Columna Plaza Pública

PLAZA PÚBLICA Elecciones judiciales

Miguel Ángel Granados Chapa
Regorma, 13 Oct. 10
Al comenzar 2011, tan pronto vuelvan de su receso de invierno, los ministros de la Suprema Corte -10 si persiste la abulia presidencial, 11 si se ha elegido ya a quien sustituya al insustituible José de Jesús Gudiño Pelayo- elegirán a su nuevo presidente, pues concluye el periodo en que lo ha sido Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.
El ministro José Ramón Cossío hizo pública anteayer la carta que dirigió a sus "estimados compañeros", a quienes reitera su "amistad", en la que se excluye del procedimiento para elegir a quien encabece ese tribunal y al mismo tiempo el Consejo de la Judicatura Federal. Comunicarles su decisión le pareció "de la más elemental lealtad".
La carta tiene una importancia que excede su propósito instrumental. Es una contribución muy útil, valiosa, a la transparencia de la vida interna del máximo órgano de la justicia en nuestro país. Aunque en sentido contrario, es congruente con la expresión de su deseo y propósito de ser designado ministro de la Corte. Desde su cargo como director del Departamento de Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México, Cossío no se recataba para expresar aquel objetivo vital, y no ocultaba los móviles que lo empujaban a esa meta, que consiguió en 2003, cuando se jubiló el ministro J. Vicente Aguinaco Alemán y a propuesta del presidente Fox el Senado lo eligió por amplia mayoría (84 votos contra ocho).
Ahora ha expresado las razones que lo inducen a permanecer como ministro y a no buscar la presidencia de la Corte. Se conjetura que su retiro de la contienda que apenas se iniciaba obedece a un cálculo político, que le permitió saber que no alcanzaría los votos necesarios, y resolvió apartarse de un proceso al cabo del cual resultaría perdedor. El texto de su comunicación no coincide con la frialdad que lo llevaría a un retiro estratégico y debemos, por lo tanto, dar crédito a lo explícito, a su deseo de realizar primordialmente funciones jurisdiccionales -es decir, actuar como juez- en función de su ideario social y jurídico.
La carta diagnostica la situación nacional de modo breve y certero. Mueven a Cossío a seguir impartiendo justicia "la gravedad de los problemas que el país está viviendo en materia de seguridad pública", "la enorme desigualdad que mantenemos", "los reclamos crecientes para acotar los derechos fundamentales" y "los intentos que desde diversos ámbitos se hacen para imponernos visiones sociales homogéneas". Tener en mente esas circunstancias, aparentemente ajenas a la función jurisdiccional, se condice con su aspiración, expresada al ocupar por primera vez su sitial, de "contribuir a la construcción constitucional necesaria para sustentar una sociedad auténticamente democrática". Su objetivo de hace siete años, declara, "no ha variado" y por ello concluye que sus "compromisos e ideales (debe) realizarlos desde la posición de ministro".
Aunque en la solución de su dilema -"la realización de labores administrativas, presupuestales, políticas y protocolarias" y un ejercicio judicial acotado, frente a un "amplio y comprometido desempeño jurisdiccional"- aparece una tal vez injusta minusvaluación de las tareas del presidente de los órganos del Poder Judicial de la Federación, no le falta razón a su negativa a "contemporizar entre diversos intereses", práctica particularmente visible, en mi opinión, en la relación entre poderes.
Por eso, es comprensible que "en este momento de la vida nacional" sea para el ministro Cossío "más significativo tratar de colaborar en la creación de criterios jurídicos útiles para hacer frente a los graves problemas institucionales y, por ello, constitucionales que, desafortunadamente, enfrentamos". Una de sus actuaciones más recientes muestra la conveniencia de que allí se mantenga, pues fue rechazada su ponencia sobre la aceptación de la jurisdicción internacional en torno al fuero de guerra, que debe ser ajustado para que los militares sean juzgados en tribunales del orden común cuando agravien a civiles. Cossío debe poder participar en la nueva discusión a que está obligado el tribunal constitucional ante una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Los conocedores de la vida interna de la Corte estiman que el retiro de Cossío deja abierto el camino a la elección del ministro Juan N. Silva Meza. Es uno de los tres miembros del pleno que permanecen en su cargo desde la reconstrucción de la Corte en 1995. Si se adopta el criterio de la mayor experiencia para presidir el tribunal y el Consejo, sería el candidato idóneo, dado que la ministra Olga María Sánchez Cordero no ha manifestado ahora ni en ocasiones anteriores su propósito de encabezar esos órganos, y el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano es más hombre de disensos que de consensos, requeridos para presidir la impartición de justicia.
Hace más de tres semanas que murió el ministro Gudiño Pelayo y Los Pinos no ha remitido al Senado la terna para reemplazarlo. No es inocua una ausencia en un tribunal de 11 miembros y en una sala de cinco. No es correcto, por lo tanto, que el tiempo transcurra sin la designación del ministro faltante. Quizá se dificulte a la Presidencia cumplir el compromiso de presentar una terna de miembros de carrera del Poder Judicial, como lo fue don José de Jesús. Cuando el terreno no está acotado como en este caso, el Ejecutivo puede proponer la designación de personas simplemente afines a sí mismo, aunque carezcan de experiencia en la función judicial. De cualquier modo, urge integrar el pleno.
Cajón de Sastre
Varios lectores, entre ellos Fabricio Brodziak de los Reyes y Tomás Granados Salinas, me hicieron notar un faltante en la breve relación de ex consejeros electorales que han sido secretarios de Estado. Mencioné a Santiago Creel, consejero ciudadano de 1994 a 1996, que entre 2000 y 2005 fue secretario de Gobernación del presidente Fox (luego de ser diputado federal); y a Juan Francisco Molinar Horcasitas, consejero electoral de 1996 a 2000, y actual secretario de Comunicaciones y Transportes (tras haber sido subsecretario en Bucareli, y diputado). Omití a Alonso Lujambio, consejero electoral de 1996 a 2003, periodo en que fiscalizó de modo sobresaliente las finanzas de los partidos, y hoy es secretario de Educación Pública, después de haber sido comisionado presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).

