría haber sido retóricamente más tramposo. El Inai forma parte de las instituciones democráticas de segunda generación que ha sido una pieza muy valiosa a lo largo de sus 10 años de vida como contrapeso del gobierno y mecanismo de rendición de cuentas. A través del Inai se pudieron conocer datos que, por ejemplo, establecieron la ilegitimidad de la ‘casa blanca’ propiedad del expresidente Enrique Peña Nieto o la llamada ‘estafa maestra’, sobre la presunta corrupción en la Secretaría de Desarrollo Social por unos 5 mil millones de pesos. El Inai es un mecanismo para evitar la corrupción, pero si las instituciones del gobierno que deben de sancionar no hacen nada, como sucede en el actual gobierno, donde la impunidad ondea en Palacio Nacional, no es esa institución la que está en falta, sino la autoridad.
En la carrera lacayuna por la candidatura presidencial, el secretario López está buscando consolidar un frente electoral en el sur del país, en Tabasco, donde gobierna su encargado de despacho, y en Chiapas, donde lo hace su cuñado. El Presidente lo ha puesto a competir y ha pedido a algunos dueños de medios de comunicación que le den espacio y lo impulsen, aunque no hay señales claras dentro de Palacio Nacional de que realmente lo esté considerando como una opción real, salvo que en una emergencia, en caso de que Sheinbaum no tenga el helio suficiente para contender exitosamente, entre al relevo como el Pascual Ortiz Rubio del siglo 21.
El gran problema que tiene el secretario es la frivolidad con la que actúa, política y personalmente. Del primer caso se puede utilizar un reciente ejemplo, cuando en una reunión con senadores de Morena les dijo cándidamente que López Obrador no quería que nombraran a los tres consejeros para que el Inai volviera a funcionar, sin pensar que, ante tantas personas, su torpe franqueza podría tener consecuencias. Del segundo, la tolerancia para que cercanos a él estén recolectando dinero que no necesariamente parecería que el destino sería su campaña, sino sus bolsillos, y el ojo alegre que algunos en el gobierno le han detectado en eventos públicos.
El secretario López se comporta en las formas y lo personal como un priista rancio, pero sin aplicar su escuela de la política, de la discreción, la prudencia, el lacayismo con moderación y, muy importante, no agraviar ni romper puentes, sino dejar siempre puertas abiertas para alcanzar los objetivos. Por eso sorprende el insulto a ocho ministros de la Corte, la cabeza del Poder Judicial donde él es el interlocutor del Ejecutivo, reduciéndose él mismo su capacidad de interlocutor funcional.
Obviamente no le importa nada de esto al secretario. Lo suyo es agradar al rey, aunque como bufón de la corte aún está quedando a deber.
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Coordenadas
¿Cuándo empezará a perder poder AMLO?/Enrique Quintana
El Financiero,
La historia política de México apunta a que los ciclos sexenales marcan como el punto más alto del poder del presidente el momento en el que elige a su sucesor.
Y, a partir de entonces, comienza a bajar rápidamente.
¿Cómo puede ser posible esto si en México tenemos una democracia?
La elección del sucesor del presidente en turno depende de lo que dicen las urnas. ¿No es así?
Sí y no.
En México tenemos un sistema político que frecuentemente no es entendido.
Hay quienes los ven como una ‘dictadura perfecta’ o una ‘dictablanda’, según la visión del analista que lo caracterice.
Cuesta imaginarse que, en estos tiempos, el presidente en turno nombre a su sucesor. Pero va a suceder.
Diversos presidentes del pasado dijeron que esa era la decisión más difícil de todo su sexenio.
Y aquella que marcaba un antes y un después.
Tras hacerse pública la designación del candidato, los balances del poder cambiaban radicalmente.
Pero… empezaron las alternancias.
La designación de Labastida como candidato fue el mayor fracaso de Zedillo.
Perdió poder desde entonces y, además, eligió a un candidato perdedor.
Seis años después, Fox eligió a Creel y Calderón le arrebató la candidatura, y, en medio de la peor crisis política de nuestra historia reciente, logró tomar el poder.
Pero Calderón fracasó. No pudo ni siquiera lograr que el PAN postulara al candidato que a él le gustaba para 2012.
Para el PAN, la elección de ese año, que entronizó a Enrique Peña, fue un desastre.
