Las columnas políticas hoy, miércoles 14 de agosto de 2024

AMLO dice que le enviara una carta al presidente Joe Biden ya que está seguro que no tiene conocimiento de los recursos que da USAID a Mexicanos contra la Mexicanos Contra La Corrupción, iluso el c. Presidente, con todo respeto; USAID tiene más de 60 años trabajando con varias organizaciones civiles en el mundo, y otorgan recursos para varios proyectos, basta leer los informes.., y se dará cuenta quienes son los que reciben dinero; ¡se va a sorprender!.

La Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID),  se encarga de administrar programas de cooperación y asistencia en casi 100 países. USAID apoya el crecimiento económico, la salud, la educación, la democracia, la agricultura, la prevención de conflictos y provee asistencia humanitaria en caso de desastres.

La agencia fue creada en 1961 por el Presidente John F. Kennedy quien transformó el Proyecto de Ley de Asistencia Exterior (Plan Marshal) en ley y a través de un decreto creó la agencia. Desde entonces, USAID ha sido el principal órgano de Washington en brindar asistencia a los países que se recuperan de un desastre, tratan de salir de la pobreza y se embarcan en reformas democráticas. “Trabajamos en estrecha cooperación con organizaciones voluntarias privadas, organizaciones locales, universidades, compañías norteamericanas, organismos internacionales, otros gobiernos y otros organismos gubernamentales de los Estados Unidos”, dice su página web.

Cuenta con oficinas centrales en Washington, D.C. y tiene representaciones en muchos de los países en los que cuenta con programas. 

El programa USAID-México fue establecido a finales de la década de los 50’s. (Junto con en el Plan Marshal).

Según Pablo Gómez, MCCI es una asociación sin fines de lucro creada en 2015 y tiene como objetivo investigar causas y efectos de la corrupción y la impunidad; así como realizar propuestas para mejorar las leyes e instituciones para prevenir actos de corrupción y lograr una correcta procuración e impartición de justicia.

La asociación obtiene recursos a nivel nacional e internacional por aportaciones voluntarias y donativos deducibles de impuestos para el donador. Los apoderados legales son Claudio X. González y María Amparo Casar.

La UIF detalló que los ingresos comenzaron a registrarse a partir de 2016 y hasta 2023, por lo que sumaron un monto de 502 millones 588 mil 208 pesos. De 2017 a 2023, MCCI recibió 13, 017 951.50 de cuentas desde EU...

En total son 6 cuentas que enlistó la UIF como las que hicieron donaciones desde EU, entre ellas están: The Ford Foundation, John and Catherine T Macarthur Foundation, Rockefeller Bros Fund Inc, Intelligent Mexican Marketing Inc.

De acuerdo con la UIF, del 29 de agosto de 2018 al 23 de enero de 2024, MCCI recibió 96 millones 740 mil 613 pesos de la embajada de EU en México.

Como parte de los recursos obtenidos desde el extranjero, la asociación obtuvo ingresos de Reino Unido entre 2017 y 2020 por un monto de 2, 040, 556.76. También se enlistó a las cuentas y empresas que realizaron aportaciones desde México para MCCI.

Entre los pagos realizados por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad son por conceptos de pagos a colaboradores y sueldos, así como a empresas y asociaciones, explicó Pablo Gómez.

exicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) calificó como amenaza a la libertad de expresión la acción y acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador  de hostigamiento y difamación.

Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), indicó en la mañanera que de agosto de 2018 a diciembre de 2024, MCCI, ha recibido poco más de 96 millones de pesos de la Embajada de EU  en México.

Reaccción.

"Además de violar el derecho a la protección de datos personales de los donantes, proveedores y personal de MCCI, el presidente (...) ha vuelto a amenazar la libertad de expresión. La asociación civil ha sido hostigada y difamada en 265 ocasiones desde las conferencias matutinas", señaló.

Mediante un comunicado, MCCI aclaró en 11 puntos la situación de las declaraciones hechas por el presidente y Pablo Gómez Álvarez.

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A casi tres semanas de la detención de Ismael ‘El Mayo’ Zambada y Joaquín Guzmán López, las distintas facciones del Cártel del Pacífico se preparan para una intensa “guerra” en la que otras organizaciones criminales de México podrían intervenir, advirtió The Wall Street Journal (WSJ) en su primera plana hoy (4 columnas).

De acuerdo con el WSJ luego de que el cofundador del Cártel de Sinaloa confirmó a través de una carta haber sido secuestrado por el hijo de su antiguo socio, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, su gente y la de Los Chapitos han comenzando a reclutar hombres y adquirir armas de fuego.

“Afirma que Los Chapitos pueden contar con un ejército de hasta 5 mil sicarios. (Mientras tanto) El hijo y heredero aparente de Zambada, Ismael ‘Mayito Flaco’ Zambada, no tiene tantos pistoleros, pero podría recurrir a las alianzas que su padre hizo con otros grupos criminales a lo largo de sus 50 años de carrera”, apuntó el periodista José de Córdoba.

