Las columnas políticas hoy, viernes 7 de agosto de 2026

México y Perú, el retorno a la diplomacia

Por Fred Alvarez Palafox

Este viernes 7 de agosto, el reloj diplomático entre México y Perú ha vuelto a hacer tic-tac,...Con un comunicado que apela a los "históricos lazos de hermandad", se cierra finalmente una fractura institucional que mantenía a ambas naciones alejadas desde noviembre de 2025. Hoy no solo regresa el diálogo formal; regresa la política del entendimiento.

Para medir el peso de este nuevo apretón de manos, es indispensable voltear al origen de la tormenta.

 Diciembre de 2022 marcó un parteaguas con la destitución de Pedro Castillo, desencadenando un doloroso saldo de represión social bajo la administración de Dina Boluarte. La postura mexicana —fiel a su tradición— abrió las puertas de su embajada en Lima. El hilo, tenso durante meses, terminó por reventar cuando Perú cortó relaciones en respuesta al asilo otorgado a Betssy Chávez, ex primera ministra peruana. Lo que para nuestra diplomacia era un acto humanista amparado en la Constitución, para Lima fue la gota definitiva.

Pero la política, como la historia, nunca es estática. Los cambios de administración traen nuevos vientos, y con la llegada de Keiko Fujimori a la presidencia peruana, la voluntad política se hizo presente. Anoche, casi a la medianoche y con el dramatismo propio de un desenlace largamente esperado, el gobierno andino entregó el ansiado salvoconducto. Hoy, Betssy Chávez ya está en México tras volar en un avión de nuestra Fuerza Aérea, cerrando un largo ciclo de encierro en la representación diplomática que estuvo bajo el resguardo de Brasil.

La Presidenta Sheinbaum lo confirmó esta mañana, calificando la entrega del permiso como un acto de "buena voluntad" tras semanas de negociaciones cautelosas. Sin embargo, hay un matiz que no pasa desapercibido en el tablero diplomático: el acuerdo no borra la postura ideológica. México, subrayó la mandataria, mantendrá su defensa política de Pedro Castillo.

Al final, la lección de esta reconciliación es clarísima. Más allá de las diferencias coyunturales, siempre debe imponerse el pragmatismo y el respeto al derecho internacional. 

Hoy, las cancillerías pasan la página, recordándonos que la histórica vocación de entendimiento sigue siendo el único puente viable entre nuestros pueblos.

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El guion interminable: ¿Otra verdad histórica?

Por Fred Alvarez Palafox

Casi doce años. Doce años de que el dolor se hizo costumbre. Doce años en los que la silla vacía en cuarenta y tres mesas de Guerrero sigue gritando una sola pregunta: ¿dónde están los muchachos?

Hoy, como lo advierte el agudo cartón de OBI en el diario Reforma, pareciera que asoma la sombra de una nueva "verdad histórica". El guion de la tragedia de Ayotzinapa suma un oscuro capítulo. El silencio sobre los estudiantes no fue una trágica casualidad tecnológica. Fue una orden directa, dictada desde la cúpula del poder estatal..

La Fiscalía (FGR) ha dado un manotazo contundente. Ángel Aguirre Rivero, quien fuera el todopoderoso gobernador de Guerrero en aquella fatídica noche de septiembre, ha sido detenido y recluido de inmediato en El Altiplano. El fantasma que lo llevó hasta ahí tiene nombre y número: el autobús Estrella de Oro 1531.

Durante más de una década nos miraron a los ojos y nos mintieron. La versión oficial nos exigió creer que las cámaras del Palacio de Justicia de Iguala se habían "descompuesto" justo en el momento clave. Qué conveniente. Pero de pronto, el miedo cambió de bando. Testigos anónimos rompieron el pacto de silencio para revelar lo impensable: las grabaciones existieron, alguien las arrancó de su sitio, se las entregó en mano al exmandatario y, por orden suya, se convirtieron en cenizas. Borraron el rastro.

Todo encaja perfecto en el nuevo guion. Quizá demasiado perfecto. Y aquí surge la pregunta incómoda que nadie quiere hacer en voz alta: ¿De verdad les creemos a estos testigos, o son solo las nuevas piezas de un montaje distinto?

Lo que relató la fiscal Ernestina Godoy describe una operación criminal milimétricamente estructurada. Pero hay un detalle que no pasa desapercibido: en el comunicado oficial (FGR 511/26), la Fiscal omitió la obligada frase del debido proceso y la presunción de inocencia. ¿Por qué?

Aquí surge la pregunta que incomoda en los pasillos del poder: Si la culpa original de desaparecer la evidencia recae hoy sobre Aguirre Rivero... ¿están preparando el terreno para liberar al exprocurador Jesús Murillo Karam? ¿Es este el tiro de gracia a la primera versión oficial, o es solo un cambio de villanos en la misma obra macabra?

Y el timing político es de manual. Anteayer, el cardenal Pietro Parolin cimbró la Basílica de Guadalupe dedicando su homilía a las madres de los desaparecidos. Un día después, como en un acto de magia judicial, cae el exgobernador. ¿Una simple coincidencia con la mirada del Vaticano sobre el país? En México hace mucho que dejamos de creer en las casualidades.