En 2018, la historia volvió a cambiar. Críticos, gobierno y partidos opositores, hicieron todo lo necesario para asegurar el triunfo de López Obrador.
Peña, en realidad comenzó a perder su poder desde 2014, cuando le estalló la crisis de la ‘casa blanca’ y el tema de Ayotzinapa. A diferencia del pasado, esa erosión no comenzó con el ‘destape’ de José Antonio Meade. Ya venía de tiempo atrás.
AMLO pensó que, con él, las cosas podrían ser muy diferentes.
Se estaba ejecutando la cuarta transformación de la vida pública del país y el cierre del sexenio no debía ser como los del pasado.
López Obrador sigue siendo el hombre más poderoso del país. No nos equivoquemos.
No solo no ha soltado las riendas del poder, que ejerce de manera estricta, sino que impone su visión a su clientela, con una fuerza cada día mayor.
Y con eso le basta para estar en los cuernos de la luna, con una aprobación cómoda que podría permitirle ganar una elección presidencial.
La historia, sin embargo, no está escrita.
En un contexto en el cual Morena pudiera no ir como un grupo plenamente integrado y coincidente, hay riesgo de que la elección del sucesor no salga como la tiene pensada AMLO.
El Tribunal Electoral, ayer, respaldó que Mario Delgado se quede en la dirigencia del partido hasta 2024.
Y, hay que respaldar la decisión. No se puede apoyar el Tribunal a contentillo.
Apoyarlo es el recurso para asegurar que su fuerza continúe aún para 2024.
Pero, regreso al argumento.
El poder de AMLO está hoy en su cenit.
Y con todo y ello, ya no puede instruir a la Corte a que siga su instrucción o hacer su voluntad en el INE.
Así como este gobierno empezó a mandar meses antes de tomar posesión, también pareciera que la erosión de su poder puede ocurrir antes de lo usual.
Y va a ser peor al final de este año, cuando ya exista un candidato o candidata presidencial que atrape las expectativas.
Viene la parte más complicada de esta administración, complicada para todos.
Tendremos un gobierno que pierde poder, pero que no va a dejarlo hasta el último día.
El reto es llegar sanos y salvos al final de septiembre de 2024.
Falta 502 días. Es una inmensidad.
Sí, el presidente puede estar perdiendo poder, pero hay muchas cosas que aún puede hacer.
Quienes vivimos los sexenios de Echeverría o López Portillo, lo sabemos perfectamente.
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El pacto Sheinbaum-Montiel-Blanco/Salvador García Soto
El Financiero
En su campaña ya totalmente abierta por la candidatura presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum está arrojando la casa por la ventana en la promoción y posicionamiento de su imagen para ganar la encuesta interna del partido oficial. Lo mismo con la realización de giras, eventos y reuniones por todos los estados de la República, que con la contratación de conciertos masivos en el Zócalo, como el que presentará a la popular cantante española Rosalía el próximo 28 de abril de manera gratuita, la jefa de Gobierno avanza cada vez más en su estrategia de generar percepción sobre su condición de “favorita” en el proceso interno del partido oficialista, cuya convocatoria se emitirá en tan solo dos meses.
Pero como en una campaña no todo es imagen, y más cuando lo que se busca es la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum también está haciendo acuerdos, alianzas y pactos estratégicos no sólo dentro, sino también fuera de su partido. Uno de esos pactos es el que estableció con la secretaria de Bienestar del gabinete federal, Ariadna Montiel, y con el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, con quienes negoció un acuerdo de apoyos mutuos en los que la funcionaria federal y el mandatario estatal se comprometen a apoyar su proyecto al 2024, mientras ella impulsará las aspiraciones de Montiel a la Jefatura de Gobierno de la CDMX y las de Cuauhtémoc Blanco para la alcaldía Cuauhtémoc.
De acuerdo con información que proporcionan fuentes cercanas a esos acuerdos, el pacto Sheinbaum-Montiel-Blanco se habría sellado a finales de marzo, luego de que los tres coincidieron en el evento del registro como candidata a gobernadora de Delfina Gómez, que tuvo lugar el pasado 27 de marzo en el Estado de México. Ese día los tres aludidos, junto con un amplio grupo de gobernadores, funcionarios, diputados, dirigentes y senadores acudieron a la sede del Instituto Electoral Mexiquense para arropar a la abanderada de Morena, que busca romper y arrebatar para Morena el último gran bastión del PRI.