En esa línea, WSJ advierte que un conflicto de estas características podría ocasionar que otras organizaciones criminales intervengan, toda vez que buscarían hacerse con parte del negocio del fentanilo.#

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Las columnas políticas hoy, miércoles 14 de agosto de 2024

“Alito” debilita sus bancadas legislativas

Bajo Reserva/ EL UNIVERSAL

Nos hacen ver que, en su desenfrenada carrera por tener el control total del PRI, Alejandro Moreno acabará por debilitar sus bancadas en el Senado y en la Cámara de Diputados, que por cierto ya son raquíticas. La expulsión de Manlio Fabio Beltrones de la próxima bancada priista en el Senado achica aún más la fracción tricolor, pero también puede costar una curul en la Cámara de Diputados. Nos comentan que, la permanencia de Sylvana Beltrones, hija de don Manlio, en la bancada del PRI en la Cámara de Diputados para la 66 Legislatura, que inicia en septiembre, se ve muy complicada. Los agravios hacia su padre, y su eventual expulsión del partido, ponen en riesgo la permanencia de la diputada en el grupo parlamentario tricolor. Y aunque “Alito” Moreno asegura que Sylvana —hoy senadora— forma parte de la nueva bancada en San Lázaro, la realidad es muy distinta, pues ella no asistió a las reuniones del lunes y martes que tuvo la reelecta dirigencia de “Alito” con las bancadas en el Senado y en la Cámara de Diputados, lo que anticipa el inminente rompimiento como un daño colateral a la ofensiva de Moreno contra su padre.

Ni café ni mate de AMLO con Milei

En solo unas horas, el presidente Andrés Manuel López Obrador despejó la duda que planteamos ayer en este espacio. No recibirá a su homólogo de Argentina Javier Milei en Palacio Nacional para tomarse un café ni un mate. Tajante, el mandatario expresó que no se reunirá con el presidente Milei, quien vendrá al país el próximo 24 de agosto a la Conferencia Política de Acción Conservadora (Conservative Political Action Conference), porque no coincide con “su manera de pensar y su forma de ser”. Así que todo claro: con Milei ni a la esquina.

Un país sin jueces

Nos cuentan que el paro nacional del Poder Judicial podría iniciar la próxima semana, el jueves 22 de agosto, día en que Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados tienen planeado aprobar el dictamen en la Comisión de Puntos Constitucionales. Magistrados y jueces amenazaron ayer que irán a paro nacional si no se detiene la discusión de la reforma judicial, lo que no sucederá porque los morenistas se han cansado de repetir, en voz de Ricardo Monreal, quien ha tomado las riendas de su aprobación, que la reforma será aprobada en septiembre para que la promulgue el presidente López Obrador, como un regalo antes de que termine su sexenio. Así que todo indica que el país se quedará sin tribunales. ¿Por cuánto tiempo México será un país sin jueces?

Gabinete asiste a presentación de libro

Nos comentan que gran parte del gabinete del presidente, López Obrador acudió ayer al Zócalo capitalino a la presentación del libro de la doctora Beatriz Gutiérrez Müller. Nos detallan que varios de los funcionarios y funcionarias llegaron desde antes de las 5 de la tarde a la Plaza de la Constitución para atestiguar la presentación y acompañar a la autora del libro y a su esposo. Entre los asistentes estuvieron: la titular de Gobernación, Luisa María Alcalde; la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez; los secretarios de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, y de Marina, Rafael Ojeda Durán. Así como el titular de Salud, Jorge Alcocer; de Turismo, Miguel Torruco; de Medio Ambiente, María Luisa Albores; de Cultura, Alejandra Frausto, y de Economía, Raquel Buenrostro. Nos comentan que no hubo invitaciones especiales para nadie, y que la presentación estuvo abierta a quien quisiera asistir. ¿Dejaron por un par de horas en piloto automático al país?

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Estrictamente Personal

Adiós a la estrategia de seguridad/Raymundo Riva Palacio

El Financiero,  agosto 14, 2024 |

La reunión entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el próximo secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, el miércoles pasado en Palacio Nacional fue muy publicitada por la Presidencia, que colocó una fotografía de los dos en las redes sociales. El mensaje subrayaba la injerencia de López Obrador en el gobierno entrante y la forma irrespetuosa con la que está tratando a su sucesora, Claudia Sheinbaum. Pero también quiso dejar claro que la estrategia de seguridad tenía que ser la misma a la que implementó en su sexenio, aunque haya sido un fracaso.

