Las columnas políticas hoy, lunes 4 de noviembre de 2024

De nuevo el tema de la SCJN en la mañanera del pueblo….

Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) acusó a la SCJN  de provocar un "problema constitucional": 

"¿Quién está provocando problema constitucional? Porque ni siquiera le quiero llamar crisis, porque así le llaman nuestros adversarios, ¿quién lo está provocando?-, pregunta CSP en la mañanera de este lunes

Y responde que la culpa es de la Corte porque ahora resulta que la Presidenta de la República -dicen- que está provocando una crisis constitucional; o sea ¿cómo…?-, pregunta en su estilo de maestra de primaria…

Tiene un plan por si acaso..

Agrega que "la Corte se está sobrepasando en sus funciones. Yo no me quiero adelantar, claro que tenemos un plan, que no pone en riesgo nada Tenemos, por supuesto, un plan, sea que decidan a favor o que decidan en contra", comentó .

CSP dijo que, en caso de que la Corte falle contra la reforma, el pueblo deberá saber que quienes han cometido una falta son los Ministros ..

Y presumió que tiene colaboradores  a Constitucionalistas, no dice los nombres pero.., ya nos imaginamos quienes, uno de ellos fue a la mañanera a echar un rollo, el otro es Arturo Záldivar Lelo de Larrea…

“Yo creo -dice- que vale la pena que todos sepan que quien está cometiendo una falta es la Corte”, y agrega que ya  fue publicada la reforma constitucional - se refiere al tema de la Supremacía-, ,al señalar que al Constituyente le corresponde “cambiar la Constitución”.

Acusó que lo que quieren hacer ahora en la SCJN “es legislar” y cambiar lo que es una decisión del Constituyente: “La Corte se está sobrepasando de sus funciones”, insiste..

"¿Quién está poniendo en duda la reforma constitucional? -, pregunta y responde:

"Un ministro de la corte (Alcantara) , entonces yo por eso nuevamente digo, vamos a esperar a ver qué dice la Corte y cómo votan. Las y los ocho ministros no pueden estar por encima del pueblo de México, no pueden estar por encima del Constituyente, que está también representando al pueblo de México.", insiste…

CSP no sabe lo que es una Asamblea Constituyente…, con todo respeto..

Y concluye

"Entonces, esta persona (el Ministro Alcántara) quiere poner en duda la reforma constitucional. Bueno... vamos a ver qué dicen los ocho, vamos a esperarnos. Pero tiene que quedar muy claro que ocho Ministros no pueden estar por encima del pueblo de México y que quien está poniendo en duda la reforma constitucional, que ya es parte de la Constitución, no es la Presidenta de la República, son los ocho ministros y ministras", agregó.

Pobre Presidenta ,se fuga hacia adelante, evidentemente no le hizo caso a su -¿otrora_, amiga Ana Laura Magaloni…, allá ella..

Y además, es ella es quien tiene el problema, o aceptar el regalo que la dará SCJN, si se aprueba el proyecto en sus términos (podría ser más duro), y con ella evitar una mayor crisis,..,pero con ello se echaría encima a su ex jefe…los obradoristas se le irían encima…

O queda bien con melón o con sandía…; debe quedar bien con la ley y el pueblo…

#

El Ministro Juan Luis González Alcántara pidió al TEPJF  su opinión sobre la inconstitucionalidad de la reforma judicial, pero por tres votos contra dos, la Sala Superior consideró que era un tema constitucional en el que no tenía opinión.

Alcantará y Carrancá   cuestionó a los magistrados sobre 12 temas: violaciones al artículo 105 de la Constitución; vicios en el procedimiento de reforma constitucional y consulta previa; violación a la división de poderes y al pacto federal; transgresión al principio de acceso a la jurisdicción; y vulneración a la independencia judicial.

Así como incorporación de la figura de los jueces con resguardo de identidad, conocidos como jueces sin rostro, en materia penal y violaciones a las suspensiones ordenadas por los tribunales en materia de amparo y al derecho del trabajo del personal del Poder Judicial.

Además sobre la antinomia por elección de la presidencia de la SCJN; violaciones en materia de gasto público; vulneración al principio de progresividad e inconvencionalidad de la reforma impugnada; y eliminación de la suspensión como medida cautelar del juicio de amparo.

Sin embargo, la Sala Superior respondió lo mismo: "Esta autoridad jurisdiccional considera que no procede emitir opinión especializada sobre el tema en análisis, puesto que los planteamientos respectivos están directamente relacionados con reformas y normas constitucionales".

