20 nov 2026

Las columnas políticas de hoy, viernes 20 de noviembre de 2026

El INE en pausa: entre los tribunales y la falta de consenso

La renovación en la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) atraviesa un momento crítico, atrapada entre dos rutas opuestas sobre cómo resolver la crisis institucional del árbitro comicial. Por un lado, está la urgencia de reconstruir la credibilidad del organismo tras la renuncia de Guadalupe Taddei; por otro, un entrampamiento político en la Cámara de Diputados que ha trasladado la definición hasta el terreno judicial.

Apenas en la mañana del miércoles 18 de noviembre, los cuatro expresidentes del órgano electoral —José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde, Leonardo Valdés y Lorenzo Córdova—, respaldados por una veintena de exconsejeros, hicieron un frente común. Su diagnóstico fue contundente: el INE enfrenta un severo desgaste tras los señalamientos de corrupción contra su anterior cúpula directiva. Por ello, urgieron a los legisladores a designar a la brevedad a una “presidenta de consenso” y a revisar la integración del Consejo General de cara a las elecciones de 2027.

Sin embargo, en San Lázaro el rumbo parece alejarse de ese llamado. Tras cumplirse 26 días de la salida de Taddei sin que se emita la convocatoria, la bancada del PAN, encabezada por Elías Lixa, acudió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para denunciar lo que consideran una omisión constitucional y una dilación deliberada de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

La respuesta del presidente de la Jucopo y coordinador de Morena, Ricardo Monreal, cerró de momento la puerta a la negociación inmediata: anunció que frenará la convocatoria hasta que el Tribunal resuelva, aunque garantizó que acatarán el mandato judicial conforme a la ley, sin sustituir las facultades de la Cámara de Diputados. Bajo la premisa de que “la democracia no se construye por medio de resoluciones judiciales, exclusivamente, sino mediante la política y el diálogo”, el legislador aclaró que nunca existió una negativa para renovar el cargo ni la intención de mantener indefinidamente una presidencia provisional, sino la búsqueda de un procedimiento transparente con el mayor respaldo posible.

Con tono crítico hacia la judicialización del proceso, Monreal lamentó que se haya abandonado la política para someter al arbitrio de otro Poder lo que calificó como “una aparente diferencia que no existía”, convirtiendo desde el primer momento un diferendo parlamentario en una controversia legal. Advirtió que se perdió una oportunidad histórica para demostrar que las fuerzas políticas pueden alcanzar coincidencias en torno a una institución clave para el país, y recordó que, si no se logra la mayoría calificada que exige la Constitución, el nombramiento terminará resolviéndose mediante sorteo en el Legislativo o ante la Suprema Corte.

¿Cuál es el costo real de este desencuentro? 

Tiempo e incertidumbre.

Esperar la sentencia del TEPJF añadirá cerca de un mes de retraso a un proceso que, por mandato legal, exige cumplir etapas ineludibles como registros, exámenes y evaluaciones de aspirantes. Mientras tanto, el interinato de Blanca Cruz García se prolonga bajo la advertencia de que el propio Consejo General podría revisar su permanencia en enero si el Congreso mantiene la parálisis.

Más allá de quién tenga la razón jurídica en este diferendo, el problema de fondo es político. Cuando los partidos renuncian a construir acuerdos en nombramientos de esta envergadura, el desenlace suele reducirse al choque de bloques: la imposición de una mayoría o la salida azarosa de la tómbola.

Hoy, el INE necesita recuperar la confianza ciudadana rumbo a 2027, y esa legitimidad difícilmente se alcanzará si la próxima presidencia del árbitro electoral nace de un litigio y no de un gran acuerdo nacional.

