El Centro Carter, dijo este martes que la elección presidencial de Venezuela no puede ser considerada como democrática.
Punto.
En un comunicado publicado a última hora, el Centro Carter dijo que no pudo verificar o corroborar la autenticidad de los resultados publicados por el Consejo Nacional Electoral que dio como ganador a Nicolás Maduro para un nuevo mandato 2025-2031.
"El hecho que la autoridad electoral no haya anunciado resultados desglosados por mesa electoral constituye una grave violación de los principios electorales", dijo el Centro Carter
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El gobierno mexicano camina a ciegas en la captura de El Mayo/Héctor De Mauleón
El Universal, 31/07/2024 |;
No se reponía el gobierno de López Obrador de la tremenda pifia cometida por Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard al responder en redes sociales a una supuesta burla del candidato republicano Donald Trump sobre el coeficiente intelectual del próximo secretario de Economía (la crítica, viralizada en un video editado, y difundida inicialmente por plumas cercanas al obradorismo iba dirigida en realidad contra el presidente Joe Biden), cuando estalló la bomba que ha dejado en un ridículo histórico a la administración de AMLO.
Era la noticia de que dos de los mayores líderes del narcotráfico, El Mayo Zambada, fundador del Cártel de Sinaloa, y Joaquín Guzmán López, hijo del famoso Chapo, se hallaban bajo custodia del gobierno de los Estados Unidos.
A partir de entonces, declaración tras declaración, el ridículo del gobierno no ha hecho sino crecer. Ayer, luego de varios años de desplantes, burlas, negaciones y enfrentamientos con la DEA, entre otras instancias del gobierno estadounidense, López Obrador urgió a aquel país a “hablar con la verdad” y dar a conocer todos los detalles de la captura o la entrega de ambos capos.
Cinco días después de que se reportara que Zambada y Guzmán habían aterrizado en una avioneta en las cercanías de El Paso, y que se hallaban a disposición del gobierno estadounidense, López Obrador seguía afirmando que era necesario saber “a ciencia cierta” lo que tantas horas, tantos días después, su gobierno ignora: dónde y cómo fue que los narcotraficantes sinaloenses llegaron a El Paso.
“Estamos esperando informes del gobierno de Estados Unidos para que no haya especulación”, dijo López Obrador en la “mañanera”.
Porque especulación, recortes de prensa, investigaciones periodísticas e información ansiosamente recogida en redes sociales —todo esto confuso, fragmentario, muchas veces contradictorio— es todo lo que su gobierno ha tenido a la mano.
Captura por parte de agencias estadounidenses, entrega pactada o traición entre narcotraficantes, lo cierto es que el gobierno de AMLO no ha sido informado de absolutamente nada.
López Obrador no quiso ver las señales que del otro lado de la frontera le estaban enviando desde hacía muchos meses: que el tema del fentanilo, traficado por cárteles mexicanos, se había convertido en un asunto de seguridad nacional y que tarde o temprano Estados Unidos iba a actuar en consecuencia.
Llegó a negar que en México se produjera fentanilo. Al fin, hace apenas unos meses, reconoció que esta sustancia sí se producía, “pero poco”.
Mientras tanto, 70 mil estadounidenses morían cada año a consecuencia del tráfico de fentanilo y, como puede constatarse tras una simple revisión en los medios, la idea de la pasividad, la permisividad de AMLO y su gobierno, iba escalando por todos los peldaños del sistema político estadounidense.
El balde de agua fría que cayó sobre el gobierno mexicano tras el aseguramiento de Zambada y Guzmán se hizo patente al día siguiente, en la “mañanera” del viernes, en que una insegura, nerviosa, titubeante secretaria de seguridad pública federal admitió ante la nación que el gobierno no tenía idea alguna de lo sucedido.
De la misma “mañanera” se desprendió que, antes que a la secretaria y que al Presidente –para que el ridículo fuera mayor--, se había informado de lo ocurrido a las cabezas del Ejército y de la Marina --quienes a su vez carecían también de toda información.
El Fiscal General de la República quedó alineado también en la fila de los sorprendidos. Sin respuestas, se limitó a iniciar una “investigación”.
Ha trascendido que el gobierno de AMLO conoció los hechos a través de una llamada telefónica realizada desde la embajada de Estados Unidos en México, y que en las horas que siguieron no hubo más comunicación, sino hasta ya muy avanzada la noche del jueves, cuando circulaban ya los herméticos comunicados del secretario de Justicia, el FBI, la administradora de la DEA y el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, en todos los cuales el gobierno mexicano fue ignorado.