Y por si fuera poco, la reacción en Palacio Nacional.

Hay silencios que construyen y palabras que tropiezan. 

Pero para la Presidenta Claudia Sheinbaum, el silencio parece un ejercicio imposible. No se puede quedar callada; opina de todo, incluso de aquello que exige estricta prudencia legal. Al apresurarse a dictar su propia sentencia asegurando que "no es un tema político", termina contaminando el caso.

El guion es contradictorio. Por un lado, dice que no dará detalles porque le corresponde a una Fiscalía supuestamente autónoma. Pero en el mismo aliento, funge como vocera: presume nuevas herramientas de inteligencia y métodos científicos. Si la Fiscalía es independiente, ¿por qué el Ejecutivo le hace el trabajo de relaciones públicas?

En medio de todo este ruido judicial y político, queda el eslabón más humano: los padres de los 43. A ellos, a quienes les prometen diálogo, ni siquiera se les notificó de la captura. Se enteraron igual que usted y que yo.

La justicia verdadera no necesita patrocinios desde las conferencias mañaneras; necesita autonomía. A veces, el mayor favor que el poder político le puede hacer a la justicia en México, es aprender a guardar silencio.

Para la historia inmediata.

Y por cierto... ¿dónde están los muchachos? 

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Las columnas políticas hoy, viernes 7 de agosto de 2026

Templo Mayor& REFORMA

¿PUES NO DECÍAN que era muy fácil bajar el costo de la democracia en México? Al menos ese ha sido uno de los pretextos favoritos de la 4T para desmantelar instituciones en todo el país.

POR EJEMPLO, al Instituto Nacional Electoral el régimen le metió mano y recortó lo que creyó que no se necesitaba, no lo que realmente sobraba, amparado en aquella fantasía de AMLO de que bastaba una mesa y unos crayones para hacer una elección.

EL CASO ES que el INE dice que necesita 36 mil millones de pesos para organizar la elección de 2027. Pero la presidenta Claudia Sheinbaum rechaza esa cifra y dice que es un exceso.

SEGURAMENTE tiene razón la morenista, el punto es ¿de dónde le van a recortar ahora al INE para sacar adelante el proceso electoral? Porque en este momento el INE enfrenta un déficit de 155 millones de pesos.

REQUIERE ESE DINERO para su gasto corriente, como sueldos, y lo necesita para el resto de año, aunque no está claro cómo lo podrá conseguir.

DA LA IMPRESIÓN de que Ernestina Godoy conduce mirando el espejo retrovisor, porque está más interesada en mirar hacia atrás que hacia adelante. Sorprende que la detención del ex gobernador perredista Ángel Aguirre Rivero sea por el caso Ayotzinapa de hace 12 años y que, además, sea porque se hizo un "reanálisis" de las investigaciones.

ES DECIR, los sabuesos de la FGR fueron a abrir las cajas del archivo muerto con tal de encontrar algo que culpe a todos... menos a las Fuerzas Armadas, siguiendo la línea de la cuestionadísima CNDH.

SIN DUDA será un logro si se comprueba, como afirman en la Fiscalía, que Aguirre Rivero ordenó destruir evidencia de la masacre. Una vez que eso pase, ¿podemos voltear a ver de nuevo a "La Barredora" o a los implicados en el contrabando de combustible a los que nadie toca? ¿O de eso mejor no hablamos... hasta dentro de 12 añitos?

FINALMENTE en el PAN hicieron acto de contrición y decidieron que, siempre sí, se suman a la defensa de quien fuera su primer gobernador electo, Ernesto Ruffo, de quien piden que sea liberado por las autoridades.

POR ALGUNA extraña razón, la dirigencia albiazul de Jorge Romero se había mantenido alejada del caso, como tratando de deslindarse del ex mandatario de Baja California.

NO HAY que olvidar que Ruffo renunció a la militancia panista hace tiempo, decepcionado de cómo se estaba manejando el partido. Pese a eso, un importante sector de panistas exigía que sus líderes se sumaran al frente en favor del ahora preso. De ahí que Jorge Romero tuvo que ceder y meter las manos por el bajacaliforniano. ¡Qué rápido se olvidan los amigos!

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García Vilchis, defensora de los “lineamientos”

Bajo Reserva/ El Universal

Nos cuentan que quien causó molestia por su visita a la mañanera de ayer, incluso a youtuberos que hacen preguntas a modo, fue Elizabeth García Vilchis, mejor conocida como la señorita de las mentiras, por su sección de supuestos desmentidos en las conferencias de Andrés Manuel López Obrador cuando era presidente. Doña Elizabeth, que ahora se presenta como reportera, ocasionalmente acude a Palacio Nacional y cuando lo hace es colocada en primera o segunda fila, desde donde toma el micrófono para, según lo dice ella, “cuestionar” a la presidenta Claudia Sheinbaum. Ayer le fue dada la palabra y se le permitió sembrar el tema de los lineamientos que impulsa el gobierno sobre los derechos de las audiencias, el cual enfocó, para sorpresa de nadie, en atacar a medios y periodistas. Esa independencia sí se ve, pues.