Para la historia inmediata…

PD: Ante el llamado de los exconsejeros, integrantes actuales del Consejo General del INE —como Uuc-kib Espadas— rechazaron la propuesta de renovar el pleno calificándola de "poco seria" e "irresponsable", bajo el argumento de que el proceso rumbo a 2027 ya está en marcha y cuentan con la capacidad técnica para conducirlo. Sin embargo, descalificar el planteamiento evade la crisis de credibilidad que arrastra el organismo. Los actuales consejeros deben tener claro que están bajo el escrutinio público y que sus votaciones hablan por sí mismas. Como he señalado en diversas ocasiones en La Silla Rota (Hacia una reconfiguración del Consejo General del INE), el origen de este desgaste se remonta a la sesión del 23 de agosto de 2024: aquel día, siete consejeros avalaron la distribución que otorgó a la coalición oficialista casi el 73 % de la Cámara de Diputados con el 54 % de los votos —pese a la advertencia de una minoría de cuatro integrantes sobre la pérdida de pluralidad—. Aunque dicha decisión se apegó a una lectura literal de la norma, dejó una huella profunda en la percepción de imparcialidad del árbitro electoral. 

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Las columnas políticas de hoy, viernes 20 de noviembre de 2026

Suplente de lujo para chayotubers

Bajo Reserva/El Universal

Nos cuentan que Jesús Ramírez Cuevas salió de las sombras que normalmente lo cobijan entre bambalinas en la mañanera, para hacer la chamba de los chayotubers que viajaron como enviados a China. Nos hacen ver que don Jesús no quiso descuidar el changarro y se volvió comentarista, pues salió a las calles de la Ciudad de México a grabar comentarios como los que ofrecen sus "comunicadores alternativos independientes". En lo que vuelven sus youtubers con el reporte de lo ocurrido en la reunión de la APEC en Shenzhen, nos aseguran que el exvocero y ahora coordinador de asesores de la Presidencia les guarda su lugar en primera fila para que hagan preguntas a modo.

Adán Augusto, los pollos y el lavadero

Pese a que desde el 1 de febrero de este año Adán Augusto López dejó de ser coordinador de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, se mantienen en sus cargos algunos personajes clave vinculados a él. Desde la oposición acusan que José Márquez Borbolla, titular de la Unidad de Eventos del Senado, es socio de Hernán Bermúdez Requena, el ahora preso líder de La Barredora y jefe de la policía de Tabasco en el gobierno de don Adán. La legisladora zacatecana priista Claudia Anaya señaló: “No es casualidad: Es el N4RCOsistema morenista”. Y remató lamentando que la Cámara alta sea usada como “la lavandería donde se blanquean las complicidades”. Nos dicen que Márquez le entró al negocio de Bermúdez con un restaurante de pollos. ¿Será?

La maestra Lupita sostiene la alianza

Nos cuentan que pese al maltrato del que se quejó el PT por parte de Morena en el reparto de las 17 candidaturas a gobiernos estatales y del pataleo por tratar de impulsar al morenista inconforme Raúl Morón para Michoacán, el líder eterno de ese partido, Alberto Anaya, dejó claro que son intocables los Centros de Desarrollo Infantil (Cendi) que encabeza la maestra Lupita, es decir Guadalupe Rodríguez Martínez, fundadora del partido y esposa de don Alberto. Nos recuerdan que según el presupuesto para 2027, dichos planteles serán beneficiados con mil 400 millones de pesos, es decir 70% más que en este año, por lo que, “haiga sido como haiga sido” el presunto maltrato, hay alianza para rato, cómo de que no.

Antes del canto del gallo, Emmanuel negó al maestro

Nos cuentan que el senador morenista Emmanuel Reyes se dirigió a esta columna a propósito de lo que le contamos en este espacio: que promovió una ceremonia con reconocimientos del Senado para Miguel El Piojo Herrera y para el dueño del equipo Atlante, Emilio Escalante. Después de dar clases de periodismo, don Emmanuel dicta cuándo se pueden mencionar y cuándo no, sus nexos con Naasón Joaquín García, sentenciado por abusos sexuales a niñas en Estados Unidos. Llama la atención cómo el senador pasó de ser uno de los organizadores del tristemente famoso homenaje que se hizo en 2019 a la Iglesia de la Luz del Mundo y a Naasón Joaquín en el Palacio de Bellas Artes, a referirse a ellos ahora como “una organización religiosa y una persona sentenciada por delitos sexuales”, sin mencionarlos. ¿Será que hay que negar al maestro para mantener la aspiración a ser candidato a la alcaldía de León?