En el documento se aclara que los magistrados Janine Otálora y Reyes Rodríguez votaron en contra en varios apartados, al considerar que la Sala Superior sí debía dar su opinión.

En su respuesta, los magistrados Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes, quienes siempre actúan en bloque y se les ha ligado con la 4T, justifican que un "criterio reiterado" de la Sala Superior ha sido que lo relacionado con posibles violaciones o irregularidades del procedimiento legislativo escapa del ámbito de competencia especializada en la materia electoral y, por ende, la petición del Ministro no es objeto de opinión o posicionamiento. reforma.com

#

LA CAÍDA DEL MAYO

Desde la cárcel el "Chapo" Guzmán planeó con Estados Unidos el secuestro del "Mayo"

Por órdenes de Joaquín el "Chapo" Guzmán, su hijo Joaquín Guzmán López pactó con varias agencias estadunidenses su entrega y la del "Mayo" Zambada a cambio de beneficios para él mismo y su hermano Ovidio Guzmán. La historia se gestó hace cerca de un año.

Nota de Luis Chaparro, Proceso., noviembre de 2024 · 05:00

WASHINGTON, DC.– Hace cerca de un año –la fuente no logra poner fecha exacta–, al narcotraficante Joaquín el Chapo Guzmán se le permitió enviar una carta a México por medio de sus abogados. La misiva iba dirigida al mayor de los hijos que engendró con Griselda López: Joaquín Guzmán López.

En ella, según relatan a Proceso dos fuentes del gobierno federal estadunidense y dos más dentro de la propia familia Zambada, el Chapo enviaba una extraña instrucción: “Tú ya sabes quiénes son los objetivos. Ya sabes qué hay que hacer”.

Lo que ordenaba en aquella carta era precisamente el secuestro de su compadre Ismael el Mayo Zambada para entregarlo a las autoridades estadunidenses y así poder negociar una serie de beneficios tanto para Joaquín como para Ovidio Guzmán López, otro de sus hijos.

De estos dos hijos del Chapo, Joaquín Guzmán López es quien menos cargos enfrenta en Estados Unidos y quien podría salir de la cárcel en menos tiempo. Esto lo sabía el Chapo y lo que buscaba era justamente aprovechar esa circunstancia, indican las fuentes consultadas.

La estrategia del Chapo, según las fuentes, era la siguiente: si Joaquín se entregaba a cambio de liberar a Ovidio, los dos podrían salir pronto de prisión.

Pero para eso Joaquín necesitaba entregar a alguien importante, a alguien que para Estados Unidos fuera lo suficientemente valioso. ¿Y quién mejor que Ismael el Mayo Zambada?

Por medio de una carta, el Chapo le ordenó a su hijo Joaquín lo que serían sus siguientes pasos: contactar a las agencias de Estados Unidos, planear su entrega, traicionar al Mayo y liberar a Ovidio.

La trampa en la que cayó el escurridizo narcotraficante Mayo Zambada la planeó el Chapo y la operó la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés). Así lo relatan a Proceso dos fuentes de una agencia federal estadunidense una tarde de septiembre en un hotel de Arizona.

Explica el agente, quien pidió no revelar ni su nombre ni su cargo dentro de la agencia:

La idea fue de Joaquín (Guzmán López), fue quien se contactó con nosotros para entregarse, pero él ya tenía el plan de traerse a alguien más que no fuera de su familia.

De acuerdo con lo expuesto por las fuentes (más tarde corroborado por una fuente más dentro de la facción de Los Chapitos), Joaquín habría ofrecido entregarse voluntariamente, pero requería de garantías de seguridad y de que su hermano Ovidio obtuviera beneficios en su sentencia.

 “Él sabía que no iban a librar la cárcel, pero pidió que les diéramos beneficios. Pidió beneficios para los dos, para él y para Ovidio”, dice la fuente.

Las fuentes dentro de la agencia federal que hablaron con Proceso reconocen desconocer si esos beneficios realmente se le otorgaron a ambos, pero aseguran que lo que la HSI prometió lo cumplió “a cabalidad”.

 “Lo que prometió la HSI fue que el operativo para que se entregara Joaquín y se trajera al Mayo iba a salir limpio. La HSI operó al piloto y la aeronave y los permisos para entrar a Estados Unidos y aterrizar”, explica la fuente.

 “Estos aviones los llamamos covert, es decir, encubiertos. Son aviones que por más que le busques no va a salir su registro original, son de la HSI y están registrados y licenciados a través de empresas encubiertas”, detalla Óscar Hagelsieb, quien hasta el pasado 2023 lideró la oficina de la HSI en Ciudad Juárez.

