Las columnas políticas hoy, viernes 17 de octubre de 2025

 Álvarez-Buylla evade preguntas sobre presunto conflicto de interés

La exdirectora del Conahcyt, María Elena Álvarez-Buylla, se negó a abordar directamente las acusaciones de conflicto de interés publicadas por El Universal, que señalan la asignación directa de un contrato a la firma de arquitectura Estudio MMX, la cual previamente había diseñado un estudio en su propiedad familiar.

La exfuncionaria fue abordada por la reportera Frida Juárez Bautista al término de una conferencia en la UAM Iztapalapa. Ante la pregunta sobre el contrato a Estudio MMX para la museografía del Centro Nacional de Cultura de la Salud y Bienestar Kalan, Álvarez-Buylla respondió:

"No tengo idea de qué me hablas..."

Afirmó que las revelaciones son parte de una "campaña de manipulaciones y malversaciones dolosas" en su contra y aseguró estar "tranquila, contenta y satisfecha" con su gestión en el Conahcyt, que, según ella, combatió la corrupción.

La reportera también inquirió sobre el Centro Kalan, inaugurado en septiembre de 2024, pero que permanece cerrado al público y con salas aparentemente vacías.

• Reportera: "¿Por qué inaugurar algo que no se terminó?"

• Álvarez-Buylla: "No, eso no es cierto, ojalá y puedan pedir una visita." Luego deslindó su responsabilidad, indicando que las preguntas sobre su apertura debían dirigirse a las "nuevas autoridades" (la SECIHTI).

Al ser cuestionada sobre la razón de la asignación directa del contrato a Estudio MMX sin concurso, la exdirectora concluyó la conversación acusando a la reportera de sumarse a una campaña mediática.

Mmm.

 Reacciones de políticos y científicos: exigen investigación

La revelación de que Estudio MMX recibió un contrato de $4 millones 431 mil 200 pesos del Conahcyt tras haber trabajado para la familia de Álvarez-Buylla, generó una fuerte ola de críticas en el ámbito político y científico.

Oposición (PRI y PAN): Senadores como Manuel Añorve (PRI) y Mario Vázquez (PAN) exigieron a la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) investigar y sancionar a la exdirectora. Calificaron el caso como un "claro conflicto de interés" y el contrato como un ejemplo de "negocios con contratos a modo." Movimiento Ciudadano: El coordinador Clemente Castañeda demandó que la familia Álvarez-Buylla aclare las operaciones. Morena: La senadora Cynthia López desestimó las acusaciones, tachándolas de "evidente guerra sucia" contra el gobierno

La comunidad científica y académica también expresó su indignación, señalando que el presunto conflicto se suma a una gestión marcada por la "mala administración" y "decisiones arbitrarias." 

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'Son casos aislados', dice Clara Brugada: REFORMA.

Clara Brugada, defendió los resultados de la estrategia de seguridad emprendida durante su Administración y subrayó reducciones en delitos de alto impacto y homicidio doloso.

Durante su informe de seguridad mensual, dijo que los crímenes de alto impacto son "casos aislados".

"Lamentamos mucho que se hayan presentado casos aislados de violencia, pero estos casos aislados no definen la situación de lo que acontece; porque los homicidios vienen disminuyendo", apuntó.

El posicionamiento ocurrió a cuatro días del asesinato del abogado David Cohen; subrayó que frente a 2019 se redujeron en 59 por ciento los delitos de alto impacto y, en 48 por ciento, el homicidio doloso.

El 20 de mayo, fueron asesinados dos de los colaboradores más cercanos a Brugada: Ximena Guzmán y José Muñoz, secretaria particular y coordinador de asesores.

Pero Brugada sostiene que son "casos aislados". (Reforma 

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Las columnas políticas hoy, viernes 17 de octubre de 2025

Templo Mayor/ Reforma..

VAYA PARADOJA: el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, presume la enorme oportunidad que tiene México para convertirse en potencia exportadora de medicamentos a Estados Unidos. Lo curioso es que los hospitales públicos padecen desabasto.

LO DICHO por Ebrard es cierto: existen en nuestro país empresas y talento suficientes para surtir al mercado estadounidense, el de mayor consumo a nivel mundial.

SERÍA BUENO que Ebrard avisara de esta capacidad a las dependencias que se encargan del sistema de salud pública aquí en México porque es increíble que por un lado haya oferta suficiente para exportar medicinas, y por el otro, tras 7 largos años, el gobierno no pueda todavía surtirlas aquí en tiempo y forma. Tristísimo caso de luz de la calle y oscuridad en su casa.