Durante los días que siguieron, en Palacio Nacional y sus alrededores solo hubo información recogida en redes sociales, y vertida, sobre todo, por periodistas estadounidenses con acceso al gobierno y las agencias de seguridad.
Esa información comenzó apuntando a un trampa en contra del Mayo Zambada para hacerlo abordar una aeronave, y avanzó más tarde hacia la construcción de una historia trepidante, digna de Netflix: la del secuestro del capo mayor del narcotráfico mexicano por parte del hijo del Chapo, a fin de alcanzar un arreglo que beneficiara tanto a Joaquín Guzmán como a su hermano Ovidio.
Hubo también la pifia monumental de hacer públicos los nombres de personas que no tuvieron que ver con la entrega o captura de los capos, y quienes, a pesar de que el gobierno de AMLO puso sus vidas en riesgo, no han recibido de este, ni de ningún otro funcionario, la más mínima disculpa.
Al final, como ha quedado claro, los costos de que Estados Unidos haya echado al gobierno a un lado, en demostración de que se ha perdido toda confianza y como respuesta, tal vez, a las constantes balandronadas del Presidente, tendrán que pagarlos, con cada hora de silencio, la secretaria Rodríguez, próxima secretaria de Gobernación, y el fiscal Gertz Manero, sobre cuyos hombros se ha echado a cuestas el paquete de la investigación.
Como parte de ese control de daños, ha llamado la atención de los analistas el silencio casi absoluto de Claudia Sheinbaum sobre este tema, como si la relación con los vecinos del norte no fuera un asunto que su gobierno tendrá que encarar.
En todo caso, nada cambiará estos hechos: durante al menos cinco días después de la entrega o captura, el gobierno mexicano ha caminado a ciegas, como anuncio de la noche que, con todo respeto, se le viene encima.
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El Mayo, un asesinato y el efecto político/Carlos Loret de Mola
El Universal, 31/07/2024 |;
Héctor Melesio Cuén era de Badiraguato. Rubén Rocha Moya también. En parte por eso, sus carreras políticas siempre se desarrollaron con señalamientos de tener nexos con narcotraficantes.
Héctor Melesio Cuén fue rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, la UAS. Rubén Rocha Moya también. Rocha lo fue de 1993 a 1997. Cuén de 2005 a 2009, pero luego se quedó con el control administrativo de la universidad. Echó mano del presupuesto y puso a los rectores que le sucedieron. Desde esa plataforma construyó un partido político local, el PAS. Rocha criticó por años a Cuén por usar a la universidad y los universitarios (base del PAS), pero el pleito se exponenció desde que Rocha se volvió gobernador.
Cuén fue candidato al Senado en 2018. Rocha también. Impulsado por la ola obradorista, Rocha ganó con holgura. Cuén, que fue candidato de la alianza PAN-PRD-MC que se alió con su PAS en las contiendas locales, quedó en tercer lugar sin senaduría. En esa campaña se dieron con todo. Se acusaron mutuamente por abusos en la UAS.
Cuén fue candidato a gobernador. Rocha también. Cuén lo fue en 2016 con el PAS y MC. Quedó en segundo lugar detrás del PRI, desplazando al PAN a tercero. Rocha lo fue en 2021 por Morena y ganó la gubernatura cómodamente. Olvidando sus rencillas, en esa contienda del 2021 los dos grandes rivales decidieron unirse: el PAS de Cuén se sumó a Morena. Rocha y Cuén juntos aplastaron a la alianza del PAN-PRI-PRD, en una elección que estuvo manchada por la sospecha y la acusación incluso internacional de que el crimen organizado operó electoralmente a favor de Morena.
Rocha al inicio de su gobierno invitó a Cuén a ser su secretario de Salud. Duraron medio año. Rocha cesó a Cuén y la lucha por el control de la UAS los volvió a subir al ring.
Cuén se volvió el principal opositor del gobernador Rocha. Se declaró perseguido político. Se sumó a la alianza opositora en la pasada elección federal, negoció una diputación plurinominal y estaba listo para entrar al Congreso en cosa de un mes. Pero el jueves pasado lo ejecutaron.
En enero, Cuén publicó un video diciendo que hacía responsable al gobernador Rocha de su seguridad. En campaña tuvo seis escoltas de la Guardia Nacional. El 3 de julio se los quitaron, según él, por intervención de autoridades estatales. Y volvió a responsabilizar al gobierno del estado de lo que le pasara… y le pasó.