Hagelsieb expone que la agencia no promete beneficios, pero que esos beneficios que pudo haber negociado Joaquín Guzmán López se hicieron entre la agencia, sus abogados y la aprobación de la Fiscalía General de Estados Unidos...

Fragmento del texto principal publicado en la edición 0017 de la revista Proceso,

##

Las columnas políticas hoy, lunes 4 de noviembre de 2024

Templo Mayor/  REFORMA;

INCLUSIVE quienes apoyaron a Claudia Sheinbaum en su carrera por la Presidencia están preocupados por ver cómo su gobierno ha optado por arrancar en medio de una crisis constitucional heredada.

DESDE QUE la 4T tomó el poder, las palabras parecen haber perdido su peso real, pero una crisis constitucional no es para tomarse a la ligera. Lo que está en juego, contrario a lo que dicen los voceros oficialistas, no es la voluntad de quienes votaron por un proyecto. Lo que está en juego es el sistema democrático que, precisamente, le permitió a la 4T convertirse en lo que hoy es.

MAÑANA en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (que por algo lleva ese nombre) se discutirá el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara. Hasta los más cercanos a Sheinbaum ven en ese estudio jurídico una salida posible y digna a una crisis constitucional que pondría en entredicho todo el sexenio que apenas comienza.

EL DERECHO no es una ciencia exacta y ante la disparidad de criterios, justamente para eso existe la Corte. Si mañana la mayoría de ministros declara inconstitucional la mayor parte de la reforma judicial y el Ejecutivo y el Legislativo se niegan a acatar el fallo, México entrará en un terreno peligroso en el que la ley no vale nada. 

POR CIERTO que hoy mismo arranca, en paralelo a la discusión en la SCJN, el proceso para la elección de jueces, magistrados y ministros del próximo año. Los llamados comités de selección emitirán la convocatoria y mañana mismo comenzarán los registros.

ALGO DEBERÍA decirles a los organizadores el hecho de que prácticamente la totalidad de los juzgadores que serán despedidos decidieron no prestarse al juego de la supuesta elección. Así que habrá que estar muy al pendiente sobre quiénes se inscriben en busca del voto para el siguiente año.

AUNQUE se supone que hay reglas claras, todo indica que será un proceso bastante amañado, para que "el pueblo elija" casualmente a aquellos que les serán útiles al gobierno.

MÁS DE UNO se pregunta qué es lo que realmente mueve al alcalde Luis Mendoza a clausurar tanto la Plaza de Toros México como el Estadio Azul. Quienes han visitado ambos recintos saben que no son los más cómodos ni los mejor adaptados para albergar eventos deportivos y espectáculos en medio de la alcaldía Benito Juárez.

PERO ESO no empezó la semana pasada. Es un problema que lleva décadas arrastrándose y al cual ninguna autoridad, ni a nivel demarcación ni a nivel CDMX, ha podido encontrar la forma de resolver el acertijo de ambos cosos deportivos.

HABRÁ QUE VER si el panista Mendoza realmente está dispuesto a hacer un pase por chicuelinas para resolver semejante lío... o si simplemente es un villamelón queriendo llamar la atención.

##

Estrictamente Personal

Semana crítica/Raymundo Riva Palacio

El Financiero, noviembre 04, 2024 | 

Treinta y seis días después de haber asumido la Presidencia, Claudia Sheinbaum enfrenta el mayor desafío que haya afrontado cualquiera de sus antecesores, cuando este martes la Suprema Corte de Justicia vote si aprueba o no un proyecto de sentencia que declara varias acciones de inconstitucionalidad de la reforma judicial, que puede detonar una crisis constitucional sin precedente al poner en entredicho el orden democrático en el país –de rechazarse– y marcaría su administración como autocrática, o de una confrontación entre poderes –de aprobarse–, donde ella tendría que ser árbitro y factor de gobernabilidad. El problema es que no tiene la fuerza política, ni para evitar llegar a ese cenit con una negociación que evite el choque de instituciones, ni para obligar a los líderes de su partido en las cámaras a que respeten la ley.

Hoy, la Presidenta parece estar a la deriva porque no tiene pleno control del barco mexicano, aunque sus primeras reacciones refuerzan el anclaje de un régimen autoritario, porque el Poder Judicial perdería autonomía y quedaría en manos del gobierno y el partido en el poder, y de quienes tengan más dinero para manipular jueces y magistrados o capacidad de intimidación, como el crimen organizado. Sería ese grupo el que tendría un Poder Judicial a modo, dictando sentencias en su beneficio.

