Hace años, en la primavera de 2013 , estuve en Caracas, Venezuela, recién habían pasado las elecciones donde a través de un gran fraude electoral resultó electo Nicolás Maduro, dejó atrás.a Henrique Capriles; entonces la oposición documentó más de 3,500 irregularidades, el país estaba hecho un caos, no me fue fácil moverme en la Ciudad; del aeropuerto al centro de Caracas charlé con el taxista, tuve que dar la apariencia de que era un religioso. Incluso le pedí me dejará afuera de un templo católico, cerca del hotel; llegué esa mañana a esa hermosa Ciudad en vuelo directo de Aeroméxico, iba feliz, no conocía Venezuela e iba a conocer de cerca el proceso penal que estaba ocurriendo en contra de la jueza penal María Lourdes Afiuni.
@mariafiuni
Secuestrada el 10/ 12/ 2009, al aplicar Resolución de la ONU a favor de un Preso Político y condenada a 5 años en juicio amañado. Abuela de Lucas e Ignacio
El pecado de la juzgadora fue interpretar y aplicar la ley al darle una salida a una petición de la defensa, el quid es que el imputado era un poderoso empresario, en ese momento adversario político del jefe supremo de la nación; Hugo Chávez.
¿Qué hizo Afiuni?
Oordenó la libertad condicional del c. Eligio Cedeño por recomendación del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que calificó su detención como arbitraria. El delito real de @ELIGIOCEDENO era haber sido adversario personal de Hugo Chávez, por tanto de la revolución bolivariana;..
“Te tengo una noticia buena y otra mala, le dijo el comisario Elvis Ramírez a la jueza cuando la detuvo, aquel 11 de diciembre.. La buena es que todavía no hemos conseguido nada que te implique. La mala es que el presidente (Chávez) te acaba de condenar a treinta años de cárcel por televisión, así que lo que te viene es largo”.
Y ante la orden suprema de Chávez en cadena nacional Afiuni es acusada por cargos de corrupción, cómplice de fuga, abuso de poder y conspiración criminal.
Hace poco mas de año - en enero de 2023-, trece años después de que la fuera arrestada, encarcelada, vejada y sometida a un proceso penal plagado de irregularidades el Poder Judicial la ha destituido de su cargo en un procedimiento igualmente turbio.
Fue destituída sin siquiera haberla citarla a comparecer ni muchos permitirle defenderse.
"Después de 13 años y un mes suspendida, me estoy enterando que me destituyeron como juez titular, en un procedimiento que nunca me notificaron y con un abogado defensor que no conozco", denunció la penalista el 25 de enero a través de su cuenta de X.
La decisión la adoptó el Tribunal Disciplinario Judicial, pero no en 2022 sino años atrás, el 26 de septiembre de 2019. Así consta en la boleta de notificación n.º 4-2023, fechada el 17 de enero...
No fue convocada a este proceso y que apenas se enteró de su resultado cuando recibió la boleta de notificación.
En el documento, de cuatro páginas de extensión, la instancia encargada de sancionar las "faltas cometidas por los jueces venezolanos" no solo le anunció a Afiuni que la removió de su cargo, sino que de paso le informó que la inhabilitó
Sin embargo, el tribunal encabezado por el magistrado Hernán Pacheco Álvarez al menos tomó en consideración el tiempo que la ex jueza ha pasado suspendida por orden de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia; por lo tanto, podría regresa a los tribunales de diciembre de 2024.
O sea, un cochinero de la justicia venezolana, para la historia inmediata!
Hay que decir, que lo que sabíamos es que en marzo de 2019, había sido condenada cinco años de prisión por "corrupción espiritual" (Sic).
La sentencia incluyó medidas cautelares que ya pesaban sobre ella, como "prohibición de salida del país, no hablar a la prensa, no hablar en las redes sociales y presentación cada 30 días ante tribunales".
El caso de Afiuni dio la vuelta al mundo desde que fue arrestada en 2009 ...
Su delito fue la supuesta liberación irregular del empresario Eligio Cedeño, detenido en 2007 bajo la acusación de efectuar operaciones cambiarias ilegales.
Cedeño, quien llevaba tres años detenido sin haber sido enjuiciado -algo que prohíben las leyes venezolanas- aprovechó para huir de la justicia, lo que enfureció a Chávez, quien llegó a llamar "bandida" y traidora a la patria a la jueza a Afiuni.
Por lo que organizaciones de derechos humanos internacionales y el Alto Comisionado de los Derechos Humanos rechazaron en diferentes ocasiones el procesamiento de Afiuni por considerar que en su caso hubo "interferencia política".
En aquel viaje de apenas dos días pude ver de cerca el caso, recién había fallecido Hugo Rafael Chávez Frías, charlé con mucha gente, entre ellos legisladores de la oposición líderes sociales y acudí al Palacio de Justicia a ver el juicio oral. Pudo platicar con su defensor, Amelio Graterol y días después publiqué un artículo sobre ello en la revista Código Topo de Excelsior; además mi opinión fue tomada en cuenta junto con otros más, en un documento denominado "Infome de Observación de juicio; el caso de María Lourdes Afiiuni", documento de 32 cuartillas, "fechado en diciembre de 2013..
Lo elaboró la AMERICAN BAR ASSOCIATION CENTER FOR HUMAN RIGHTS. 1050 Connecticut Ave. NW Ste. 400 Washington, DC
Dice: "el Centro desea expresar sus sentidos agradecimientos a Bjorn Arp, Fred Alvarez y Carolina Henriquez-Schmitz por servir en la capacidad de observadores y a la Sra. Henriquez-Schmitz y a Debevoise & Plimpton LLP por la redacción de este informe..
Comparto mi opinión de entonces, 8 de julio de 2013, con el único objetivo de dar a conocer al a México -y a un colectivo de penalistas, algunos de mis alumnos en Inacipe-, lo que sucede en Venezuela en el caso de la Jueza Afiuni.
El caso de la jueza venezolana María Afiuni Mora/Fred Alvarez Palafox.