AHORA CUANDO vea usted una película en Netflix, tendrá que compartirle palomitas al SAT. Y es que con los cambios aprobados por los diputados al Código Fiscal, las autoridades podrán monitorear ¡en tiempo real! su actividad y operaciones en plataformas digitales de entretenimiento, compras y hasta de romance.

OBVIAMENTE la gente de Antonio Martínez Dagnino asegura que el SAT sólo busca recaudar mejor los impuestos. Sin embargo, grupos de defensa de los derechos digitales advierten que con estas nuevas facultades, el gobierno estaría violando la privacidad de las personas al vigilarlas en algo tan íntimo como su cuenta de música en streaming o su perfil de redes sociales.

EL NUEVO ordenamiento señala que las plataformas estarán obligadas a darle acceso al SAT y de no hacerlo les podrían bajar el switch temporalmente y sus directivos podrían enfrentar hasta penas de cárcel.

SE VE DIFÍCIL QUE cualquier ciudadano libre le quiera dar "like" a la intromisión del SAT. 

QUÉ DIFÍCIL le resultó explicar a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el choque de sus cifras de disminución de delincuencia con la percepción ciudadana de que la inseguridad no baja. Aceptó que el 66 por ciento de la ciudadanía le cree más a la información de los medios de comunicación y su gobierno no ha podido revertir la inquietud de los capitalinos.

PARA BRUGADA los asesinatos de alto impacto registrados a plena luz del día y en lugares concurridos son hechos aislados. Defendió que su administración ha reducido los homicidios en un 10 por ciento respecto al sexenio anterior.

LO QUE NO precisa es que su administración tiene más cámaras de vigilancia, mayores efectivos policiales y mejores instrumentos tecnológicos que otros gobiernos, lo que debería llevarle a tener mejores resultados, incluidos los crímenes de alto impacto y la extensión de redes criminales en distintas alcaldías.

BRUGADA no les echó la culpa a los medios, faltaba más. En realidad, aceptó que no logra convencer. Y por algo será.

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Raymundo Riva Palacio afirma hoy que Sheinbaum, está incrementando la presión sobre el senador Adán Augusto López , con la intención de desmantelar su red de negocios y contratistas que sirvieron para financiar su campaña presidencial 

El Fiscal Gert, habría informado al expresidente López Obrador sobre la procedencia y el destino de los recursos de López Hernández en 2021 y 2022, pero las alertas fueron desestimadas.  Agentes de inteligencia estadounidenses abrieron una investigación por sospechas de vínculos con el crimen organizado y presunto lavado de dinero a través de la notaría de su familia.

Hay dos personas clave;  los hermanos Fernando y Carlo Padilla, quienes tienen sospechas de ser prestanombres de Adán Augusto.  Fernando, a través de empresas de salud, ha financiado la campaña de la senadora Andrea Chávez. Otros financieros mencionados incluyen a Amílcar Olán (de "el clan" de los López Beltrán) y Alejandro Calderón Alipi (exdirector del IMSS-Bienestar).

Un informe confidencial -dice Riva Palacio-, indica que este caso está generando un desgaste acelerado a la presidenta Sheinbaum; ella no puede atacarlo directamente debido a la delicada relación con López Obrador, pero busca que las investigaciones permitan cortarle los brazos económicos que aún lo sostienen.

¡Será?

Estrictamente Personal

Otro apretón a Adán Augusto/Raymundo Riva Palacio

El Financiero, octubre 17, 2025 |

Entre más tiempo tarde el senador Adán Augusto López Hernández en separarse de la coordinación de la bancada de Morena, más tuercas le irán apretando desde el gobierno federal. La instrucción en Palacio Nacional es desmantelar toda la red de negocios vinculados a él y acabar con la maraña de contratistas que son parte del financiamiento que ha construido desde antes de llegar incluso a la Secretaría de Gobernación en 2021, pero que fue fundamental para tener cientos de millones de pesos para fondear su campaña presidencial.

El entramado que fue hilando López Hernández pasó desapercibido durante la primera parte del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero cuando se calentaron los motores para buscar la candidatura de Morena a la Presidencia, al abrirse la sucesión, el dinero, por sus volúmenes, comenzó a saltar. El fiscal general, Alejandro Gertz Manero, le fue informando durante 2021 y 2022 la forma en que López Hernández se estaba haciendo de recursos y con qué fines, pero el presidente hizo a un lado sus alertas.