García Harfuch salió sonriente de la reunión, mientras Sheinbaum dijo que veía con buenos ojos que el Presidente hablara personalmente con su futuro gabinete. No podían haberlo hecho de otra manera. La presión de López Obrador, que sabe que no se puede aferrar al poder pero quiere dejar atada de manos a la próxima presidenta, ha ido creciendo conforme se está acercando el 30 de septiembre, su último día como jefe de Estado. Le están administrando sus ansias y arrebatos, sus pretensiones y exigencias, algunas de las cuales son transitables, al menos por un tiempo, pero otras son inaceptables.

La seguridad es una de ellas. La estrategia de López Obrador no será imitada por el nuevo gobierno. Fue un desastre que dio como resultado el mayor número de homicidios dolosos en la historia, y empoderó a los cárteles, a los cuales entregó de facto amplias franjas del territorio nacional y el destino de miles de personas. La relación con ellos, tejida por omisión o comisión, ha metido a López Obrador en un problema serio a mediano plazo, luego de que el líder del Cártel del Pacífico/Sinaloa, Ismael el Mayo Zambada, señaló al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, de tener nexos con la organización criminal.

La Secretaría de Seguridad ha sido desmantelada por López Obrador. Le quitó presupuesto y recursos humanos que trasladó a las Fuerzas Armadas, y destruyó la policía civil sustituyéndola por la Guardia Nacional, que no pacificó el país ni acabó con la violencia, lo que prometió en campaña. García Harfuch recibirá un esqueleto, pero ni él ni Sheinbaum se dirán sorprendidos, sabiendo de la destrucción institucional en ese campo.

Por diseño obradorista, la secretaría no puede dar seguridad y protección a los ciudadanos, porque la Guardia Nacional, la que debería proveerlas, está bajo el mando militar y así seguirá. Sheinbaum sabía que esa era una pelea que jamás ganaría al Presidente, pero ante tanta destrucción, se abrieron las posibilidades de armar una institución que permita ir caminando hacia la reducción de la violencia.

De acuerdo con los borradores de la nueva estrategia de seguridad, la secretaría reforzará el área de inteligencia civil con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que está bajo su mando. En la actualidad, el CNI, encabezado por el general Audomaro Martínez, no responde a la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, como debería por organigrama, sino al Ejército, aunque en los últimos tiempos se maneja de manera autónoma por un conflicto personal desde hace tiempo con el general secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval. El CNI, hasta este momento, va a dejar de ser dirigido por un militar, y pasará a ser encabezado por un civil de carrera dentro de ese organismo –antes llamado Cisen–, que tendrá dos secretarios generales, contra un solo puesto de ese rango que tiene actualmente.

La batalla por el CNI fue una de las más difíciles y prolongadas que tuvo el equipo de Sheinbaum con el del general Sandoval, que se ha decantado por la próxima presidenta, aunque hasta que no salga el nombramiento no se puede decir que logrará el objetivo, como ha sucedido con otros cargos en el gabinete que también han sido motivo de disputa palaciega. Fue una lucha crítica porque Sheinbaum quiere abandonar el énfasis que le dio López Obrador al CNI en espionaje político, y enfocarlo a investigación criminal.

Junto con ese logro estratégico, se obtuvo otro no menos importante, la recuperación para un civil del Centro Nacional de Fusión de Inteligencia –que hoy dirige Luis Rubén Sandoval, hijo del secretario de la Defensa– y de los cinco Centros Regionales de Fusión de Inteligencia. Estos centros, que se comenzaron a construir a finales del gobierno de Felipe Calderón, son unidades que integran en un mismo espacio a analistas de todas las dependencias, donde se comparten información de inteligencia que permiten tomar decisiones. En este sexenio estos centros fueron perdiendo efectividad por una mala calidad de análisis y por la penetración en algunas áreas del crimen organizado.

El énfasis para reformar la investigación criminal es lo que llevó a la creación de una segunda secretaría general, que tendrá como propósito judicializar los casos que investiguen. El CNI no tiene facultades para hacerlo, pero el objetivo es que armen prácticamente terminadas carpetas de investigación que puedan entregar a la Fiscalía General, para que puedan judicializarse los casos y que los responsables sean juzgados, que no es lo que sucede hoy en día en la mayoría de los casos.

Originalmente se planteó negociar con el fiscal Alejandro Gertz Manero que la Fiscalía Especializada de Delincuencia Organizada pasara al CNI, pero se desechó la idea. Lo que aceptó –sin recular hasta ahora–, para reforzar las facultades de investigación, es que Sheinbaum nombre al nuevo titular de la Agencia de Investigación Criminal. Otra área que inicialmente se pensó llevar al CNI fue el SAT, pero no lo logró. El SAT se queda en la Secretaría de Hacienda y, según lo perfilado, estará a cargo de Arturo Medina, actual subsecretario de Derechos Humanos en Gobernación y ex procurador fiscal.