Una versión de este texto se publicó en la revista Código Topo de Excélsior, 8 de julio de 2013,
“Te tengo una noticia buena y otra mala. La buena es que todavía no hemos conseguido nadad que te implique. Las mala es que el Presidente (Chávez) te acaba de condenar a treinta años de cárcel por televisión, así que lo que te viene es largo”.... Comisario Elvis Ramírez
Por fin el viernes 17 de junio el tribunal venezolano -17 de juicio oral- otorgó la libertad condicional a la jueza María Lourdes Afiuni, a pocos horas de la visita del presidente Nicolás Maduro con el papa Francisco.
Afiuni, debe cada 15 días presentarse al tribunal y, tiene prohibido salir del país, además no puede usar las redes sociales, particularmente Twitter, ni tampoco ofrecer declaraciones a los medios de comunicación. Esto es sólo un avance, y se debió quizá al milagro del papa Francisco. Y es que quizá el presidente venezolano no quiso llegar a la audiencia con el líder religioso, con la jueza presa, ya que corría el riesgo de recibir una fuerte llamado de atención. Seguramente había leído que el pontífice días antes habló sin que le temblara la voz que “el primer genocidio del siglo XX fue el de los armenios”. Esas palabras despertaron la ira de Turquía, quién las calificó como “absolutamente inaceptables”.
La mañana del lunes 17 de junio, Francisco recibió durante 20 minutos en audiencia, en el Palacio Apostólico Vaticano, al presidente Nicolás Maduro. Un comunicado de la Oficina de Prensa de la Santa Sede señala que "las conversaciones, que se celebraron en un clima de cordialidad, se detuvieron sobre la situación social y política del país, después del reciente fallecimiento del presidente Hugo Chávez Frías, así como sobre algunos problemas de actualidad, como la pobreza y la lucha contra la delincuencia y el tráfico de drogas".
Hubo como es costumbre intercambio de regalos, Maduro obsequió al papa la Constitución del país, un retrato de Simón Bolívar, un cuadro de la Virgen de Coromoto, Patrona de Venezuela, y una escultura del doctor José Gregorio Hernández (1864-1919), que se encuentra en proceso de canonización. Maduro pidió al papa que sea pronto canonizado pues "es un santo del pueblo". Por su parte, Francisco entregó a Maduro una pluma estilográfica y el documento de las conclusiones de la V Conferencia del Episcopado Latinoamericano y del Caribe que se celebró en el año 2007 en la localidad de Aparecida, en Brasil.
El encuentro se produjo mientras en Venezuela la oposición impugna el resultado de las pasadas elecciones del 14 de abril, y de la justicia venezolana no hablaron.
El asunto parecer ser un caso cerrado.
En México, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó el 19 de junio desde Londres que no recibirá al líder opositor Henrique Capriles: "No (habrá reunión), porque es claro que el gobierno de México ha reconocido al gobierno formado en Venezuela y que no podemos ser parte de un conflicto interno ni tomar posición en un conflicto interno. Esa es nuestra decisión", dijo categórico; días después -2 de julio-, recibía cartas credenciales de José García Hernández como embajador de Venezuela en el México.
El contexto venezolano hoy.
Después de las elecciones presidenciales del pasado 14 de abril Venezuela quedó dividida en dos mitades exactas, irreconciliables. El Presidente Nicolás Maduro está severamente cuestionado, y aún cuando la autoridad electoral -Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el chavismo donde cuatro de cuyos cinco rectores son militantes gobiernistas— le dio la victoria, el heredero de Chávez, perdió cerca de 800 mil votos y probablemente sólo pudo superar a duras penas a Henrique Capriles mediante un gigantesco fraude electoral. La oposición ha documentado más de 3,500 irregularidades en perjuicio suyo durante la votación y el conteo de los votos.
Pero, el viernes 7 de junio el CNE aplicó a las elecciones presidenciales "error cero", de acuerdo con la información difundida por medios oficiales. "El proceso de verificación arrojó un resultado equivalente a "error cero", con una coincidencia de hasta 99,98% de los comprobantes revisados, dice la información difundida por la estatal Agencia Venezolana de Noticias (AVN). "Este dato indica que la suma de los comprobantes de voto contrastados con las actas de escrutinio coincidieron en un 99,98%", señaló el medio.
O sea, todo está bien.
Pero, la verdad, las cosas no están bien en Venezuela, ni en lo político, ni mucho menos en lo económico y social. El país vive días funestos. La clase gobernante llamada boliburguesía se encuentra dividida. Se percibe en Caracas a un gran grupo de chavistas del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) que no están de acuerdo con Maduro, sobretodo en días pasados que se dieron a conocer en la TV grabaciones comprometedoras; ahí se descubre que La Habana estaría gobernando el país; los detractores de Maduro le echan en cara que está demasiado cerca de Cuba, de Rusia y muy alejado del pueblo venezolano.
Y es que a pesar de ser el elegido por el propio comandante bolivariano es evidente que Maduro no es Chávez; no es nada carismático, y debe cargar la imagen del difunto para todas partes. Cada encuentro con la sociedad está presente el espíritu de Chávez.
Por eso poco importa que aún conserve el control de la Asamblea Nacional, donde es aliado del Presidente de la misma Diosdado Cabello, ni que tenga el control de la mayoría de las gubernaturas y todo –todo- el control de los poderes sometidos al Ejecutivo, incluyendo la Justicia; es evidente que quién fue nombrada recientemente como Presidenta del Poder Judicial, es una gente del chavismo. Pero habría que darle el beneficio de la duda. Las cosas pudieran cambiar por lo menos en ese rubro.
El miércoles 8 de mayo de 2013, la magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado asumió el cargo de presidenta del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ); sustituyó a la magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, quien fue Presidenta durante seis años (2007-2013). Creo que es los cambios es una buena señal, la nueva presidenta comenzó su carrera como secretaria en los tribunales civiles y fue jueza, jefa de la oficina de Secretaría del Consejo de Ministros, embajadora en España y luego Procuradora General de la República, durante cinco años. De allí pasó al TS, como miembro de la Sala Constitucional, tras su designación por la Asamblea Nacional en 2010. Su único pecado s que fue integrante del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 MBR-200 fundado por el entonces teniente coronel Hugo Chávez Frías.