Según comentan, el evento sirvió para que la jefa de Gobierno estableciera una serie de acuerdos y entendimientos para apuntalar el apoyo a su candidatura presidencial por parte de la titular de los programas sociales del gobierno federal, además de sumar también a su proyecto al gobernador morelense. A cambio, Sheinbaum ofreció que la estructura del gobierno capitalino apoyaría las aspiraciones de la secretaria Ariadna Montiel para ser candidata a la Ciudad de México, mientras que a Cuauhtémoc Blanco le propuso impulsarlo para ser alcalde de Cuauhtémoc, de donde él es originario.
Dicho pacto, de acuerdo con los enterados, incluye una estrategia mediática para que la jefa de Gobierno aparezca en las actos y eventos de entregas de apoyo de programas sociales en Morelos, como promotora y gestora de los recursos a la población que otorga la Secretaría del Bienestar a través de la estructura de los Servidores de la Nación. También, Sheinbaum habría pedido a Ariadna Montiel que remueva de su cargo a Jonathan Alegría, actual administrador de las obras de Infraestructura Social del Ramo 33 en el estado de Morelos, bajo el argumento de que ese funcionario de la Secretaría del Bienestar apoya a Marcelo Ebrard.
Por su parte Cuauhtémoc Blanco habría pedido que se le garantice la posibilidad de participar como aspirante en la Ciudad de México y, aunque en el pacto se habló de postular al oriundo del barrio bravo de Tepito como candidato a alcalde de la Cuauhtémoc, él pidió que Sheinbaum lo apoye para poder figurar también en la encuesta que se levantará para definir candidato o candidata a la Jefatura de Gobierno y, si no logra despuntar en esa posición, ir como segunda opción a buscar la mencionada alcaldía.
En fin que, en ese pacto de tres, la más beneficiada parece ser sin duda la Jefa de Gobierno porque logra el apoyo de una secretaria de Estado, que además maneja el presupuesto más grande de las dependencias federales con casi 600 mil millones de pesos asignados a los programas sociales para este año, y de un gobernador que le ofrece respaldar su proyecto en su estado, cuando ella está ya prácticamente encarrilada como “corcholata” favorita para la candidatura morenista en el 2024, mientras que los otros dos integrantes del acuerdo solo reciben compromisos de apoyo, pero ninguno tiene la garantía total de que Sheinbaum podrá hacerlos candidatos a los puestos que buscan en la capital.
Por lo pronto, lo que está claro es que el juego de las corcholatas morenistas ya pasó a un segundo nivel de estrategia en donde ya no sólo buscan el reflector mediático y de las redes, sino que también están pactando, haciendo compromisos y acuerdos que no sólo les beneficien a ellos, sino que de paso le metan zancadilla, le resten apoyos o les bloqueen alianzas a sus contrincantes internos. Es decir que mientras por arriba se sonríen, se palmean y se juran unidad, por debajo de la mesa la lucha interna en Morena, por el 2024, se vuelve cada vez más sucia y cruenta.
NOTAS INDISCRETAS…
Y hablando de Morena, ayer el dirigente nacional Mario Delgado respiró aliviado cuando el cuarto voto de los magistrados electorales rechazó el proyecto de la magistrada Janine Otálora que proponía invalidar la prolongación de su dirigencia, que concluye formalmente en agosto próximo, para alargarla hasta pasadas las elecciones presidenciales del 2024. Y es que, aun cuando hubo cabildeos, lobbying y hasta presiones y amenazas a los 7 integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no había garantías de que se reunieran los votos necesarios para rechazar el proyecto de Otálora. Porque así como Delgado y Citlali recibieron el apoyo del oficialismo, que echó a andar una estrategia de presión mediática y en redes contra los magistrados, también el grupo que encabeza la llamada “Convención Nacional” de Morena, liderado por el académico John Ackerman y por la extitular de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, hicieron su parte y estuvieron cabildeando intensamente la valoración de su queja por parte de los magistrados electorales. Al final, el voto que inclinó la balanza y le dio legitimidad a la ampliación de mandato de Delgado, fue el del magistrado Felipe de la Mata, quien se sumó a los votos de sus compañeros Indalfer Infante, Felipe Fuentes y José Luis Vargas, para formar mayoría, mientras que a favor del proyecto que pedía invalidar la moción morenista sólo votaron la autora, Janine Otálora, y el magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón. La magistrada Mónica Soto estuvo ausente de la sesión. Así que Mario y Citlalli se quedan y serán los encargados de organizar y definir no sólo el proceso interno por la candidatura presidencial, sino todas las candidaturas a diputados, senadores y gobernadores y alcaldes de Morena que se elegirán en el 2024. Como diría Antonio Espino “Clavillazo”: “¡Nomáaas!”