La secretaría que quiere Sheinbaum requerirá de un nuevo marco legal que deberá aprobar el Congreso. Ese será el segundo escollo que tendrá que librar –si el primero, los acuerdos alcanzados, se mantiene–, porque las cámaras no responden a la futura presidenta sino al actual Presidente, que es volátil, explosivo e impetuoso, sin saber en qué momento lo que aceptó lo reniega y trata de sabotear.

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Una olla de aceite hirviendo a solo unos minutos de la capital

Héctor De Mauleón

El Universal, En solo unas semanas, el próximo secretario de Seguridad Pública federal, Omar García Harfuch, se verá obligado a enfrentar el desastre de un país corroído como nunca antes por la violencia, con un saldo histórico de 200 mil homicidios que serán la herencia del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y con un avance territorial y político de las organizaciones criminales —en especial del Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación— que ha alcanzado niveles que nunca antes se habían visto en México.

Como parte de una estrategia integral en materia de seguridad del nuevo gobierno se ha incluido la supervisión, por parte de Claudia Sheinbaum, de los candidatos a convertirse en próximos secretarios de Seguridad de los gobernadores entrantes de Morena.

Según fuentes de seguridad, García Harfuch, como el funcionario de mayor confianza de Claudia Sheinbaum en ese rubro, está jugando un papel central.

Se filtró el día de ayer el nombre del funcionario que a propuesta de la gobernadora electa de Morelos, Margarita González Saravia, entraría en sustitución del vicealmirante retirado José Antonio Ortiz Guarneros.

Se trata de Miguel Ángel Urrutia Lozano, quien durante el sexenio que termina dirigió Plataforma México y entre otros puestos se desempeñó como titular de la Unidad de Análisis Estratégico y Vinculación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, lo que puso en sus manos el mapa de operación de los grupos criminales en el país.

Como parte del fracaso de Cuauhtémoc Blanco, y de su secretario de seguridad, el vicealmirante retirado José Antonio Ortiz Guarneros, Morelos ha alcanzado también niveles históricos de violencia.

Blanco ha expresado: “Que sigan ladrando los perros… Me voy feliz con lo que logré”. Pero el pasado 25 de junio, con 15 ejecuciones en Yautepec, Puente de Ixtla y Jiutepec, su administración superó los 6 mil homicidios: el mismo número que dejaron, sumadas, las dos últimas administraciones: 2 mil 087 la Marco Adame y 3 mil 175 la de Graco Ramírez.

Los niveles de extorsión crecieron en más de 300% en relación con 2017. El secuestro y el secuestro exprés se dispararon. Más de 20 organizaciones criminales, grandes y medianas, han tomado posesión del estado.

Cadáveres mutilados aparecen a orilla de las carreteras con narcomensajes firmados por Los Rojos, Los Mayas, Los Tlacos, La Oficina, la Familia Morelense, el Cártel Jalisco, Los Linos, el Comando Tlahuica, La Familia Michoacana, la Unión Tepito, el Cártel del Noreste y Los Colombianos, así como por grupos llegados de Acapulco y Sinaloa.

El feminicidio, los asaltos y el robo de vehículos cunden sin freno.

Las muertes violentas crecieron 30% en el último año y el estado figura entre las entidades con mayor percepción de inseguridad: 87% de los habitantes viven con miedo en Morelos según la encuesta del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Solo el Edomex y Zacatecas superan esa cifra brutal.

Los homicidios han crecido 85.5% desde que llegó Cuauhtémoc Blanco. La tasa de homicidios es una de las más altas de México: 77 por cada 100 mil habitantes. En lo que va de 2024 se han cometido más de 750 asesinatos.

En los últimos dos años, más de 20 políticos, entre diputados, aspirantes, alcaldes, exalcaldes, regidores y directivos han sido asesinados.

La violencia ha llegado a tal punto que en el oriente del estado los periodistas que cubren temas de seguridad han llegado a suspender sus coberturas.

Cuautla y Huitzilac están en llamas, son zonas perdidas. Ante la ola de asaltos, y con un déficit de ocho mil policías, el vicealmirante Ortiz Guarneros llegó a recomendar a los turistas no detenerse “para nada” en las carreteras.

Sea lo que sea que hayan hecho Blanco, el comisionado estatal de seguridad y el gobierno federal, su estrategia en Morelos fracasó: el estado es uno de los frutos envenenados que recibirán Sheinbaum y García Harfuch.

Una olla de aceite hirviendo a solo unos minutos de la capital.

@hdemauleon

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¿Quiénes tiemblan por los sinaloenses en EU?/Salvador Garcia Soto

El Universal

Una alta funcionaria del gobierno mexicano en materia de seguridad, nos decía hace unos días que a la administración del presidente López Obrador no le preocupa en lo más mínimo lo que puedan decir ante la justicia de los Estados Unidos, ya sea en un juicio o bajo la figura de “testigos protegidos”, los narcotraficantes Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo Guzmán. “Si el Mayo o el Chapito quieren hablar con los estadunidenses que hablen, que digan todo lo que saben y que mencionen nombres, ni a mí ni al presidente nos preocupa”, repitió hasta tres veces la funcionaria obradorista.

