La paradoja del parlanchín/Raymundo Riva Palacio

 Aquella mañanera del 27 de febrero....

El caso Lozoya Austin hizo enojar al c. Presidente de la República al grado de que cometió un exabrupto, reconoció que con las cosas cambiaron con la llegada de la ministra Norma Piña, a la que por cierto le volvió a cambiar el nombre al decirle Irma; después la expresión "ofrecemos disculpas".

La verdad es que se les cayó en gran parte el llamado "juicio del siglo", la FGR ha fracasado de momento y lo más fácil es echarle la culpa al Poder Judicial como lo dijo ayer en un comunicado.. Y la nota de la excarcelación de Lozoya Austin se llevó las primeras planas de los medios; Ael barajas reportero de Reforma da en el clavo : "Acaba show de FGR: libera Juez a Lozoya"...,

El tema llegó a la  mañanera 

El c. presidente muy molesto debido a que era su tema de gobierno  ene veces lanzó  criticas contra  sus adversarios a los que llama por lo menos hipócritas conservadores, y  veces hasta camajanes, o sea, holgazanes...

¿Qué dijo ese día.?

Hizo un primer comentario medianamente prudente , pero le siguieron preguntando y dio nota, cometió  un error grave, al confesar que cuando Záldivar Lelo de Larrea era presidente  de la corte y había un asunto de ese tipo," nosotros respetuosamente interveníamos.. "se hablaba con él y él podía, respetuoso de las autonomías de los jueces meterse preso penal..." hablaba con el juez y le decía: ‘Cuidado con esto’... (...)  Entonces, él ayudaba. Llega la señora (Norma) Piña y dice: ‘Los jueces son autónomos’, o sea, licencia para robar, o sea, hagan lo que quieran, porque así tiene fuerza al interior del Poder Judicial; o sea, es una relación de componendas y de complicidades, como si se tratara de una mafia.

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Estrictamente Personal

La paradoja del parlanchín/Raymundo Riva Palacio

El Financiero, abril 15, 2024 | 

El mayor daño autoinfligido del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuyas consecuencias apenas se van a empezar a cuantificar, probablemente es su declaración del pasado 21 de febrero, cuando reveló que intervenía en la Suprema Corte de Justicia y le pedía al entonces titular del Poder Judicial, Arturo Zaldívar, que “ayudara” hablando con los jueces, para que cambiaran sus resoluciones. Ese mismo día, tras la mañanera donde hizo pública la colusión de Zaldívar con él, la consejera jurídica de la Presidencia, María Estela Ríos, le explicó la gravedad de sus palabras, pero el Presidente se carcajeó. No entendía lo que había hecho y una semana después, al tratar de sofocar el escándalo, dijo que sólo intervenía en la Corte cuando se trataba de “asuntos de Estado”.

Sin ver la dimensión de lo que había dicho construyó inopinadamente el edificio para la investigación más importante que haya realizado jamás el Poder Judicial, anunciada el viernes pasado en contra de Zaldívar y varios ex altos funcionarios de la Corte, ligados a Julio Scherer, en ese entonces superpoderoso consejero jurídico de la Presidencia, por “vulnerar la autonomía e independencia” del Poder Judicial, “con la intención de satisfacer intereses personales y de terceros”.

La investigación parte de una denuncia anónima de 32 páginas presentada después de la revelación del Presidente, en cuyo tercer párrafo señalan como una confesión de López Obrador “su influencia en decisiones de jueces y magistrados del Poder Judicial federal, reconociendo que, valiéndose del servilismo de Zaldívar, lo llamaba para que interviniera en diferentes procesos judiciales en beneficio de sus intereses, (dejando) claro que el exministro sacrificó la independencia del Poder Judicial a cambio de tener personalmente el favor del líder del partido en el poder, y con ello asegurar su futuro político y satisfacer su necesidad de protagonismo”.