No le doy la palabra a quien no reconozca al Presidente
El otro personaje poderoso es Diosdado Cabello, quién al día siguiente a las elecciones, cuando un diputado de la oposición pidió la palabra, Cabello le preguntó: “¿Acepta usted que Nicolás Maduro es el presidente legítimamente electo?”. El diputado trató de responder, pero Cabello le interrumpió: “Dígame: ¿sí o no? (y agregó categórico) Yo no le voy a dar la palabra a ningún diputado que antes no acepte que Maduro es el legítimo presidente de este país”.
En efecto, lo primero que hizo fue quitar el derecho de la palabra a los legisladores opositores si no reconocían el fraude electoral que entronizó a Maduro e hizo que les cerraran los micrófonos. Días después cuando los opositores protestaron, levantando una bandera que denunciaba un “Golpe al Parlamento”, los diputados oficialistas y sus guardaespaldas se abalanzaron a golpearlos, con manoplas y patadas que dejaron a varios de ellos, como Julio Borges y María Corina Machado (quien estuvo en México recientemente), con heridas y lesiones visibles, y para evitar que quedara constancia del atropello, las cámaras de la televisión oficial del Congreso apuntaron oportunamente al techo de la Asamblea. Pero los teléfonos celulares de muchos asistentes –jóvenes legisladores- filmaron lo ocurrido y el mundo entero ha podido enterarse del salvajismo cometido.
El País vive pues, una compleja conjunción de varias crisis; primero de legitimidad, además de la económica, fiscal, productiva, sociopolítica, y las que se sumen. Una crisis de gobernabilidad de incalculables implicaciones. Hay una elevada corrupción, una creciente violencia sobre todo en la ciudad de Caracas. Aún sé se alzan las voces de organizaciones no gubernamentales de violaciones de los derechos humanos, de la libertad de prensa y de la independencia judicial.
Asimismo, existe una alta inflación, devaluaciones, desabastecimiento y precarización en los servicios públicos. Hay notorios visos de ineficiencia, corrupción y sobretodo opacidad. El petróleo supone el 95 por 100 de las exportaciones; empero, el país importa el 70 por 100 de lo que consume; hay un mercado negro que multiplica por tres el valor del cambio oficial del dólar, y que exprime hasta el límite a la empresa nacional de petróleo, PDVSA (Petróleos de Venezuela S.A.).
Lo único gratis en el país es el enorme subsidios a la gasolina, insostenibles para cualquier economía que podrían rondar los 1.500 millones de dólares mensuales; tienen un elevado endeudamiento principalmente con China y Rusia, además de la situación de desabastecimiento del mercado de artículos de primera necesidad.
No hay productos básicos, y la violencia esta a flor de piel, lo más graves es que hay miedo en el país.
Así está viviendo el juicio la jueza María Lourdes Afiuni Mora.
El tema no es de la mayor prioridad para el gobierno actual, pero si le pesan las críticas de Organizaciones no gubernamentales y sobretodo del exterior.
¿Quién es María Lourdes Afiuni Mora
Es jueza del tribunal trigésimo primero de primera instancia en funciones de control, del Circuito Judicial Penal del área Metropolitana de Caracas, Venezuela; suspendida injustamente –y por orden superior- sin ningún juicio el 11 de diciembre de 2009, un día después de su ilegal arresto. Tienen 49 años de edad; y hasta el día de su liberación condicional llevaba tres años, seis meses y tres días privada de su libertad.
¿Qué delito cometió?
Cumplir con la ley, aplicar una medida cautelar contra un acusado –Eligio Cedeño-, adversario del jefe de la revolución bolivariano Hugo Chávez Frías.
El juicio ha sido largo. La Jueza valiente –como ya se le conoce- estuvo a punto de morir en prisión, fue violada y después cumplió prisión en casa. Por cierto se le negó el derecho a un defensor público; algunos jueces se les prohibió que litigaran el asunto; sólo le entraron abogados valientes, que los hay en todo el mundo, afortunadamente.
El juicio:
He seguido de cerca el caso de la jueza en el Tribunal 17º de juicio oral , a cargo hoy de la Magistrada Marilda Ríos, iniciado formalmente el 28 de noviembre de 2012, después de 20 meses de proceso paralizado. Maridla Ríos lleva el caso desde 3 de abril de 2012; fue designada en sustitución de Cristóbal Martínez Murillo, quien se inhibió alegando su amistad con jueza Afiuni; a él le correspondió de acuerdo un sorteo.
Ese día el Ministerio Público pidió la comparecencia de 41 testigos para demostrar que Afiuni Mora incurrió en los delitos de que se le acusa. En siete meses, el Tribunal ha realizado 9 audiencias, en las cuales han comparecido 20 de los 41 testigos. No hay ninguna prueba contundente de su culpabilidad.
Tres órganos de protección de derechos humanos de la ONU califican la detención como arbitraria y exigen su libertad. El Parlamento Europeo, y decenas de asociaciones de abogados de América Latina están pendientes del caso. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, relatora sobre la independencia de jueces y abogados, ha calificado como inaceptable la detención de la jueza por la emisión de una decisión judicial: “es inaceptable que se le imponga prisión a una jueza por una decisión judicial que ha cumplido con la determinación del Consejo de Derechos Humanos, una decisión que está de acuerdo con la legislación interna de Venezuela", dijo ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra .
La situación en Venezuela es de terror- hay que decirlo fuerte-, la gente quizá no va las audiencias por temor: ¡huele a miedo! miedo. El acoso en el Palacio de Justicia es permanente.
A la audiencia sólo van regularmente amigos y familiares de la jueza, dos jóvenes estudiantes de periodismo que siguen el caso. El asunto es del mayor interés, pero el tema está casi prohibido, el único medio que sigue de cerca es el periódico El Universal.
Con la jueza libre, quizá las cosas cambien.
Dice el abogado, Amelio Graterol que la sentencia no depende de argumentos jurídicos sino políticos.
¿Qué hacer?
