Tiene Taddei nexo con proveedor
Nota de Érika Hernández/ reforma...
La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, ha mantenido una estrecha relación, más allá de lo institucional, con el proveedor del organismo José Alfredo Hernández Casillas, empresario que la UIF indaga por prácticas fraudulentas.
Fuentes del organismo refirieron que acuden juntos a reuniones privadas, juegos de cartas y reuniones sociales.
Taddei asumió la presidencia del INE el 3 de abril del 2023.
Las empresas indagadas son Cajas Graf, Corporativo Zeg, Formas Finas y Materiales, Seriplast, Diseño Reconstrucción y Comunicación, Formas Finas y Grupo Selati.
La UIF investiga simulación de competencia, triangulación de recursos y operación de factureras.
En 2023 y 2024 congeló 400 cuentas bancarias y hoy están vigentes 70 bloqueos de 13 personas físicas y 7 empresas.
A pesar de que ayer, en una declaración a la prensa, Taddei dijo que no tenía "empresas favoritas", se le ha visto en distintas ocasiones acompañada de José Alfredo Hernández Casillas en comidas e incluso conforme videos conocidos por REFORMA, el empresario estuvo en la fiesta del cumpleaños número 62 de la presidenta del INE el 26 de junio de 2025.
Conforme las fuentes, el empresario participó en la organización de la fiesta en una casona de San Miguel Chapultepec en la CDMX.
A esta celebración acudieron los hijos de la funcionaria, León Fernando y Jorge Francisco Piñeda Taddei, además de funcionarios del primer círculo de la sonorense, y colaboradores del empresario.
El 26 de junio de 2025, José Alfredo Hernández Casillas participó en el cumpleaños número 62 de Guadalupe Taddei, titular del INE, fiesta en la que estuvieron también sus hijos León Fernando y Jorge Francisco Piñeda Taddei.
Desde agosto de 2024, refirieron las fuentes, la relación entre Hernández Casillas y Taddei se hizo más estrecha.
En febrero del 2025, Cajas Graf y TOL Producciones, ambas de la familia Hernández Casillas, ganaron por 197 millones de pesos en una asignación directa para materiales electorales de la elección judicial.
El 26 de junio de 2025, José Alfredo Hernández Casillas participó en el cumpleaños número 62 de Guadalupe Taddei, titular del INE, fiesta en la que estuvieron también sus hijos León Fernando y Jorge Francisco Piñeda Taddei. Crédito: Especial
La relación entre ambos se fortaleció y derivó en la contratación en el INE de colaboradores del empresario, entre ellos el "chofer fantasma" Jonathan Navarrete Torres, apoderado legal de Corporativo Zeg.
También fue contratado como director de Administración, Jesús Octavio García, ex representante del mismo consorcio de material electoral; y el actual director de Recursos Materiales, Mario Burciaga.
Según las fuentes consultadas, fue la misma Taddei quien gestionó estos ingresos.
Ayer la consejera presidenta reconoció que Navarrete Torres sí estaba en la nómina, y justificó que no era su "chofer", pese a que su declaración patrimonial y en el directorio del organismo se indicaba que su función era "transportar de manera segura y eficiente" a la sonorense, con un sueldo de 45 mil 765 pesos mensuales.
"Jamás fue mi chofer, está exactamente adjudicado a Presidencia, pero nunca ha sido ni fue ni será mi chofer porque ya no labora aquí", afirmó Taddei.
En el mensaje a medios que ofreció ayer y en el que no aceptó preguntas, nerviosa y apresurada la presidenta del INE también reconoció que su otro chofer Luis Alberto Bustamente está adscrito a la nómina como líder de proyecto, con un sueldo de casi 70 mil pesos.
"Es mi chofer, yo prefiero llamarle mi 'asistente especializado' porque me parece que esa es una de las funciones más relevantes que realiza", señaló.
Renuncia jueza que ordenó detener a ex Fiscal Jauregui….
La nota periodística de Abel Barajas en Reforma expone una secuencia de hechos de alto impacto político y judicial en México, centrada en la sorpresiva renuncia de la jueza federal Mariana Vieyra Valdés tras ordenar la aprehensión de exfuncionarios de Chihuahua.
El punto central y más preocupante de la nota es el vacío de información respecto a los motivos de la renuncia. Que una jueza federal deje su cargo apenas 48 horas después de librar una orden de aprehensión por un delito tan grave y atípico como traición a la patria genera sospechas inevitables sobre posibles presiones políticas, amenazas o conflictos de interés. La falta de detalle en el oficio oficial alimenta la especulación en un asunto de alta sensibilidad pública.
La nota contextualiza la relevancia del perfil de Vieyra Valdés:
Legitimidad democrática y de carrera: Formaba parte del selecto grupo de juezas de carrera que ganaron su puesto mediante elección popular dentro del nuevo esquema judicial (con más de 140 mil votos en el Estado de México).
En su historial reciente destacan decisiones de gran resonancia mediática y política, como la absolución de Israel Vallarta, la sentencia contra la hermana de Xóchitl Gálvez y la conducción de procesos por "huachicol fiscal" contra altos mandos navales.
La revelación hecha por la defensa legal de César Jáuregui pone de relieve una irregularidad procedimental percibida: el cambio repentino de juzgador (asumiendo el juez Ricardo Alfonso Santos Dorantes) justo al inicio de la audiencia inicial. Aunque la sustitución sea legal ante la vacante del juzgado, genera desconfianza en las partes involucradas respecto a la continuidad y objetividad del proceso penal.
El reporte periodístico logra poner en evidencia cómo la volatilidad en las decisiones del Poder Judicial —especialmente cuando involucran imputaciones graves como traición a la patria e intereses de inteligencia o seguridad nacional (caso agentes de la CIA)— impacta directamente en la percepción de autonomía e imparcialidad de la justicia en el país….