El arte de contar

El arte de contar/Fernando Rodríguez Lafuente

ABC, 11/10/10;

El hecho misterioso de la literatura, así lo recordaba Borges en sus conversaciones, es que lo surgido de la imaginación de un escritor se convierta en la memoria de otro, el lector. No hay mayor don. Es algo mágico, extraño y extraordinario. Que los personajes creados, retratados por la rara alquimia de las palabras tomen vida en la mente de un lector anónimo e invisible, hasta transformarse en seres vivos, en nombres que la memoria recrea con mayor firmeza y presencia, casi física, que los reales. Pocos escritores lo poseen desde Homero.
En el siglo XX, los nombres que se han inscrito en hecho tan admirable forman parte de una estela imborrable: el John Marlowe de El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, el Hans Castorp de La montaña mágica de Mann, el Leopold Bloom de Ulises de Joyce, el Gregorio Samsa de La metamorfosis de Kafka, el Swann de En busca del tiempo perdido de Proust, el Príncipe Salina de El Gatopardo de Lampedusa, el Holden Caulfield de El guardián entre el centeno de Salinger, o el Zavalita, entre tantos otros, de Conversaciones en la catedral de Vargas Llosa. 

América, buen día

América: la fuerza de los mitos

Por Francisco A. Marcos-Marín, profesor de Lengua Española en la Universidad de Texas

ABC, 12/10/10;

En el bicentenario del inicio de las independencias americanas el interés por el 12 de octubre tiene que tener necesariamente otra dimensión. Ha transcurrido el suficiente tiempo como para que no se pueda achacar todo lo malo del presente de los países americanos a los tiempos virreinales. Se puede también hacer un análisis ecuánime de qué es realidad y qué es invención en la historia recibida. Un joven y distinguido historiador español, Manuel Lucena Giraldo, desveló en mayo de 2010 en el diario ABC de Madrid la falsedad de afirmaciones que se han venido dando por buenas, como el dominio de la Inquisición y la falta de educación e imprentas o el carácter malvado y avaricioso de los españoles, entre otras. Economistas como Earl J. Hamilton ya habían analizado, en 1929, la delicada cuestión de los metales preciosos americanos y Europa, aunque, sin duda impelido por el espíritu de su época, le costara compaginar su idea de la reinversión en América con la tradicional del expolio de los indios. Los datos de John Munro en 2003 y de los economistas que siguen sus enseñanzas deshacen todavía más la errónea idea del valor incalculable de la riqueza americana supuestamente expoliada.

Su descubrimiento por los occidentales y la conquista y posterior reestructuración religiosa, política y económica del continente americano bajo la forma virreinal implicó un cambio decisivo no sólo para América, sino para Europa y, en última instancia, el mundo en general. Piénsese en que, por primera vez, quedaban demostradas ideas, como el carácter esférico de la Tierra, que podían haber sido consideradas totalmente erróneas pocos años antes. Se transformó el mundo y se transformó también la manera de conocerlo y ordenarlo.

Los conquistadores y su entorno difundieron mitos como la existencia de hombres con cabeza de perro o de mujeres guerreras como las amazonas clásicas. Tomaron elementos de la novela de caballerías para buscar en la Florida la fuente de la eterna juventud o situar un reino mítico en California o los territorios del Noroeste. Todo ello era falso; pero no lo eran plantas extrañas y maravillosas que cambiaron la vida occidental, como el tabaco, la papa, el tomate y tantas otras. La historia no puede rescribirse, si se quiere ser veraz, y no puede desvivirse, si se quiere ser auténtico. No se cambia con leyes, hay que estudiarla, sencillamente.