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En vilo la designación de la presidencia del INE/Raúl Rodríguez

El Universal, 

El escándalo Taddei metió al INE en una crisis de credibilidad y confianza que solo los necios pueden negar y de la que urge sacarlo porque solo faltan seis meses para las elecciones federales intermedias y las concurrentes estatales por diecisiete gubernaturas.

La única manera de salvar esa crisis y así la legitimidad de los comicios del próximo 6 de junio parece ser la designación por consenso unánime de todos los partidos políticos, de quien ocupe la presidencia del órgano electoral.

Si esa designación se hace sin consenso y solo queda en manos de la mayoría de Morena y sus aliados o, peor aún, en una tómbola -por no haberse alcanzado la votación calificada- la crisis del INE no se remontará, advierten quienes lo han presidido y al menos una veintena de sus exconsejeros electorales.

Una referencia sobre la credibilidad ciudadana en el órgano electoral tras el escándalo de corrupción que incrimina a su expresidenta Guadalupe Taddei, la aportan encuestas recientes que confirman un claro deterioro al marcar entre 40 y 62 por ciento de poca o nula confianza en que organice y realice elecciones limpias en 2027 (EL UNIVERSAL 62.2%, Atlas Intel para Bloomberg 48%, El Financiero 48% y Mitofsky 40%). Además, un promedio de ocho de cada diez encuestados percibe una corrupción extendida en el INE.

El pasado miércoles 18 de noviembre, los expresidentes del Consejo General del IFE José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde y Leonardo Valdés, así como del INE, Lorenzo Córdova hicieron un llamado a la Cámara de Diputados para que sea con el consenso de todas las fuerzas políticas en ella representadas, la designación de quien sustituirá a Taddei, toda vez que el proceso correspondiente sigue atorado en esa instancia legislativa.

En la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de San Lázaro se ha planteado con toda claridad que el consenso sería el mejor de los escenarios. De otra manera el nombramiento nacería muerto, reconoció su presidente, Ricardo Monreal, líder de la mayoría legislativa de Morena.

Pero lo que para el oficialismo sería el mejor de los escenarios, para la oposición política es el único, no acepta otro. Por eso no hay un punto de acuerdo mínimo que permita emitir la convocatoria correspondiente para la designación del presidenta o presidente del INE y de los integrantes del comité técnico que calificaría a las y los aspirantes al cargo.

Por el lado del PAN se ha externado voluntad de construir el consenso, aunque ha puesto condiciones “irrenunciables” de las que le contaba aquí en la entrega pasada.

En resumen son las siguientes: ampliar de cuatro a ocho años el periodo durante el cual no hayan ocupado cargos de dirección partidista quienes integren el comité técnico de selección de aspirantes; excluir de él a funcionarios en activo o personas con vínculos recientes con gobiernos y autoridades electorales y que, quienes pretendan conformarlo, sean sometidos a consulta en instituciones académicas de prestigio; incorporar observadores ciudadanos, académicos y representantes parlamentarios para vigilar las sesiones y el desarrollo del proceso; y revertir los llamados “superpoderes” de la presidencia del INE, para devolver más decisiones al órgano colegiado del consejo general y evitar concentrar facultades en una sola persona.

En este último punto Morena y aliados parecen estar de acuerdo, pero al igual que las otras propuestas panistas implicaría reformas constitucionales y legales que en este momento no pueden hacerse por estar en marcha un proceso electoral y con ello una prohibición expresa de ley. Los cambios, en todo caso, tendrían que comprometerse para pasados los comicios.

El PRI de plano se niega a ser partícipe de la negociación. La vía del consenso la ve, incluso, como una coartada. Acaso la aceptaría si se suma la reconfiguración total del consejo general lo que implicaría, también, reformas constitucionales y legales en materia electoral que en este momento son improcedentes por ley.