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Agentes de la CIA eran fantasmas andantes en Chihuahua
El UniverSal,| 22-10-26 |
Alejandra Canchola
Hasta el momento del percance, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua no tenía ningún registro oficial de llegadas y salidas de los agentes de la CIA que murieron en el accidente registrado el 19 de abril pasado.
De acuerdo con las diligencias que hicieron los integrantes de la Fiscalía General de la República (FGR) en campo y concentradas en la orden de aprehensión del exfiscal de Chihuahua César Jáuregui, la FGE omitió informar al Ejército y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) que los agentes estaban en territorio nacional, participarían en el operativo y realizaban labores de capacitación en manejo de drones a personal de seguridad estatal.
“Dentro de la SSPC no obra expresión documental referente a la autorización del Grupo de Alto Nivel de Seguridad a favor de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, respecto a reuniones, intercambio de información llamadas telefónicas o comunicaciones con agentes extranjeros; y menos que esa institución de procuración de justicia haya rendido informe alguno al respecto, tal como se encuentra previsto en el artículo 70 de la Ley de Seguridad Nacional”, señala el informe brindado por la dependencia.
El expediente además detalla que la FGE aseguró no contar con bitácoras de registro de entrada y salida de las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, dirigida en ese momento por Guillermo Zuany Portillo.
“Respecto a las bitácoras de ingreso a las instalaciones que solicita se hace de su conocimiento que en esta fiscalía especializada no se lleva a cabo un registro de bitácoras de ingreso alguna, por lo que no se cuenta con información que documente dicho rubro”, señala el oficio FGR-19S/244/2026.
Aunque entregó los videos de tres cámaras de seguridad donde se ven las puertas de acceso al edificio, los videos de 24 horas de grabación continua se pierden en algún momento, debido a “un corte de energía eléctrica”.
Sobre las cámaras de seguridad y videovigilancia del acceso a las instalaciones de la fiscalía especializada, correspondientes del 1 de febrero al 19 de abril de 2026, el director de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la Fiscalía General del Estado entregó el oficio FGE-8C/331/2026 y un disco duro externo marca ADATA, con capacidad de 2 TB y número de serie 1P4721029995, el cual contiene los videos de las cámaras en cochera uno, cochera dos y entrada trasera.
“Correspondiente al periodo del 14 de marzo al 19 de marzo 2026 en modalidad continua de 24 horas, indicando que con motivo de un corte de energía eléctrica del periodo del 3 al 6 de marzo de 2026 no fue posible la generación de almacenamiento de dicho periodo”, señala el oficio vaciado en la diligencia.
Ejército y Seguridad no fueron informados
Según las diligencias presentadas en la orden de aprehensión, de la cual EL UNIVERSAL tiene una copia, el Ejército sí participó en el operativo de la Sierra de Chihuahua donde se encontró el narcolaboratorio, pero no en su ejecución. La fiscalía de Chihuahua solicitó su ayuda como protección perimetral y nunca fueron informados de la presencia de agentes extranjeros.
“El 13 de abril de 2026, el fiscal general de Chihuahua, a través de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, durante la reunión de coordinación estatal “Chihuahua, para la Construcción de la Paz, solicitó a la comandancia de la 42/a Zona Militar (Hidalgo del Parral, Chih.) que personal militar proporcionara seguridad periférica a elementos de esa dependencia a inmediaciones del ejido El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua, por contar con información respecto a posibles laboratorios utilizados para la elaboración de drogas sintéticas en esa área.
“Por lo anterior, la finalidad y participación del personal militar fue únicamente para proporcionar seguridad externa en el ejido El Pinal del 16 al 18 de abril 2026, del municipio de Guachochi al municipio de Morelos, Chihuahua”, señala el informe entregado por el Ejército a la FGR.
En cuanto a la SSPC, además de negar que la fiscalía le haya informado de la presencia de los agentes de la CIA, en sus propios registros no se tiene ninguna información sobre su posible ingreso a territorio nacional ni el tipo de trabajos o asesorías que realizaban.
“Se desconoce la calidad de las personas Richard Leiter Johnston III y John Dudley Black, ya que esta secretaría no suscribió acuerdo alguno con la Secretaría de Relaciones Exteriores para resolver respecto de la acreditación y circunscripción territorial de los señores enunciados, como lo establece el segundo párrafo del artículo 69 de la Ley de Seguridad Nacional.
“Por cuanto hace al numeral 2, esta institución de seguridad pública no cuenta con registro de alguna autorización para que las personas extranjeras Johnston III y Dudley Black pudieran internarse temporalmente en territorio nacional para fines de intercambio de información”, precisó la Secretaría de Seguridad.
Sin información de su ingreso al país
En el parte entregado por el Instituto Nacional de Migración (INM) a la FGR, el instituto niega a su vez tener información y registros de la entrada de los cuatro agentes a territorio nacional.
Del único que se tiene registro fue de Richard Leiter Johnston III, su ingreso al Aeropuerto Internacional de Chihuahua el 13 de abril de 2026 a las 11:18 horas. En cuanto a John Dudley Black no hubo registro. Ambos murieron en el accidente.
Respecto a ambos, en el oficio CNI/DG/AJ/256/26, de 30 de abril de 2026, signado por el encargado del área jurídica del Centro Nacional de Inteligencia, informó que no cuenta con datos de domicilio, datos de identificación (pasaporte) actividades, despliegue territorial, red de vínculos, números telefónicos ni con correos electrónicos.
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Las columnas políticas hoy, jueves 22 de octubre de 2026
La bomba que puso el Consejo Técnico del IMSS
Bajo Reserva/El Universal
Nos cuentan que en medio de la crisis del sistema de salud y el conflicto laboral en el IMSS, ayer el Consejo Técnico del instituto —que tiene representación de trabajadores, patrones y gobierno— abrió un nuevo frente que rebasa no sólo a ese órgano sino al mismo Seguro Social. El madruguete de modificar las reglas de la famosa Modalidad 40 de pensiones y dejarla en pausa, nos hacen ver, está fuera de sus facultades y requiere una reforma legal en el Poder Legislativo. El tema de fondo, nos comentan, es que en lugar de resolver el conflicto en el IMSS, el Consejo puso sobre la mesa un problemón: que el sistema de pensiones en México está crujiendo, que el dinero ya no alcanza y que están en riesgo los derechos de millones de mexicanos, por un lado, y la viabilidad financiera del país, por el otro. No alcanza con pretender tumbar la ley de pensiones como no queriendo la cosa.