Hoy está demostrado que la política lingüística americana de la Casa de Austria fue la de tolerancia lingüística y uso para la evangelización de las lenguas amerindias. Cuando llegó la independencia, el porcentaje de hablantes de español en las Indias no llegaba al 30 por ciento. Con el ideal de la Ilustración, una lengua y una educación, los revolucionarios liberales impusieron una lengua común, la española, y realizaron en pocos años un proceso a veces completo de eliminación de lenguas indígenas. Otras, como siempre ocurre, habían desaparecido en el proceso histórico de las sucesivas conquistas e imperios, indios y españoles. Si se quiere hablar de «genocidio cultural» hay que dar su parte, grande, al período independiente. Ya se dijo al principio que doscientos años dan para mucho. No en vano la mayoría de los indígenas habían permanecido fieles a la Corona, que protegía por las Leyes de Indias sus tierras comunales. Los araucanos de Chile, nos dice Lucena Giraldo, propusieron en 1813 «formar para la defensa del Rey una muralla de guerreros en cuyos fuertes pechos se embotarían las armas de los revolucionarios». A partir de 1820, las tropas de Bolívar encontraron la mayor resistencia entre los nativos del sur de Colombia y Ecuador. Son hechos.

Hablar de los excesos de una conquista y un cambio total de sistema y rasgarse las vestiduras es tan inútil como si los españoles de hoy se presentasen ante el Parlamento italiano para pedirle cuentas de las crueldades romanas y la destrucción de las culturas celta, ibérica o tartesia. Sería ridículo. Así, resulta sorprendente para los españoles el interés obsesivo de muchos americanos por degradar a los que, en último término, son los antepasados de los americanos actuales, los suyos, y no de los europeos. La conquista fue realizada por gentes con vocación de permanencia, que rehicieron sus vidas en los nuevos territorios. Los de ida y vuelta no pasaron de algunos funcionarios y eclesiásticos, que incluso volvían a España para regresar a las Indias a la primera oportunidad. Los marinos, por supuesto, no pertenecían a la crema de la sociedad; pero, a diferencia de Australia, América no se pobló con presidiarios y carne de horca. Los aspirantes pertenecían a clases muy diversas y muchos triunfaron en otras latitudes. El caso más llamativo es el de Miguel de Cervantes, el autor del Quijote, que pretendió repetidas veces venir a América, sin que le fuera concedido nunca el permiso. Si se lo hubieran dado, el ingenioso hidalgomanchego hubiera visto la luz en México, Colombia o el Perú, con lo que ello implica, o, quizás, no se hubiera escrito.

Repasar todos los mitos y falsas ideas respecto a la conquista y el período virreinal exigiría un libro. Para terminar, como poderoso caballero es don Dinero, permítasenos analizar la cuestión del oro y la plata. La idea errónea es que el oro y la plata americanos fueron a parar a España y de ahí a los banqueros de Italia, Holanda y Alemania, para pagar las deudas de las guerras de religión europeas. Lo que falla es, sencillamente la primera premisa: los metales llevados a España, con los métodos de minería de la época, constituyen, comparativamente, una pequeña cantidad.

Naturalmente, de un argumento económico se esperan cifras. El tesoro enviado a España por los virreinatos y capitanías generales entre 1530 y 1650 equivale a la extracción actual de plata durante 26 meses y de oro durante seis meses. Todo el oro y plata enviados a España desde la conquista hasta 1810 se extrae actualmente en cuatro años de minería de plata y uno de oro.

Además, suponer que esas cantidades, pequeñas hoy, pero significativas en la economía de entonces, sirvieron exclusivamente a intereses europeos es otra idea sin fundamento. España reinvirtió en América muy buena parte del tesoro americano: se crearon ciudades, muchas completamente nuevas, se mantuvo a arquitectos, técnicos, científicos y artistas, se fundaron imprentas y universidades y se importaron bibliotecas, además de ropas, instrumentos y otros objetos necesarios. Se dotó a América de una infraestructura moderna, con obra civil importantísima en la historia y se cambió totalmente el significado universal, global, del continente completo. Eso es lo que hay que festejar el 12 de octubre.

El secretario Blake Mora

Blake Mora, Secretario de Gobernación, durante la inauguración de la 52 Semana Nacional de Radio y Televisión

Discurso

México, D.F., 12/10/2010

Lic. Karen Sánchez Abbott, Presidenta del Consejo Directivo de la Cámara de la industria de Radio y Televisión;

Mtro. Juan Molinar Horcasitas, Secretario de Comunicaciones y Transportes;

Estimados integrantes del presídium;

Señoras y señores;

Amigos de los medios de comunicación;

Amigas y amigos:

Agradezco a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión la invitación a este espacio, al tiempo de que extiendo una sincera felicitación a Karen Sánchez Abbot por su destacada labor y liderazgo frente de ella.

Ayer, hoy y siempre, como lo señala el lema de esta Quincuagésima Segunda Semana Nacional de Radio y Televisión, México ha contado con industriales comprometidos con la importante tarea de comunicar y establecer los vínculos necesarios para el desarrollo social, económico y político del país.

Comunicación, Conectividad, Conocimiento e Información son cuatro pilares claves para el crecimiento y desarrollo de las sociedades de hoy en día. Y esto es cierto no sólo en el ámbito del avance económico y material, sino en la consolidación de nuestros valores como sociedad y en la edificación de bienes públicos, como la libertad y la democracia, que en el caso de nuestro país hemos alcanzado después de décadas de singulares luchas históricas.