“Muerte y Morena es lo mismo”, dice el PAN en Chihuahua

Quienes se llevan pesado son los panistas chihuahuenses. Nos cuentan que ayer subieron un anuncio espectacular en la capital del estado y otro en Ciudad Juárez con la leyenda: “Muerte y Morena es lo mismo”, con un fondo color guinda y hasta folio del INE, lo que rápidamente generó una guerra de acusaciones. Los principales aspirantes a la candidatura morenista a la gubernatura, Andrea Chávez y Cruz Pérez Cuéllar, se quejaron en sus redes sociales. Y más rápido que lo que tarda la fiscalía en armar una carpeta de investigación, Morena presentó ante la autoridad electoral un escrito de 62 páginas para pedir que bajen los espectaculares y un spot de 30 segundos en el que Andrea aparece volando en una escoba y Cruz caracterizado como monstruo. Se adelantó el Halloween en Chihuahua.

¿Y los amigos de Aguirre?

La detención de Ángel Aguirre Rivero, acusado de ocultar evidencias en el caso Ayotzinapa, puede resultar incómoda para varios. Nos recuerdan que el político que militó en el PRI y luego en el PRD tiene amistades en todo el espectro político, pero nos hacen ver que difícilmente saldrán ahora a darle un espaldarazo público. Nos recuerdan que, en su momento, el guerrerense fue muy cercano al actual secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y que cuando el hoy detenido fue candidato a gobernador en Guerrero, se tejió esa amistad siendo ambos perredistas. El entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal viajó cinco veces a tierras guerrerenses para respaldar públicamente a Aguirre. Hasta ahora, don Marcelo no se ha pronunciado.

La Comisión de Ética “en los bueyes de mi compadre”

Nos platican que los diputados que integran la Comisión de Ética Parlamentaria para el periodo 2026-2027, encabezada por el morenista Jaime Humberto Pérez Bernabé, se han dejado ver muy sonrientes en estos días, porque hoy se formalizará la instalación de este órgano legislativo. Según la mayoría morenista, la comisión viene a “dignificar” el trabajo legislativo y a meter en cintura a los diputados faltistas o a los que les gana el sueño en plena sesión. Pero los malpensados en San Lázaro temen que con la aplanadora guinda en control de la comisión, el famoso “blindaje ético” podría operar más bien como garrote político contra legisladores de oposición que se pongan demasiado creativos o rijosos en la tribuna. Veremos si miden con la misma vara a los suyos o si la ética legislativa sólo aplica en “los bueyes de mi compadre”.

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Estrictamente Personal

La ofensiva de EU/Raymundo Riva Palacio

El Financiero, agosto 07, 2026 |

El tono de las declaraciones de altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos contra el Cártel Jalisco Nueva Generación y su red de protección dentro de la clase política no tiene precedentes en la forma en que se han expresado sobre alguna otra organización criminal. Los vamos a demoler, a destruir, sentenció el secretario de Estado, Marco Rubio, definiendo que lo que comenzaron este miércoles fue una “cacería” contra el grupo. No será solo por la vía del combate policial y militar. Será también político, dentro y fuera de México, lanzando un aviso ominoso a la presidenta Claudia Sheinbaum, presionándola para que actúe contra políticos vinculados con el crimen organizado.

El CJNG surgió hace casi dos décadas tras el abatimiento de una de las figuras legendarias del Cártel del Pacífico y la Federación de organizaciones criminales, Ignacio Coronel, por parte del Ejército en Zapopan, cuando su lugarteniente Nemesio Oseguera, El Mencho, le dio la espalda y profundizó la traición de Joaquín El Chapo Guzmán a su viejo aliado y pariente político. Fundó un cártel que ha sostenido y ampliado su poder mediante el terror y la corrupción, lo que incluye tener como aliados, afirmó el director de la DEA, Terry Cole, “a miembros del gobierno de México”.

Sin el apoyo de esos funcionarios federales en México, estiman en Washington, el CJNG no sería lo que es hoy, una amenaza real a la seguridad nacional de Estados Unidos, cuya lucha se ha vuelto prioritaria. El apoyo de importantes miembros de la ‘4T’ que señala no debería seguir siendo minimizado. Buscar su destrucción es respuesta a sus oscuros vínculos con el Ejército ruso, donde encontraron a un venezolano y un colombiano que pelearon con sus fuerzas de élite aerotransportadas en Ucrania, que los capacitó en el manejo de drones que operan sin radiodifusión y que no emiten señales, lo que los hace más difíciles de detectar y neutralizar.

