Si hubo desvíos en Segalmex, la FGR va contra varios menos contra Ovalle.

Si hubo desvíos en Segalmex, la FGR va contra varios menos contra Ovalle.

Mmm.

En el caso de corrupción y desfalco en Segalmex hubieron desvíos por 9 mil 500 millones de pesos, hay 100 denuncias en la FGR y el Presidente  López Obrador sigue diciendo que Ignacio Ovalle, ex titular del organismo, fue engañado.

AMLO presentó un informe sobre el caso de corrupción y dijo que sus adversarios exageran al decir que los desvíos son por 15 mil millones de pesos.

"Vamos a aclararlo, que se conozca bien porque también nuestros adversarios ya vuelan, cuando se trata de estos asuntos porque cree el león que todos somos peludos o cree el león que todos somos de su condición. Entonces ya exageran sobre la cantidad de lo defraudado y no quiero que tengan ningún elemento", afirmó.

"El Gobierno que nosotros representamos por mandato del pueblo es un Gobierno honesto, y repito, no vamos a ser rehén de nadie, y es cero corrupción y cero impunidad".

El Secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo, informó que los actos de fiscalización dieron lugar a observaciones por 9 mil 500 millones de pesos, de los cuales 6 mil fueron señalados por la Función Pública y 3 mil 500 por la Auditoría Superior de la Federación.

Los recursos recuperados por el Gobierno son 809 millones de pesos. 

En tanto, la FGR tiene 100 denuncias por el caso de corrupción y desfalco en Segalmex, informó Alfredo Higuera Bernal, titular de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada.

En esas 100 denuncias están implicadas 87 personas.

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 Versión estenográfica. Conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador del 29 de junio de 2023

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy buenos días. Ánimo, ánimo.

Bueno, vamos a informar hoy sobre el fraude en Segalmex. Es un hecho muy lamentable, es el caso de corrupción más escandaloso y considero que el único que hemos enfrentado durante nuestro gobierno, y como no queremos que quede ninguna mancha… Porque este gobierno no permite, no tolera la corrupción ni la impunidad porque somos distintos, no pertenecemos a los neoliberales o neoporfiristas, cuyo distintivo principal ha sido la corrupción, y no queremos que esto se quede sin ser aclarado completamente.

Nos dolió mucho este fraude. Cuando me informaron, di la instrucción de inmediato que se presentara la denuncia en la fiscalía, desde el inicio. Y me dolió porque se trata de un sistema que creamos para establecer los Precios de Garantía, o restablecer precios de garantía que se crearon durante el gobierno del general Cárdenas, y luego se eliminaron con el periodo o durante el periodo neoliberal. Pero son precios de garantía para pagar bien a los productores del campo, sobre todo a los productores de maíz, de frijol, de arroz, de leche, para esto se creó Segalmex.

Y también para seguir fortaleciendo el sistema de tiendas campesinas, que hay miles en las comunidades marginadas, y se llevan mercancías, alimentos, a precios justos. También, este sistema incluye las lecherías, que venden a precios bajos la leche en pueblos y en colonias marginadas.

Es un programa muy bueno, mucho muy bueno. Entonces, quien es nombrado para ocuparse de este sistema, Ignacio Ovalle, se confía, comete el error de llamar a participar a gente con malos antecedentes, a corruptos, y lo engañan y empiezan a hacer compras con empresarios corruptos, pagando sobreprecios.

Pero también estos funcionarios, como era antes, empiezan a colocar dinero público en bonos, como casas de bolsa, en donde supuestamente les ofrecían más intereses por tener ahí el dinero, cuando eran empresas creadas para robar. Así, no sólo en el caso de Segalmex, sino de gobiernos estatales, que colocaron el dinero en este tipo de instrumentos, y pues hubo un desfalco.

En el caso de estas cajas de bonos, como sí tiene que ver con el sistema bancario-financiero, sí hemos podido recuperar los recursos, pero están en proceso todavía otros asuntos, otras denuncias. Hay ya detenidos, hay gente prófuga, pero no vamos a dejar el tema, que se conozca bien.

Porque también nuestros adversarios ya ‘vuelan’ cuando se trata de estos asuntos, porque cree el león que todos somos peludos o cree el león que todos somos de su condición, entonces ya exageran sobre la cantidad de lo defraudado y no quiero que tengan ningún elemento.

El gobierno que nosotros representamos por mandato del pueblo es un gobierno honesto y, repito, no vamos a ser rehén de nadie. Y es cero corrupción y cero impunidad. Entonces, vamos a aclarar y le pedí a los que están ayudándonos a que se expusiera el caso, cómo vamos.