Encima, recién circuló la versión periodística de que el Mayo Zambada tenía pactada una reunión en Culiacán con Héctor Melesio Cuén. Que era una trampa en la que el Mayo habría sido emboscado, secuestrado y entregado a Estados Unidos. Ese mismo día, horas después, Héctor Melesio Cuén fue asesinado.
Hasta ayer la fiscalía del estado decía no tener claridad de las razones del asesinato. Informó que no descartaba ninguna línea de investigación.
historiasreportero@gmail.com
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El asalto a la razón
Inicia el verdadero “golpe de Estado”/Carlos Marín
Milenio,
El fantasioso “golpe de Estado técnico” de que hablaba el presidente López Obrador antes de las elecciones no se le ocurrió a la oposición… pero sí a él.
Alérgico a los contrapesos, se propuso neutralizar los poderes Legislativo y Judicial, extinguir algunos de los organismos autónomos que detesta y chatarrizar el Instituto y el Tribunal electorales, pero antes necesitaba capturar el Congreso (lo que consiguió de manera holgada e indiscutiblemente democrática).
Sobre tan sólida cimentación para deformar las leyes a su antojo, este lunes comenzó el asalto al Estado que tendrá su clímax en la destrucción de la columna vertebral de la República: la división de poderes.
Con sus avasalladoras y voraces mayorías (quieren alzarse con una evidente sobrerrepresentación), sus diputados tienen lista el acta de defunción de siete instituciones que han servido a la sociedad civil frente a los tres Poderes:
Los institutos Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Federal de Telecomunicaciones (Cofetel); las comisiones Reguladora de Energía (CRE), Federal de Competencia Económica (CFC) y Nacional de Hidrocarburos (CNH); el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación (SNMCE).
El Ejecutivo se apodera de sus funciones porque, excepto de las que asuma el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), quedarán al arbitrio de las secretarías de Función Pública, Energía, Educación e Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
Así pretenden justificar el exterminio múltiple:
“La modificación estructural que se propone, en los términos que señala el Presidente de la República, parte de la exigencia establecida en el propio marco jurídico nacional que reconoce la supremacía del interés general, público y social, sobre el interés privado, ya que el primero hace posible el ejercicio efectivo de los derechos humanos que implican el disfrute de los bienes comunes de la Nación, como condición indispensable, incluso, para el ejercicio de otros derechos humanos; lo que, a su vez, exige replantear la organización administrativa del Estado Mexicano para hacerla congruente con los principios de racionalidad, austeridad, eficiencia, eficacia y el derecho a una mejor administración pública”.
En realidad, de lo que se trata es de empoderar más al poder de los poderes en los dos meses que le restan a López Obrador (y que legará a su sucesora).
“Simplificación administrativa”, le llaman al atraco.
El dictamen pasará “a comisiones para ser discutido”, engañan, para que luego la aplanadora lopezobradorista lo apruebe y despida en septiembre a López Obrador con haberle palomeado sus 20 propuestas (18 constitucionales) de reformas.
Lo peor que seguirá va a ser mucho más devastador: la demolición del Poder Judicial, sobre cuyos escombros se construirá una peligrosa y cuatrotera justicia popular…
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México y el fraude electoral en Venezuela/Jorge G. Castañeda
La 4T es todo menos que normal. Los paralelismos del caso venezolano con el 88 mexicano y con la versión lopezobradorista del 2006 (no con la realidad de esa elección) son tan flagrantes que no debiera caber la menor vacilación sobre qué hacer.
El Universal, 31/07/2024 |;
El gobierno de México enfrenta tres retos ante las elecciones y el fraude electoral en Venezuela. Ninguno es fácil de atender, y los acontecimientos pueden precipitarse en cualquier momento, motivo por el cual lo aquí escrito puede perder o ganar rápidamente relevancia.
El primero consiste, obviamente, en la definición ante los hechos venezolanos. Por un lado, hasta la noche del martes, el Consejo Nacional Electoral, dominado por régimen de Maduro, no había publicado los resultados mesa por mesa (casilla por casilla, en mexicano), sino únicamente una cifra global, poco creíble. Contabilizó 80% de las casillas, sosteniendo que el 20% restante fue hakeado por la oposición y alguien en Macedonia del Norte (sic). Mientras que la oposición subió a un sitio web accesible para todos el 84% de las actas “escupidas” por las maquinas de voto electrónico. En ellas, el candidato opositor gana por más de dos a uno.