Dar a conocer al mundo lo que sucede en Venezuela en el caso de la Jueza Afiuni.
No puede haber democracia en un país que no hay justicia.
Además se debe exorcizar el miedo en el Palacio de Justicia!
¿Hay violaciones evidentes a la Jueza Afiuni?
¡Sin duda!
La evidencia es la siguiente:
i) No ha tenido acceso al debido proceso.
La garantía del debido proceso consiste en el derecho de toda persona a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable. Y sobretodo contiene la presunción de inocencia. Esta garantía incluye la obligación de todas las autoridades públicas de abstenerse de prejuzgar los resultados de un juicio, evitando hacer comentarios públicos en que se declare la culpabilidad del acusado. El Presidente Chávez la condenó públicamente y los jueces cumplieron la instrucción.
ii) No tuvo acceso a un tribunal mixto.
Asimismo, pese a lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal venezolano un juez
se negó a constituir un tribunal escabino para la realización del juicio oral y público de la jueza; estas irregularidades violan la garantía de la jueza ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley. Los escabinos son jueces del pueblo, es decir, personas de la comunidad, a quienes se les denomina así, cuando son llamados a integrar un tribunal Mixto; éste tribunal lo constituyen: un juez profesional y dos ciudadanos de la comunidad llamados escabinos. A ellos corresponde decidir, conjuntamente con el Juez del caso, la culpabilidad o inculpabilidad de las personas acusadas.
iii) No tuvo derecho a un trato digno de su investidura.
Le fue violado el derecho a un trato humano y digno de toda persona privada de su libertad. Es obligación del Estado de proporcionar a los detenidos revisión médica regular y atención y tratamiento adecuados cuando así se requiera.
Asimismo, las condiciones de encarcelamiento de la Jueza incluyeron amenazas de muerte, intentos de asesinato, acoso por otras internas y la falta de atención médica adecuada, y, por tanto, constituyeron una violación al derecho a un trato humano y digno de toda persona privada de su libertad.
iv) Fue suspendida de su cargo como resultado de una resolución arbitraria de la Comisión Judicial del TSJ sin que haya mediado notificación, audiencia o proceso disciplinario o administrativo previo contra ella. Estas acciones violaron la garantía de estabilidad e inamovilidad de los jueces y magistrados en el ejercicio de sus funciones, y ;
v) Comparto el posicionamiento que han hecho distintas organizaciones de abogados y dirigentes de derechos humanos que afirman que en el caso Afiuni el Estado de Venezuela violó el derecho a la libertad personal; su derecho al debido proceso legal; el derecho a recibir un trato digno de toda persona privada de libertad, incluyendo la obligación de separación de las personas condenadas de las personas procesadas; y la garantía de estabilidad e inamovilidad de jueces y magistrados.
Por último recomiendo leer el libro, “Afiuni, la Presa del Comandante” de reciente circulación del periodista Francisco Olivares; Ed, La Hoja del Norte. No circula todavía en México, pero seguramente llegará muy pronto. El texto relata paso por paso lo que le ha sucedido a la jueza que decidió desafiara al mero jefe de la revolución bolivariana.
En el libro relata lo que sucedió esa noche del 11 de diciembre de 2009 en las oficinas de la DISIP, después de que el presidente Chávez la había condenado ante todo el país. Se le acerco el Comisario Elvis Ramírez, y le dijo: “Te tengo una noticia buena y otra mala. La buena es que todavía no hemos conseguido nadad que te implique. Las mala es que el Presidente te acaba de condenar a treinta años de cárcel por televisión, así que lo que te viene es largo”.
Las “pruebas” las consiguieron y aparentemente fueron sembraron. Un día después, ante la orden suprema de Chávez, la jueza Afiuni es acusada por cargos de corrupción, cómplice de fuga, abuso de poder y conspiración criminal. De entrada se le negó el derecho a un defensor público. Ese día se emitió una nueva orden de captura contra Eligio Cedeño. Días después EU le dio asilo político.
Vale la pena leer la línea del tiempo para entender mejor el caso.
Año 2009
· El martes 8 de diciembre el tribunal No 31 a cargo de la jueza María Lourdes Afiuni debía llevar a cabo la audiencia preliminar del proceso penal seguido contra Eligio Cedeño, un banquero venezolano acusado de fraude; la audiencia fue suspendida por solicitud del Ministerio Publico (MP), que había manifestado su imposibilidad de hacerse presente. La jueza convocó nuevamente la audiencia preliminar dos días después;
· El 10 de diciembre, los representantes del MP tampoco se presentaron a la audiencia preliminar. Ante su incomparecencia, la jueza Afiuni convocó a los presentes en el tribunal -defensores, representantes de la Procuraduría General de la Republica (PGR) y el imputado- a la sala de juicio oral en el Palacio de Justicia.
. Y a petición de la defensa la juzgadora dictó como medida cautelar para Eligio Cedeño la obligación de comparecer cada quince días ante el tribunal, la prohibición de salir del país, así́ como la retención de su pasaporte. La legislación procesal pena de ese país establece que el juez puede revisar la medida cautelar en cualquier momento del proceso, para ello no tenía que estar presente el fiscal.
En ese momento aparecieron los fiscales ausentes. Pero la decisión estaba tomada: Afiuni les comentó a los fiscales que si no estaban de acuerdo tenían tres día para apelar la resolución como lo marca la ley.
Minutos después, la jueza Afiuni es detenida por la policía política la temible DISIP (acrónimo de la Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención), ahora convertido en SEBIN, (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional “SEBIN”.
Los agentes de inteligencia no presentaron una orden judicial, ni mencionaron el motivo de la detención ni la autoridad que la había ordenado. En ese acto detuvieron a la jueza Afiuni y a los alguaciles del tribunal, Rafael Rondón y Carlos Lotuffo.
· Jueves 11 de diciembre, la acusación y orden de Chávez
· A las 21:30 horas en cadena de radio y televisión, el presidente venezolano, Hugo Chávez Frías, tildó de bandida a la jueza y ordena al Poder Judicial condenarla a pena máxima de 30 años de cárcel
· 12 de diciembre: Ante la orden suprema de Chávez la juez Afiuni es acusada por cargos de corrupción, cómplice de fuga, abuso de poder y conspiración criminal.