En este tránsito, la Industria de la Radio y la Televisión ha sido un elemento fundamental en la consolidación democrática de nuestro país y ha contribuido al fortalecimiento institucional que permite hoy una convivencia más ordenada y equitativa a través de un ejercicio pleno de libertades ciudadanas.

Por esta importancia el Gobierno Federal reconoce como una de sus premisas en el ámbito de las competencias que le otorga la ley, impulsar la modernización del espectro radioeléctrico ampliando la convergencia, la competencia y la cobertura en el sector, como condiciones necesarias para el éxito de las iniciativas y el esfuerzo de las empresas.

Sabemos que el fomento de la actividad empresarial dentro de un marco de respeto a los derechos democráticos y de terceros, es una pieza clave para el desarrollo económico y político de nuestro país. Y en ese sentido, no es sólo un compromiso, sino una obligación del gobierno atenderla.

Por ello, la determinación de las autoridades con ésta y el resto de las industrias, es proveer un sistema de instituciones que otorguen certidumbre jurídica e incentivos para su modernización.

En tal sentido la Comisión Federal de Telecomunicaciones en su coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y con el resto de gobierno ha logrado concretar avances decisivos.

Por un lado, como bien aquí hemos comentado, damos cuenta de la aceleración del proceso de migración de estaciones de radio que operan en la banda de AM a la banda de FM. Este camino está dando la posibilidad a los operadores de competir con mejores condiciones técnicas en un mercado cada vez más complejo, exigente y dinámico.

A tono con el cambio y la modernización, el Presidente Felipe Calderón Hinojosa expidió el Decreto que establece una serie de acciones de política pública orientadas a adelantar la transición de la televisión analógica a la televisión digital.

Esto favorece el aprovechamiento del espectro radioeléctrico en beneficio del interés general. Se podrán incorporar nuevas y mejores tecnologías y servicios de telecomunicaciones, además de dar impulso a la competencia y al dinamismo del sector.

En este mismo sentido, el Organismo Promotor de Medios Audiovisuales busca ampliar y hacer más diverso el servicio de radiodifusión como actividad de interés público, operando a la fecha en cuatro ciudades del país y pronto en ocho mas, mediante un Convenio de Colaboración con el Instituto Politécnico Nacional, a través del cual se puso a disposición de canal 11 frecuencias, transmisores y antenas de televisión.

De este modo, México se pone al día en materia de radiodifusión y telecomunicaciones. Así establece que su camino tiene que ser el de una sociedad en que las tecnologías y los medios de comunicación refleje la vocación para la competencia que la impulsa y la pluralidad que desde su origen le caracteriza y la enriquece.

El beneficio final es para la audiencia. Los mexicanos tendrán más opciones para elegir y exigir más calidad, más representatividad y más espacios de comunicación. Más oportunidades y más desarrollo se complementan con una función social más responsable.

Este foro es una inmejorable ocasión para reconocer el papel que han jugado ustedes como factor de unidad y como herramienta de servicio ante los retos de naturaleza distinta que ha confrontado a nuestro país. También es una gran oportunidad para apelar a su compromiso con la legalidad y a su solidaridad con el bienestar social de nuestra ciudadanía.

Los medios de comunicación se han movilizado de manera ejemplar ante los embates de la naturaleza que ha dañado a distintas comunidades y regiones del país; ha dedicado horas de transmisión para difundir información de servicios públicos, convocatorias a la suma de esfuerzos. Han sido exitosos en estas acciones y han significado mensajes de aliento para los mexicanos que han perdido su patrimonio y, en los casos más lamentables, a sus seres queridos.

A fin de cuentas es en la vida diaria de los ciudadanos que nuestras acciones como autoridades, como industria reflejan el valor. Ésa es nuestra incidencia como autoridades y en la suya como medios de comunicación y encuentro.

En otras tareas, nuestra actuación comparte circunstancia y corresponsabilidad. Tal es el caso del esfuerzo que hacemos como autoridades y como sociedad para recuperar las condiciones de seguridad, paz y bienestar, frente a la agresión del crimen que atenta la tranquilidad, el patrimonio y la integridad de los mexicanos.

La tarea de comunicación del fenómeno de la inseguridad y su atención, es una tarea compartida que exige unidad y compromiso. Somos conscientes de que, lamentablemente, la amenaza y la agresión de los delincuentes ha alcanzado a los comunicadores del país, lo que adquiere una relevancia distinta porque ustedes trabajan desde la trinchera de la libertad de expresión, que es conquista y baluarte de todos los ciudadanos.

Ceder nuestra libertad de expresión como sociedad, implicaría renunciar a uno de los elementos más importantes de nuestra democracia. Trabajemos juntos para su defensa.

En el Gobierno del Presidente Felipe Calderón estamos convencidos que los mexicanos podemos avanzar más rápido en alcanzar nuestro propósito de bienestar y progreso, que abata los rezagos que aún tenemos y nos abra un nuevo derrotero de crecimiento y desarrollo en la libertad y en la democracia, sin necesidad de dar la vuelta a autoritarismos ni a fórmulas del pasado que restringieron por generaciones nuestras libertades básicas.