Sheinbaum ha dicho que la reforma judicial es democrática y generará más justicia. Es falso. Alega, como lo hacen el obradorismo y sus voceros, que es lo que el pueblo quiso, y que votó por Sheinbaum para que el expresidente Andrés Manuel López Obrador, autor del esperpento judicial, hiciera lo que quisiera con la Constitución. Se pudiera argumentar que es cierto, en la Cámara de Diputados, donde el Tribunal Electoral le dio la mayoría calificada pese a no tener los votos, al ceñirse al sistema de asignación vigente desde hace años. Pero no se puede decir lo mismo en el Senado, donde la mayoría calificada la consiguieron mediante coerciones. Esto no es democracia sino chantaje.

El proyecto de sentencia del ministro Juan Luis González Alcántara no plantea una resolución jurídica sino una solución política. Propone declarar inconstitucional la elección por voto popular de jueces y magistrados, pero mantiene la elección popular de ministros y magistrados electorales. González Alcántara explicó que el proyecto era “un ejercicio de autocontención, deseando el final de la crisis” que se vive. Su proyecto le entrega las cabezas de los ministros al régimen para saciar su sed vengativa por haber frenado a López Obrador, pero el gobierno y Morena quieren todo.

Por eso, cuando sus argumentos de que la Suprema Corte no podía revisar una reforma constitucional –en el momento en que sólo estaban revisando si podía o no aceptar que se analizara–, Morena introdujo una nueva reforma llamada ‘supremacía constitucional’, para declarar improcedentes los juicios de amparo, las acciones de inconstitucionalidad y la controversia contra modificaciones o adiciones a la Constitución. Es decir, el gobierno podría hacer lo que quisiera sin que nadie pudiera evitarlo. Un ejemplo extremo, sólo con fines de ilustración, es que podría establecer la pena de muerte para los carteristas, y sería automáticamente legal.

Las bancadas de Morena en el Congreso y el Senado se apuraron para sacar la ‘supremacía constitucional’, para que el martes, sin importar la votación en la Suprema Corte, la reforma fuera irreversible. Corriendo, violando los procedimientos legislativos, se declaró la constitucionalidad de la reforma. Eso se logró con el voto de al menos 10 senadores que no se encontraban en el Senado. En tiempo récord 17 Congresos estatales la ratificaron. Lo hicieron porque pueden. Ese mismo día Sheinbaum ordenó su publicación en el Diario Oficial de la Federación para que entrara en vigor.

Sin embargo, por la impericia jurídica de Morena cometieron un error en su redacción, al señalar que la ley se aplicaría para todas aquellas reformas en “trámite”, por lo que no puede aplicarse a la reforma judicial porque no se encuentra en trámite, sino es un hecho. Pero para la forma como se comporta Morena, no parece que será relevante, porque han mostrado estar dispuestos a desacatar cualquier sentencia judicial que no les acomode.

Nadie sabe cómo resultará la votación en el Pleno el martes. Se da por descontado que las tres ministras subordinadas a López Obrador –Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz– votarán en contra, pero no hay certeza de que las ocho ministras y ministros que renunciaron la semana pasada por su rechazo a participar a la elección popular de los juzgadores respalden el proyecto de sentencia.

Pero si lo hicieran, como ya lo advirtieron los morenos en el Congreso y el Senado, ignorarán lo que digan los jueces, provocando una crisis constitucional por el desacato a mandatos judiciales. Si eso pasa, la Corte está facultada para consignar a quien cometa desacato de un mandato judicial y girar la orden de aprehensión. Pero hasta ahí. La Fiscalía General tendría que cumplimentar la orden. Si la Presidenta desacatara el mandato, también podría ser considerada una presunta delincuente. Se antoja imposible que el conflicto escale hasta ese nivel, pero para efectos de argumentación, ¿qué hará la Presidenta?

Sheinbaum está por la reforma judicial en sus términos, y ya criticó el proyecto de González Alcántara. El ministro le regaló una salida política, que sería también una financiera, porque no hay dinero para organizar la elección de juzgadores el próximo año. Sheinbaum podría evitar una crisis y un probable fiasco electoral si respalda el proyecto de sentencia. Pero si lo hace, el obradorismo se le irá encima porque no tiene control sobre el movimiento, sobre Morena o sobre sus coordinadores legislativos, Adán Augusto López y Ricardo Monreal, que obedecen a López Obrador.