· 18 de diciembre, la jueza Afiuni es trasladada de los separos del Sebin a una cárcel de mujeres.
Año 2010
· El 8 de marzo: El caso es presentado en el informe anual del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y lo califican de "particularmente grave", de "detención arbitraria" y un "acto de represalias".
· El 12 de abril, cuatro meses después de la suspensión de la jueza Afiuni, la Inspectoría General de Tribunales dio inicio a la investigación administrativa de la suspensión (oficio No. 1798-10).
· El 17 de mayo, la audiencia preliminar fue instalada. El tribunal No 50 admitió la acusación presentada contra la jueza Afiuni, por la supuesta comisión de los delitos de corrupción propia, abuso de autoridad, y favorecimiento para la evasión.
· Durante la audiencia, la Fiscal 68 Emylce Ramos, afirmó que “efectivamente de la investigación llevada a cabo no se desprende que la ciudadana María Lourdes Afiuni haya obtenido algún dinero o beneficio económico, no se ha determinado que la misma haya recibido dinero o algo, pero el delito de corrupción...”
· La defensa de la jueza, en voz de José Amalio Graterol, dijo que es “algo inaudito en la historia jurídica del país que una persona sea sometida a un juicio por el delito de corrupción y que los fiscales hayan dicho que no hubo dinero, ni promesa de real (...) y con una desfachatez, la jueza (Leidys Azuaje) admitió el delito de corrupción propia”.
· El 28 de mayo. La jueza Ingrid Bohórquez se inhibió de conocer la causa debido a “problemas personales con la procesada” en el mes de junio de 2009. Producto de la inhibición de la jueza Bohórquez, el expediente de Afiuni fue enviado a sorteo, correspondiendo el conocimiento de la causa al tribunal vigésimo sexto de primera instancia en funciones de control, a cargo del juez Alí Fabricio Paredes.
El juez Alí Paredes fijó el día 4 de junio de 2010 como la fecha para el sorteo de los escabinos (jueces). Luego del sorteo, se fijó el día 2 de julio de 2010 como fecha para su depuración. Posteriormente, se fijó el día 23 de julio de 2010 como fecha para realizar las entrevistas, previo a elegir a los escabinoss.
· El 12 de julio, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz declaró que eran validas las acusaciones contra la jueza Afiuni porque el procedimiento para otorgarle la libertad a Eligio Cedeño “no fue el adecuado” y aseguró que nunca se “elaboró” ni “entregó” la boleta de excarcelación de Cedeño. (Sin embargo, el 3 de septiembre de 2010, varios medios de prensa informaron que la boleta de excarcelación de Eligio Cedeño “apareció luego de haber estado perdida durante nueve meses”). La Boleta de excarcelación No 046-09 le “hace saber” al Director de la DISIP que la jueza Afiuni impuso la medida sustitutiva de libertad a Cedeño “contenida en el articulo 256 numerales 3 y 4 del Código Orgánico Procesal Penal, las cuales comportan la presentación periódica cada quince (15) días y prohibición de la salida del país y de la jurisdicción de este Despacho Judicial”.
· El 23 de julio. El juez Alí Paredes emitió un auto en el cual dejaba constancia sobre la imposibilidad de realizar la audiencia de depuración de escabinos debido a la incomparecencia de los ciudadanos sorteados, por tanto, dispuso fijar la apertura del juicio oral y público. Sin embargo, como informó el abogado defensor de la jueza, José Amalio Graterol, “ninguno asistió porque no se realizó bien la convocatoria”.
· El 30 de julio, la defensa de Afiuni interpuso un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones de Caracas, argumentando que la decisión del juez Alí Paredes de constituir un tribunal unipersonal era “arbitraria”.
· El 6 de agosto, la defensa de Afiuni planteó la recusación del juez Alí Paredes alegando que el magistrado era simpatizante del presidente Hugo Chávez. La defensa denunció que hace unos años el funcionario judicial escribió un mensaje en el sitio web del PSU) donde le expresaba su preferencia partidaria.
· El 3 de septiembre, la Sala No 5 de la Corte de Apelaciones de Caracas rechazó la apelación interpuesta por la defensa de la jueza Afiuni.
Ese día, aparece la boleta de excarcelación del empresario Eligio Cedeño, desaparecida el mismo día que detuvieron a la magistrada (10 de diciembre de 2009).
· Bajo fuertes medidas de seguridad (entre 30 y 40 efectivos militares para custodia), la jueza Afiuni se presenta al Tribunal para la audiencia oral y pública que daría inicio a su enjuiciamiento, nueve meses después de su detención.
· 9 de septiembre. La jueza Afiuni se gana el apodo de "La Jueza Valiente".
· Ese día Afiuni fue trasladada a las celdas del Palacio de Justicia. En la audiencia declaró que no se sujetaría al procedimiento en virtud de que, a su criterio, el juez Alí Paredes carecía de imparcialidad e independencia, y manifestó que se acogería al art. 350 de la Constitución,78 referente a la desobediencia civil. Como consecuencia de tal la decisión el juez Paredes revocó el nombramiento del abogado defensor de Afiuni y ordenó, en su lugar, la designación de un defensor público No 47 Javier Hernández.
· Ante ello, “la doctora Afiuni se dio media vuelta, le ordenó a los custodios que le colocaran las esposas y se retiró de la sala de audiencia.
· En ese momento Paredes quedó desautorizado.
· El 14 de septiembre. Afiuni se negó a comparecer ante el tribunal No 26, por lo que la audiencia para el inicio del juicio oral y público tuvo que ser diferida. La guardia nacional respetó la decisión de la jueza y no intentó trasladarla por la fuerza.
· El 16 de septiembre, Afiuni envió una carta dirigida al Presidente Chávez expresando las razones por las cuales decidió declararse en desobediencia civil y exigiendo respeto a los derechos humanos.