Donde pusieron atención a lo que estaba sucediendo fue en Washington, donde abrieron una investigación y le dieron un seguimiento por sospechas de estar vinculado con el crimen organizado. Agentes de inteligencia estadounidenses reconstruyeron la mecánica de sus negocios sospechosos a través de la notaría que su padre, Payambé López Falconi, había fundado por intermediación de Salvador Neme Castillo, cuando fue secretario general de Gobierno en la administración de Leandro Rovirosa Wade. Adán Augusto la heredó y, cuando fue gobernador y posteriormente secretario de Gobernación, la manejó su hermano Melchor.

Como aquí se ha expuesto, las investigaciones estadounidenses encontraron una presunta operación de lavado de dinero desde la notaría mediante factureros, que entraron a los negocios a gran escala como nuevos operadores financieros en el régimen, en la medida en que el gobierno de López Obrador iba eliminando a los factureros que habían trabajado con gobiernos anteriores.

El relevo de los factureros que operaron con el PRI y el PAN fue masivo, donde no sólo se contrataron servicios de amigos y conocidos, sino que, para asuntos de menor envergadura, se recurrió incluso a notarías de desconocidos. Sólo para tener una idea del dinero que se manejaba, una notaría pequeña que alcanzó una parte del pastel permitió que, en seis años, el jefe y su familia salieran de problemas económicos y pudieran crear un pequeño imperio inmobiliario en el país.

Los estadounidenses encontraron que la notaría de los López Hernández tenía como eje a Rosalinda, la hermana menor, a quien López Obrador, con quien convivió cuando vivió en la casa de Payambé en Villahermosa, nombró jefa de Auditoría Fiscal del SAT. La mecánica con la que operaban comenzaba con Rosalinda, que murió de cáncer en junio del año pasado, quien dejaba asuntos en “tránsito” por evasión de impuestos o en litigio, que su hermano Melchor resolvía en las oficinas de la auditoría del SAT en Guadalajara y León.

A partir de ese negocio, Adán Augusto y su cuñado, el entonces gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón –esposo de Rosalinda–, construyeron una red de financiamiento para nuevas empresas que fueron constituyendo durante el sexenio pasado y que fue utilizada como matriz en el negocio del contrabando de combustible, según la investigación en Estados Unidos. Ese negocio se fortaleció con Hernán Bermúdez Requena, a quien nombró Adán Augusto, siendo gobernador de Tabasco, como secretario de Seguridad, quien desde ese cargo creó un imperio criminal en el sur del país, convirtiéndose en brazo del Cártel Jalisco Nueva Generación. Escandón, que actualmente es cónsul en Miami, le abrió la puerta en Chiapas a esa organización criminal, que convirtió la frontera con Guatemala en una zona de guerra entre los cárteles de las drogas.

Esta es una de las redes que van a empezar a intervenir en el gobierno federal, aunque desde 2019 el expresidente López Obrador debió haber sido alertado de los vínculos criminales del senador López Hernández, a quien se le detectaron elementos de los servicios de inteligencia del Ejército mexicano. La otra, más reciente, se enfocará en los financieros del senador, principalmente los hermanos Fernando y Carlo Padilla, sobre quienes existen también sospechas de que uno de ellos, Carlo, pueda ser prestanombres de Adán Augusto.

Fernando no es un nombre ajeno a la opinión pública. Ha sido una figura pública importante en su entorno desde que el principal operador financiero del senador, Daniel Flores Nava, murió en un extraño accidente al despegar de Veracruz en su avión en julio de 2023, a donde había ido a insistencia del entonces precandidato presidencial. Flores Nava, director general de Proyecta, una empresa que estaba llena de contratos en los megaproyectos de López Obrador, era socio de Sergio Carmona, conocido como “el rey del huachicol”, que financió ocho campañas de Morena para gobernador en 2021, y que fue asesinado ese mismo año.

Padilla es quien, a través de empresas de salud, ha financiando la campaña de la senadora Andrea Chávez para la gubernatura de Chihuahua, y está involucrado en el sector de las medicinas, donde Amílcar Olán, figura central de “el clan” de los López Beltrán, los hijos del expresidente, y Alejandro Calderón Alipi, quien dirigió el IMSS-Bienestar en el sexenio pasado y actualmente es secretario de Salud de Tabasco, son otros de los financieros del senador.