Nadie, como ella, estará a prueba el martes y los días posteriores. Depende del voto de los ministros, que en cualquier dirección que tome, definirá su gobierno: la Presidenta que apostó por la gobernabilidad por encima de López Obrador y los radicales, o la Presidenta que quedó subordinada a los radicales de López Obrador, que habrá mostrado tener más poder que la Presidenta.

#

Droga, corrupción y muerte en Atlacholoaya/Héctor De Mauleón

El Universal, 

De las casi tres mil visitas de familiares que en un fin de semana recibió el conflictivo penal de Atlacholoaya, en Morelos, 2 mil 037 no recibían folio de identificación. El personal de seguridad cobraba a los familiares cuotas de 250 pesos para permitirles el acceso, pero no había registro alguno de su visita. Además, la mayor parte de las cámaras del sistema de circuito cerrado no funcionaba.

Se detectó que personas con antecedentes penales ingresaban normalmente a este centro de readaptación, desde donde se giran las órdenes “hacia fuera” a los grupos de la delincuencia organizada que operan en el estado.

Apenas el viernes pasado, en un operativo ordenado por el nuevo secretario de Seguridad Pública estatal, Miguel Ángel Urrutia, se hallaron bajo el piso de una celda que no se utiliza, en el Módulo de Visita Íntima, más de tres kilos de mariguana: mariguana colombiana, mariguana acapulqueña, mariguana en greña, mariguana para todos los gustos.

Hace un mes, el 5 de octubre, varios internos desataron un motín en el que denunciaron presuntos actos de corrupción y abuso contra la población penitenciaria por parte del director operativo, Jesús Francisco Flores Jiménez. Lo interesante es que, durante ese motín, las autoridades detectaron que los internos grabaron y transmitieron los hechos desde más de 50 teléfonos celulares.

Investigaciones realizadas en el penal por parte del nuevo gobierno estatal revelan que solo la renta de teléfonos celulares en Atlacholoaya dejaba a los funcionarios penitenciarios tres millones de pesos cada mes. Desde esos celulares se ordenan los movimientos del crimen organizado y se lleva a cabo una de las peores pesadillas de los morelenses: la extorsión.

En un cuarto de siglo de existencia, Atlacholoaya ha derrotado a gobiernos de todos los colores: priistas, panistas, perredistas, morenistas. Decir “derrotado” es verdaderamente un decir. Porque muchos de esos gobiernos se han beneficiado de la corrupción que impera en ese centro. En 2023, la impresentable Comisión de Derechos Humanos de Rosario Piedra Ibarra le concedió a Atlacholoaya una calificación de 7.38 y más tarde, no se sabe a cuenta de qué, le concedió un reconocimiento a este centro de reinserción. El entonces coordinador del Sistema Penitenciario, Israel Ponce de León, celebró el diagnóstico y alabó “la gestión del Ejecutivo Estatal”, Cuauhtémoc Blanco.

En realidad, cuando se aproximaba la llegada de visitadores de la CNDH, se suspendían las extorsiones, los internos eran amenazados por los comandantes para que no hubiera quejas y en general, el centro se limpiaba de arriba a abajo. Un día después todo volvía a la normalidad: autogobierno, violencia, corrupción, hacinamiento.

El control de las tiendas de abarrotes arrojaba ganancias de un millón de pesos al mes a los funcionarios penitenciarios. Así fue durante todo el sexenio de Blanco. A los internos se les cobra por protección, por recibir visitas íntimas, por cambios de celda, e incluso por ir de un dormitorio a otro. No solo eso: las autoridades les rentaron celulares, aparatos electrónicos, equipos de sonido, planchas, frigoríficos, ventiladores, sillones reclinables y pantallas de alta definición.

De acuerdo con testimonios recogidos por el gobierno estatal, en Atlacholoaya es común incluso la trata de personas. Por mil pesos se permite la entrada de sexoservidoras.

La Comisión de Derechos Humanos de Morelos documentó la complicidad y la corrupción de las autoridades del sistema penitenciario. Israel Hernández Cruz, el ombudsperson, denunció las complicidades, la corrupción, las omisiones, la negligencia, “que se han traducido en fugas, motines, riñas, masacres, suicidios y la facilidad con que ingresan objetos no autorizados: celulares, armas, drogas, alcohol”.

Cuauhtémoc Blanco les volvió al espalda. “Quienes tienen el control son los grupos de la delincuencia y, lamentablemente, Blanco no se lo tomó en serio”, ha dicho Hernández Cruz.