Ministros quieren señales de cómo votar
En donde nos cuentan que la curva de aprendizaje es más prolongada que en la famosa pera de la México-Cuernavaca es en la Suprema Corte. No pasó inadvertido que en el pleno se rompió una tradición: el estricto orden que dictaba recoger los votos de izquierda a derecha. Nos explican que las ministras María Estela Ríos y Sara Irene Herrerías, y el ministro Irving Espinosa solicitaron modificar la forma de emitir el sufragio, para que ellos sean los últimos en votar. ¿El motivo? Una supuesta “confusión” al momento de definir el sentido de sus votos, por lo que prefieren esperar a ver cómo se decantan los demás. El problema no es si se vota en el sentido de las manecillas del reloj o al revés, sino que los ministros del acordeón necesitan guía de cómo votar.
Consentidos de Taddei apoyan… a Taddei
Quien tuvo que anunciar un nuevo micrositio para publicar los principales procesos de compra del INE fue la consejera presidenta Guadalupe Taddei, a la que un día sí y otro también le estallan escándalos. Al anuncio no solo llegaron los titulares de unidades técnicas y direcciones que ella ha nombrado con sus “superpoderes”, sino quienes dentro del Consejo General forman el “grupo Taddei”. Doña Guadalupe quiso responsabilizar a “intereses políticos” por los recientes señalamientos de corrupción que le han hecho al instituto. Los consejeros ausentes fueron los que constantemente se oponen a las barrabasadas que propone el grupo cercano a la presidenta, como la de dar por buenas las boletas planchadas. ¿Contratos con amor se pagan?
Morena y Partido del Trabajo, lejos de arreglarse
Nos dicen que están lejos de superarse las diferencias entre Morena y el Partido del Trabajo por la elección de las corcholatas para las 17 gubernaturas en juego el año próximo. El líder del PT, Alberto Anaya, amenaza con escalar el conflicto al denunciar el uso político de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar las cuentas bancarias de su aspirante a la gubernatura de San Luis Potosí, Gerardo Sánchez, y anunció que el partido postulará al morenista Raúl Morón en Michoacán, porque “ganó la encuesta y no se respetó el resultado”. Nos dicen que el PT está estirando la liga en busca de algún beneficio, al insistir en que el trato que Morena le dio al Partido Verde fue muy ventajoso.
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AMLO alista gira/CARLOS LORET DE MOLA
El Universal, | 22-10-26 |
La noticia ya se esparció por Palacio Nacional: el expresidente Andrés Manuel López Obrador está planeando una gira por distintos puntos de la República Mexicana para arrancar entre febrero y abril del 2027. Así me lo revelan fuentes oficiales muy bien informadas con acceso a información de primera mano.
El pretexto es la promoción de su nuevo libro “Pueblo”, bajo el sello de la editorial Planeta. El discurso eje será la “defensa de la soberanía nacional”. En realidad, tiene como propósito central apuntalar las campañas de Morena en distintos puntos del país.
El itinerario se está afinando, pero el anuncio de la pretensión del expresidente ya llegó a donde tenía que llegar. La presidenta y su equipo ya saben. La idea es que el patriarca de Morena visite plazas absolutamente controladas. No quieren que ningún grupo lo intercepte, que le reclame, que le grite o le chifle. Actos masivos, sí, pero absolutamente controlados.
Para evitar cualquier desaguisado, se plantea que López Obrador se traslade por carretera. No tomar ningún avión comercial, pues ahí corre el riesgo de enfrentar a un público adverso que le pueda causar un momento agrio. Morena tiene a AMLO como su dios y ese trato quieren darle, el de la deidad que desciende del más allá (en este caso, el más allá es Palenque, esa suerte de Olimpo del Bienestar en donde vive el que manda). La instrucción es contundente: ninguna mancha, ningún tropiezo, nada que tizne siquiera la imagen de hombre adorado, de héroe patrio, de presidente más querido por su pueblo en toda la historia de México.
Es apuntalar a Morena de cara a las elecciones del 2027, es el gesto machista de suplir a una presidenta cuyo fuerte no es el carisma, pero ante todo es también la gira del ego.
Como parte del plan, se delinea justificar el financiamiento de esta gira con las regalías por las ventas del libro y posiblemente con recursos de Morena.
Según las mismas fuentes, los abogados del oficialismo han revisado exhaustivamente las leyes para tratar de evitar que la oposición impugne esta gira encabezada por AMLO. Han llegado a la conclusión de que no hay absolutamente nada que impida que el expresidente haga campaña a favor de Morena y recorra el país en tiempos electorales.
En el oficialismo calculan que con el apoyo del escondido de Palenque amarran gubernaturas, inclinan la balanza a su favor donde las contiendas están apretadas y mantienen la supermayoría en el Congreso.
Ese es el plan hasta ahorita. Y todos en el oficialismo lucen alineados para implementarlo.
Por si salen a desmentir la gira de AMLO, adelanto mi respuesta: platicamos el año que viene.
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Estrictamente Personal
El contagio francés/Raymundo Riva Palacio
El Financiero, octubre 22, 2026 |
En tan sólo nueve días, la disidencia del sindicato del Seguro Social dobló al gobierno. Movilizaciones y bloqueos fueron inicialmente minimizados por la presidenta Claudia Sheinbaum, que sugirió que habían sido magnificadas por los medios de comunicación. Varios de los radicales en Palacio Nacional, encabezados por Jesús Ramírez Cuevas, jefe de la maquinaria propagandística del régimen y coordinador de asesores de Sheinbaum, propusieron que mantuviera la narrativa de que se trataba de un movimiento manipulado por la extrema derecha para afectar “al movimiento”. La narrativa, dijo Ramírez Cuevas, hay que mantenerla. Definitivamente, como escribí hace casi 12 años sobre el gobierno de Enrique Peña Nieto –popularizado por el semanario The Economist–, todavía hoy, no entienden que no entienden.