· El 1 de octubre. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de derechos Humanos de la ONU, solicitó al Estado venezolano la liberación inmediata de la doctora Afiuni, así como la reposición de su cargo como jueza 31 de Control de Caracas. El juez de la causa, Alí Fabricio Paredes, hizo caso omiso de la resolución de la ONU.
· El 13 de octubre. La Sala No 4 de la Corte de Apelaciones de Caracas revocó la decisión del tribunal No 26, restituyendo al equipo de defensa de Afiuni. Durante el período en el cual los abogados defensores fueron removidos, estos no pudieron acceder al expediente de la causa.
· El 2 de noviembre. La defensa de Afiuni indicó que la Corte de Apelaciones de Caracas dispuso que, en tanto resuelva sobre la recusación interpuesta contra el juez Alí Paredes, el proceso pasaría al tribunal vigésimo séptimo en funciones de juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas a cargo del juez Edgar Aliza.
· El 18 de noviembre. La Sala No 2 de la Corte de Apelaciones de Caracas rechazó la recusación interpuesta contra el juez Alí Paredes. De este modo, el expediente salió del tribunal No 27 y retornó al tribunal No 26 a cargo del juez Paredes.
· Días antes, el14 de noviembre, el canal de TV Globovisión transmitió una entrevista a Afiuni en su celda y a partir de ese momento la magistrada fue sometida a tortura psicológica; un día después -15 de noviembre- y como consecuencia de la entrevista la directora del penal, Isabel González, llegó con efectivos de la Guardia Nacional, ametralladoras en mano para requisar la celda.
El 16 de diciembre la defensa de Afiuni interpuso una denuncia ante el tribunal disciplinario judicial en contra del juez Alí Paredes y la jueza Leidys Azuaje.
· El tribunal disciplinario judicial admitió la denuncia y ordenó la apertura de una investigación contra ambos magistrados, con notificación a la Fiscal General de la República.
Año 2011
· El 1 de febrero de 2011, en atención a su delicado estado de salud, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, señaló en un acto público que había ordenado a la directora de derechos fundamentales del MP, María Mercedes Berthé, que recomiende al tribunal No 26 la adopción de medidas sustitutivas para la jueza Afiuni.
· En ese sentido se solicitó le fuera otorgada medida cautelar sustitutiva de libertad.
· El 2 de febrero. Afiuni fue hospitalizada en el Hospital Oncológico Padre Machado e intervenida quirúrgicamente para realizarle una histerectomía (extracción de útero).
· El Tribunal decidió por solicitud de la defensa y fiscal Luisa Ortega Díaz otorgarle la medida de casa por cárcel. Y estableció como medidas sustitutivas la presentación periódica cada ocho días ante el tribunal y la prohibición de declarar ante medios nacionales e internacionales sobre su caso.
· Del 8 al 11 de febrero, el Instituto de Derechos Humanos de la International Bar Association visita Venezuela y semanas después publica el informe: “La Desconfianza en la Justicia: El caso Afiuni y la independencia de la Judicatura Venezolana”.
· El 7 de abril. Afiuni fue trasladada a los tribunales para cumplir con su obligación de presentación periódica. La audiencia para el inicio del juicio fue diferida para el 14 de abril de 2011. El abogado defensor de la jueza Afiuni solicitó el diferimiento, en tanto la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justica resolviera un amparo contra la decisión del juez Alí Paredes de constituir un tribunal sin escabinos.
· El 14 de abril. La jueza Afiuni mantuvo su posición de no ingresar a la sala de audiencia y se presentó únicamente en las oficinas administrativas del tribunal para cumplir con sus presentaciones periódicas.
· El 7 de diciembre. La Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, solicitó la extensión por dos años adicionales, de la medida de arresto domiciliario en contra de Afiuni.
· El 13 de diciembre. El tribunal No 26 resolvió extender la medida de arresto domiciliario por el periodo solicitado.
· 21 de diciembre: Noam Chomsky, otrora admirador de la revolución bolivariana, pidió la liberación humanitaria de la jueza Afiuni
Año 2012
· 13 de enero.- El presidente Chávez asegura que Afiuni no es una presa política y afirma que en el país no hay ese tipo de reclusos.
· 14 de enero.- El abogado defensor de Afiuni, José Amalio Graterol, dice que la magistrada es una “presa personal” del presidente Chávez y pide se le conceda un indulto.
· 19 de enero.- La defensa de Afiuni informa del cambio del juez que lleva la causa, aunque anuncia que la jueza seguirá sin presentarse al inicio de la vista oral.
· 24 de enero: El magistrado Robinson Vásquez, niega el derecho al voto a la jueza Afiuni para participar en las elecciones primarias de la Mesa de la Unidad que se celebraron el 12 de febrero.
· 4 de marzo: La organización Human Rights Foundation (HRF), creada en 2005 por el venezolano Thor Halvorssen Mendoza solicitó al Gobierno de Venezuela la inmediata liberación de la jueza Afiuni por considerarla "una prisionera de conciencia del presidente Hugo Chávez" y por las arbitrariedades.
· 9 de marzo.- La I Sala de la Corte de Apelaciones de Caracas rechaza la apelación contra la prórroga de la privación de libertad de Afiuni.
· 31 de marzo de 2012. El juez Robinson Vásquez se inhibió del proceso contra Afiuni argumentando que los abogados defensores lo expusieron “al escarnio a través de los medios de comunicación, acusándolo de violar el debido proceso y los derechos humanos de la suspendida jueza”. Luego del sorteo, le corresponde conocer el expediente al juez Cristóbal Martínez Murillo, amigo de la Jueza Afiuni.
· El 3 de abril de 2012. La jueza del Tribunal 17 de Caracas, Marilda Ríos Hernández fue designada en sustitución de Cristóbal Martínez Murillo, quien se inhibió alegando que es ex compañero y amigo de la jueza Afiuni.
· El 3 de Junio. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, relatora sobre la independencia de jueces y abogados, presentó un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra , donde califica como inaceptable la detención de un juez por la emisión de una decisión judicial. "Es inaceptable que se le imponga prisión a una jueza por una decisión judicial que ha cumplido con la determinación del Consejo de Derechos Humanos, una decisión que está de acuerdo con la legislación interna de Venezuela". Ello "Puede representar también una medida intimidatoria para los otros jueces y actores del sistema de Justicia en Venezuela", estimó Albuquerque e Silva.