La variable rusa es uno de los factores que llevaron al escalamiento contra el CJNG. Recientemente, el gobierno de Estados Unidos le envió un reporte al mexicano sobre el activismo del personal diplomático ruso en México, que empezó a incrementarse en el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, lo que provocó una queja del exembajador y hoy secretario de Estado adjunto, Christopher Landau, en Palacio Nacional, al señalar que Audomaro Martínez, director del Centro Nacional de Inteligencia, había entregado a los rusos los nombres de los agentes de inteligencia estadounidenses en México. En el reporte entregado hace unos días se mencionó que existía una sobrerrepresentación de entre 15 y 20% del personal diplomático ruso en este país.

Hasta este momento no ha habido ninguna reacción del gobierno mexicano y, aunque no se conocen vínculos de Sheinbaum con funcionarios rusos, está rodeada de colaboradores que sí los tienen. Dos de ellos trabajan con ella en la Presidencia: Luisa María Alcalde, consejera jurídica, y Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de asesores. Otros con lazos con el Kremlin son Mario Delgado, secretario de Educación, y Andrés López Beltrán, que buscará una diputación por Tabasco.

La geopolítica juega con la política interna, pero la presidencia no atiende la primera y, ante los ojos de los estadounidenses, es laxa con la segunda, donde se cruzan Rusia, el CJNG y los políticos de la ‘4T’ presuntamente vinculados con ellos.

Aunque las vinculaciones más importantes del obradorismo fueron con el Cártel de Sinaloa, el CJNG se expandió durante el sexenio de López Obrador en el sur y sureste del país, durante los gobiernos en Tabasco y Chiapas de dos de los más cercanos al expresidente: Adán Augusto López Hernández, actualmente senador, y Rutilio Escandón, cónsul en Miami. Ambos son sujetos de investigaciones criminales en Estados Unidos. El senador es la persona sobre quien más han pedido a la presidenta que abra un proceso legal en su contra.

No se ha iniciado ningún proceso en su contra, aunque están abiertas varias investigaciones. Durante su gobierno en Tabasco, nombró secretario de Seguridad Pública a Hernán Bermúdez Requena, quien fundó la organización criminal La Barredora, que se volvió el brazo armado del CJNG en toda esa región. Escandón permitió desde el gobierno de Chiapas que se extendiera a su territorio, provocando una guerra interminable al enfrentarse por los territorios al Cártel de Sinaloa y a sus escisiones guatemaltecas en la frontera entre los dos países.

Las declaraciones de Rubio y Cole del miércoles deben verse como complementarias. El primero presentó el alcance de las acciones que tomarán para acabar con el CJNG, mientras que el segundo mostró el rango de los objetivos, que trascienden a quienes sean miembros o hagan negocios con esa organización, y apunta al corazón institucional de la ‘4T’, que es el gobierno federal. La presidenta no reaccionó a la revigorizada postura en Washington y se fue por una vía lateral: la suspensión, ese mismo día, de las actividades de los inspectores estadounidenses que revisan la forma en que se empaqueta el aguacate de exportación a su país, por amenazas a su personal.

Se reforzará la seguridad, dijo, pero difícilmente le creerán por los antecedentes. No pudo con la extorsión de los aguacateros en Michoacán, donde le pidieron que actuara, ni mostró ir en serio cuando anunció una estrategia de seguridad tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, en noviembre pasado. Sheinbaum, contra lo que había hecho en otros estados, hizo de lado al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y nombró responsable de la estrategia al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. Fue una pésima señal.

De acuerdo con información de inteligencia en México y Estados Unidos, Ramírez Bedolla no era parte del problema, sino el problema. La estrategia no funcionó y, entre sus sabotajes, el gobernador bloqueó a los estadounidenses en sus esfuerzos por mejorar la seguridad en Michoacán, coordinados con las autoridades federales.

Sheinbaum no parece comprender lo que dibujó la administración Trump el miércoles, cuando, una vez más, le tendieron un puente. Cole, que conoce de la relación de decenas de políticos mexicanos vinculados con el crimen organizado, reiteró que tienen una gran comunicación con García Harfuch, con quien están trabajando, por lo que deberían releer en Palacio Nacional sus declaraciones y las de Rubio para decodificar quiénes son los objetivos prioritarios y entender que, con o sin la cooperación del gobierno, seguirán adelante.

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La trama criminal detrás del aguacate mexicano/Mario Maldonado

El Universal, | 07/08/2026 |

La cadena de exportación del aguacate mexicano a Estados Unidos fue vulnerada por intereses del crimen organizado. Información de inteligencia en poder del gobierno estadounidense señala que el Sistema Integral de Cosecha de Aguacate, conocido como SICOA, habría sido manipulado para introducir al circuito exportador fruta que no cumplía con los requisitos del programa. El expediente involucra a funcionarios de la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México, APEAM, y apunta también a posibles actos de corrupción en las Juntas Locales de Sanidad Vegetal de Michoacán.

Ésa es la razón de fondo de la suspensión de actividades del personal estadounidense en Michoacán y no una amenaza directa o la retención de inspectores, como ocurrió en febrero de 2022 y junio de 2024. En esta ocasión, el gobierno de Estados Unidos habría retirado a sus funcionarios después de detectar que la trazabilidad del producto quedó comprometida. La diferencia es sustancial. La manipulación de un sistema de certificación exige auditorías, depuración de padrones y una revisión completa del programa exportador.