En octubre de 2019 un grupo de internos logró cruzar a través de tres filtros para llegar hasta el sitio conocido como El Paraíso, donde se hallaba recluido el líder del Cártel Jalisco en Morelos, Raymundo Castro Salgado, El Ray. El asalto dejó siete muertos y varios heridos. El cuerpo de El Ray, brutalmente golpeado, fue calcinado por completo.

A pesar de que el comando que lo asesinó no habría podido llegar hasta él sin la complicidad de las autoridades, el coordinador estatal del sistema penitenciario en Morelos, Israel Ponce de León, al que las investigaciones señalan como el verdadero motor de la maquinaria de la corrupción penitenciaria, no solo no fue tocado: recibió el espaldarazo del comisionado estatal de seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, y del entonces gobernador Cuauhtémoc Blanco.

En un simple operativo, la realidad ha vuelto a salir a la luz.

##

¡Qué manera!

JAQUE MATE / Sergio Sarmiento

REFORMA, 04 noviembre 2024

"Estamos... llegando a lo que algunos

actores llaman 'bifurcación

de la historia', este es un momento

de no retorno: o nos vamos de un lado,

o nos vamos del otro, o nos vamos

hacia la democracia o nos vamos

al autoritarismo". Porfirio Muñoz Ledo, 28.04.2021

Lo dijo Porfirio Muñoz Ledo el 4 de septiembre de 2019, cuando era todavía miembro distinguido de Morena y presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados: "Chinguen a su madre, ¡qué manera de legislar!". Meses más tarde, el 12 de marzo de 2020, después de que los diputados morenistas hicieron maromas para cumplir la voluntad del presidente López Obrador y dar facultades a la Lotería Nacional para organizar "sorteos" y rifar el avión presidencial (rifa que nunca se hizo), Muñoz Ledo comentó en redes: "Hoy en la Cámara de Diputados se discutió con injurias durante cuatro horas la diferencia entre rifa y sorteo, cuestiones equivalentes en el diccionario. ¡Qué manera de no legislar! Me da pena por el prestigio del Congreso".

No sé si alguna vez tuvo prestigio, pero el que haya tenido se ha desvanecido. En el afán de obedecer a ciegas al Ejecutivo, los legisladores oficialistas impulsaron una nueva enmienda constitucional, perversamente llamada de "supremacía constitucional", con implicaciones terribles para la democracia; y lo han hecho para blindar una "reforma judicial" que no solo no resuelve ningún problema de justicia, sino que crea otros enormes, y cuya única razón de ser es castigar a jueces, magistrados y ministros por haberle salido a López Obrador con "el cuento de que la ley es la ley".

La última iniciativa la presentaron los líderes de Morena en el Congreso apenas el 24 de octubre y ya fue publicada el 31, noche de Halloween. Pretendía promover un principio de supremacía de la Constitución sobre otras normas que siempre han existido, incluso ahora que los legisladores de la 4T han llenado la Constitución de ocurrencias que, si acaso, solo deberían tener cabida en leyes secundarias o reglamentos.

La nueva iniciativa empezaba con un despropósito enorme: abrogar el "control de convencionalidad", o sea, suspender la aplicación de los tratados internacionales de derechos humanos. La medida habría convertido a nuestro país en un paria internacional. La propia presidenta Sheinbaum entendió que era un exceso y pidió eliminarla, pero se mantuvieron otras enmiendas cuestionables: al artículo 103, para descartar que los tribunales puedan resolver controversias sobre "las reformas y adiciones a esta Constitución, su forma, procedimiento y fondo, contra las que no cabe juicio o recurso alguno, en ningún caso"; al artículo 105, para establecer "que son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a esta Constitución, incluyendo su proceso deliberativo, legislativo o correlativa votación"; y al 107, para establecer que "no procederá el juicio de amparo contra adiciones o reformas a esta Constitución, incluyendo su proceso deliberativo, legislativo y correlativa votación".

Son disposiciones autoritarias que desconocen que la Constitución puede tener contradicciones internas o violar derechos humanos fundamentales por lo que es indispensable la interpretación. Además, descartan la posibilidad de impugnar reformas por faltas al proceso legislativo: el régimen podrá ahora violar todos los procedimientos para imponer sus reformas. Las disposiciones, por otra parte, son retroactivas: están hechas para anular una revisión de la reforma judicial que ya ha empezado, lo cual viola un principio fundamental del derecho. Ante este panorama hay que recordar hoy más que nunca a Muñoz Ledo: "¡Qué manera de legislar!".