Zoé Robledo, director del Seguro Social, no esperó las movilizaciones de los trabajadores del instituto previstas para ayer. A media mañana anunció un incremento de 8% al salario –4% al salario tabular y 4% en prestaciones–, superior no sólo en 1.2% a lo que había ofrecido originalmente, lo que detonó las protestas, sino 1.5% arriba de lo que 24 horas antes estaba dispuesto a ofrecer. El miedo doblegó al gobierno. Haber reculado no fue malo en lo general, pero no resuelve el problema de fondo: la creciente agitación social en el país, sin herramientas para atajarla.
De enero a septiembre de este año se registraron tres mil 108 bloqueos, plantones, marchas y manifestaciones en la Ciudad de México, de acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, revelada recientemente por N+. No es el momento de mayor efervescencia en las calles de la capital, que tuvo picos superiores en 2010 (seis mil 294) y 2013 (siete mil 910), eminentemente políticos, alimentadas por el rencor del expresidente Andrés Manuel López Obrador contra Felipe Calderón, y por su espíritu desestabilizador contra del gobierno de Peña Nieto, por sus reformas estructurales.
Esta comparación no es consuelo para Sheinbaum. Aquellas movilizaciones fueron parte de una estrategia exitosa de largo aliento para debilitar a los gobiernos del PAN y el PRI, y sembrar las semillas que le permitieron a López Obrador ganar la Presidencia. Las movilizaciones en estos primeros nueve meses son diversas, no electorales, y aumentaron 25% con respecto al año pasado, de dos mil 489 a tres mil 108, con un promedio este año de 11.6 por día. No están contabilizadas aún las movilizaciones de los trabajadores del Seguro Social, ni las crecientes protestas y bloqueos de las madres y familiares de los desaparecidos, como la que cerró desde el martes casi en su totalidad la autopista México-Toluca durante más de 20 horas.
No hay datos confiables sobre cómo se encuentra el humor social, y las encuestas de aprobación presidencial, que apuntan a que los mexicanos están felices, tampoco son fiables. Un síntoma es la contradicción con lo que Javier Márquez, director de Investigación de Buendía & Laredo, ha estudiado por años: que la aprobación presidencial está directamente relacionada con la percepción positiva en el Índice de Confianza del Consumidor, elaborado por el INEGI y el Banco Mundial, que cumplió en septiembre 21 meses de racha negativa –con una caída anualizada de 1.0%– en la expectativa económica del mexicano, hoy en día, y para dentro de un año.
El ambiente mexicano se sigue calentando y la conflictividad crece. El número de movilizaciones no establece la métrica del descontento, sino cuántos sectores están movilizados, cuánto duran las protestas, qué derechos son los que están en disputa y qué capacidad tiene el gobierno para resolverlas. Con dinero todo es más barato, decía Fernando Gutiérrez Barrios, un político-policía leyenda en la política mexicana. Cierto, pero el problema del gobierno es que no tiene dinero para todo lo que quiere y dice que está haciendo y hará. Ayer, el columnista de El Financiero Alejo Sánchez Cano explicó con mano de cirujano el dilema de Sheinbaum:
“La ‘4T’ construyó una gigantesca camisa de fuerza presupuestal y ahora el gobierno de Claudia Sheinbaum está atrapado dentro de ella. No hay dinero suficiente porque durante años se privilegió el gasto político sobre la inversión productiva, se multiplicaron compromisos permanentes y se destinaron cantidades monumentales a proyectos emblemáticos del obradorismo cuya rentabilidad económica sigue siendo cuestionada. El resultado está a la vista: un gobierno con enormes obligaciones, una economía que no crece lo suficiente y una deuda que deberá utilizarse para cubrir el déficit”.
Las condiciones sociales, políticas y económicas por las que atraviesa México se cruzaron en las últimas semanas con las movilizaciones en Europa, que comenzaron en Francia hace casi tres meses en los liceos, exigiendo mejoras en la infraestructura educativa, menos alumnos en los salones y más profesores, y se fueron sumando sectores con diferentes demandas, como educación, costo de la vida, vivienda accesible, mejores salarios, crecimiento, seguridad, el gasto público. Todos esos factores de la rebelión de las calles europeas tienen su espejo en México.
Las movilizaciones en las calles mexicanas son síntomas de una conflictividad que atraviesa distintos ámbitos de la vida pública: servicios de salud, educación, derechos laborales, desapariciones y seguridad. No son expresiones de una sola causa, pero su concurrencia puede ser políticamente significativa. Lo que no había, movilizaciones estudiantiles –salvo casos aislados como la toma del Canal 11–, ya comenzaron.
En las dos últimas semanas se dieron intentos de toma de preparatorias de la UNAM y el Colegio de Bachilleres. Las prepas 8 y 1 tienen sus clases suspendidas por los amagos de grupos aparentemente estudiantiles de tomarlas. Ayer en la madrugada, el personal en Prepa 8 impidió la toma del plantel, y la Facultad de Estudios Superiores de Aragón también amaneció con problemas. El martes por la noche la Universidad Autónoma Metropolitana en Iztapalapa se fue a paro, y es posible que el campus en Azcapotzalco la siga. Observadores de la vida estudiantil dicen que es cíclico que después de la conmemoración anual para no olvidar la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, típicamente hay movilizaciones y paros, pero que en esta ocasión, aumentaron los eventos más tarde de lo que habían sido y con orígenes que aún no desentrañan.