… Y hablando de presidenciables, al que le dieron ayer su destapada como “corcholata” del PVEM fue al senador chiapaneco Manuel Velasco. Y es que a raíz de que apareció en la portada de la revista “Líderes” con una foto con bastante photoshop y de que le dio una entrevista a esa publicación sobre su “Proyecto de Nación”, ayer la dirigente nacional de los Verdes, Karen Castrejón, subió un hilo en Twitter en el que comenta que su partido “debe privilegiar de cara al 2024 la construcción de una agenda verde, donde la militancia y los mexicanos nos sintamos representados e identificados”. Luego, la lideresa formal elogia y repite los comentarios y planteamientos del coordinador de los senadores verdes para concluir con un “en el Partido Verde hacemos nuestro el llamado del senador Velasco a la unidad y concordia de México”. Si eso no es un “destape”, que nos digan qué es. Claro que para haber dicho todo eso, Karen, que solo es la dirigente formal, porque todos los verdes y los no verdes sabemos que quien manda realmente en ese partido-franquicia se llama Jorge Emilio González, le apodan el “Niño Verde” y vive en Cancún para mayores señas (o más bien Cancún es de él para ser precisos) debió tener línea directa desde el caribe mexicano. En fin, que Manuel Velasco puede ser la carta con la que los verdes jueguen y negocien para el 2024. Y si Morena quiere que sean sus aliados y vayan con ellos de nuevo a la elección presidencial, o cumplen las condiciones del partido del tucán, o en una de esas el hasta ahora aliado de Morena decide lanzar a su propio candidato presidencial, que ya tiene nombre y apellido… Los dados chocan. Capicúa. Repetimos el tiro.
#No a la militarización de la seguridad pública ¡Habemus SCJN!/Por FRED ÁLVAREZ PALAFOX
La Silla Rota, 19/4/2023 · 22:04 hs
La Ley es como el amor...."No acierta ni se equivoca". –W. H. Audem, poeta británico.
Con ocho votos a favor y tres en contra, el máximo tribunal constitucional, nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) echó abajo las propuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a la militarización del país, que dejó plasmadas en cuatro leyes secundarias, a saber: la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley de la Guardia Nacional (GN); Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 9 de septiembre de 2022.
Afortunadamente legisladores de la oposición se opusieron y presentaron una acción de inconstitucionalidad que la corte le dio entrada con el registro 137/2022, y donde simplemente dijeron que el decreto implica una fraude un ruptura del orden constitucional por trastocar la garantía de adscripción civil de la GN, con lo que se militariza una institución que la Constitución conceptualizó como de carácter civil. No es posible la transferencia operativa y administrativa de la GN a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Días después, en octubre del año pasado, el asunto le llegó a Juan Luis Alcantará y Carrancá quien le dio entrada: “se tiene a los promoventes por presentados con la personalidad que ostentan y se admite a trámite la acción de inconstitucionalidad que hacen valer”; solicitó que se remitan a la Corte copia certificada de los documentos que acreditan su personalidad jurídica como integrantes de la Cámara alta.
El recurso legal quedó bajo el expediente 137/2022.
En aquel tiempo, la jueza de distrito en Guanajuato, Karla María Macías, otorgó una suspensión definitiva al decreto, con ello se frenó de forma indefinida la transferencia del control operativo y administrativo de la GN a la Sedena, al tiempo que ordena devolver el control de este cuerpo de seguridad pública a la Secretaría de Seguridad Pública. (SSPC).
Entonces su nombre salió a relucir en la mañanera.
El Ministro Ponente hizo pública su sentencia.
Hasta que el martes 11 de abril, el ministro ponente hizo público su proyecto de sentencia mediante el cual resuelve la acción de inconstitucionalidad "Resulta inconstitucional el traslado administrativo, presupuestario, orgánico, funcional y de mando que el Decreto impugnado, a través de los artículos analizados en este apartado, realiza”.