También, aquí surgió, y teníamos compromisos de darlo a conocer porque no vamos a ocultar nada, la vida pública tiene que ser cada vez más pública, entonces vamos a darle la palabra al maestro Roberto Salcedo Aquino, que es secretario de la Función Pública, para que él introduzca.

ROBERTO SALCEDO AQUINO, SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA: Respecto del estado de las observaciones que hemos informado y que fueron determinadas por la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de las cuentas públicas 2019 y 2020, es necesario hacer algunas aclaraciones:

Primero, la cifra de 15 mil millones que se ha manejado recientemente en la opinión pública como los presuntos montos de irregularidades no es precisa y no tiene fundamento. Como se informó a ustedes en agosto del 2022, los actos de fiscalización dieron lugar a observaciones relacionadas con nueve mil 500 millones de pesos, de los cuales seis mil fueron señalados por la Secretaría de la Función Pública y tres mil 500 por la Auditoría Superior de la Federación.

Es importante puntualizar que las observaciones resultantes de un proceso de fiscalización son señalamientos que el ente auditado debe aclarar, por lo que esas observaciones no pueden ser consideradas daños patrimoniales hasta en tanto no se hubiesen agotado las instancias previstas para su aclaración, documentación o resarcimiento daños. Esto es así porque las observaciones son conclusiones preliminares de lo que los auditores tuvieron a la vista y que requieren mayor información, evidencias, aclaraciones y precisiones para solventarla o para dejar en firme una presunta responsabilidad.

El monto de los nueve mil 500 millones proviene de los resultados de las auditorías de 2019 y 2020, y son hallazgos que están en proceso de análisis en las instancias competentes.

Las evidencias adicionales aportadas por las tres entidades se analizan caso por caso para esclarecer si las observaciones que se determinaron en su momento no fueron puestas a disposición de los auditores, los documentos justificativos y comprobatorios del gasto, o porque corresponden a presuntas irregularidades que pueden constituir faltas administrativas o actos delictivos.

Segalmex, Liconsa y Diconsa están recopilando evidencias para aclarar las observaciones, pues la información estaba dispersa en las diferentes oficinas de estas tres entidades en los estados de la república.

Es así que la auditoría y la Secretaría de la Función Pública han recibido información, en el caso de la Función Pública de dos mil millones de pesos de los seis mil millones de pesos observados, cuya procedencia de esta nueva documentación que hemos recibido está en análisis y dictaminación. Asimismo, la Auditoría Superior ha recibido otras evidencias en relación con las observaciones pendientes de atender. Se espera que con la documentación aportada el monto de los nueve mil 500 millones pueda bajar sustantivamente.

Todo lo que no se aclare dará lugar a un proceso de investigación, con objeto de determinar si existieron faltas administrativas graves que serán turnadas al Tribunal Federal de Justicia Administrativa o probables hechos ilícitos que, en su caso, se convertirán en denuncias penales que serán presentadas ante la Fiscalía General de la República.

En esta fase de investigación se encuentran 37 expedientes en la Función Pública.

En consecuencia, los montos observados no pueden ser considerados todavía como daños patrimoniales hasta que se emita la resolución por parte de la autoridad competente.

Por lo que corresponde a los resultados de la fiscalización de la Cuenta Pública 2021, la auditoría emitió observaciones, cuyo monto no puede ser sumado a los nueve mil 500 millones ya que forman parte de un proceso que aún no concluye, esto es así porque no se han agotado todas las etapas previstas en la normativa para que las entidades fiscalizadas puedan documentar, aclarar o solventar las observaciones dadas a conocer este año por el Órgano Superior de Fiscalización.

La norma obliga a seguir el debido proceso hasta que la autoridad competente resuelva sobre las evidencias presentadas. Mientras tanto, las entidades pueden y deben aclarar los hallazgos. Lo observado no es sinónimo de daño patrimonial, sino del inicio de un proceso de seguimiento.

La explicación es que los resultados de la fiscalización de la Cuenta Pública 2021 fueron publicados en febrero de este año. Lo entes auditados tuvieron 30 días hábiles para entregar información y documentación. Concluido ese plazo, se inició el periodo de 120 días hábiles durante la cual la Auditoría Superior de la Federación analiza las documentales recibidas y, en su caso, solicita información adicional con objeto de tener todos los elementos necesarios para la solventación o no de lo observado.

Este periodo de la Cuenta Pública 2021 concluirá a mediados de octubre de este año, por lo que todas las observaciones derivadas de la revisión de esa cuenta se encuentran dentro de los plazos legales para efectuar las aclaraciones pertinentes.