La pregunta es ahora si Morena y aliados echan por delante su mayoría legislativa para designar a la sucesora o sucesor de Taddei. Aritméticamente, la actual composición de la Cámara de Diputados les permite completar los 334 votos de la mayoría calificada necesaria, pero enfrentan el riesgo de que el PT, en medio de sus reclamos por la designación de candidatos a las gubernaturas en al menos Michoacán y Nuevo León, escatime sus votos y repitan la dosis que hizo naufragar a principios del año la reforma electoral de Claudia Sheinbaum que, entre otras cosas, proponía cambios en la conformación de la representación proporcional del Congreso.

Si no se logra la mayoría calificada tendría que optarse por la insaculación, como ocurrió con Taddei, con lo que el nombramiento nacería doblemente muerto, aunque también existiría la opción de mantener un consejo general de diez integrantes, con Blanca Cruz García como presidenta interina que prácticamente anularía la credibilidad y confianza en el INE como árbitro electoral en los comicios del año próximo.

Ilegitimidad en el origen

El origen del Instituto Federal Electoral (IFE) fue una crisis de legitimidad que estalló con la sospechosa elección presidencial de 1988, en la que el sistema electoral se “cayó” y “calló” para arrebatarle el triunfo a Cuauhtémoc Cárdenas y avalar el de Carlos Salinas de Gortari.

Su construcción institucional tomó de 1990 a 1994 aún con el gobierno conduciendo las elecciones al frente del flamante organismo. En los siguientes dos años, la secretaría de Gobernación siguió al frente, pero se abrió espacio a los consejeros electorales ciudadanos.

Fue con la reforma electoral de 1996 cuando el IFE se “ciudadanizó” completamente y se sacudió la dependencia del gobierno. Su consejo general lo presidió José Woldenberg, acaso el mejor presidente que ha tenido el organismo electoral. Su designación fue producto de un acuerdo de consenso unánime en la cámara de Diputados como el que ahora se reclama.

Woldenberg era visto como independiente, aceptable para la izquierda (PRD) y sin rechazos del PAN ni del PRI. Condujo al IFE en las elecciones presidenciales de 2000 y garantizó que el voto contara y bien se contara. La ciudadanía ordenó la alternancia en el poder: ganó el PAN y con él Vicente Fox. Terminaron 70 años de gobiernos del PRI. La credibilidad y la confianza en el órgano electoral llegó a su punto más alto.

Seis años después, sin embargo, el IFE viviría la peor crisis postelectoral de la que se tenga registro en la historia reciente del país. Fue por una elección bajo sospecha de fraude, la presidencial de 2006. El gobierno de Fox, junto con el PAN, el PRI, las mayorías legislativas y el empresariado, habían hecho de todo durante la campaña para descarrilar la candidatura perredista de AMLO. La noche de la elección, el presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde (hombre cercano a los intereses de Elba Esther Gordillo y con ella a los de Felipe Calderón, designado con el voto legislativo solo del PAN y del PRI) no dio a conocer la noche de los comicios una tendencia ganadora pues los resultados estaban muy cerrados. Finalmente, el panista fue declarado triunfador con una diferencia de 0.56 por ciento. López Obrador impugnó y desató una crisis poselectoral que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dirimió al reconocer que el gobierno de Fox había intervenido en las elecciones, pero nada más tantito.

Para paliar la crisis poselectoral de 2006 y la polarización social que generó, las fuerzas políticas gestionaron en 2007 una reforma electoral significativa que dotó al IFE de mayores atribuciones para fiscalizar recursos, supervisar la propaganda política partidista y gubernamental, administrar los tiempos del Estado en radio y televisión, prohibir a partidos candidatos y terceros compra directamente espacios en la radio y la televisión, y endurecer sanciones a los infractores de esas normas.

La reforma de 2007 creó el contexto político para la designación, en 2008, de Leonardo Valdéz Zurita, un especialista en la materia más bien cercano a la izquierda. La cámara de diputados lo nombró mediante un amplio acuerdo político, pero no un consenso unánime. Pero el objetivo central de aquellos cambios, es decir, reducir la influencia del dinero en los medios para la propaganda electoral, no se cumplió los comicios presidenciales de 2012 en opinión del candidato perdedor del PRD, Andrés Manuiel López Obrador, quien acusó al ganador priista Enrique Peña Nieto de haber comprado los comicios.