En su resolución, dejó en claro que “la actuación militar en tareas de seguridad pública debe ser estrictamente excepcional” y que “ninguna autoridad militar puede inmiscuirse en labores de seguridad pública que la Constitución Federal consagra, en exclusiva, a autoridades civiles”.
“Sólo ante una habilitación constitucional o bien, derivada de la activación del procedimiento de restricción o suspensión de los derechos y las garantías previsto en el artículo 29 constitucional –léase estado de excepción–, la Fuerza Armada permanente puede colaborar en labores de seguridad pública.
(Comentario del 11 de abril La Guardia Nacional debe ser civil: Ministro Alcantara)
https://www.youtube.com/watch?v=1raDsISzk-Q
Un día después, en la mañanera, AMLO les dijo a los ministros que la "lo piensen bien porque, si declaran inconstitucional la ley de la materia (...) va a ser un grave error, un error garrafal (...) sería muy irresponsable, es, de veras, un daño al país".
Pero comentó que "vamos nosotros en el tiempo que nos queda, de todas formas, a cuidar que no se eche a perder".
“Entonces, aquí vamos a ver qué resuelven en la Corte”, comentó.
El proyecto fue sometido a discusión de los ministros esta semana, y ocurrió el milagro, se consiguieron los ocho votos necesarios, y ello generó un buen ambiente y esperanza en la ley; estuve presente en un foro y cuando la gente se enteró de la decisión hubo muestras de júbilo con un "sí se pudo , sí se pudo", en tanto que de los seguidores del presidente fue de agresión a los ministros valientes.
El golpe del ministro ponente fue certero. En el fondo confieso que tenía dudas de que se consiguieran los ocho votos; vi las dos sesiones y leí la defensa pueril, más bien el galimatías jurídico del ministro Arturo Záldivar al intentar defender lo indefendible...
"No hay que confundir la secretarías de la Defensa y de Marina, como el Ejército, la Fuerza Aérea o la Armada, ni la Defensa es el Ejército, ni la SEMAR es la Armada de México; las primeras son instituciones civiles pertenecientes a la Administración Pública Centralizada, cuya función es la organización, administración y preparación de las segundas, que son la Fuerza Armada permanente y el hecho de que un general de división en activo y un almirante dirijan, respectivamente, tales Secretarías, es una exigencia contingente que se encuentra regulada en las leyes respectivas, pero no a nivel constitucional..."
No vale la pena leer lo que dijo Záldivar. Sólo que algo le pasó, se perdió en la 4T.
¡Lástima!
El tema ocupó los noticieros, las redes y las ocho columnas de casi todos los medios; Reforma, Milenio, Excélsior, La Razón, 24 Horas, La Crónica, El Sol de México, El Heraldo, y La Jornada le dio la Contraportada.
La reacción en Palacio Nacional
El c. Presidente López Obrador emitió un posicionamiento de cinco puntos, de entrada acusó que la decisión de los ministros de la Corte –salvo 3 excepciones–, fue la de que actuaron de "manera facciosa" y "no con criterio jurídico, sino político, defendiendo las antiguas prácticas del régimen autoritario y corrupto caracterizadas por la injusticia, el contubernio y la subordinación de las autoridades a la delincuencia organizada y a la delincuencia de cuello blanco".
Dijo que los ministros "están al servicio de las cúpulas del poder y no de la mayoría del pueblo de México (...) Su conservadurismo es supino, notorio, de dominio público, cada vez se desnudan más, se despojan de sus disfraces".
Instruyó a Rosa Icela Rodríguez, a quien la ley le regresa el control operativo y financiero de la GN, a dejar en el cargo al General David Córdova Campos, debido a su "buen desempeño"; el divisionario tomó protesta ante la secretaria de seguridad el pasado mes de enero en el Campo Marte sustituyendo en el cargo al General Rodriguez Bucio, quien pasó a ser subsecretario de Seguridad Pública.
La decisión de la Corte ayer fue de que la Sedena no puede proponer al titular de la GN ya que ello, a decir del ministro Alcántara "pone en tela de juicio el carácter civil de la GN”.
AMLO le ordenó en la mañanera a Rosa Icela, como tercer punto, que haga un recorrido por todos los cuarteles de la GN para informar a los 130 mil elementos que la integran, que mantendrán sus salarios, prestaciones y ascensos, al igual que los integrantes de las Fuerzas Armadas.