Los dos funcionarios más visibles de la APEAM son Luis Javier de la Rocha, director general, y Jesús Martínez Castillo. La investigación busca establecer cómo se incorporó fruta procedente de huertas que no debía ingresar al mercado de exportación, quién modificó los registros y qué participación tuvieron las Juntas de Sanidad de los municipios aguacateros. La evidencia disponible no permite afirmar que los productores sean parte de los cárteles; la mayoría son víctimas del cobro de piso. El señalamiento se concentra en la intervención de redes criminales en los procesos de producción, transporte, empaque, certificación y control territorial.

APEAM conocía la dimensión del problema, pero el martes acudió a Palacio Nacional con una explicación distinta. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que recibió a representantes de la industria y que, tras el encuentro, se acordó reforzar la presencia de la Guardia Nacional y solicitar una reunión con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. En la mesa participaron también funcionarios de seguridad y del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.

Los dirigentes de APEAM centraron su exposición en el aumento de las extorsiones contra productores y empacadores y en el programa estatal Guardián Forestal. No informaron a la Presidenta sobre el expediente relacionado con el SICOA ni sobre la investigación estadounidense en torno a las Juntas de Sanidad. Tampoco explicaron que el gremio habría incumplido acuerdos y rutas de trabajo establecidos con el Departamento de Agricultura, el Departamento de Estado y la Embajada para garantizar la seguridad y la integridad del programa. Más que una explicación incompleta, llevaron a Palacio una versión conveniente para sus intereses.

La reacción presidencial se construyó sobre ese diagnóstico. Sheinbaum declaró que si los inspectores estadounidenses no regresan, podrían ser sustituidos por personal de Senasica. Pero esta alternativa es técnicamente inviable sin la autorización de Washington. El aguacate mexicano ingresa a Estados Unidos bajo un Plan de Trabajo Operativo acordado entre USDA-APHIS, Senasica y APEAM. México no puede modificar unilateralmente ese mecanismo ni decidir quién certifica los embarques que entran al mercado estadounidense.

La propuesta resulta todavía menos viable si el problema es precisamente la falta de confianza en los controles mexicanos. Si Estados Unidos investiga la manipulación del SICOA y posibles irregularidades en las Juntas de Sanidad, difícilmente aceptará entregar la certificación exclusivamente a funcionarios de Senasica. La sustitución requeriría modificar bilateralmente el plan, acreditar nuevamente los procesos y establecer un esquema de supervisión aceptado por el USDA.

El tamaño del negocio explica la gravedad del caso. México exportó en 2025 alrededor de 3 mil 650 millones de dólares en aguacate a Estados Unidos, de acuerdo con cifras del USDA. Para 2026, el propio Departamento de Agricultura proyectó exportaciones mexicanas por 1.3 millones de toneladas, con Estados Unidos como principal destino. Michoacán concentra la mayor parte de esos envíos y la industria sostiene aproximadamente 200 mil empleos. El valor diario de las exportaciones nacionales ronda los 10 millones de dólares, por lo que la cifra de 100 millones diarios expuesta durante la reunión en Palacio no tiene sustento aritmético.

Información atribuida al Departamento de Estado calcula que las organizaciones criminales obtienen entre 600 y 800 millones de dólares anuales de la cadena del aguacate. La cifra equivaldría a entre 16% y 22% del valor exportado a Estados Unidos durante 2025.

El expediente adquiere otra dimensión desde que Estados Unidos designó a varios cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Los pagos de extorsión realizados por empacadoras o compañías con exposición a la jurisdicción estadounidense pueden ser investigados como posible apoyo material, aunque hayan ocurrido bajo coacción.

La suspensión no es, por tanto, una disputa fitosanitaria ni un cierre comercial ordinario. Estamos ante una ruptura de confianza sobre la integridad del programa que sostiene el acceso del aguacate mexicano a su principal mercado: Estados Unidos.

Posdata 1

El problema del aguacate puede escalar rápidamente a una crisis económica para Michoacán. Alrededor de 90% de las exportaciones del estado tiene como destino Estados Unidos, por lo que una ampliación de las restricciones o la imposición de sanciones comerciales pondría en riesgo ventas cercanas a 6 mil millones de dólares. No se trata únicamente del aguacate; la exposición incluye berries, limón, mango, guayaba, alimentos procesados y diversas manufacturas.

Michoacán exportó mercancías por aproximadamente 6 mil 358 millones de dólares durante 2024, mientras que sus ventas agrícolas alcanzaron un máximo histórico de 4 mil 580 millones. Para el primer trimestre de 2026, las exportaciones estatales sumaron mil 720 millones de dólares, de las cuales 72.5% correspondió al sector agrícola. La concentración en un solo mercado convirtió la relación con Estados Unidos en el principal motor económico del estado, pero también en su mayor vulnerabilidad.