· DEPRECIACIÓN

El tipo de cambio spot cerró el viernes en 20.2841 pesos por dólar, su mayor nivel desde agosto de 2022. El 5 de abril de 2024 tuvo su punto más bajo del año, 16.4530. Desde entonces ha subido 23.2 por ciento por las reformas constitucionales mexicanas y las posibilidades de triunfo de Trump en Estados Unidos. Es una fuerte depreciación del peso.

$#

La ruptura constitucional/Jesús Silva-Herzog Márquez 

REFORMA, 04 noviembre 2024;

El hilo constitucional puede romperse en unas horas. Ese es el aire funesto que respiramos. El poder quedará a la intemperie, con su fuerza y con sus muchos votos, pero fuera de la ley. La crisis constitucional camina hacia la ruptura constitucional. Tiene razón el ministro Juan Luis González Alcántara cuando advierte que esta crisis no es una amenaza en el futuro cercano, sino la condición presente. Estamos en una crisis constitucional porque "no existe certeza sobre cuál es el derecho vigente, quién es la autoridad encargada de aplicarlo y cuáles son las consecuencias de las decisiones tomadas".

El conflicto entre poderes es signo de salud en una democracia constitucional. Los departamentos están diseñados precisamente para el desacuerdo, para que los poderes se vigilen y se limiten mutuamente. La discrepancia sirve al arreglo democrático, siempre y cuando exista un árbitro que resuelva el pleito y exista la determinación de aceptar su veredicto. Lo que nos ha puesto en crisis es una reforma que altera en lo esencial la arquitectura de los equilibrios. Modificar la configuración del juez como se pretende es alterar la mecánica de todo el aparato constitucional, vulnerar derechos esenciales, romper compromisos con el mundo. Es en defensa de ese mecanismo de moderaciones, en favor de los derechos y la palabra de México frente al exterior que la Suprema Corte ha de intervenir.

El proyecto que el ministro González Alcántara ha hecho público es jurídicamente sólido y políticamente sensible. Lejos de reducir su tarea a la condena definitiva o absolución completa de la reforma, traza un camino de prudencia. La sutileza de su argumentación está destinada a generar molestias en todos los campos. Para unos, examinar la validez de las reformas constitucionales es, más que un exceso, una provocación, una verdadera herejía. Exigen para su cuestionable mayoría calificada el trato reverencial ante el Soberano. Para los defensores de la reforma, la única respuesta aceptable ante el rodillo de la mayoría calificada es el silencio y la obediencia. Están convencidos de que su aplanadora merece la adoración por lo divino: nuestra palabra es verdad incuestionable que no puede hacer el mal. Para otros, el proyecto se queda corto al dejar en pie piezas brutalmente lesivas al orden constitucional con la intención de salvar la carrera judicial. Dar por perdida la autonomía de la Corte para cuidar el profesionalismo y la autonomía en el resto de los tribunales.

El proyecto se discutirá mañana en una sesión del máximo dramatismo. La sesión será, seguramente el último debate trascendente que tendrá la Suprema Corte de Justicia como una columna independiente de la República. Dentro de unas horas escucharemos la última voluntad del tribunal constitucional mexicano. El proyecto del ministro González Alcántara ofrece un camino razonable para encauzar la crisis. Le abre al gobierno una salida decorosa y, sobre todo, constitucional, para evitar los efectos más devastadores y caóticos de la reforma anunciada. A poco tiempo que abra la sesión testamentaria se intensifica la incertidumbre de la votación. ¿Logrará el proyecto los ocho votos que necesitaría para declarar la reforma parcialmente inconstitucional? En ese caso, a la presidenta de México y al Congreso de la Unión no les queda más alternativa legal que acatar la resolución del último tribunal. El desacato que la Presidenta ha insinuado es aviso de una ruptura constitucional. Ningún juez, ningún tribunal está por encima del pueblo de México, ha dicho en el tono amenazante de los autócratas de todos los rincones del mundo. La verdadera protectora de la Constitución soy yo, no la Corte. La Presidenta muestra su determinación de gobernar por encima de la Constitución. La presidenta de México y su coalición están dispuestos a romper el orden constitucional.

Con toda nitidez, se manifiesta una determinación dictatorial. No hay otra manera de describir el aviso que ha hecho la presidenta Sheinbaum a México y al mundo. Mi gobierno interpreta su legitimidad como permiso para violar la Constitución de la República e ignorar las resoluciones del órgano supremo encargado de interpretarla en última instancia.