Asumimos, como muchos de ustedes, que la democracia es la única forma de gobierno en el tiempo y en la historia, que ha permitido generar y garantizar los derechos humanos, incluida la libertad de expresión, en el ámbito individual y colectivo. Al mismo tiempo, sólo en democracia existe la posibilidad para resolver los conflictos a través del diálogo, la racionalidad política, la construcción de mayorías y también, ¿porqué no? de consensos.

Sólo en democracia y con instituciones sólidas podemos asegurar, con todas sus expresiones, la coexistencia de nuestra pluralidad política, y la construcción de una sociedad más fuerte y más participativa que garantice una convivencia armónica y fructífera.

Nuestra pluralidad sólo tiene sentido si logramos que esta pueda enriquecer un hacer, un decir y un pensar comprometido con las generaciones de bienes públicos. Y de dentro de ellos -sin duda alguna- se encuentra en primer lugar la libertad y sus distintas formas de expresión.

Por ello, nuestra libertad sólo alcanzará su plena expresión si se articula en la responsabilidad con los demás. Y nuestros valores democráticos sólo mostrarán sus mayores alcances, cuando la práctica política manifieste un actuar fundado en una ética y en un compromiso que todos podamos compartir.

A esta generación del Bicentenario y Centenario, le ha tocado el desafío de construir la institucionalidad democrática del siglo XXI, con la convicción de que es posible garantizar el orden de libertades y el desarrollo social y humano, con base en la participación, el entendimiento y la congruencia política.

Nos ha tocado la ineludible responsabilidadde asegurar que la democracia siga siendo el mayor patrimonio de nuestra sociedad.

Por ello, al hablar de gobernabilidad democrática es fortalecer a las instituciones y a las prácticas políticas como mecanismos de acuerdos y compromiso eficaz para superar los desafíos internos que tiene esta nación.

Tenemos grandes retos de manera simultánea y convergente en todos los ámbitos de la vida pública, que van desde de la marginación social a la competitividad, pasando por la necesidad de reformas jurídicas y políticas, de nuevas formas de integración y cooperación regional, multilateral y bilateral, y por crecientes demandas y necesidades sociales.

En este marco, requerimos de una democracia eficiente y de resultados, donde las reformas puedan ser quizá graduales en el tiempo para los ajustes necesarios, pero pertinentes y trascendentes, que respondan a los problemas reales que enfrentamos a la aspiración de los ciudadanos.

Tenemos ante nosotros el desafío de concebir cambios en la forma de hacer política, de pensar y aplicar las políticas públicas, de acordar las reformas legislativas y de afirmar la corresponsabilidad entre los poderes del Estado.

Estamos también ante la evidencia de asumir como principios de acción institucional la coordinación entre poderes y ordenes de gobierno; la sustentabilidad ambiental; la equidad de género, así como el respeto a toda diversidad y preferencia política, religiosa y social.

Tan sólo en materia de libertades políticas, estamos ante la gran oportunidad de transformar al Estado y otorgarle al ciudadano, por encima de los partidos políticos, una mayor capacidad de decisión y de ejercicio de su libertad para castigar o premiar a quien en verdad le represente o sirva a su comunidad.

México no es, ni será ya el país de un solo hombre, de una sola organización o de un solo partido; México es hoy una nación plural, democrática, con retos aún, pero donde el poder se comparte y se equilibra; donde los gobiernos de estados y municipios provienen de diferentes identidades políticas, donde la sociedad civil dispone de organización y mayor presencia pública.

Este es el gran valor de nuestra democracia y de nuestra libertad. Avancemos unidos en su consolidación y hagamos posible los cambios que necesita el país para beneficiar de sus ciudadanos.

Les deseo el mayor de los éxitos en los trabajos de esta Quincuagésima Segunda Semana Nacional de Radio y Televisión, para el buen desarrollo de esta industria y, por consecuencia, del país.

Recompensas

 La Procuraduría General de la República (PGR) enlistó a 26 presuntos integrantes del Cártel de Juárez por los que ofrece recompensas que van de los tres a los 15 millones de pesos. Todos los señalados, indicó en un Acuerdo publicado este lunes en el Diario Oficial de la Federación (DOF), están involucrados en distintas averiguaciones abiertas en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) y cuentan con órdenes de localización o de aprehensión.

ACUERDO A/222/10, DOF, 11 de octubre de 2010;Acuerdo específico por el que se ofrece recompensa a quien o quienes proporcionen información veraz y útil, que coadyuve eficaz, eficiente, efectiva y oportunamente a la localización, detención o aprehensión de las personas que en el mismo se indican.