De aquellos debates y tensiones políticas se llegó a una nueva reforma electoral, la de 2014, que transformó al IFE en INE para “homogeneizar la calidad de las elecciones federales y locales y reducir la influencia de los gobiernos estatales sobre los organismos electorales locales”. La enmienda creó el servicio profesional electoral, dio un marco legal más robusto a las candidaturas independientes, dio paso a la reelección legislativa y municipal consecutiva e hizo más estricta la fiscalización.

Lorenzo Córdova, quien ya era consejero electoral del IFE fue designado como primer presidente del INE el 3 de abril de 2014 mediante un acuerdo político amplio, más no un consenso unánime, al obtener 417 votos a favor, 41 en contra y cuatro abstenciones.

Tocó a él y al consejo general que presidía realizar la elección que llevó al poder en 2018 a AMLO, con quien a la postre sostendría fuertes confrontaciones. López Obrador pretendió y no logró, una reforma electoral profunda que incluía la elección popular de los consejeros electorales y una reestructuración importante del organismo, el llamado Plan A que no logró la mayoría calificada en el Congreso.

Tras fracasar esa iniciativa de reforma constitucional, López Obrador impulsó modificaciones a leyes secundarias para reestructurar la administración del INE, reducir sus recursos y costos operativos, y fusionar áreas administrativas. El llamado Plan B no superó el control constitucional de la Corte y el órgano electoral siguió funcionando como estaba. En términos prácticos, la ambiciosa reforma electoral propuesta por AMLO no prosperó, pero atizó la confrontación política entre su gobierno y la gestión de Córdova. En ese contexto nacieron las movilizaciones de respaldo al INE y el surgimiento del llamado movimiento rosa y del partido “Somos”. Córdova concluyó su período constitucional de nueve años en abril de 2023 y fue sustituido por Guadalupe Taddei quien al no alcanzar la mayoría calificada de la cámara de diputados fue escogida por tómbola.

Ese hecho y la cercanía a Morena que muchos le atribuyen incidió en su credibilidad ante las fuerzas políticas de oposición, lo que la mayoría oficialista del Congreso pretendió compensar liberándola de la obligación de someter a decisiones colegiadas del consejo general los nombramientos de sus principales funcionarios. Fue así que sacó adelante la elección de Sheinbaum en 2024 y ya con ella en el poder las elecciones de ministros, magistrados y jueces producto de la reforma judicial.

La actual legislatura aprobó una enmienda que vuelve a impedir la reelección en periodos consecutivos y más recientemente, la bancada del PT volvió regatearle apoyo a una propuesta de reforma electoral que planteaba modificar los términos de la representación proporcional, con lo que impidió que Morena construyera la mayoría calificada necesaria para aprobarla.

El escándalo de corrupción con contratistas que protagoniza Taddei la obligó a renunciar a la presidencia del órgano electoral.

Una interpretación resumida del anterior recuento es que Woldenberg construyó la legitimidad del IFE, Ugalde enfrentó su mayor crisis, Valdés ejecutó la reforma con que se pretendió superarla, Córdova administró la expansión del modelo hacia un INE nacional y Taddei acabó con su prestigio.

La gran ironía histórica es que la reforma más profunda al árbitro electoral de las últimas décadas, la que en 2014 negociaron el PRI, el PAN y el PRD, es la que creó a un INE al que la corrupción de quien lo presidió durante los últimos tres años y el exceso de atribuciones discrecionales que se le concedieron, lo han puesto en la lona y en vilo la elección de quien lo presida.

Instantáneas:

1. AL VIEJO ESTILO. La frase más reveladora de la conferencia convocada en Zacatecas por el líder nacional del PRI fue la más informal: “Y la verdad, lo que les voy a decir que no salga de aquí, tuvimos una gran reunión con nuestro amigo “Fito” Bonilla. Alejandro Moreno Cárdenas sabe que en política todo sale de ahí. O sea, lo dijo para que saliera. Ese “secreto” a voces es la vieja escuela priista: se anuncia la unidad con un guiño, se deja correr el rumor, se mide la reacción. Y la reacción, por lo menos en esa conferencia, fue de respaldo cerrado. Con la dirigencia estatal y el exgobernador Miguel Alonso presentes, el mensaje fue de disciplina. “Fito” Bonilla tendrá, como dijo “Alito”, “una enorme responsabilidad”. Porque no se trata solo de ser candidato, se trata de cargar con la reconstrucción del PRI en Zacatecas.