El contagio francés, símbolo de la revuelta juvenil que está empezando a envolver al mundo, ya llegó a México. En 1968, el mayo francés que galvanizó a los universitarios del mundo tardó siete semanas en aterrizar como fenómeno a México. Hoy lo hizo en menos de dos semanas. Sobre qué viene, nadie puede saberlo.
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Quieren salvar al AIFA con un monopolio aéreo/Salvador García Soto
El UniveRSal, | 22-10-26 |
En el sector de la aviación nacional hay alarma ante lo que se cocina en la nueva Comisión Nacional Antimonopolios dependiente del gobierno federal: la muy posible autorización de una fusión entre Viva Aerobus y Volaris, las dos aerolíneas que dominan el llamado sector “de bajo costo”, y cuya unión en una sola empresa les otorgaría el control del 75% del mercado aéreo mexicano, lo que constituiría un monopolio que afectaría no sólo a otras empresas del sector sino también a los consumidores de la aviación en el país.
La información que reveló recientemente la agencia Reuters en los Estados Unidos, de que la citada comisión gubernamental prepara para antes de que termine este año la autorización para que se fusionen Viva Aerobus y Volaris, causó revuelo y una amplia preocupación por el desequilibrio que provocaría dicha fusión en la competencia entre las empresas nacionales, pues permitiría una concentración dominante de la nueva empresa que controlaría las dos terceras partes de las operaciones aéreas nacionales.
Sobre todo porque la misma Reuters afirma en su información que detrás de la autorización con la que se estrenaría la Comisión Nacional Antimonopolios, que sustituyó a la desaparecida y autónoma Comisión Nacional de Competencia, habría “presiones gubernamentales” para que se autorice la fusión con la intención de que la nueva empresa aumente sus operaciones en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles para apoyar el crecimiento del proyecto aeroportuario del pasado sexenio.
Es decir, que desde el gobierno de la presidenta Sheinbaum intentarían rescatar políticamente al AIFA y para ello autorizarían la fusión de Viva y Volaris, aun cuando eso signifique sacrificar la competencia en la aviación mexicana, con el compromiso de que ambas empresas apoyen el intento de rescate de una de las obras faraónicas del expresidente López Obrador.
Y es que todavía este año, la operación del AIFA le costó a los mexicanos 744.7 millones de pesos en subsidios, pero, curiosamente, para el presupuesto 2027 no se le otorgará ningún subsidio federal con la idea de que, por primera vez desde que inició operaciones, se vuelva autosuficiente. ¿Será entonces que el gobierno de Sheinbaum le apuesta a que, autorizando a la nueva empresa monopólica que formarían Viva y Volaris el Aeropuerto Felipe Ángeles tendrá suficientes operaciones para autofinanciarse?
Es decir, que una decisión que tendría que resolverse exclusivamente con criterios técnicos, económicos y de competencia, podría estar siendo condicionada por una prioridad política: hacer que funcione, cueste lo que cueste, el aeropuerto que López Obrador construyó después de cancelar el proyecto de Texcoco.
Porque una cosa es que el gobierno quiera impulsar la operación del Felipe Ángeles y otra muy distinta que, para lograrlo, esté dispuesto a permitir la creación de un gigante aeronáutico con una posición dominante en el mercado nacional.
Los números son contundentes. De acuerdo con el análisis publicado por Reuters, Viva y Volaris coinciden actualmente en 85 rutas y, de concretarse la integración, el nuevo grupo sería el único operador en 55 de ellas. ¿Quién garantizará entonces que los precios no aumenten? ¿Qué incentivos tendrán las aerolíneas para mejorar sus servicios cuando desaparezca la competencia entre ellas?
Pero hay otro elemento que vuelve todavía más delicada esta operación. La nueva Comisión Nacional Antimonopolio, que sustituyó a la desaparecida Cofece tras la reforma que eliminó diversos órganos autónomos, enfrenta su primera gran prueba de independencia y credibilidad.
Durante años, el gobierno de López Obrador sostuvo que los organismos autónomos respondían a intereses particulares y que sus funciones podían ser asumidas por nuevas instituciones del Estado. Hoy, la decisión sobre Viva y Volaris podría convertirse en el primer gran ejemplo de los riesgos que advirtieron quienes se opusieron a aquella reforma: que las decisiones técnicas terminaran subordinadas a las prioridades políticas del gobierno.
Y es que si la autoridad termina autorizando una concentración de semejante magnitud, con condiciones que no resuelvan efectivamente los riesgos para la competencia, el mensaje será preocupante: en México, las reglas del mercado pueden flexibilizarse cuando se trata de proteger una obra emblemática del poder político.
El AIFA necesita pasajeros, rutas y operaciones para justificar una inversión multimillonaria y consolidar su viabilidad. Pero ese objetivo no puede estar por encima de los derechos de millones de usuarios que dependen de una oferta aérea competitiva.
Paradójicamente, mientras el gobierno mantiene su apuesta por Mexicana de Aviación, la aerolínea estatal que también nació como proyecto del sexenio anterior, podría terminar fortaleciendo a un competidor privado de dimensiones tales que haría todavía más difícil la supervivencia comercial de la propia Mexicana.
Al final, el problema no es que Viva y Volaris busquen mejorar sus condiciones financieras mediante una integración empresarial. Están en su derecho de intentarlo. El problema sería que el gobierno decidiera facilitarles el camino a cambio de garantizar vuelos y pasajeros para un aeropuerto cuya consolidación sigue siendo una prioridad política.
La presidenta Claudia Sheinbaum tiene ante sí una decisión que trasciende al sector aeronáutico. Puede demostrar que su gobierno respeta la competencia económica y la independencia técnica de sus instituciones, o puede permitir que el legado aeroportuario de su antecesor termine pesando más que el interés de los consumidores.
Porque si para salvar al AIFA hay que sacrificar la competencia aérea, entonces el verdadero costo de aquella obra no estará solamente en lo que se gastó para construirla, sino en lo que millones de mexicanos podrían terminar pagando cada vez que compren un boleto de avión.