Zaldívar, en efecto, fue premiado por el Presidente. No logró que se reeligiera, por la enorme violación a la Constitución, pero cuando renunció a la Corte un año antes de terminar su periodo, para que López Obrador pudiera colocar su última ministra, el Presidente le ofreció ser secretario de Gobernación en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Zaldívar le dijo que serviría mejor a sus propósitos para reformar el Poder Judicial como consejero jurídico de la Presidencia, y lo mandó a trabajar la iniciativa a su campaña presidencial.

La pesquisa que abrió Herbert Torres Coello, titular de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas, fue calificada por Zaldívar como una “cacería de brujas” donde era “evidente la intencionalidad política” que buscaba “una especie de revancha contra la 4T”. Lo que ocultó Zaldívar es que entre 2019 y 2022 se abrieron en su contra 283 investigaciones por denuncias anónimas, que no es un procedimiento irregular o ilegal, sino que por estatuto deben indagarse. La ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, por ejemplo, tiene 68 denuncias anónimas del año pasado a la fecha.

No deja de ser una ironía que aquella declaración de López Obrador se hubiera dado como reacción a un fallo en tribunales la víspera, que le permitió al exdirector de Pemex Emilio Lozoya continuar su proceso en libertad por el caso de Odebrecht, porque ni siquiera reparó en las contradicciones. Lozoya siempre estuvo libre mientras se defendía hasta octubre de 2021, cuando la columnista Lourdes Mendoza publicó una fotografía donde estaba cenando en el mejor restaurante chino del país, lo que provocó furor ante la percepción de impunidad. Lozoya, además, había fraguado un acuerdo originalmente con Scherer, para denunciar a políticos de renombre del PRI y del PAN de haber recibido dinero de Odebrecht para campañas políticas a cambio de su libertad.

Scherer, figura central de la investigación, fue quien promovió a Zaldívar para llegar a la titularidad del Poder Judicial y quien lo acercó con el Presidente. Jueces y magistrados celebraron cuando presentó su renuncia como consejero jurídico a fines de agosto de 2021, porque decían que se librarían de las duras presiones que ejercía para que modificaran fallos o favorecieran a quienes les indicaba. La denuncia anónima detalla lo que presumiblemente hacía Scherer con Zaldívar, y en la investigación determinarán si, como se afirma, tenía como subordinado para esos fines al brazo derecho del exministro, Carlos Alpízar.

La investigación salpica el corazón del despacho presidencial, no sólo porque establece a partir de la denuncia actos de corrupción, presiones y amenazas penales contra jueces y magistrados para que no otorgaran amparos contra el Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles, la Ley de Hidrocarburos y la ley eléctrica, entre varios casos de alto impacto, sino porque golpea dos piezas que fueron fundamentales para López Obrador en una época marcada por el terror político y judicial sin contrapesos, Zaldívar y Scherer, a quienes señalan de haberse confabulado “para atentar contra la autonomía e independencia de los titulares de los órganos jurisdiccionales”.

Llama la atención en la investigación, sin embargo, que el foco de los presuntos actos de subordinación de Zaldívar a la Presidencia se encuentre en casos relacionados con concursos mercantiles y el Instituto de la Defensoría Pública, mencionando con detalle los presuntos brazos de presión del exministro, así como sus operadores, jueces y magistrados con los cuales quería copar el Consejo de la Judicatura, que es una de las principales reformas al Poder Judicial que quiere López Obrador. Lo sugerente es que no se toca en ningún momento al fiscal general, Alejandro Gertz Manero, que sería la pieza ejecutora para esos arreglos, y que tiene en Scherer a uno de sus dos más grandes enemigos –el otro es Santiago Nieto–, y en Zaldívar a un personaje que se quiso quedar con su puesto.

La investigación no puede verse fuera del contexto electoral y sacude al Presidente, a la candidata y al exministro. Qué dimensión toma ahora aquel momento en que, tras la mañanera de aquel febrero de 2024, cuando López Obrador, riéndose, dijo que Zaldívar sabría cómo matizar sus declaraciones y que lo importante era que no lo agarraran fuera de base, que es lo que sucedió ahora en el pináculo del poder.