Si las autoridades estadounidenses confirman que la trazabilidad del aguacate fue vulnerada por redes criminales, la revisión podría extenderse a empacadoras, exportadores, certificadores y otros productos agroalimentarios. Para el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla y la administración de Claudia Sheinbaum, restablecer las inspecciones sólo resolvería la emergencia inmediata. El problema de fondo será evitar que la penetración del crimen organizado termine comprometiendo casi toda la plataforma exportadora de Michoacán.

Posdata 2

El Banco de México mantuvo por unanimidad la tasa de interés en 6.50% y envió una señal clara de que no habrá nuevos recortes durante el resto de 2026. La Junta de Gobierno confirmó así la pausa iniciada en junio, después de llevar la tasa a su nivel más bajo desde 2022. Aunque la inflación general bajó a 3.10% anual en la primera quincena de julio, la subyacente se mantuvo en 3.95%, todavía lejos de una trayectoria compatible con la meta permanente de 3%.

La cautela aumentó porque el banco central volvió a retrasar su previsión de convergencia. Ahora estima que la inflación regresará al objetivo hasta el cuarto trimestre de 2027, en lugar del segundo trimestre contemplado anteriormente. El mensaje es que la reciente disminución de los precios no basta para reabrir el ciclo de recortes, particularmente ante la persistencia de la inflación de servicios, los riesgos cambiarios y la incertidumbre derivada de los conflictos internacionales y la política comercial de Estados Unidos.

La decisión mantiene elevados los costos de financiamiento para empresas y familias, pero protege el diferencial frente a la Reserva Federal y reduce el riesgo de nuevas presiones sobre el peso. Banxico reconoce que la economía repuntó 1.5% durante el segundo trimestre, después de contraerse 0.6% en el primero, aunque todavía anticipa debilidad y riesgos a la baja para la actividad.

Posdata 3

El exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, fue detenido por la Fiscalía General de la República, acusado de obstrucción de la justicia y desaparición forzada en el caso Ayotzinapa. La investigación sostiene que habría ordenado destruir y ocultar videos de vigilancia que registraron el paso de uno de los autobuses utilizados por los 43 normalistas la noche del 26 de septiembre de 2014. Aguirre dejó el gobierno estatal un mes después de la desaparición de los estudiantes, pero durante casi 12 años evitó enfrentar un proceso penal.

La detención se dio luego de que nuevos testimonios señalaran que el entonces gobernador participó en una reunión con altos funcionarios de su administración en la que se habría decidido eliminar las grabaciones. La acusación alcanza uno de los mayores vacíos de la investigación, la desaparición deliberada de evidencia que pudo reconstruir el traslado de los estudiantes y las responsabilidades de policías, autoridades y miembros del crimen organizado. Hasta ahora sólo han sido identificados los restos de tres de los 43 jóvenes.

La captura también confirma el aislamiento político de Aguirre, quien en los últimos años intentó recuperar influencia en Guerrero mediante alcaldes y operadores cercanos. En agosto de 2025, durante una gira por Ometepec, una mujer quiso entregar a Claudia Sheinbaum un regalo enviado por el exgobernador. La Presidenta lo rechazó y posteriormente explicó que no conocía a Aguirre ni tenía deseos de conocerlo. “No recibo regalos de ellos”, dijo entonces. Un año después, el político que buscaba regresar por la puerta de Morena terminó detenido por uno de los episodios más graves y todavía inconclusos de la historia reciente de México.

@MarioMal

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Derecho a la información y usurpación de las audiencias

Día con día/Héctor Aguilar Camín

Milenio, 

El derecho a la información apareció en las leyes mexicanas como un derecho de la sociedad a saber lo que hacía y sabía el gobierno.

En particular, cómo gastaba el dinero y cómo iban las cosas en el país en todos los ámbitos: la economía, la salud, la seguridad, la educación.

Es decir, información de lo que hacía el gobierno en todos los ámbitos, información que sólo el gobierno tenía, podía tener o debía generar.

El acceso a la información oficial era tan restringida que, una vez al año, durante el informe presidencial, todos los mexicanos podían saber, por generosidad informativa del presidente, cuántas eran las reservas internacionales del Banco de México.

El derecho a la información era un derecho de la sociedad desinformada frente al gobierno, una ampliación de los derechos de la sociedad.

Esto empezó a plantearse con la reforma política de 1977/78, la que abrió el camino a la democratización mexicana.

La agenda gubernamental de hoy dice querer ampliar aquellos derechos de la sociedad. Pero la agenda no está dirigida al gobierno, sino a los medios.

Camino a este proyecto de tutelaje gubernamental de las audiencias, el gobierno ha desmantelado el andamiaje institucional que garantizaba los derechos a la información de la sociedad frente a su gobierno.

En los últimos años han sido destruidos casi todos los instrumentos que permitían acceder a la información del gobierno, cuya manía de esos mismos años ha sido, en cambio, reservarse información oficial por razones cada vez más caprichosas.

La deriva actual del gobierno para tutelar el “derecho de las audiencias” frente a los medios sustituye, quiere borrar, el verdadero derecho de información de la sociedad frente al gobierno.