Muchos piensan que la captura del Mayo Zambada y de Guzmán López obtenida por el gobierno de los Estados Unidos con la colaboración y los acuerdos que hizo con los dos capos y con funcionarios y políticos mexicanos, junto con la información que pueden revelar en sus declaraciones, afectarán sólo al actual gobierno lopezobradorista, que fue olímpicamente ignorado, ya sea por precaución o por desconfianza, por las agencias de la administración Biden que operaron la entrega de Ismael Zambada García.

Y sin duda que habrá personajes de la 4T, de gobernadores hacia arriba, que podrían ser mencionados o señalados como “colaboradores”, “protectores” o incluso como “aliados” no sólo del Cártel de Sinaloa sino de los otros grupos del narcotráfico mexicano. Si esos señalamientos llegan o no hasta López Obrador, su gabinete o incluso su entorno familiar, eso ya se verá, pero por ahora no hay duda de que el actual gobierno y su controvertida estrategia de tolerancia y “respeto” por los derechos de los narcotraficantes será uno de los objetivos de los fiscales o investigadores que negociarán con el Mayo Zambada y con el joven Guzmán López y sus hermanos.

Pero claro que lo que puedan revelar los dos personajes criminales en poder de los Estados Unidos trasciende y sobrepasa sólo a la actual administración, si bien sería la más impactada en el futuro inmediato. Los más de 50 años que Ismael Zambada se pudo mantener como un capo “intocable” para los gobiernos mexicanos e incluso para los de Estados Unidos, no se explican sin los pactos y la protección que obtuvo de las varias administraciones del PRI y de los dos gobiernos panistas que antecedieron al actual gobierno. En ese sentido, hay muchos nombres de políticos mexicanos que hoy están en la oposición, desde expresidentes, exgobernadores y exfuncionarios de alto nivel, que podrían ser señalados o acusados por El Mayo y el Chapito en busca de un mejor acuerdo para ellos y sus familiares presos o procesados por la justicia estadounidense.

Tan sólo ahora, cuando apenas empiezan las pláticas entre las agencias estadounidenses y los dos capos de Sinaloa, la política mexicana se ha sacudido con las revelaciones de la presunta participación del gobernador Rubén Rocha Moya en la entrega del Mayo a las autoridades estadounidenses. El asesinato de Héctor Melesio Cuén, justo el mismo día en que extrajeron a Zambada, el vuelo de Rocha Moya a Estados Unidos “por motivos familiares”, dice él, pero en un avión propiedad del empresario y político de su estado, Jesús Vizcarra, cuyo compadrazgo y cercanía con Zambada García está retratado en imágenes y fue lo que le impidió ganar la gubernatura de Sinaloa en las elecciones de 2010, son hechos que no parecen casualidades ni coincidencias y que confirman que en Sinaloa --no de ahora, sino desde hace algunas décadas-- opera de facto un narcoestado en el que los criminales financian y apoyan a políticos y éstos a su vez protegen y cuidan al Cártel, no sólo garantizándoles impunidad en su estado, sino sirviéndoles como “enlaces” o “embajadores” ante el gobierno federal.

Y si ese modelo de narcogobiernos nació y se perfeccionó en Sinaloa hoy, con la influencia y la experiencia política que han ganado los Cárteles, se ha replicado y reproducido a varios estados de la República, desde Tamaulipas, hasta Guerrero, pasando por Jalisco, las Bajas Californias, Zacatecas, Michoacán, Colima, Guanajuato y hasta Tabasco y Veracruz. Porque hoy en México, los gobernantes desde el nivel municipal hasta el estatal, pasaron de ser los que contenían y combatían a los narcos, como es su función constitucional, a convertirse después en carne de cañón bajo la ley de “plata o plomo” que les impuso el narco, para terminar por convertirse en “colaboradores”, “empleados” o de plano cómplices del crimen organizado, ya sea por comisión o por omisión.

Por más que lo nieguen en el actual gobierno, en donde sostienen que la influencia, el control territorio  y los problemas de violencia narca en el país no abarcan la tercera parte del territorio mexicano, como sostiene el Departamento de Estado de los Estados Unidos, y afirman que sólo se trata de 50 municipios que están bajo el control y asedio armado del narcotráfico, en la percepción que hoy se tiene de México, dentro y fuera de nuestras fronteras, las palabras de “narcoestado” y “narcogobiernos” cobran cada vez más sentido con la realidad que se vive en buena parte de la República mexicana.