· Durante el debate en la ONU, el gobierno de Venezuela justificó la actitud de su gobierno contra la jueza; sus argumentos débiles: "actualmente juzgada por la presunta comisión de los delitos de corrupción propia, abuso de autoridad, y favorecimiento para la evasión de un detenido". Esos presuntos delitos estarían "previstos y sancionados en el nuestro ordenamiento jurídico, todo ello en ocasión de la medida de libertad condicional que dicha ex jueza dictó sin la presencia del Fiscal del Ministerio Público, en favor del banquero Eligio Cedeño el pasado mes de diciembre de 2009".
· El 7 de junio: La relatora de la ONU Gabriela Knaul Albuquerque reiteró su pedido al gobierno de Venezuela de que libere a la jueza; en un mensaje de correo electrónico recibido por medios internacionales, escribió: "La Fiscalía ha reconocido que no ha encontrado prueba alguna de corrupción respecto a la Jueza Afiuni Mora. No existen pruebas que acrediten las imputaciones formuladas. Nada justifica su mantenimiento en detención". "La detención de la Jueza es arbitraria", señaló la relatora.
· 30 de agosto. Ese día fue hecho público por la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos (A/HRC/21/18), el informe sobre Represalias contra las personas que han cooperado con la ONU en el campo de los derechos humanos” del Secretario General de la ONU. El documento fue presentado a la sesión XXI del Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2012.
Este informe del Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, incluye una referencia expresa al Gobierno de Venezuela por el caso de la jueza Afiuni (párrafos 68 y 69), señalando que fue arrestada el 10 de diciembre de 2009 luego de haber ordenado la libertad condicional de un individuo, cuya detención había sido declarada arbitraria por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU (GTDA).
El Secretario General de la ONU recordó en su informe, que el Presidente Hugo Chávez en esa ocasión exigió públicamente que la jueza Afiuni fuera condenada a 30 años de prisión. No obstante, el propio GTDA determinó en septiembre de 2010 que la detención de la jueza es arbitraria (A/HRC/16/44/Add.1, párrafos 2417-2434).
El Secretario General menciona que ya se ha referido al caso de la jueza Afiuni en Venezuela en sus dos informes anteriores sobre represalias (A/HRC/18/19, paras. 87-90; A/HRC/14/19, párr. 45-47). De allí que este año su referencia a este caso ya se encuentre dentro del capítulo relativo a “Seguimiento de los casos incluidos en los informes anteriores”.
El informe menciona que luego de dos años de prisión preventiva, a solicitud del fiscal del Ministerio Público el arresto domiciliario de la jueza Afiuni fue prorrogado por dos años más, ante lo cual varios conjuntamente por el Presidente del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias (El Hadji Malick Sow); la Relatora Especial para la independencia de los jueces yabogados (Gabriela Knaul); y el Relator Especial contra la tortura y otras formas de trato o penas crueles, inhumanas o degradantes (Juan Méndez)(www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=11745&LangID=E)
El Secretario General igualmente hace referencia en su informe, al hecho de que el abogado defensor de la jueza Afiuni desde 2009 (Dr. José Amalio Graterol), fue arrestado por 8 días el 4 de junio de 2012 y sometido a juicio.
El informe del Secretario General de la ONU culmina señalando que estos casos de represalias contra las personas que han cooperado con la ONU en el campo de derechos humanos, no sólo las convierte en “víctimas”, sino que además “compromete el trabajo de la ONU”.
El Secretario General lamentó la ausencia de responsabilidades en la mayoría de los casos reportados en su informe y le recordó a los Estados su obligación de garantizar que todos los actos denunciados como represalias e intimidaciones sean investigadas de manera oportuna e imparcial, a fin de que sus perpetradores sean sometidos a la justicia y las víctimas sean debidamente amparadas y reparadas.
· 23 de noviembre: Es revelado a los medios de comunicación, tras la presentación del Libro "Afiuni la presa del Comandante", que la juez fue objeto de abuso sexual.
· 26 de noviembre. La fiscal general Luisa Ortega Díaz aseguró que el MP no ha recibido ninguna denuncia formal sobre las presuntas agresiones físicas sufridas durante su estancia en el INOF.
· El 28 de noviembre de 2012. Se inició formalmente el juicio contra Afiuni, tras 20 meses de proceso paralizado, el MP pidió la comparecencia de 41 testigos para demostrar que Afiuni Mora incurrió en los delitos de abuso de autoridad y favorecimiento a la evasión por dejar en libertad condicional a Eligio Cedeño, siguiendo un pronunciamiento de la ONU que consideraba la detención del exbanquero arbitraria.
· 29 de noviembre.- Afiuni se niega a denunciar la violación de la que asegura fue víctima en prisión ante la Fiscalía, que la citó a declarar sobre el caso.
Año 2013
· 17 de enero.- HRF pide a las autoridades venezolanas la liberación “inmediata” de Afiuni al considerar que su encarcelamiento y arresto domiciliario han superado el máximo legal de tres años.
· 7 de junio.- La Fiscalía General de Venezuela solicita que se suavicen las condiciones de detención de Afiuni.
· 14 de junio.- Afiuni obtiene la libertad condicional.
· 17 de junio. El Presidente Maduro es recibido por el papa Francisco
(hasta ahí mi texto).
Sigo la cronología que hizo la web Acceso a la justicia...
2013
7 de junio. El Ministerio Público solicitó una medida menos gravosa que el arresto domiciliario.
14 de junio: Ocho días después de la solicitud de la Fiscalía, la jueza Afiuni obtuvo libertad condicional.
En su momento, el abogado José Amalio Graterol consideró que en el juicio iniciado en noviembre de 2012 se dejó constancia de la violación de derechos humanos en el caso de la jueza, lo que junto con la reunión del canciller Elías Jaua con el secretario de Estado John Kerry y la del presidente Nicolás Maduro y el papa Francisco, pudieron haber ayudado a que se tomara la decisión de liberarla.