Finalmente, las tres entidades realizan esfuerzos importantes para atender las observaciones tanto de la Auditoría Superior como de la Función Pública. A la fecha, han entregado alrededor de un millón 200 mil documentos para atender las observaciones y se está en análisis de estos documentos, que pueden ustedes también consultar en la página de transparencia de Segalmex.

El estado que guarda ya la sustentación de los expedientes y la judicialización lo explicará el procurador fiscal de la federación y el fiscal especializado en Materia de Delincuencia Organizada.

FÉLIX ARTURO MEDINA PADILLA, PROCURADOR FISCAL DE LA FEDERACIÓN: Muy buenos días. Con su venia, señor presidente.

Por instrucción presidencial, en enero de 2022 se creó un grupo de trabajo intersecretarial conformado por la Secretaría de Gobernación, Hacienda, Seguridad, Función Pública, Agricultura y Segalmex, coordinado por la Procuraduría Fiscal de la Federación. Este grupo de trabajo tiene el objetivo de colaborar en fortalecer los expedientes sobre los actos de corrupción en Segalmex, detectar modus operandi y aportar información. A la fecha, hemos celebrado 65 reuniones de trabajo.

El grupo intersecretarial coadyuva con el Ministerio Público de la Federación para obtener las pruebas que sustentan las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República, las cuales habían sido ocultadas en las oficinas de Segalmex en todo el país y que se han obtenido por medio de un gran esfuerzo de localización.

De esta manera, combatimos los intentos corruptos por ocultar la verdad y obstruir la justicia. Un ejemplo de ello es el millón 200 mil documentos y facturas que Segalmex logró recuperar en todo el país, ya que los originales fueron sustraídos dolosamente de los archivos centrales para impedir que las denuncias pudieran sustentarse.

El grupo de trabajo ha coordinado la presentación de 69 denuncias ante la Fiscalía General de la República, de la cuales 55 fueron presentadas por Segalmex, Diconsa y Liconsa, cuatro por la Procuraduría Fiscal de la Federación, nueve por la Unidad de Inteligencia Financiera y una por la Secretaría de la Función Pública. Con ello, buscamos que se persiga y se sancione a los responsables que cometen delitos relacionados con el uso ilícito de atribuciones y facultades, defraudación fiscal, captación irregular de recursos, enriquecimiento ilícito, peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y también delincuencia organizada.

Por dichos delitos, a la fecha se han denunciado 87 personas, 41 exservidores públicos y 46 dueños, socios, representantes, accionistas y abogados de empresas vinculados a estos hechos delictivos, actuamos con firmeza, seriedad y responsabilidad, apegados a la instrucción presidencial de cero impunidad y cero corrupción.

Cabe señalar que los montos denunciados por parte del grupo de trabajo al momento ascienden a cuatro mil 900 millones de pesos. Dentro de los expedientes que han sido investigados se encuentran el uso ilícito de atribuciones y facultades, y el desvío de recursos públicos por realizar inversiones bursátiles de alto riesgo, como ya se ha mencionado por 800 millones de pesos; en otras palabras, se le denunció por compra de bonos basura, papel sin valor con dinero público.

Como ya se informó, el dinero fue recuperado y reintegrado en su totalidad, así como parte de los intereses, los intereses restantes están en proceso de recuperación. Es importante enfatizar que, sin este esfuerzo coordinado, nunca se hubiese podido obtener las pruebas para proceder penalmente en contra de los responsables, intentaron ocultar la información, pero no les fue posible.

El presidente de la República ha sido claro al asumir el reto de que nunca más se desvíen recursos públicos, recursos del pueblo de México para satisfacer intereses privados.

ALFREDO HIGUERA BERNAL, TITULAR DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE DELINCUENCIA ORGANIZADA, FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (FGR): Muy buenos días a todas y a todos. Gracias, señor presidente, por permitir a la Fiscalía General de la República dar cuenta de lo que se hace al respecto.

Bien se sabe de la secrecía de que están investidas las investigaciones ministeriales, pero, aun con ello, hay datos que pueden ser informados a la opinión pública. Daremos cuenta de algunos de ellos.

A la fecha, la Fiscalía General de la República investiga 100 denuncias penales. Esto no entraña ninguna contradicción con lo que recién informó el señor procurador fiscal de la Federación, porque 69 precisamente son las del grupo intersecretarial que el señor presidente dispuso se creara para coadyuvar con las investigaciones y en un ánimo de que surja la verdad.

En total son 100, ahí están los números, las 69 que se suman de las distintas dependencias, 16 más de la Auditoría Superior de la Federación y algunas denuncias de ciudadanos e incluso algunas de legisladores.