ARTURO CHAVEZ CHAVEZ, Procurador General de la República, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; 1, 2, 3, 4, 5, fracción XI, 9 y 10 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 1, 2, 5 y 11, fracción IX, de su Reglamento; y el Acuerdo A/004/10 por el que se establecen los lineamientos para el ofrecimiento y entrega de recompensas a personas que aporten información útil relacionada con las investigaciones y averiguaciones que realice la Procuraduría General de la República o que colaboren en la localización y detención de probables responsables de la comisión de delitos, y se fijan los criterios para establecer los montos de dichas recompensas, y

CONSIDERANDO

Que el artículo 9 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República faculta al Titular de la Institución para emitir los Acuerdos, Circulares, Instructivos, Bases y demás normas administrativas necesarias para regir la actuación de las unidades administrativas y órganos técnicos y administrativos, centrales y desconcentrados de la Procuraduría, así como de los agentes del Ministerio Público de la Federación, agentes de la Policía Federal Ministerial, oficiales ministeriales, visitadores y peritos;

Que en términos del artículo 5, fracción XI de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, corresponde a la Institución ofrecer y entregar recompensas en numerario, en un solo pago o en exhibiciones periódicas, a personas que aporten información útil relacionada con las investigaciones y averiguaciones que realice, así como a aquéllas que colaboren en la localización y detención de probables responsables de la comisión de delitos, en los términos y condiciones que mediante acuerdo determine el Procurador General de la República;

Que el artículo 37 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada señala que cuando se gire orden de aprehensión en contra de un miembro de la delincuencia organizada, se podrá ofrecer recompensa a quienes auxilien eficientemente para su localización y aprehensión, en los términos y condiciones que determine el Procurador General de la República mediante acuerdo específico;

Que en términos de los artículos segundo y sexto transitorios de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 29 de mayo de 2009, en tanto se expide su Reglamento, se aplicará el Reglamento publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 25 de junio de 2003 y continuará en vigor la normatividad institucional emitida con base en la ley abrogada, en todo aquello en lo que no se oponga a las disposiciones de la nueva Ley Orgánica de la Institución;

Que el artículo 11, fracción IX, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, otorga al Titular de la Institución la facultad, personal y no delegable, de emitir la normatividad en materia de recompensas;

Que en ejercicio de la facultad antes referida, el 3 de febrero del 2010, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo A/004/10 del Procurador General de la República, por el que se establecen los lineamientos para el ofrecimiento y entrega de recompensas a personas que aporten información útil, relacionada con las investigaciones y averiguaciones que realice la Procuraduría General de la República o que colaboren en la localización y detención de probables responsables de la comisión de delitos, y se fijan los criterios para establecer los montos, de dichas recompensas;

Que en el marco de la Operación Coordinada Chihuahua en el que se conjunta el esfuerzo de los tres órdenes de gobierno a fin de garantizar la seguridad pública del Estado, se ha implementado un sistema de recompensas, con el fin de allegarse de información útil que coadyuve eficazmente a la localización de personas relacionadas con la delincuencia organizada y que tienen su principal centro de operaciones en

dicha Entidad;

Que de la información contenida en diversas averiguaciones previas, particularmente por delitos de delincuencia organizada y del intercambio de información con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y las autoridades del gobierno estatal de Chihuahua y sus municipios, se ha podido establecer la identidad de los principales líderes, lugartenientes y miembros de las organizaciones criminales conocidas como: "Organización Carrillo Fuentes", "Organización La Familia", "Organización Golfo/Z", "Organización Beltrán Leyva" y la "Organización El Pacífico";

Que los líderes, lugartenientes y miembros de dichas organizaciones cuentan con órdenes de aprehensión y/o de localización y presentación libradas por diversas autoridades del ámbito federal y/o local;

Que en el combate a la delincuencia, la colaboración valiente y decidida de la sociedad es una herramienta eficaz, particularmente a través de la aportación de información relevante, veraz, útil y oportuna que coadyuve en las investigaciones y averiguaciones que realice el Ministerio Público de la Federación, o para la localización y detención de probables responsables de la comisión de delitos, que por su gravedad y grado de violencia, atentan contra la tranquilidad y la paz pública, obstaculizan la actuación normal de las instituciones públicas e impiden el desarrollo social;

Que la participación de la sociedad en el combate a la delincuencia debe realizarse de conformidad con lo dispuesto en la ley y, adicionalmente, en condiciones tales que incentiven la colaboración con la procuración y administración de justicia, con la mayor seguridad para las personas y familias de quienes presten auxilio a la autoridad;

Que la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) y la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo (SCRPPA) de la Procuraduría General de la República, consideraron conveniente ofrecer una recompensa y presentaron la propuesta ante el Comité Evaluador para el Otorgamiento de Recompensas, en términos de lo dispuesto en el Acuerdo A/004/10 emitido por el Procurador General de la República;

Que el fecha 28 de mayo de 2010, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo Específico número A/134/10 suscrito por el Procurador General de la República, a través del cual se ofrece recompensa a quien o quienes proporcionen información veraz y útil, que coadyuve eficaz, eficiente, efectiva y oportunamente a la localización, detención o aprehensión de las personas que en el mismo se indican;

Que con respecto a ese Acuerdo, el Comité Evaluador para el Otorgamiento de Recompensas, en reunión extraordinaria realizada el 4 de junio del 2010 reevaluó la propuesta de las unidades administrativas solicitantes y la sometió al Titular de la Institución para su autorización, y

Que por lo expuesto, resulta pertinente el ofrecimiento de recompensa a quien o quienes aporten información útil para la localización, detención o aprehensión de las personas que en este Instrumento se indican y por los montos que en el mismo se señala, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. El presente Acuerdo Específico autoriza el ofrecimiento y entrega de recompensa a quien o quienes proporcionen información veraz y útil para el auxilio eficaz, eficiente, efectivo y oportuno para la localización, detención o aprehensión de los probables responsables que en este Instrumento se indican.