La pesquisa sobre las empresas constructoras tiene un elefante en la sala, iluminado por un reportaje de N+ Focus, la unidad de investigación de Televisa, el cual reveló que entre 2023 y 2024, el senador recibió aproximadamente 79 millones de pesos en transferencias de varias empresas privadas: GH Servicios Empresariales, Operadora Turística Rabatte y Capital Cargo del Golfo, algunas de las cuales habían sido señaladas como contratistas del gobierno de Tabasco cuando fue gobernador, y una identificada por el SAT como empresa fantasma. El senador ha tratado de explicar esos ingresos, pero parece nadar en un pantano. Las confusas explicaciones han sido motivo de exasperación en Palacio Nacional.

Un informe confidencial que le entregaron recientemente a la presidenta Claudia Sheinbaum señala que este caso es uno de los que le están produciendo un desgaste acelerado, que no puede atacarlo directamente ella por la delicada relación con López Obrador, pero que busca que las investigaciones permitan cortarle los brazos económicos que aún lo sostienen.

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Para locos/Manuel J. Jáuregui 

REFORMA, 17 octubre 2025

Les suplicamos, amables lectores, nos ayuden a entender por qué tanta burrejada nos está trastocando las neuronas.

Primero la Presidenta y su séquito de incondicionales han arrancado una serie de medidas que le dan PALO de piñata a la iniciativa privada: el incremento en el IEPS, la reforma retroactiva a la Ley de Amparo que los deja indefensos, la doble tributación del SAT que ha forzado a SAMSUNG, una de las empresas electrónicas más grandes del mundo, a amenazar con ABANDONAR MÉXICO ante la intransigencia de Hacienda, que le pretende cobrar tal cantidad de impuestos equivalente al precio de un país pequeño.

Agreguen ustedes a lo anterior que la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Energía podrán EXPROPIAR empresas privadas de hidrocarburos por "causas de fuerza mayor" o por "riesgos a la seguridad nacional o energética", al tiempo que conculcan los derechos de todos los mexicanos instalando un sistema judicial a modo, con los jueces de acordeón que están "en proceso de aprendizaje".

Han adoptado medidas tan restrictivas y unilaterales que el pronóstico de crecimiento para nuestra economía este año se ubica en 0.5 por ciento (la mitad de un uno por ciento). Al mismo tiempo, hemos hecho encamionar tanto a Mr. Trump, que está amenazando con romper el T-MEC, lo cual haría añicos la economía mexicana.

Lo anterior descrito son situaciones generadas por la 4T, que se enorgullece de haber logrado hacer una cadena de errores que amenaza el éxito y la prosperidad del propio México. Ante este marco, salen miembros del Gobierno para pedir, con tono de orden, que los empresarios del petróleo y la petroquímica INVIERTAN en los proyectos de Pemex.

Leyeron y oyeron bien, estimados amigos: no los escuchan, no los toman en cuenta, no atienden sus reclamos, les dan PALO por todos lados... ¡y ahora les demandan que inviertan en PEMEX, la petrolera más endeudada y quebrada del mundo!

Pero eso no es todo: ante empresarios de la industria maquiladora y manufacturera de exportación se presentó ayer -por cierto, vestida muy vistosa y a la moda, con un vestido color canario al estilo "Novicia Rebelde", con grandes hombreras blancas- la Lic. Altagracia Gómez, quien, a sus 32 años, fue nombrada interlocutora del Gobierno sheinbaumista con el sector privado.

Y, de igual manera que el vocero de PEMEX, les pidió la Lic. Altagracia a los maquiladores que inviertan más, que creen más empleos, que expandan su actividad, que se adhieran al "Plan México" -que es una vacilada- bajando precios y produciendo más. Ganas nos sobran de decirles: bajo las actuales circunstancias, ¡escojan uno, ¿no?!

Ello, seguramente con el fin de que el SAT se regodee más con la doble tributación, y tras haber complicado para las maquiladoras las importaciones temporales, les genere problemas adicionales a los ya presentes por el solo hecho de hacer negocio y competir con los chinos, los indios, los vietnamitas y demás países que nos están rompiendo la crisma.

¿Que no se dan cuenta la Señora Presidenta y sus comendadores que son ELLOS mismos quienes desalientan la inversión y estorban al crecimiento?

Esto, adicional a que, en general, durante los últimos SIETE años, desde la investidura presidencial se ha conducido una campaña de bullying, en algunos casos personal, en contra de empresarios que invierten en México y crean empleos.

Que nos disculpe la joven empresaria, cuyo padre fue Senador por el PRI, pero dar palos y luego pedir a quien los recibe que ponga más dinero es algo que normalmente no funciona.