NOTAS INDISCRETAS…
Hablando de la Presidenta, ayer en su reunión con los 32 gobernadoras y gobernadores de la República en Palacio Nacional, les hizo un llamado a los mandatarios de todos los partidos, con especial énfasis en los de oposición, a que el próximo año de elecciones federales y estatales “mantengamos la unidad y el diálogo por encima de la competencia política”. El llamado, que escucharon todos los gobernantes estatales, fue interpretado como un compromiso de la doctora de que, más allá de su pertenencia al movimiento político dominante, mantendrá el trato equitativo con los estados gobernados por la oposición. Antes de llegar a la parte política y de que se tomaran la foto en el Salón Tesorería del Palacio Nacional, la Presidenta les había presentado a los gobernadores los detalles del plan de Viviendas del Bienestar, con el que su administración se propone construir 1.8 millones de casas de interés social para familias de escasos recursos de todas las entidades del país. Además, la Presidenta les pidió a cuatro gobernadores que expusieran sus comentarios y dudas sobre el programa de vivienda, y los que hablaron fueron la mexiquense Delfina Gómez, el queretano Mauricio Kuri, el neoleonés Samuel García y el duranguense Esteban Macías, además de dos alcaldes a los que también les dio la palabra. De pasada, la doctora les informó a los gobernadores que “las negociaciones con Estados Unidos van muy bien” y que confían en que, antes de las elecciones estadounidenses, se logre un acuerdo que beneficie a México, sobre todo en la disminución de aranceles a industrias nacionales del acero y el aluminio. En fin, que en momentos en que las protestas sociales arrecian en diversos sectores y la crisis del sector salud arrecia, la Presidenta pidió el apoyo de los gobernadores, aún en medio de la guerra electoral que se avecina en 2027…Por un error de este columnista ayer se publicó en este espacio que César Jáuregui Moreno, exfiscal de Chihuahua, actualmente preso y sujeto a un proceso judicial, había sido diputado, senador y consejero de la Judicatura Federal y que tenía más de 45 años de militancia panista. En realidad Jáuregui Moreno sí es un panista con militancia en Chihuahua pero sólo fue diputado local en dos ocasiones en el Congreso chihuahuense y la confusión fue que quien tiene más de 40 años de militancia y estuvo en el Congreso federal y en la Judicatura fue César Jáuregui Robles, un jurista del PAN, homónimo del chihuahuense. Una disculpa a los dos mencionados equivocadamente y a los amables lectores. Y solo como apunte, me encontré una declaración y una fotografía en la que los dos César Jáuregui se saludan y el exfiscal de Chihuahua dice: “El es el bueno y yo el malo”, ¿sería premonitorio su comentario en broma?..Se lanzan los dados. Escalera doble.
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El precio de doblar las manos: la justicia mexicana exhibida en el mundo/Fred Alvarez Palafox
La justicia mexicana exhibida en el mundo
La Unión Internacional de Magistrados expulsó a la Conatrib con 53 votos a favor, 13 en contra y 4 abstenciones por su respaldo a la reforma judicial mexicana. | Fred Álvarez.
La Silla Rota, opinión, 21/10/2026 · 22:08 hs
La expulsión de la Conatrib y el posible aplazamiento del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares hasta 2031 colocan la independencia judicial y la impartición de justicia en el centro del debate.
Hay noticias que no admiten matices. La que llega desde Lisboa es un golpe devastador y vergonzoso para la cúpula del sistema de justicia mexicano: con un contundente 80% de los votos válidos, la Unión Internacional de Magistrados (UIM), reunida en su 68.ª Asamblea Anual, expulsó de sus filas a la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de México (Conatrib).
La decisión se concretó mediante votación secreta de 70 delegaciones internacionales: 53 votos a favor de la expulsión,13 en contra y 4 abstenciones. Dado que los estatutos del organismo estipulan que las abstenciones no se contabilizan y se requiere una mayoría de dos tercios para avalar una exclusión, la medida superó con holgura el umbral requerido (53 de 66 votos computados).
Fundada en 1953 en Salzburgo, Austria, y con presencia en 92 países de los cinco continentes —entre ellos Alemania, Canadá, Brasil, Australia y Sudáfrica—, la UIM es la máxima referencia global en la defensa del Estado de derecho. Para formar parte de esta comunidad no basta con ser una asociación de juzgadores; sus miembros deben acreditar el cumplimiento irrestricto de los principios de independencia y apoliticidad frente al poder político. Pertenecer a la UIM exige vigilar los riesgos contra la autonomía judicial, sin someterse a las consignas de los gobiernos en turno.
¿El motivo de la expulsión de la Conatrib? Su dócil, obsequioso y complaciente respaldo a la reforma judicial mexicana: un acto de genuflexión que, a los ojos de la comunidad global de jueces, constituye una flagrante traición a los estándares internacionales.
Para calibrar la gravedad del asunto, vale la pena recordar qué es —o qué debería ser— la Conatrib. Creada en 1998 a partir de la Primera Reunión Plenaria de Magistrados de las entidades federativas, nació como el órgano de representación conjunta de los 32 poderes judiciales locales del país, con el loable propósito de coordinar, unificar criterios y modernizar la impartición de justicia. La ironía resulta demoledora: la fracción I de sus propios estatutos le impone el deber de consolidar la justicia basándose en los «principios de independencia, imparcialidad, objetividad, excelencia y profesionalismo». Exactamente todo aquello que la comunidad internacional acaba de dictaminar que perdieron.
La cronología del sometimiento
Aunque la reforma judicial fue una decisión estrictamente política —un agandalle del Constituyente que atentó contra el pacto federal al destituir a miles de juzgadores e imponer el voto popular—, el vergonzoso despeñadero de la Conatrib no fue fortuito, sino el cobro de factura por su propio sometimiento.