Las disposiciones de este Acuerdo no serán aplicables a los servidores públicos con funciones relacionadas con la seguridad pública.

SEGUNDO. El monto de la recompensa se determinará conforme a lo siguiente:

A.    Hasta de $15'000,000.00 (quince millones de pesos 00/100 M.N.), por cada una de las personas siguientes:

1.   Juan Pablo Guijarro Fragoza, alias "El Monico".

2.   José Antonio Acosta Hernández, alias "El Diego" y/o "Blablazo".

B.    Hasta de $5'000,000.00 (cinco millones de pesos 00/100 M.N.), por cada una de las personas siguientes:

1.   Jaime González Piñón y/o Rohan, alias "El Malboro" y/o "El Jimmy".

2.   Luis Humberto Peralta Hernández, alias "Condor 2".

3.   Clarence Butchereit Ortega.

 

C.    Hasta de $3'000,000.00 (tres millones de pesos 00/100 M.N.), por cada una de las personas siguientes:

1.   Socorro Chávez Arévalo, alias "El Burro Güero".

2.   Pablo Chávez Arévalo, alias "El Pablito".

3.   Heriberto Chávez Arévalo, alias "El Flaco".

4.   Javier Rubio González, alias "El Kiko".

5.   Jesús Carrillo Rubio.

6.   José Manuel García Soto, alias "El Pepin" y/o "El Comandante" y/o "El Chief".

7.   Rodrigo Corona Valles, alias "El Roy".

8.   Eduardo Gallegos Valdez, alias "El Lalo".

9.   Oscar Rafael Ruiz Gallegos, alias "El Junior".

10.  Juan Ismael Granillo Chavira, alias "El Chorrias".

11.  Raúl Rueda Quiroga, alias "El Pony".

12.  Guadalupe Méndez Basurto, alias "El Gato".

13.  Ricardo Alfredo Rueda Quiroga, alias "El Caballo".

14.  Luis Enrique Lira, alias "El Barrica".

15.  Manuel Adrián García Rodríguez, alias "El Balin".

16.  Isidro Acosta Soloria, alias "El Chilo".

17.  Luis Hernández, alias "El JL".

18.  Lorenzo Gallegos Valdez y/o Rafael Chavira Rentería y/o Rafael Sánchez, alias "El Borrego".

19.  Noel Salgueiro Nevarez.

20.  Eliseo Trujillo Estrada, alias "El Conde" y/o "El Junior".

D.    Hasta de $3'000,000.00 (tres millones de pesos 00/100 M.N.) por Enrique López Acosta, alias "El Cumbias".

TERCERO. Las personas por las cuales se ofrece recompensa a que se refiere el artículo anterior, se encuentran vinculadas en investigaciones relacionadas con la delincuencia organizada, las cuales cuentan con orden de aprehensión y/o orden de localización y presentación girada por autoridades federales y/o locales, mismas que se encuentran vigentes.

Por razones de seguridad, a fin de evitar que se pongan en riesgo las investigaciones, así como las acciones de coordinación entre las autoridades competentes, se omiten en el presente Acuerdo los datos de identificación de los procedimientos penales en que se han librado las órdenes ministeriales y/o judiciales, así como de las autoridades correspondientes.

CUARTO. La información que aporten los particulares sobre las personas a que se refiere el artículo segundo de este Acuerdo, será recibida por los siguientes medios:

I.     La dirección de correo electrónico: denunciapgr@pgr.gob.mx

II.     En los números telefónicos (55) 53-46-15-44 y (55) 53-46-00-00, extensión 4748, en la Ciudad de México, Distrito Federal y 01-800-831-31-96 desde cualquier parte del país

QUINTO. La SIEDO es la unidad encargada de las investigaciones en que se encuentran relacionadas las personas que se indican en los apartados A, B y C del artículo segundo de este Acuerdo y a ésta corresponderá pagar el monto de la recompensa por la información solicitada de dichas personas, con cargo a su presupuesto.

Dicha Subprocuraduría designará al servidor público que recibirá la información por cualquiera de los medios a que se refiere el artículo cuarto de este Acuerdo y quien será el encargado de mantener la comunicación permanente con la persona o personas que la hayan aportado, a fin de aclararla o complementarla; asimismo asignará un número confidencial que tendrá carácter de personal e intransferible. Debiendo en todo momento levantar acta de la comunicación y su contenido.