Así que si tan sólo la llegada en avión del Mayo Zambada y del hijo menor del Chapo a territorio de los Estados Unidos y su captura con claros fines de obtener de ellos un acuerdo de colaboración con la justicia de ese país, han sacudido a la política mexicana, han exhibido a un presidente que en el ocaso de su sexenio perdió el control de lo que sucede en el país y está siendo ignorado por la administración Biden, además de poner bajo los reflectores a varios gobernadores de Morena y a varios políticos de anteriores administraciones, está claro que cuando empiecen a hablar los sinaloenses y a revelar las redes políticas mexicanas que los auspiciaron, los empoderaron y los protegieron, lo que vendrá políticamente en México puede ser un tsunami.

Y por lo pronto, aunque él y sus colaboradores de seguridad digan que no les preocupa en lo más mínimo lo que hablen Zambada y Guzmán ante la justicia estadunidense, lo que es un hecho es que el séptimo año de Andrés Manuel López Obrador no será, necesariamente, como él lo había anticipado: tranquilo en su rancho de Palenque, reflexionando sobre lo que fue su gobierno y admirando sus árboles tropicales que tanto ama; si no es a él, a su movimiento político, ese que seguirá gobernando a través de Claudia Sheinbaum, sí lo va a salpicar, igual que a los gobiernos del pasado, lo que salga a la luz desde los Estados Unidos.

NOTAS INDISCRETAS… A pesar de que el Tribunal Electoral de Jalisco ya emitió su sentencia en la que valida el triunfo del candidato Pablo Lemus en las votaciones por la gubernatura estatal, con una diferencia de 5 puntos sobre la candidata morenista, Claudia Delgadillo, el partido Morena no quedó conforme con la sentencia y llegaría hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es la última instancia, para invocar sus presuntas causales de nulidad de los comicios jaliscienses. De hecho el Tribunal confirmó el cómputo oficial de los votos realizado por el Instituto Electoral del estado que le dio al emecista Lemus un millón 626 mil 789 votos, el 44.25%, de la votación, mientras que a la coalición Morena/ PT / PVEM  un millón 440 mil 024 que es el 39.17%, lo que arroja el 5.08% de diferencia. El problema es que los magistrados jaliscienses, tras analizar las impugnaciones y recursos interpuestos por la dirigencia morenista en el estado, decidió desecharlos por considerarlos “abstractos e imprecisos” porque no aportaron elementos de prueba suficientes para anular la elección, y se ve muy difícil que los magistrados federales pudieran encontrar algo que no hayan evaluado y revisado en el Tribunal estatal. En todo caso a Morena le asiste el derecho de llegar a la última instancia, aunque eso complica y sigue tensando las cosas en la política jalisciense. Ayer salió Pablo Lemus a decir que él apoya el fallo de la instancia local y está trabajando ya en la transición de gobierno y en los planes y estrategias que aplicaría en su eventual administración. Incliuso, se dijo dispuesto y en espera de que la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, lo reciba y dialogue con él. El asunto es que, mientras la dirigencia nacional morenista no de por cerrada su impugnación en Jalisco, la normalidad política no podrá volver a Jalisco y justo el próximo sábado, López Obrador y Claudia Sheinbaum Presidente estarán en el estado para inaugurar la presa El Zapotillo, y con ellos el gobernador saliente, Enrique Alfaro. ¿Y el gobernador electo de Jalisco? Pues todo indica que Lemus tendrá que esperar la definición que tome la presidenta electa, que de apoyar a Morena en su idea de llevar su impugnación a nivel federal, podría tardar todavía de dos a tres meses, cuando la toma de posesión del nuevo gobernador en Jalisco está prevista para el próximo 6 de septiembre. Veremos si Sheinbaum recibe o no al virtual gobernador electo Pablo Lemus y si actúa más como la futura jefa de Estado o como jefa de su partido…Dados girando. Serpiente Doble y caída libre.

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El asalto a la razón

La sinaloense apesta a 'narcofiscalía'/Carlos Marín

Milenio,  14.08.2024;

Al sumarse al precipitado cobijo que el oficialismo ha dado al gobernador morenista de Sinaloa para deslindarlo de cualquier liga con el crimen organizado y desmentir a Ismael El Mayo Zambada, la Fiscalía del estado se ha puesto de pechito para que la General de la República la investigue por el probable encubrimiento del asesinato del ex rector de la Universidad Autónoma y ex diputado electo, Héctor Melesio Cuén Ojeda.

De actuar con genuina autonomía, la investigación que atrajo ya el Ministerio Público Federal no podrá eludir el dato de que un comandante policiaco de la Fiscalía estatal, José Rosario Heras López, formaba parte de la guardia personal del capo, quien asegura que Cuén Ojeda fue asesinado por la mañana y en el sitio de su desafortunado encuentro con Joaquín Guzmán López, lo que de confirmarse querría decir que el video de la ejecución, de noche y en una gasolinera, lo dizque revela es un burdo montaje.