Al emitir aquel abyecto pronunciamiento del 28 de junio de 2024, el organismo respaldó la elección de jueces por voto directo —cuando la reforma aún no se consumaba—, limitándose a pedir migajas: una implementación gradual, garantías para los juzgadores en funciones y un respeto a la independencia que ellos mismos entregaron.
Las advertencias no tardaron en llegar. En agosto de 2024, el Comité de Presidencia de la UIM encendió las alarmas con una declaración formal en la que advirtió a la Conatrib que la elección por voto popular contradice de raíz la designación basada en el mérito y vulnera la inamovilidad judicial. Sin embargo, el aviso fue ignorado y en septiembre de 2024 la reforma fue consumada. Como advertí en su momento:
«Con 86 votos a favor de Morena y aliados —PT y PVEM—, y 41 en contra del PAN, PRI y MC —además de una rara ausencia—, se aprobó la reforma al Poder Judicial con lo que ello implica. Fundamentalmente que jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean electos mediante el voto popular, la disminución de ministros de 11 a 9, la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal, y la reducción de requisitos para ser juzgador... Lo que ocurrió en el pleno del Senado de la República en el recinto alterno de Xicoténcatl fue un cochinero, con todo respeto. Nunca había visto algo tan desaseado; creo que no lo merecemos ni como ciudadanos, ni como nación soberana». (La Silla Rota, 11 de septiembre de 2024).
Pese a la apertura de un procedimiento de revisión en su contra, la Conatrib intentó defender lo indefendible. En un informe entregado el 30 de junio de 2025, el organismo justificó el atropello escudándose en la «soberanía popular", sostuvo con cinismo un pretendido carácter «apolítico» y disfrazó su entreguismo ante los poderes Ejecutivo y Legislativo de una simple «transición gradual».
La respuesta no engañó a nadie. Los dos relatores designados por la UIM (representantes de España y Argentina) concluyeron que el alegato mexicano esquivaba la falta central: al respaldar la elección popular de jueces, la Conatrib avaló un mecanismo reñido con la independencia y la apoliticidad exigidas, por lo que recomendaron someter su expulsión a votación.
Ahí, en esa sumisión voluntaria, estuvo el verdadero quid del asunto.
El papelón de Rafael Guerra y la factura internacional
El principal rostro de este ridículo internacional tiene nombre y apellido: el magistrado Rafael Guerra Álvarez, quien preside la Conatrib y funge como titular del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Guerra acudió a la asamblea anual a intentar justificar la claudicación. Argumentó, con la tibieza de quien se sabe acorralado, que «prefería dialogar antes que enfrentarse».
Pero el veredicto del pleno no dejó margen de duda: 53 votos para echarlos y apenas 13 para que se quedaran. El pobre papel de la delegación mexicana fue retratado de cuerpo entero por el juez argentino Marcello Gallo, secretario general del grupo iberoamericano de la UIM: «No se es un poquitito independiente y un poquitito no. Se es o no se es». Y la Conatrib demostró al mundo que esa independencia la entregó hace mucho tiempo.
Quienes lideran hoy este organismo civil apostaron por el aplauso efímero del oficialismo, doblaron las manos y hoy el mundo les pasa una factura histórica. La reforma judicial que avalaron con tanto entusiasmo no es un ejercicio democrático; es, en palabras de la propia UIM, una «destitución encubierta».
Guerra Álvarez prefirió rendirse a la narrativa de la «cuarta transformación». Un acto previsible en un magistrado que acumula un cuestionado mandato, siempre cobijado por la sombra del poder en turno; el mismo personaje al que ni siquiera le alcanzó el promedio para ser candidato a la Suprema Corte. Cambió su deber como contrapeso por la comodidad de la sumisión política. Lástima.
Mientras la Conatrib es echada por la puerta de atrás, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) —la organización que sí dio la batalla— se perfila para ocupar el lugar que verdaderamente representa a la resistencia judicial mexicana. En un contundente posicionamiento, la Jufed señaló que la resolución de la UIM confirmó lo advertido desde el primer día: que el modelo de elección popular vulnera la carrera judicial y que la independencia no es un privilegio de los juzgadores, sino la garantía de la ciudadanía ante el abuso del poder.
La respuesta de la Conatrib y la confesión de Corral
Mediante un comunicado emitido este 20 de octubre, la Conatrib buscó lavar su imagen con un pronunciamiento que peca de tibio. En él, el organismo asegura que reafirma su unidad y sostiene que «la independencia judicial se defiende con acciones concretas, con el diálogo respetuoso entre poderes del Estado y con construcciones de acuerdos que fortalezcan nuestras instituciones». Una retórica hueca que, lejos de ser una defensa, termina por confesar la capitulación.
Pero la realidad termina siempre por imponerse. Hace unas semanas, durante un encuentro con profesores en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), el senador Javier Corral (Morena) deslizó una confesión que constituyó la verdadera nota de la jornada: la elección judicial provocó la fuga de casi el 60 por ciento de los juzgadores locales que ya estaban capacitados y formados para implementar el nuevo sistema de justicia civil y familiar.
El impacto de esta pérdida de capital humano y técnico fue directo. El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, un instrumento diseñado para unificar los procesos en todo el país y cuya entrada en vigor estaba prevista para abril de 2027, enfrenta ahora el proyecto de un nuevo aplazamiento hasta el 2031. La maquinaria de la justicia cotidiana, la que afecta directamente al ciudadano de a pie, se ralentiza ante la orfandad de operadores capacitados.
El debate en San Lázaro y los parias de la justicia
Esta crisis resonó con fuerza en la Cámara de Diputados. La legisladora opositora Margarita Zavala subió a tribuna con dos cartas fuertes sobre la mesa: una técnica y de derechos humanos, y otra de estocada política directa a los tribunales locales.
Por un lado, expuso la incongruencia de aplazar hasta 2031 la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Zavala puso el dedo en la llaga al recordar que de nada sirve erradicar conceptos obsoletos como la «interdicción» para proteger la autonomía de las personas con discapacidad, si en las letras chiquitas del presupuesto no hay un solo peso asignado para hacerlo realidad hoy. Apoyar el dictamen pero denunciar el diferimiento fue una jugada astuta: exhibió que la aprobación sin recursos no es más que simulación con caducidad a diez años.