SEXTO. La SCRPPA es la unidad encargada de las investigaciones en que se encuentra relacionada la persona que se indica en el apartado D del artículo segundo de este Acuerdo y a ésta corresponderá pagar el monto de la recompensa por la información solicitada de dicha persona, con cargo a su presupuesto.

Dicha Subprocuraduría designará al servidor público que recibirá la información por cualquiera de los medios a que se refiere el artículo cuarto de este Acuerdo y quien será el encargado de mantener la comunicación permanente con la persona o personas que la hayan aportado, a fin de aclararla o complementarla; asimismo asignará un número confidencial que tendrá carácter de personal e intransferible. Debiendo en todo momento levantar acta de la comunicación y su contenido.

SEPTIMO. Ambas Subprocuradurías deberán corroborar que la información proporcionada corresponda a la solicitada en la oferta de recompensa y ordenarán la práctica de las diligencias que resulten conducentes con motivo de la misma, a efecto de poder determinar que, por virtud de la misma, se ha logrado la localización, detención y/o aprehensión de los sujetos que cada una busca.

Cuando sea necesario, por la relevancia y oportunidad de la información proporcionada, el Ministerio Público de la Federación ordenará que las instituciones de seguridad pública del orden federal, de las entidades federativas y de los municipios, en términos de las disposiciones aplicables, le presten auxilio suficiente y eficaz para corroborar la información que haya sido proporcionada.

Se requerirá a la autoridad que practique las diligencias ordenadas por el Ministerio Público de la Federación, que levante acta en la que haga constar todas las diligencias que se practican con motivo de la información aportada en los términos de este Acuerdo.

OCTAVO. La información que se aporte, el número confidencial de identificación y, en su caso, los datos personales de quien la haya proporcionado, así como las actas que se levanten y toda la documentación e información que se generen con motivo del presente Acuerdo, se clasificarán como información estrictamente reservada y confidencial, en términos de lo establecido en los artículos 16 del Código Federal de Procedimientos Penales; 13 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; 13, fracciones IV y V, 14, fracción III, 18, fracción I y 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y demás disposiciones aplicables.

NOVENO. En caso de que la localización, detención y/o aprehensión efectiva de alguno de los sujetos referidos, se haya logrado por virtud de la información aportada, el Titular de cada Subprocuraduría propondrá al Comité Evaluador para el Otorgamiento de Recompensas, el monto a entregar a cada persona por concepto de recompensa, en proporción a la veracidad y utilidad de la información aportada.

DECIMO. El Comité Evaluador para el Otorgamiento de Recompensas podrá confirmar o modificar el monto propuesto por la unidad administrativa, dentro de los diez días hábiles siguientes a que recibió la propuesta, a fin de que se solicite a la Oficialía Mayor lleve a cabo la asignación de los recursos correspondientes para la realización del pago.

DECIMO PRIMERO. El servidor público designado por cada Subprocuraduría, que reciba la información, establecerá comunicación con la persona a quien debe entregarse la recompensa, a través del medio que ésta haya proporcionado para tal efecto, mediante el número confidencial de identificación.

La entrega de la recompensa se realizará mediante depósito en cuenta bancaria o en efectivo, únicamente a quien cuente con el número confidencial de identificación. Para tal efecto, el servidor público que reciba la información deberá requerir al interesado el número de la cuenta bancaria respectiva o citarlo para hacer la entrega en efectivo.

Si dentro de los diez días hábiles siguientes a la comunicación a que se refiere este artículo, la persona a quien debe entregarse la recompensa no proporciona el número de la cuenta bancaria o no acude a la cita, sin causa justificada, perderá el derecho a recibir la recompensa.

En todo caso, deberá levantarse acta de la comunicación establecida con el interesado y del pago de la recompensa.

DECIMO SEGUNDO. Se instruye al Secretario Técnico del Comité Evaluador para el Otorgamiento de Recompensas, en coordinación con el Director General de Comunicación Social, para que publique el

ofrecimiento de recompensa en los términos que precisa este Acuerdo, en el sitio de Internet de la Procuraduría General de la República, en el Diario Oficial de la Federación; así como en los diarios de mayor circulación en la República y en las entidades federativas.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su suscripción y dejará de surtir sus efectos únicamente para aquellos probables responsables señalados en el artículo segundo, que hayan sido localizados, detenidos o aprehendidos, o en los supuestos de prescripción, extinción o no ejercicio de la acción penal.

SEGUNDO. Se abroga el Acuerdo A/134/10 publicado el 28 de mayo de 2010. La información veraz y útil que se hubiere proporcionado durante el tiempo de vigencia de dicho Acuerdo, se regirá por el procedimiento de entrega de recompensa que para tal efecto se haya establecido.

TERCERO. Los recursos para la entrega de recompensa, serán asignados conforme a las normas presupuestarias aplicables al ejercicio fiscal en que se dé por cumplido el objeto del presente Acuerdo.

CUARTO.- Para su mayor difusión, publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, así como en los diarios de mayor circulación en la República y en el sitio de Internet de la Procuraduría General de la República.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, Distrito Federal, a 29 de septiembre de 2010.- El Procurador General de la República, Arturo Chávez Chávez.- Rúbrica.