2. ¿Y EL DINERO? ¿Cuánto del dinero que paga el visitante extranjero se invierte en convencer al siguiente de venir a México? Ésa es la pregunta que David Ortiz Mena, presidente del Consejo Hotelero del Caribe Mexicano, pone sobre la mesa con el aumento previsto del DNR para 2027. La respuesta tendría que poder leerse en el presupuesto: cuánto se destinará a promoción, en qué mercados se ejercerá y con qué resultados se evaluará. Para el sector hotelero, ahí empieza la discusión sobre la utilidad del cobro. .

3. DINÁMICAS COMERCIALES. Con motivo de la participación de México en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026 en Shenzhen, China, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara destacó que el estado cuenta con proyectos de infraestructura como el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), orientada a conectar los océanos Pacífico y Atlántico, por lo que Oaxaca camina en la misma ruta del Plan México, una estrategia que compromete acciones para fortalecer la economía nacional con soberanía, cooperación y desarrollo con bienestar.

rrodriguezangular@hotmail.com

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Medio billón para cuatro incondicionales de Sheinbaum/Mario Maldonado

El Universal, 20-11-26 | 

Unos 522 mil millones de pesos dan la medida del poder económico de cuatro funcionarios de confianza del gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Su secretaria de Energía, Luz Elena González, preside los consejos de Pemex y la CFE, con cerca de 314 mil millones de pesos de inversión física prevista para 2027. Su director de Birmex, Carlos Ulloa, acaba de conducir tres licitaciones por casi 131 mil millones para abastecer al sector salud en 2027 y 2028. El titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, dicta la política tecnológica de un gobierno cuyo mercado de contratos en ese ramo se estima en al menos 50 mil millones de pesos este año. Y su subsecretaria de Egresos, Bertha Gómez, coordina desde Hacienda procesos por unos 27 mil 200 millones, incluido el intento de contratar el arrendamiento de la flota de más de 90 instituciones federales. Son cuatro incondicionales de Sheinbaum y por eso mismo cargan con una responsabilidad mayor. Si fallan, la terminan arrastrando a ella.

La cifra más alta corresponde al sector de Luz Elena González, sin duda la más cercana a Sheinbaum. La mujer que administró las finanzas de la Ciudad de México ocupa hoy la cabecera de los consejos de las dos empresas energéticas del Estado. En Pemex, que dirige su incondicional Juan Carlos Carpio Fragoso, la inversión física para el próximo año alcanza los 255 mil 529 millones de pesos. En la CFE, a cargo de Emilia Calleja, la proyección ronda los 59 mil millones.

Carlos Ulloa, uno de los más polémicos por su desconocimiento del sector y su gusto por los lujos, es el encargado del abasto de medicamentos para 2027 y 2028. La primera licitación rondó los 84 mil millones de pesos y la segunda sumó 12 mil 569 millones en material de curación. El 3 de noviembre, Salud dio a conocer el tercer fallo por 34 mil 398 millones. En total, las adjudicaciones de Birmex bajo la dirección de Ulloa suman casi 131 mil millones de pesos.

En la compra consolidada, el IMSS y el IMSS-Bienestar solicitan los medicamentos y pagan sus pedidos. Birmex reúne la demanda, conduce los concursos y adjudica los contratos. Ahí reside el poder de Ulloa. Al IMSS de Zoé Robledo le corresponden 117 mil 227 millones de los 164 mil 245 millones de pesos proyectados para medicamentos, material médico y de laboratorio en 2027. El Seguro Social concentra siete de cada diez pesos de ese presupuesto, pero Birmex se encarga de las compras.

En Hacienda, tres rubros de la cartera de Bertha Gómez Castro —combustible, seguros patrimoniales y vales mensuales de despensa— superan los 13 mil 200 millones de pesos. A esa cifra se suman los 14 mil millones en que se estimó el concurso para arrendar los vehículos de más de 90 instituciones durante cuatro años. La licitación quedó desierta.