Sí quisiera hacer también una precisión, de que las 100 denuncias no significan necesariamente 100 casos específicos. Varias de esas denuncias coinciden en la naturaleza de los hechos que fueron expuestos al Ministerio Público y eso precisamente ha motivado que se acumulen diversos casos. Tenemos otras donde la denuncia fue presentada por determinada instancia o persona, y se requiere como un requisito de procedibilidad que la Unidad de Inteligencia Financiera formule denuncia. Se ha formulado la denuncia, la contabilizamos como una denuncia más, pero se circunscribe al mismo plano de hechos ya contemplados en otras denuncias.

A la fecha, y como resultado de las investigaciones, se han judicializado los siguientes asuntos. Cuando decimos ‘judicializado’ es como cuando antes se decía ‘consignado’, es proceder penalmente en contra de alguien, es llevar su caso acusándolo de algún delito ante el juez. Se han judicializado, entonces, los siguientes asuntos:

Dos contra una misma persona por la colocación de recursos públicos que estaban a cargo de Segalmex en instrumentos bursátiles. Independientemente de ser delito, un delito previsto en la Ley de Instituciones de Crédito y que configura el ilícito penal de uso ilícito de atribuciones y facultades, independientemente de ello, es claro que los recursos públicos no pueden ser llevados al terreno especulativo.

También se procedió penalmente en contra de dos accionistas de la empresa en la que se recibieron esos recursos, esto tiene que ver con un delito concerniente a la captación ilegal de recursos públicos.

Tenemos una judicialización más por enriquecimiento ilícito en contra de un exdirectivo de Liconsa.

Una por defraudación fiscal en contra de un exdirectivo del área de Finanzas de Segalmex.

Una más contra 22 personas por las operaciones irregulares en la compra de azúcar, imputándose los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero, que es lo mismo, y peculado, el juez otorgó las 22 órdenes de aprehensión que le fueron solicitadas.

Una más contra 26 personas por las operaciones igualmente irregulares detectadas en el procesamiento de leche, habiéndose imputados los mismos delitos que antes referíamos: delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado. De 26 órdenes de aprehensión que pedimos, el juez obsequió 25 de ellas.

Es importante señalar que en el caso de suministro de azúcar… Bueno, antes quisiéramos hacer una referencia. Si regresamos a la anterior, por favor, de datos generales y a la vez concretos del caso. Les mencionábamos que se han recibido 100 denuncias en total, las del grupo intersecretarial y otras más. La similitud de hechos ha motivado la necesidad de acumular los expedientes para una mejor investigación y también en ocasiones razones técnicas para poder justificar ante los jueces que hubo una acción concertada, orientada precisamente a disponer de recursos públicos.

Eso nos lleva a que actualmente sólo tengamos 32 carpetas de investigación en trámite, cinco han sido judicializadas, pero son relativas a los siete casos que informábamos.

Se han emitido 49 órdenes de aprehensión contra 44 personas. Podría parecer discordante el dato; sin embargo, precisamos que tan sólo una persona tiene cuatro órdenes de aprehensión y obviamente es uno de los principales objetivos de estas investigaciones. Se ha detenido hasta el momento a 26 personas por cumplimiento de orden de aprehensión. Y en total están 19 personas actualmente en proceso: 17 a los que se ha cumplido la orden de aprehensión y dos por el tipo de delito que no ameritó orden de aprehensión y que fueron citados por el juez.

Sí es importante referir que las 49 órdenes de aprehensión se componen de 47 que tiene que ver con delincuencia organizada, lavado de dinero y peculado, una por defraudación fiscal y una por uso ilícito de atribuciones y facultades.

Ese es el dato, le mencionaba, genérico o general de la información.

También es importante informarles que, en el caso del suministro de azúcar, las 22 órdenes de aprehensión que se dictaron son relativas a 12 personas que laboraron en Segalmex, seis personas pertenecientes a las empresas que se coludieron, cuatro más relativas a personas que fueron beneficiarias de los desvíos, 12 personas de estas se encuentran ya sujetas a proceso y en prisión preventiva.

En el caso de la maquila de leche, las 25 órdenes de aprehensión corresponden a 12 exservidores públicos, ocho personas pertenecientes a las empresas que fueron contratados con un cumulo de irregularidades y cinco personas detectadas como beneficiarios de los desvíos. En este caso, cuatro personas se encuentran ya vinculadas a proceso y naturalmente sujetas a prisión preventiva por la naturaleza de los delitos que se les imputan.