En su explosiva carta, Zambada dice:

“Sé que la versión oficial que dan las autoridades del estado de Sinaloa es que Héctor Cuén fue tiroteado la noche del 25 de julio en una gasolinera por dos hombres en motocicleta que querían robar su camioneta. Eso no es lo que ocurrió. Lo mataron a la misma hora y en el mismo lugar donde me secuestraron…”.

La sola difusión del video por parte de la Fiscalía puede constituir un delito por ser material de una “investigación” supuestamente no concluida, pero esto quizá sea lo de menos porque, lejos de aclarar nada, lejos de desmentir a Zambada, desmorona la versión original de que mataron a Cuén en un intento por despojarlo de su camioneta.

En el video de marras es imposible identificar y ni siquiera percibir las siluetas de quienes viajaban en el vehículo cuando el pistolero abre la portezuela y dispara hacia la parte inferior del asiento.

Queda entonces la probabilidad de que lo que el chofer llevaba en el lugar del copiloto era el cadáver del ex rector que habría transportado desde el “rancho y centro de eventos llamado Huertos del Pedregal, en las afueras de Culiacán”, donde El Mayo afirma que ocurrió el asesinato.

La Fiscalía de Sinaloa insiste en que su carpeta contempla (o contemplaba) como “principal línea” de investigación la tentativa del “robo de vehículo” y se vacuna: “sin descartar ninguna otra que pueda surgir…”.

Para sostener su inverosímil dicho se apoya en la versión “del principal testigo de los hechos, acompañante y amigo muy cercano de la familia de Héctor Melesio Cuén, así como en otras pruebas videográficas y periciales”.

El ansia de apuntalar el respaldo de los presidentes entrante y saliente, y de los gobernadores lopezobradoristas en funciones y electos al gobernador exhibe, cuando menos, la torpeza con que esa fiscalía se conduce, pues difunde el video preciso de un supuesto atentado en que nada induce a creer que se trataba de un asalto.

Dice además que tiene “otras pruebas videograbadas”, pero no se atreve a divulgarlas.

Su comportamiento hiede a complicidad con el crimen organizado. 

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Las narrativas en torno a El Mayo/Jorge G. Castañeda

EL UNIVERSAL| 14/08/2024 |, 

La especulación sobre el fin del reinado del Mayo Zambada seguirá mucho tiempo, si no es que eternamente. Como se sabe, existe una multitud de versiones sobre lo que aconteció ese día en Sinaloa y en el vuelo a Estados Unidos, unas complementarias, otras contradictorias. Ninguna es desinteresada, ni siquiera la de López Obrador, según la cual no supo nada hasta que la embajada norteamericana notificó a su gobierno parte de lo que había sucedido. Para AMLO es muy cómodo subrayar su desconocimiento de todo, sobre todo si es que hubo alguna participación estadounidense en el operativo, sin permiso previo mexicano.

Las demás explicaciones también corresponden a los intereses de los interesados. El Mayo puede intentar utilizar de nuevo la estrategia jurídica de Álvarez Machain en 1990: el hecho de haber sido secuestrado en territorio mexicano por agentes de Estados Unidos invalida el proceso en su contra, debido a la versión norteamericana del “efecto corruptor” (“fruit of the poisonous tree”). Solo que, como bien lo señala Carlos Puig, la Suprema Corte desechó ese recurso y sostuvo que la forma en que fue detenido un acusado no invalida per se la acusación en su contra. Asimismo, las aclaraciones de la Fiscalía de Sinaloa sobre el lugar, el momento y el autor del asesinato de Cuén, y las del gobernador Rocha sobre su viaje a Los Ángeles, no pueden ser aceptadas sin mayor escepticismo. Tiene mucho sentido que Rocha haya viajado a Estados Unidos justamente para disponer de una coartada: la prueba de que no se reunió con el Mayo fue que se encontraba fuera del país.

Y las explicaciones de Washington, ofrecidas allá o en la Ciudad de México a través del embajador Salazar, tampoco carecen de impurezas. El gobierno de Biden jamás aceptaría en público su participación no autorizada en un operativo en suelo mexicano, ni tampoco divulgaría la madeja de relaciones inconfesables que ha sostenido a lo largo de años con uno u otro miembro del Cartel de Sinaloa. Además, la cercanía de Salazar con AMLO garantiza que no revelará nada que lo perjudique, y convencerá a sus jefes en Washington de proceder de manera análoga. Por último, la prensa estadounidense —ya ni hablemos de la mexicana— no resulta del todo confiable en este embrollo. Es víctima de filtraciones, manipulaciones y especulación que si bien no imposibilitan que algunas de sus indagaciones se asemejan a la verdad, tampoco figura como parte desinteresada, y publica algunas —o muchas— falsas noticias.