Menos en un clima de EXCLUSIÓN en el que la IP no es tomada en cuenta para NADA, entre otras muchas cosas porque no saben qué conducto emplear: si deben hablar con el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, o con la multimentada Altagracia Gómez.

Seguramente el sector privado nacional -al igual que su servidor- está desconcertado por el hecho de que sólo los toman en cuenta para pedirles lana: también quieren que aporten despensas para los damnificados del centro-sureste, claro, vía el Ejército. La neta: nuestro País está de locos.

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Ley del desamparo

JAQUE MATE / Sergio Sarmiento 

REFORMA, 17 octubre 2025

"Mataron el amparo con discursos

sobre 'el interés social', que no es

más que el nuevo nombre

del autoritarismo". José Mario de la Garza, abogado

Arturo Zaldívar, el expresidente de la Suprema Corte convertido en funcionario de la Presidencia, afirmó ayer: "Estamos inmersos en una campaña de desinformación en la que se busca hacer creer a la opinión pública, a la gente, que las reformas a la Ley de Amparo recientemente aprobadas son regresivas y limitan la defensa de las personas... Quienes han criticado y están criticando el amparo, en su inmensa mayoría, lo están haciendo por razones interesadas, o porque son empleados o abogados de deudores fiscales muy conocidos o porque son comentócratas aliados al viejo sistema del PRIAN... o porque se trata de jueces o magistrados que se vieron afectados por la reforma judicial y mienten deliberadamente".

El problema es que la reforma sí es regresiva: limita los derechos individuales, otorga mayores poderes al Estado, descarta la posibilidad de obtener suspensiones en muchos casos y elimina la responsabilidad personal de los funcionarios cuando violan la ley. Es la reforma de un régimen autoritario.

Olga Sánchez Cordero, ministra en retiro y hoy diputada de Morena, argumentó: "Me preocupan, por ejemplo, las acciones colectivas, o difusas, como son las promovidas por la comunidad LGTB, por consumidores, por pueblos y comunidades indígenas, por grupos vecinales, por defensores del medio ambiente o por trabajadores jubilados". Con el nuevo concepto de interés legítimo, "se les exigiría demostrar la lesión jurídica individual y colectiva o un beneficio cierto derivado de la anulación del acto reclamado", lo cual restringe "el acceso a la justicia constitucional".

Claudia de Buen, del Bufete de Buen, dice: "La verdad es que el amparo ya no tiene este carácter... de protector de los derechos de las personas... Las reformas son más bien protectoras de las autoridades". Los problemas más graves son "la suspensión del acto reclamado y el interés legítimo para poder promoverlo... y desde luego la retroactividad... La suspensión es el punto garantista del amparo..., garantiza que el acto que uno reclama no se ejecute hasta que se resuelva si es conforme a derecho o no". Sin la suspensión, "el amparo ya no función[a] como tal". La autoridad podrá continuar realizando actos ilegales en los "amparos administrativos", los de empresas con licencias, concesiones, autorizaciones o permisos del gobierno. La UIF podrá bloquear las cuentas de una persona solo por ser homónima de otra, pero la víctima no podrá tramitar una suspensión hasta "la publicación de la convocatoria de remate".

José Mario de la Garza, presidente de Perteneces A.C., advierte: "Tiraron la Ley de Amparo al basurero -literal y metafóricamente-, como si el derecho pudiera abolirse por decreto y el abuso necesitara legalización". El activista Max Kaiser escribe: "La nueva ley de desamparo te deja expuesto ante el abuso de la autoridad". El doctor Éctor Jaime, diputado del PAN, señala: "Si el gobierno no te quiere dar un medicamento, una organización civil no podrá defenderte". Javier Martín Reyes, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, sentencia: "La versión final de la reforma Sheinbaum al amparo endurece las suspensiones, restringe derechos y mantiene la retroactividad -disfrazada, pero ahí sigue-. Estamos frente a una nueva regresión, escrita en el más burdo abogañol y aprobada sin rubor".

Zaldívar afirma que la reforma solo agiliza procesos, pero la verdad es que limita los derechos individuales y permite al gobierno abusar de las personas... a las que deja desamparadas.

· PODERES

El Poder Judicial ya está controlado por el Ejecutivo y el amparo debilitado. Hay razones para sentir temor ante los poderes que el gobierno se ha dado a sí mismo con su espuria mayoría calificada en el Congreso. Es un golpe contra el Estado de derecho, como el de Hugo Chávez de 2004 en Venezuela.