Respecto al servidor público que fue imputado por estos delitos considerados de gran relevancia, y que fuera detenido en Argentina en fecha reciente, la Fiscalía General de la República, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, se encuentra realizando todas las gestiones necesarias para traerlo a México y llevarlo ante el tribunal que emitió las órdenes respectivas.

También les informamos que muy próximamente, seguramente será muy en breve, estaremos llevando ante los tribunales la conclusión de otras investigaciones más, en la que haremos imputaciones adicionales a las que ya se han hecho.

La Fiscalía General de la República quiere enfatizar que, como resultado de las investigaciones, ha obtenido información importante respecto de quiénes muy probablemente habrían sido los principales operadores del desfalco a Segalmex. Los elementos de prueba que así lo indican serán presentados ante los tribunales en los procesos que actualmente están en curso y en los que a futuro se instauren.

Las determinaciones del Ministerio Público con relación a otros responsables involucrados en estos casos, sean del servicio público o particulares se irá estableciendo en lo siguiente y del resultado general se podrá dar cuenta en un futuro próximo.

Como Fiscalía General de la República queremos agradecer mucho al titular de Segalmex, a don Leonel Cota, toda la colaboración que hemos recibido de su parte para aportar los elementos de prueba, que son sustanciales para ir aclarando y precisando las cosas; igual al señor procurador fiscal de la Federación, por la coordinación eficaz que ha hecho del grupo intersecretarial y que ha permitido recabar información muy importante; igualmente al señor secretario de la Función Pública por todo lo que tiene que ver con la información que nos brinda.

Y, bueno, la Fiscalía General de la República quiere enfatizar que todo lo relativo a la reparación del daño, los daños que están pendientes de repararse, ya el señor procurador fiscal informó de una parte que ha sido obtenida, se está siguiendo conforme a los procedimientos legales, con base en las facultades del Ministerio Público y todo ello se planteará, naturalmente, ante los tribunales.

Y, finalmente, sólo decir: no habrá impunidad, se tomarán las acciones legales que correspondan contra todos aquellos que aparezcan involucrados en estos hechos.

Gracias. Gracias, señor presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy bien.

Vamos a estar informando periódicamente de acuerdo a lo que mencionó el maestro Roberto Salcedo. La Auditoría Superior de la Federación va a emitir un informe en el mes de octubre, entonces vamos a estar de nuevo aquí en octubre, a partir de ese informe. Y continúa toda la investigación para que no haya ningún motivo de impunidad y que se combata la corrupción, que no se permita la corrupción.

Cuando tomé posesión hablé que no era mi fuerte la venganza y que los expresidentes fuesen juzgados si el pueblo lo demandaba en una consulta ciudadana, que, por cierto, se llevó a cabo y, aunque una mayoría estuvo a favor que se abrieran estos procesos, no fue una consulta vinculatoria porque no participaron los ciudadanos, el 40 por ciento que exige la Constitución en estos casos. No participó mucha gente porque también el bloque conservador pues llamó a que no se votara. Pero fue importante este proceso, este ejercicio democrático.

Yo, antes de eso, sostuve que iba a abstenerme y que incluso consideraba que debíamos de ver hacia adelante, y que había cosas mucho muy importantes qué hacer, y que había que acabar con la corrupción y que, además del castigo, lo más importante de todo es lo preventivo, el que no se permita la corrupción.

Y dije que, si bien es cierto, que se exoneraba de mi parte, que no íbamos a presentar ninguna denuncia contra los expresidentes, eso aplicaba para el pasado, que llegando nosotros se acababa la corrupción y que no se iba a permitir, que no se iba a tolerar ni la corrupción ni la impunidad, y eso es lo que hemos venido haciendo y por eso este caso, que lo vamos a llevar hasta sus últimas consecuencias porque el prestigio de este gobierno no se va a manchar. Lo que estimamos más importante en nuestra vida es la honestidad, por eso vamos a estar informando a todos los mexicanos y también mandando el mensaje a todos los servidores públicos.

Antes, cuando imperaba la corrupción, este último año de gobierno —bueno, ya va a empezar, ya va a iniciar el último año— se le llamaba ‘el año de Hidalgo’, indebidamente, porque Hidalgo es el padre de nuestra patria y de una patria con un pueblo honesto, porque la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo, pero en el argot de la corrupción se hablaba del ‘año de Hidalgo’ con un complemento que no puedo decir aquí, y se dedicaban a saquear, a robar. Entonces no hay ‘año de Hidalgo’; o sí hay año de Hidalgo, pero del padre de nuestra patria; y año de Juárez, y año de Madero, y año de Lázaro Cárdenas, para que nos entendamos bien.