Aquel derecho a la información de la sociedad, sustantivamente democrático, ha dado una vuelta de ciento ochenta grados.

Ahora, bajo el disfraz de la protección de las audiencias, el gobierno quiere exigir a los medios exactitud en la información que no está dispuesto a entregarle a la sociedad.

Vigila al mensajero, en lugar de rendirle cuentas a los ciudadanos. Es una astucia autoritaria, una usurpación de los derechos de información de la sociedad frente al gobierno.

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Tiempo de los intocables

Duda razonable/Carlos Puig

Milenio,

Comienzo, para que quede claro, con que no tengo idea si Ernesto Ruffo o Ángel Aguirre, ambos exgobernadores de sus estados, son culpables de los delitos que les ha imputado la fiscalía que dirige Ernestina Godoy.

Pero sí parece estar más claro, en estos tiempos, el uso político de la fiscalía por parte del gobierno del que, orgullosamente, Godoy es parte. Aquello de la autonomía siempre ha sido un sueño nunca cumplido por más que se empeñen en repetirlo.

El arresto de Aguirre y la explicación que la fiscal dio en un mensaje por video lo deja bastante claro.

Cito de la nota de nuestro sitio web de ayer: “en enero de 2026 una persona colaboradora aportó testimonio que confirmó la existencia de las videograbaciones y señaló a quien las sustrajo para entregarlas directamente a Ángel N, además de referir amenazas que explicaban su silencio previo”.

Además, señaló que en mayo de 2026 un segundo testigo protegido robusteció dicho testimonio al señalar que Ángel N ordenó en una reunión con mandos de primer nivel de su gobierno desaparecer cualquier evidencia relacionada con los hechos ocurridos en las inmediaciones del Palacio de Justicia en Iguala.

Dos testimonios de otros acusados. No es difícil intuir que uno de ellos sea quien era secretario de Seguridad estatal en los días de la tragedia de Ayotzinapa, detenido desde hace cuatro años por presuntos vínculos con el grupo Guerreros Unidos.

De la inexistencia o desaparición de esos videos se sabe hace muchos años. El tema está ampliamente tratado en expedientes, investigaciones y en la investigación y recomendación de la CNDH. La otra, la seria; no la de ahora. Cierto que nunca se supo por qué no existieron.

La acusación a Aguirre, como antes la de Ruffo, sirve para seguir culpando al pasado y a la oposición de todo.

Pero, al mismo tiempo, si concedemos que los dos exgobernadores merecen lo que les ha sucedido, se debería intensificar la pregunta de: ¿y los de ahora? ¿Nada tienen que ver los gobernadores de hoy con lo que sucede en sus estados? O por qué entonces hay que mandar tanto Ejército y Guardia Nacional a solucionar las cosas.

Ahí está, por supuesto, Rocha Moya, acusado por declaraciones de delincuentes buscando beneficios. Igual que lo que contó ayer la fiscal. Él, tranquilo.

Son tiempos electorales. Son los tiempos para los intocables. Para los demás, temporada de caza.

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Lo de Lenia no es fatal

En privado/Joaquín López-Dóriga

Milenio 

Una mentira disfrazada de verdad sigue siendo una mentira, aunque disfrazada de verdad. Florestán

Le puedo confirmar, ya se había dicho, que en un encuentro hace meses de la presidenta Claudia Sheinbaum con los empresarios que habitualmente se reúne, uno de ellos, Bernardo Gómez, le expresó en voz alta la preocupación de todos por el arribo de Lenia Batres a la presidencia de la Suprema Corte, lo que la incomodó, pero en lo que estuvieron y están de acuerdo todos los dirigentes empresariales e incluso integrantes del gabinete en la mesa, pues todos asintieron.

Y mire, no faltó ninguno: Carlos Slim, Fernando Chico Pardo, Alejandro Baillères, Carlos Hank, José Antonio Fernández Garza, José Antonio Chedraui, Alejandro Soberón y todos lo respaldaron. Gómez también le dijo que lo más cobarde que hay es el dinero, lo que es totalmente cierto. Cobarde y nervioso.

Y es que, tras la reforma judicial, ya electos sus nueve integrantes por el voto del acordeón, la presidencia la ocupa Hugo Aguilar Ortiz, que tuvo el mayor número de votos, 6 millones 195 mil 612, y le toca sucederlo a Lenia Batres, el segundo lugar con 5 millones 802 mil 19.

Con esta reforma, el artículo 94 establece que la duración en ese cargo es de dos años empezando el 1 de septiembre, por lo que en 2027 llegaría Lenia Batres.

Pero no está escrito en piedra. A ese 94 lo contradice el 97, que señala que el presidente de la Corte se elegirá por el voto de los ministros del pleno, nueve, y la duración de su encargo será de cuatro años. Una antinomia, una contradicción.

Por eso es evitable que Batres sea la próxima presidenta de la Corte. Si se aplica el 97, el voto será de sus pares y difícilmente podrá conseguir más de uno, el suyo.

De los demás, cero.

Es cuestión que se decida qué artículo se va a aplicar, para saber.