Por el otro, asestó el golpe sobre la expulsión de la Conatrib. Citó la resolución de la UIM y el desdén con el que el foro internacional juzgó el «confesado entreguismo» de la cúpula judicial mexicana, recordando que la factura del desmantelamiento ya trascendió las fronteras.
Las advertencias se hicieron desde el verano de 2024. La UIM conminó a la Conatrib a reconsiderar, pero la cúpula de Guerra Álvarez prefirió mirar hacia otro lado y apostar al sometimiento. Hoy quedan exhibidos a nivel global como un actor que remató su autonomía al mejor postor político. Entregar la dignidad siempre tiene un precio y hoy, a los ojos del mundo entero, la Conatrib se ha convertido en el paria de la justicia internacional.
Mi comentario en la red: El precio de doblar las manos. https://www.youtube.com/watch?v=1qPnHWo9KMo&t=5s
P.D. Me preocupa lo que ocurrió a Conatrib. Seguí de cerca su labor en la reforma penal de 2008 desde la SETEC, bajo la coordinación de mi amigo Felipe Borrego Estrada. En aquel proceso, el organismo contó con liderazgos de peso —como José Castillo Ambríz, Rodolfo Campos Montejo, Baruch F. Delgado Carbajal y Edgar Elías Azar—, cuyo titular tenía asiento en el Consejo de Coordinación y voz en el Fondo JÚRICA. ¡No era cualquier cosa! De ahí la amargura de ver cómo un pilar técnico de la justicia nacional fue expulsado.
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¿Por qué gana Morena?/Carlos A. Pérez Ricart
REFORMA, 22 octubre 2026;
Los manuales enseñan que el poder desgasta y que las elecciones intermedias suelen cobrar la factura.
A siete meses de la próxima, Morena parece decidida a desmentirlos. Una encuesta reciente le concede 46 por ciento de las preferencias; el PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano, juntos, apenas suman 19.
Habrá que reescribir los manuales.
¿Por qué gana Morena? En las sobremesas del círculo rojo, el enigma se resuelve entre el plato fuerte y el postre: reparten dinero. Luego se pide el café deslactosado y se cambia de tema.
La explicación tiene su parte de verdad, y la ventaja de no arruinarle la digestión a nadie.
Tiene, sin embargo, un precio. Reducir una mayoría de ese tamaño a una transacción entre el erario y el votante dice más de quien hace la cuenta que de quienes votan. Además, le ahorra la molestia de preguntarse qué cambió en el vínculo entre los mexicanos y su gobierno.
Lo que cambió fue la respuesta a una pregunta tan antigua como la política: ¿para quién se gobierna?
En 1863, en un cementerio de Pensilvania, Abraham Lincoln necesitó un par de minutos para dejar la fórmula que la posteridad adoptaría como definición de democracia: "el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo".
Tres preposiciones. La primera habla del origen del poder; la segunda, del procedimiento; la tercera, del propósito.
La transición mexicana se ocupó, con razón, de la segunda, y lo hizo con tanto empeño que terminó por confundirla con las otras dos. Construyó un árbitro electoral e hizo posible la alternancia. Aprendió a cuidar sus reglas, pero tuvo el pecado de olvidar para quién existían.
De ahí salió un liberalismo que hablaba mucho de Estado de derecho y poco del derecho al Estado. El bienestar de las mayorías fue, en el mejor de los casos, un efecto colateral esperado del buen funcionamiento de las instituciones, y casi nunca su finalidad declarada.
Los ciudadanos, más listos, lo advirtieron antes que sus élites. Desde 2004, Latinobarómetro pregunta si el país está gobernado por "unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio" o "para el bien de todo el pueblo": una pregunta por la tercera preposición. Durante tres sexenios la respuesta apenas se movió; cambiaba el partido en Los Pinos, no la sospecha de que el país tenía dueños. En 2018, solo nueve por ciento creía que se gobernaba para todos.
Seis años después, la cifra era de 47 por ciento: cinco veces más. Quienes veían al país en manos de unos cuantos pasaron de 88 a 50 por ciento.
Latinobarómetro también pregunta "quién tiene más poder" en México. En 2005, 45 por ciento señalaba a las grandes empresas y apenas seis al gobierno; en 2024, 16 y 37. A ojos de los mexicanos, el poder se mudó de los consejos de administración a Palacio Nacional.
Con el poder cambió también la dirección. Quienes creen que el país progresa pasaron de 14 por ciento en 2018 a 45 en 2024.
Ahí está la respuesta. Morena devolvió al gobierno la tercera preposición: suprimió al gestor que cobraba el favor y puso al pueblo en el centro del discurso. Sus detractores lo llamaron, claro, populismo, el digestivo predilecto de las sobremesas en Polanco.
Quien más debería estudiar estas cifras es la oposición. Lleva ocho años custodiando el "por el pueblo" con la devoción de un sacristán, entre desplegados y mareas rosas, convencida de que el "para" es cosa de clientelas. "El INE no se toca" fue su credo y resume la anatomía de un liberalismo sin demócratas. celoso de las formas y distante del fondo.
Ocho años de derrotas deberían haberle enseñado algo: un liberalismo que no sabe para quién existe termina defendiendo, con impecables modales, el reparto de siempre.
¿Por qué gana Morena? Porque después de dos décadas de sospechar que el país tenía dueños, millones de mexicanos sintieron que el gobierno volvía a ser suyo. La transición les dio un voto que contaba; Morena, un gobierno que les hablaba. Enfrente, la oposición ofrece la defensa de las formas y la sospecha sobre quienes votan. Con eso no se gana una elección. Mientras nadie más les ofrezca la tercera preposición, los manuales tendrán que esperar.
@perezricart
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