Y subrayó en el punto cuatro que la GN "continuará recibiendo la orientación, formación profesional y respaldo por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional", agrega que "la Constitución establece que tanto la Secretaría de la Defensa como la Secretaría de Marina pueden ayudar en tareas de seguridad pública, y necesitamos unir voluntades, esfuerzos, recursos, para proteger a los mexicanos, eso es fundamental y es prioritario".
Como punto final anunció que el primero de septiembre del 2024, en su último informe de gobierno presentará una nueva iniciativa para insistir en que la Guardia Nacional dependa de la Defensa Nacional...
Agregó que espera con toda su alma que el nuevo Congreso, que será elegido tras las elecciones del 2024, sea de mayoría de su movimiento para que esa iniciativa pueda ser aprobada como prioridad. López Obrador quiere dejar la militarización antes de irse de Palacio a su rancho en Palenque, Chiapas.
Precisó que "va a depender de que el pueblo decida votar, no sólo por un candidato de nuestro movimiento, candidata o candidato, sino también, que es muy importante, por los legisladores candidatos", AMLO pidió hoy lograr mayoría absoluta, "para que, antes de que me retire, pueda yo dejar esta reforma constitucional que es importantísima, porque es un blindaje para que no vaya a suceder lo que se padeció, de que la seguridad pública estaba en manos de la delincuencia".
Confieso que pensé en el fondo que ante la decisión histórica que tomaron ocho ministros llevaría a que el presidente fuera más duro y saliera con la narrativa de que hay que desaparecer la institución –le gusta hacerlo… ya se vió con Notimex, Financiera Rural y otras más–. pero no. De hecho es difícil sin el control de las cámaras legislativas, y más allá de su posicionamiento excesivo debo decir que me gusto que al final dijera "vamos a cumplir con lo que resolvieron los ministros de la Corte, pero, al mismo tiempo, pues vamos a ejercer nuestros derechos y facultades".
Muy bien, fuera máscaras, López Obrador quiere el control absoluto de las instituciones democráticas.
¡Muy difícil que lo consiga!, y sí… tiene millones de seguidores, pero no le alcanzará. En 2021 perdió gran parte de su apoyo que tuvo en 2018, aun sin polarización.
Y aunque Morena gane de nuevo Palacio Nacional, percibo que perderá ambas cámaras, No la tiene fácil, y más desapareciendo instituciones como Financiera Rural.
Está sentido el presidente y no le quiero descomponer la fiesta, pero le pueden dar otro palo. Recordemos que los efectos de la resolución serán determinados durante la sesión del Pleno de mañana jueves.
En la sesión plenaria del martes la ministra Norma Piña comentó que este jueves se verán los efectos de la resolución "en función de las consecuencias específicas que comentaron los ministros. ¿Está usted de acuerdo, Ministro (Ponente)?”
“De acuerdo, Ministra. Y agradeciendo a todos su participación y, sobre todo, que es un tema muy importante para el país. Muchas gracias”.
PD1: Se ve muy mal que el secretario de Gobernación emita un tuit al final de la mañanera dándole un golpe a los ministros que votaron el tema:
Reproduce lo que dijo su jefe, se le olvida que es el secretario de Gobernación, y no jefe de un partido político.
¡Para la historia inmediata!
PD2. Llama la atención el posicionamiento del ministro Ortiz Mena al pedir una reglamentación al legislador. Dijo ayer al pedir la palabra: "A mí, los efectos propuestos me generan inquietudes. Frente al problema de qué hacer con los artículos declarados inconstitucionales en distintas de sus porciones, el proyecto nos propone rechazar extender la invalidez sobre la integridad de éstas y, por el contrario, nos sugiere suprimir, para lograr —como dice el proyecto— una legislación sin vacíos, operativa y que otorgue certeza jurídica distinta a la pensada por el legislador, pero consistente con el parámetro de control. Ello, con la excepción de una única reviviscencia propuesta; sin embargo, en mi opinión, al declararse la inconstitucionalidad de sus porciones normativas, se presentan diversos escenarios que necesitan una transitoriedad, desde mi punto de vista, que deben de ser reglamentadas por el legislador.
En efecto, se necesitaría determinar la asignación de recursos financieros, el control administrativo, determinar el destino y permanencia del capital humano y, en general, cómo estructurar la Guardia Nacional con un mando civil, lo que, insisto, implicaría la exigencia de reglamentar un nuevo régimen de transición".
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