Las razones por las cuales Maduro no ha podido cumplirle -hasta ahora- incluso a Celso Amorim, enviado especial del presidente Lula y chavista de corazón, a quien le prometió entregar pronto las actas, pueden ser de dos órdenes. Primero, que necesita más tiempo para llevar a cabo una operación algorítmica de cierta complejidad. Se trate de entresacar del 100% de las casillas, las cuatro quintas partes de mayor margen de Maduro, y eliminar el 20% con el mayor margen de Edmundo González, y lograr que el saldo equivalga a los números divulgados el domingo en la noche. Si no alcanza con 80% de las actas, deben bajarse a 70%, o a 60%, hasta que cuadren las cuentas. A ojo de buen cubero, probablemente no baste la pura manipulación matemática; habría que adulterar algunas actas, algo dificultado por el proceso de voto electrónico.
La otra posibilidad es que no hubo ningún de tipo de fraude cibernético y simplemente se hizo todo esto a la manera tropical: como salga. En el primer caso, Maduro podrá entregar algo en los próximos días. En el segundo, el Centro Carter, Amorim y López Obrador se quedarán esperando. Y el último deberá por fin optar entre avalar el fraude -su inclinación natural- y felicitar a Maduro, o acercarse a los demás países latinoamericanos, Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. Tendría que exigir, al cabo de un plazo razonable de la no-publicación de resultados voto por voto, casilla por casilla, nuevas elecciones con observadores internacionales (que prácticamente no hubo).
El segundo reto, reside, justamente, en decidir con quien se quiere juntar López Obrador. Se esperaba un comunicado de Brasil, Colombia y México, aún inédito, que demandaría la publicación de las actas. Pero los dos gobiernos sudamericanos han externado mayor escepticismo que el de México. Petro y Lula son pro-chavistas y pro-cubanos, pero son también realistas, por ser vecinos. López Obrador y su canciller saben que el fin del régimen de Maduro entrañaría severas consecuencias para la dictadura cubana, que México se vería forzado a sustituir a Venezuela como proveedor eterno de todo, a un país que ya no produce nada. Sacrificar a Maduro implica abandonar a Cuba o hacerse cargo. Pero separarse de Brasil y de Colombia, si Maduro no sube las actas, significa quedarse solo en la región con Cuba, Nicaragua, Honduras y Bolivia, y en el mundo con Irán, Rusia y China. Dilema desgarrador para este gobierno, aunque obviamente no para cualquier demócrata.
El tercer desafío para el gobierno de AMLO es propio del instante que vivimos: la sucesión presidencial. Es evidente que López Obrador gobierna hasta el 30 de septiembre; es obvio también que quien padecerá las consecuencias de cualquier decisión que se tome ahora será Claudia Sheinbaum. Dudo que haya mayor desacuerdo entre ambos a propósito de Venezuela -hay que apoyar a Maduro- pero sí pueden existir sensibilidades distintas en torno al alineamiento de México: con Cuba y Nicaragua, o con Brasil y Colombia. Sheinbaum irá seguramente al G-20 en Brasil en noviembre, y otras cumbres regionales a fin de año y en 2025. ¿Querrá ir aislada, o en compañía de Irán y Corea del Norte?
Lo lógica es que este tipo de decisiones se construyan al alimón: entre dos. La manera de ver las cosas puede variar entre uno y otra. AMLO sin duda cree que Biden se hará, nuevamente, de la vista gorda ante las travesuras mexicanas; Sheinbaum tendrá que lidiar durante cuatro años con otro mandatario norteamericano. Constituiría una gran irresponsabilidad de López Obrador no ser deferente con quien deberá vivir las implicaciones de la resolución que se adopte esta semana.
Con un gobierno normal, estos tres retos serían sencillos de superar. La 4T es todo menos que normal. Los paralelismos del caso venezolano con el 88 mexicano y con la versión lopezobradorista del 2006 (no con la realidad de esa elección) son tan flagrantes que no debiera caber la menor vacilación sobre que hacer. Ni ante los acontecimientos, ni ante la disyuntiva de alianzas, ni a propósito de la responsabilidad compartida con el gobierno que viene. El simple hecho de los titubeos, la confusión y la parálisis ilustran la excentricidad tropical del gobierno.
Excanciller de México
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