Pero antes de que Hacienda convoque a los proveedores, aparece otra firma. María Guadalupe Arciniega García preside, desde la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, el Comité de Contrataciones Estratégicas. En agosto, ese órgano reunió en un solo procedimiento la compra de blancos y ropa quirúrgica y hospitalaria para 2026 y 2027. En noviembre, Hacienda salió a pedir cotizaciones. Para entonces, el comité de Arciniega ya había decidido que los proveedores competirían por dos años de pedidos en un mismo concurso.

La influencia de Pepe Merino también se extiende a Aduanas. Al 14 de noviembre, los datos de Compras MX daban cuenta de 12 contratos de Aduanas por 583.5 millones de pesos en 2026, incluidas algunas compras previas al relevo. Entre los procedimientos del año figuran la adquisición de licencias de Microsoft y la contratación de servicios de digitalización y de soporte a la infraestructura tecnológica.

Los cuatro funcionarios encargados de las grandes compras del gobierno han acompañado a Sheinbaum en distintas etapas de su vida. Uno fue su compañero de departamento en la universidad. Con los demás ha coincidido a lo largo de su trayectoria política y en la función pública. Son sus incondicionales y ella también los reprende, les pide cuentas y les exige resultados. Esa amistad es un arma de doble filo. Los errores y las omisiones de los cuatro tendrán un costo político para quien les confió el cargo.

Posdata 1

A propósito de adjudicaciones, el gobierno de Claudia Sheinbaum proyecta construir seis penales con capacidad para 18 mil 480 personas en Chiapas, Veracruz, Nayarit, Sinaloa, Sonora y el Estado de México. Tres constructoras mexicanas tienen antecedentes en ese negocio federal. Prodemex, de Olegario Vázquez Aldir, y Grupo Tradeco, de Federico Martínez, incluso fueron socios en Veracruz, mientras que Ingenieros Civiles Asociados (ICA) participó en dos penales bajo un esquema que extendía el contrato más allá de la entrega de la obra.

Prodemex participó en el desarrollo del Centro Federal de Readaptación Social número 14, en Gómez Palacio, Durango, y del número 17, en Buenavista Tomatlán, Michoacán. Su tercer antecedente es el complejo de Papantla, Veracruz, que desarrolló en consorcio con Tradeco. Esta última también tiene en su historial el penal federal de Ramos Arizpe, Coahuila, y los trabajos de ampliación y mejoramiento del Altiplano, el penal de máxima seguridad del Estado de México.

La experiencia de Tradeco también se extiende a Guatemala y El Salvador. El proyecto más conocido en el que se ha reportado su participación es el Centro de Confinamiento del Terrorismo, el CECOT salvadoreño.

El antecedente de ICA ilustra la decisión económica que tiene por delante el gobierno. Tanto en el penal federal número 11, en Hermosillo, Sonora, como en el 12, en Ocampo, Guanajuato, los contratos incluyeron diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento. Para los seis nuevos penales se conocen las entidades y la capacidad conjunta proyectada. También falta conocer el presupuesto y si las empresas que entreguen las cárceles también cobrarán por mantenerlas.

Posdata 2

La Comisión Federal de Electricidad levantó 776 millones de dólares en México y el extranjero con cargo a una parte de lo que cobrará por transmitir electricidad. Fue la primera colocación de capital de CFE Fibra E desde su debut en Bolsa, en febrero de 2018. Con el dinero, el fideicomiso comprará a la CFE derechos de cobro adicionales. La empresa podrá así adelantar ingresos para ampliar su red de transmisión.

La CFE recibió órdenes de compra por mil 635 millones de dólares, equivalentes a 3.2 veces la oferta base. La colocación final superó los 675 millones de certificados e incluyó las opciones de ampliación y sobreasignación. Entre los compradores estuvo la Corporación Financiera Internacional, del Grupo Banco Mundial, que participó como inversionista ancla.