RETALES

1. PIEDRAS. La CNDH, que Rosario Piedra ha convertido en apéndice del régimen, va mal. Sus cinco visitadores no lo son oficialmente, están como encargados por no cumplir los requisitos. Una de ellas es Nestora Salgado, en la tercera;

2. VISITA. La presidenta Sheinbaum confirmó ayer lo que le había adelantado: que el papa León XIV no vendrá este año a México. Y que el próximo tampoco por las elecciones. En 2012 vino Benedicto XVI en plenas campañas y a la misa del Cubilete asistieron Josefina Vázquez Mota, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, evangélico, pero era el papa; y

3. NIVEL. El gobierno de México no reconoce al de Perú desde los tiempos de López Obrador, arrebatado porque depusieron a su amigo Pedro Castillo. Ahora la presidenta Sheinbaum, que busca recuperar esa relación, parece no quererlo tanto pues designó a una subsecretaria, la de América Latina, de la SRE, como su representante a la toma de posesión de Keiko Fujimori.

Nos vemos el martes, pero en privado

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UNAM: la defensa de lo fundamental/Ariel González

El Universal, | 07/08/2026 |

Evidenciada y aceptada la anomalía en los resultados del examen de admisión de la UNAM, nuestra casa de estudios tenía esencialmente ante sí dos opciones: minimizar el problema y simular que no pasaba nada grave, o enfrentarlo y resolverlo desde la raíz misma.

La primera alternativa, desde luego, no era válida para una institución que históricamente ha forjado y defendido un prestigio académico que simplemente no podía admitir cuestionamientos como los que se le imputaban a partir de los resultados de este examen.

Sin embargo, eso no le importó a ciertos sectores que plantean, todavía hoy, que los resultados de esta prueba virtual deben “respetarse”. En esa postura se encuentran muchos alumnos que pasaron este examen y a quienes no parece importar que pese sobre ellos la sospecha de que hicieron trampa.

La segunda opción sólo podía consistir en lo que finalmente decidió la Comisión Técnica creada por la Rectoría: hacer un examen de control de forma presencial. Junto con esta resolución, el rector Leonardo Lomelí ha dado por terminado el contrato con Territorium Life responsable de este embrollo –mayúsculo, inédito en la historia de la UNAM– y, adelantándose a cualquier iniciativa externa, ha solicitado que se audite el contrato con esta empresa a la Auditoría Superior de la Federación.

Estas decisiones, especialmente la primera, obviamente no son –no lo buscaban ser–, populares, pero todos sabemos que la buena reputación de una universidad no puede depender de este tipo de medidas, necesariamente demagógicas.

Repetir el examen afecta a quienes lo aprobaron honestamente como a quienes lo hicieron por medios ilegítimos. ¿Pagan justos por pecadores? En cierto sentido sí, pero los justos pueden demostrar siempre que lo son, mientras que los pecadores quedarán en evidencia.

No obstante, están en marcha los primeros amparos de algunos “justos” que no desean probar ni aprobar nada de nuevo. Su argumento, legalmente, parece incontestable: ya hicieron el examen una vez y los resultados les son favorables.

Pero esos “justos” deben tener plena conciencia de que entre ellos hay muchos otros que con malas artes aprobaron. Por eso el asunto, como bien dice el jurista Javier Martín Reyes, es “mucho más complejo de lo que aparenta. Lo que está en juego no son solo los derechos de ese grupo. También está en juego la integridad del proceso de admisión y, sobre todo, los derechos de otros aspirantes que tampoco hicieron trampa y que, en condiciones normales, habrían sido admitidos, pero que no alcanzaron el puntaje mínimo precisamente porque la trampa desplazó los umbrales hacia arriba” (El Universal, 6-VIII-26).

Hacer un examen de control no es la solución más popular, pero sí la más correcta y lógica si se quiere establecer con absoluta certidumbre quién tiene derecho a un lugar en las aulas universitarias y quién no.

El tema por supuesto, ha sido aprovechado por quienes ven en la universidad, un muy apetecible botín político, sobre todo en medio de la enorme erosión institucional que ha experimentado el país en los últimos años. Son aquellos que han aprovechado esta crisis para descalificar y denostar a las autoridades universitarias y, de paso, intentar minar una de las garantías más importantes de nivel académico que tiene la UNAM: el examen de admisión.

Los demagogos que han salido a vociferar contra el examen de admisión, aduciendo incluso mentiras como esa de que en las principales universidades del mundo no se hace examen para ingresar, anhelan una Universidad Nacional con el bajísimo nivel de las que con criterios “populares” han sido creadas en los últimos años, haciendo a un lado la noción misma de Universidad.

La sensatez debe imponerse entre los estudiantes que aprobaron honestamente el examen. Lo volverán a aprobar. Tomadas las medidas institucionales adecuadas, este episodio quedará atrás no sin las lecciones correspondientes para el futuro. Es un momento crítico, pero nuestra Universidad sabrá salir adelante protegiendo su autonomía, su vocación crítica y el nivel académico que la sustenta.

Ariel@Gonzalez