2014
Durante casi todo este año, el juicio de Afiuni cayó en el limbo, entre suspensiones y diferimientos.
7 de noviembre: La corte de apelaciones negó la solicitud de libertad plena.
12 de noviembre: Se retoma el juicio contra la jueza.
2015
29 de junio: Venezuela sumaba 15 años sin comparecer ante las Naciones Unidas, cuando ese año la fiscal Luisa Ortega fue una de sus emisarias. Durante la intervención, negó que Afiuni hubiese sido abusada en prisión, o torturada, e incluso consignó un escrito presuntamente de puño y letra de la jueza, en donde esta desmiente lo que apareció publicado en el libro de Olivares sobre el abuso sexual cometido en su contra.
30 de junio: Defensa de Afiuni acusa a fiscal Ortega Díaz de forjar documento presentando a la ONU.
02 de julio: La jueza asistió por primera vez a una audiencia de su juicio para declarar, y solicitar permiso para viajar a Suiza y demandar Ortega Díaz por usar documentos falsos en su contra en la ONU.
09 de septiembre: Juicio Afiuni continuó y sin observación internacional y con un testigo falso.
8 de diciembre: En la audiencia número 11 de su juicio, Afiuni tomó la palabra para exigir al magistrado Manuel Bonagnno que le otorgará la libertad, porque en su caso “no existía peligro de fuga”.
18 de diciembre: La defensa denunció que en la audiencia número 12, la decisión sobre la libertad de Afiuni fue diferida por el juez Bonagnno, quien alegó que ya existía una decisión del mes de julio de 2014 que negaba tal petición.
2016
28 de septiembre: Juicio de Afiuni fue retomado. Su defensa informó que el proceso judicial ya llevaba seis años y nueve meses, luego que desde el 29 de abril del año 2015 comenzara el juicio oral y público. La pena por los delitos que se le imputaron fue de siete años.
19 de octubre: Se filtró un audio con la declaración que diera Afiuni en julio de 2015 durante su juicio, en que resalta las irregularidades de su juicio y del sistema de justicia venezolano.
2017
18 de enero: El juicio fue nuevamente diferido por falta de despacho del tribunal.
3 de junio: Prosigue el juicio oral y público contra Afiuni. En esa audiencia el Ministerio Público solicitó prescindir de los testigos que conforman la acusación presentada por la Fiscalía en el año 2010, a excepción de Julio César Rodríguez, ex inspector de tribunales, y Daniel Medina.
17 de noviembre. Luego de tres diferimientos por falta de despacho se retoma el proceso judicial. El mismo ya supera los siete años y 10 meses.
10 de diciembre: La jueza escribió en su cuenta de Twitter que cumplía ocho años siendo sometida a un proceso judicial por otorgar libertad condicional a una persona, según lo establecido en una resolución de la ONU sobre la materia. Advirtió que el proceso continuaba con medidas restrictivas de libertad, a pesar de que el mismo sobrepasaba el límite máximo de 7 años de la pena establecida por los delitos que le imputaron.
2018
06 de septiembre: El equipo de abogados defensores de Afiuni reveló que desde el 31 de enero el juzgado 17 de juicio del área metropolitana de Caracas a cargo del juez Manuel Antonio Bognanno, quien lleva la causa, no da despacho. Esto ha impedido que se dé la última audiencia de juicio, que es en la que se debe dictar sentencia.
2019
18 de marzo: El abogado de Afiuni informó que el juez que lleva el caso, Manuel Antonio Bognanno, fijó audiencia de juicio para el día 19 de marzo a las 2 de la tarde, después de un año y un mes suspendido. Sin embargo, dicha audiencia no se celebró.
21 de marzo: Se celebró la audiencia de juicio. Los abogados de Afiuni, informaron que el juez Manuel Antonio Bognanno, quien lleva el caso, condenó a la juez a cinco años de prisión por el delito de corrupción espiritual, es decir, corrupción sin dinero.
04 de julio: El tribunal décimo séptimo de primera instancia en Funciones de Juicio, acordó el cese de la medida cautelar sustitutiva de libertad a favor de la ciudadana María Lourdes Afiuni. Sin embargo, se mantiene la prohibición de salida del país y la prohibición de declaración a medios de comunicación, así como en redes sociales.
09 de septiembre: La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos solicita al gobierno de Nicolas Maduro la liberación plena de la Jueza Afiuni.
15 de octubre: Corte de Apelaciones ratifica sentencia condenatoria del Tribunal 17 de Juicio contra la Jueza Afiuni.
2020
20 de enero: el abogado de la Jueza Afiuni interpuso recurso de casación contra la decisión de la Corte de Apelaciones que desestimó la apelación intentada contra la sentencia condenatoria.
04 de noviembre: La Sala de Casación Penal mediante decisión n.°114 desestimó el recurso de casación interpuesto por la Juez Afiuni contra la sentencia del 15 de octubre de 2019, dictada por la Sala Diez Accidental de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que a su vez había declarado sin lugar la apelación contra la sentencia que la condenó a 5 años de prisión por corrupción «espiritual» (corrupción sin dinero).
2022
17 de marzo: El Juzgado Tercero de Primera Instancia en Funciones de Ejecución del Circuito Judicial Penal Área Metropolitana de Caracas negó permiso de viaje al exterior a la jueza Afiuni para hacerse un chequeo integral post tratamiento de radio y quimio del cáncer (carcinoma adenoide quístico) que afectó su salud.
2023
25 de enero: A través de sus redes sociales, María Lourdes Afiuni manifestó que fue notificada de su destitución como jueza titular. Al respecto, denunció que nunca le notificaron de tal procedimiento y de un supuesto abogado defensor que habría velado por sus intereses. La perseguida política hasta el momento contabilizaba 13 años y un mes en el cargo de jueza.
29 de marzo: La Asociación Alemana de Jueces (DRB) otorgó, merecidamente, a la jueza María Lourdes Afiuni el premio 2023 de derechos humanos DRB.
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