Acusan ejecución extrajudicial en caso de normalista
Nota de Jorge Ricardo
Reforma, 08 marzo 2024, 20:39 hrs;
"La denuncia sobre la privación arbitraria de la vida de un estudiante de Ayotzinapa por la Policía Estatal de Guerrero debe investigarse exhaustivamente. Los patrones de uso excesivo de la fuerza letal en ese estado y la estigmatización a los normalistas son parte del contexto", sostuvo el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Prodh.
La oficina en México de Amnistía Internacional también declaró su profunda preocupación por la agresión contra los estudiantes de Ayotzinapa, quienes desde 2014 reclaman la aparición de 43 normalistas.
"Hacemos un llamado urgente a la Fiscalía General del Estado de Guerrero y a la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero (SSPG) para esclarecer los hechos", expresó.
En tanto, el sacerdote y director del centro de Derechos Humanos Minerva Bello, Filiberto Velázquez Florencio, señaló: "A todas luces fue una ejecución extrajudicial".
El religioso aseguró que la noche del jueves, tres estudiantes de Ayotzinapa se estacionaron con una camioneta para comprar un cigarro cuando la Policía llegó en actitud agresiva, los normalistas se asustaron y quisieron poner en marcha el vehículo, por lo que fueron agredidos a balazos.
La Policía de Guerrero, sin embargo, aseguró que recibieron por el 911 una denuncia de un vehículo con reporte de robo que se dirigía a Chilpancingo, que lo ubicaron por las cámaras del C4 y al arribar al lugar fueron agredidos a balazos y repelieron el ataque.
"En el interior del vehículo se localizó un arma de fuego corta y cartuchos útiles, así como tres bolsitas de una sustancia cristalina y cervezas", sostuvo la corporación.
La versión oficial fue rechazada por activistas y familiares de los 43 desaparecidos, así como por la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), quienes ven un intento de justificar el asesinato.
"Irresponsablemente, la Secretaría de Seguridad Pública lanza un comunicado a modo tratando de ocultar su responsabilidad en el cruel crimen de Estado y justifica su acción sembrando un arma y droga, cuando evidentemente es una respuesta en contra de Ayotzinapa por derribar una puerta de Palacio Nacional el pasado 6 de marzo", consideró la CETEG.
Los maestros afirmaron que tanto el Gobierno federal como el de Guerrero buscan reprimir las protestas sociales.
"Exigimos al Presidente Andrés Manuel López Obrador que cese la política de criminalización a la protesta social que se da desde el estrado presidencial en contra de todos aquellos que seguimos en lucha y resistencia en defensa de lo que por derecho nos corresponde", indicaron.
Cristina Bautista, madre del estudiante Benjamín Ascencio Bautista, desaparecido en 2014, a los 19 años, rechazó la versión oficial sobre el nuevo asesinato.
"Ahora se atreven a decir que somos nosotros los culpables. Dicen que les dispararon porque no se detuvieron. A un estudiante le disparan porque no se detiene mientras los verdaderos criminales se pasean en Chilpancingo con sus armas y no les hacen nada", señaló al portal Desinformémonos.
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