Los inversionistas tenían una referencia concreta. Al cierre del tercer trimestre, la Fibra reportó un rendimiento de 11.3% por las distribuciones a sus tenedores, cerca de su promedio histórico de 11.7%. Ese dinero proviene de lo que la CFE cobra por transportar electricidad a través de la Red Nacional de Transmisión.

CFE Capital, que administra el fideicomiso, se fijó la meta de obtener por esta vía 2 mil 473 millones de dólares. Los 776 millones de la colocación equivalen a 31% de ese monto. El destino son más de 60 proyectos de transmisión de los que depende la conexión de las nuevas centrales previstas en el programa eléctrico de Claudia Sheinbaum de aquí a 2030.

Posdata 3

Un apoyo de alrededor de 12 mil pesos mensuales que la Cámara de Diputados dejó de pagar en abril llevó a sus jubilados a bloquear de nuevo San Lázaro. Este jueves, después de que la negociación terminó sin acuerdo, tres de los inconformes se ataron con cinta adhesiva a la puerta de la oficina de Raúl Bolaños-Cacho Cué, presidente de la Mesa Directiva. La respuesta corrió por cuenta de Mauricio Farah, secretario general de la Cámara, quien calificó de irresponsable e insostenible reanudar los pagos.

Los jubilados reclaman el cumplimiento del numeral 23 de su convenio laboral. Sostienen que el apoyo es un derecho adquirido y piden destinar 144 millones de pesos a restituirlo. El 4 de noviembre habían liberado los accesos al recinto después de que Bolaños-Cacho se comprometió a revisar su pliego petitorio. Dos semanas después volvieron a cerrarlos.

Farah dio dos razones para rechazar la exigencia. La primera es que la Cámara carece de recursos para cubrirla. La segunda es que los propios jubilados llevaron el reclamo ante la autoridad laboral. A juicio del secretario general, si la Cámara paga y el fallo resulta adverso a los trabajadores, tendrá que responder por haber entregado dinero público sin sustento.

Con unas dos mil personas dentro del recinto, entre legisladores, empleados y periodistas, Farah descartó pedir el uso de la fuerza pública para abrir las puertas. Por cierto, se dice que el secretario general de San Lázaro podría ser el caballo negro para encabezar INE, por lo menos para la Secretaría Ejecutiva.

Posdata 4

Las críticas de la 4T al neoliberalismo caen directamente sobre José Antonio Meade. Fue secretario de Hacienda con Felipe Calderón y con Enrique Peña Nieto, y en 2018 fue el candidato del PRI que perdió la Presidencia frente a Andrés Manuel López Obrador. Ocho años después, ya como presidente del Consejo de Administración de HSBC México, Meade tuvo palabras de reconocimiento para quienes llevan las finanzas públicas en el gobierno de Claudia Sheinbaum.

En un foro de la Universidad Panamericana, el exsecretario le reconoció a Hacienda el trabajo de hacer espacio en el presupuesto para los programas sociales de Morena, aun con las presiones de gasto que han obligado a recortar otras partidas. También le dio crédito al Banco de México por contener las presiones sobre los precios sin perder de vista lo que cuesta, en términos de crecimiento, mantener altas las tasas de interés. A su juicio, la coordinación entre ambas instituciones podría mejorar las condiciones de la economía en 2027.

Meade sí le puso una condición a su optimismo. Antes de dar por buenas las cuentas del próximo año, dijo, habrá que revisar si Hacienda cumple al cierre de 2026 su meta de requerimientos financieros del sector público, equivalente a 4.1% del PIB. Alcanzarla, advirtió, importa para la credibilidad del siguiente paquete económico. El dos veces secretario de Hacienda sabe lo que vale una proyección de déficit cuando llega la hora de compararla con el cierre.

Ahora le toca hablar como presidente del consejo de un banco del tamaño de HSBC. El cargo exige moderación frente al gobierno en turno y, por lo visto, alcanza hasta para echarle porras. La ironía es que el elogio a la disciplina fiscal de Morena viene de uno de los funcionarios a los que la propia 4T carga la factura del neoliberalismo.

@MarioMal


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El INE en pausa: entre los tribunales y la falta de consenso La renovación en la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) atravies...