##

Carro chocolate/Denise Dresser 

EN REFORMA, 4 noviembre 2024

Icono para compartir en redesIcono para compartir en redesIcono para compartir en redesIcono para compartir en redesIcono para compartir en redes

Claudia Sheinbaum parece dispuesta a dinamitar su gobierno con tal de imponer la "Supremacía Constitucional". Ofrece confianza y certidumbre mientras hace todo para contradecirse. Rechaza la salida que le da el ministro González Alcántara, aunque él ofrezca su cabeza y la de otros, odiados por AMLO. Ataca a los ministros de la Suprema Corte que renuncian, aunque su propia reforma judicial les ofrece esa opción. Ignora el contexto peligroso que entraña la elección estadounidense para México, y cómo sus acciones contribuyen a escarbarlo por las violaciones que comete contra el T-MEC. Y actúa en contra de sí misma, desoyendo todas las advertencias nacionales e internacionales. Lo que estamos viendo es Claudia minando a Claudia, Claudia creando una crisis para Claudia, con tal de estrenar el carro chocolate en el cual piensa viajar los próximos seis años. Un auto ilegal, y demasiado pequeño para todo el país.

Como ha explicado el abogado Fernando Sosa, miembro de la ponencia del ministro González Alcántara, el gobierno actual quiere cambiar el barco en el que viajamos todos y todas, por un carro. Busca manipular la Constitución para crear otra Constitución. Y ese cambio estructural le otorga legitimidad a la Suprema Corte para revisar algo que ya aprobó el Congreso; para corregir lo decidido por el "Poder Reformador", que es en realidad la mayoría calificada de Morena y sus aliados en el Congreso.

Porque la Constitución es un pacto; un plan de vida que refleja el sentir de un pueblo organizado vía una Asamblea Constituyente. El concepto de "todos" va más allá del electorado y de los "36 millones de votos". Es un barco en el que viajamos desde 1917, cuando se decidió que México iba a ser una República representativa, laica y federal. En ese momento, la voluntad del pueblo -que no es sólo el elector- propuso un pacto de unidad, no un pacto de mayorías o de minorías.

Por supuesto que ese barco puede ser mejorado, pintado, encerado. Se le pueden cambiar los remos por un motor. Lo que no se puede hacer es cambiar un barco por un carro. El "Poder Reformador" tiene límites marcados por la propia Constitución, por los planos del barco. No puede decidir en nombre de todo el "pueblo" - del que representa una sola parte- cambiar la estructura del barco y convertirlo en un carro guinda, donde además solo caben quienes votaron por Morena. El "Poder Reformador" tiene la obligación de conservar la estructura original del barco.

En el proyecto que se votará el martes, el ministro está diciendo "hay que mantener el barco". Está diciendo que no puedes llamar barco a un carro al que le estás poniendo llantas marca Morena, y vestiduras color Morena. No puedes presumir la belleza del auto que armaste ilegalmente al Congreso vía una sobrerrepresentación tramposa. Y además, al carro chocolate solo estás subiendo a quienes votaron por Morena. Es una trampa para todos los pasajeros del país que se quedarán afuera y a la intemperie.

Como medida salomónica, el ministro propone aceptar como constitucional las partes de la reforma judicial que sí podrían mejorar la democracia, salvaguardar elementos de la división de poderes, y proteger derechos humanos en jaque. Y propone como inconstitucional aquello que hundiría el barco colectivo: 1) Inconstitucional que se destruya la carrera judicial; 2) Inconstitucional una elección de jueces y magistrados donde no hay reglas claras ni condiciones equitativas de competencia, ya que los Comités de Evaluación propuestos por Claudia Sheinbaum y el Congreso están dominados por morenistas, y logísticamente no hay manera de organizar una contienda equitativa e informada; 3) Inconstitucional que se afecten derechos laborales retroactivamente; 4) Inconstitucional que el amparo no pueda tener efectos generales, y 5) Inconstitucional los "jueces sin rostro".

En un acto de autocontención, el ministro González Alcántara argumenta que no se va a pronunciar sobre la elección de ministros de la Suprema Corte. No va a tocar ese tema aunque tenga competencia para hacerlo. Está diciendo: "No me voy a pronunciar sobre nosotros. No estamos defendiendo intereses; no estamos huyendo en los life rafts". Si Claudia Sheinbaum comprendiera que en el barco también viaja ella, aceptaría el salvavidas lanzado. Y rechazaría ser el piloto de un carro chocolate que -tarde o temprano- se estrellará contra la realidad.