Todo esto viene a colación porque la sociedad mexicana entonces navega de noche ante lo que está sucediendo en la relación —no quiero hablar de combate— con el crimen organizado. Simplemente no contamos con la información suficiente, ni con fuentes confiables, ni con gobernantes honestos —aquí y allá— que nos permitan formar una idea más o menos razonable y verosímil de lo que ha acontecido en México durante estos últimos seis años. El “affaire Sinaloa”, que incluye el encarcelamiento en Estados Unidos del Mayo y del Chapito, el asesinato de Cuén, la presencia de un agente de la Fiscalía del Estado en el equipo de seguridad de Zambada, la acusación a Rocha de cercanía y complicidad con el Cártel, y todo lo que venga después, sugiere o bien un cambio cualitativo, o bien un descubrimiento de algo que existía desde antes.

Que Julio Scherer haya podido entrevistar al Mayo hace catorce años, sin que el gobierno de Calderón lo pudiera detener; que haya comunicación entre el gobernador de Sinaloa, y un diputado federal electo por Sinaloa, con el Mayo; que el crimen organizado se haya acercado a numerosos candidatos a diputaciones o gubernaturas en las elecciones de 2021 y 2024; que la prensa estadunidense nos ilustre sobre los contactos entre las autoridades de ese país y los narcos en México: todo esto o siempre fue así, o se produjo un salto cualitativo. Salto en el cual el narco ya trata directamente con los primeros niveles políticos del país, con Estados Unidos, con gobernadores en varios estados de la República. Si Rubén Rocha es, como lo afirman personas que saben de todo esto, el interlocutor entre el Cártel de Sinaloa y la Presidencia, y no sólo no paga el precio de ser ventaneado por el Mayo, sino que recibe el apoyo de todas las autoridades nacionales, algo ha pasado en México. Ya es otra cosa.

Excanciller de México

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El silencio de los potentados/Carlos Loret de Mola

El Universal, 

La mayoría de los grandes magnates de este país han tenido un sexenio muy peculiar: el presidente los insulta en público y los consiente en privado. En las mañaneras son corruptos traficantes de influencias. En la tarde son contratistas cumplidos.

Andrés Manuel López Obrador no rompió con la élite económica. A cambio de que se deje humillar y sobajar para abonar a la narrativa de que AMLO es un “presidente del pueblo” que les dice sus verdades a los ricos, el presidente la recibe en privado, a puerta cerrada en Palacio Nacional. Y así, en lo oscurito, los insultos se reparan con miles de millones de pesos en licitaciones, asignaciones, permisos, concesiones, favores.

Ha sido un win-win. Ganar-ganar. Al presidente lo que más le interesa es la narrativa frente a la Historia. A estos poderosos empresarios lo que les interesa es el dinero. Así que las dos partes salen contentas con el trato.

Cuando las cosas no se han podido resolver en las oficinas de Palacio Nacional, entonces se han dirimido en el Poder Judicial.

Hoy, ese Poder Judicial al que acudieron tantas veces pidiendo protección muchos de los grandes ricos de este país, está al borde de la desaparición. La sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados que trama el oficialismo implica la toma de control del Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo, y por ende, la desaparición de esa protección al ciudadano (rico o pobre) frente a la acción del gobierno.

Mientras se fragua este atropello a la democracia y el equilibrio de poderes, muchos de los grandes potentados de este país están callados y cruzados de brazos. Si algo les permitió seguir haciendo negocio y generando empleos fue saber que contaban con ese contrapeso. Hoy atestiguan callados su paulatina extinción, apostando -como lo han venido haciendo- a que pueden llegar a arreglos privados con la próxima presidenta. Salvarse en lo individual aunque se hunda el país.

Pretextos no les faltan. Que si la apoyaron en campaña porque el presidente se las puso en suerte, que si ya la vieron “en corto”, que si hasta tienen su Whatsapp, que si les prometió que no iba a abusar de tanto poder porque ella es una demócrata que viene de la lucha estudiantil, que si ella no los insulta como AMLO, que si su conversación es más sofisticada, que si su trato es mejor.

Se ve que la futura presidenta ha estado haciendo su tarea de mantener firmes los puentes que le hereda AMLO con sobrados integrantes de la élite económica mexicana.

El problema es que mientras en privado intenta hechizar con este discurso moderado, en la práctica está avalando, respaldando y empujando los planes más radicales del obradorato que implican, además, un golpe a la certidumbre económica. Y esto último lo sabe hasta la doctora Sheinbaum: vaya susto que se pegó cuando tras su triunfo electoral se disparó el dólar en reacción a la posibilidad de una supermayoría legislativa de Morena y sus aliados. Cuando eso sucedió, la primera reacción de la candidata ganadora fue la mejor: quiso enfriar el apetito por destruir al Poder Judicial. Lástima que duró unas horas. Le enmendaron la plana en Palacio y ella, desde entonces, se ha vuelto una ferviente impulsora de los planes más radicales.

historiasreportero@gmail.com